New York Times: "Procesar a Garzón es una ofensa a la justicia y a la historia"
Lunes, 6 de febrero de 2012
La verdad a juicio en España. Así se titula el editorial que el prestigioso diario estadounidense The New York Times publica hoy en defensa del juez Baltasar Garzón.
"España es ahora una democracia viva, pero el juicio contra Baltasar
Garzón iniciado la pasada semana [el de la memoria histórica] es un
preocupante eco del pensamiento...
La verdad a juicio en España. Así se titula el editorial que el prestigioso diario estadounidense The New York Times publica hoy en defensa del juez Baltasar Garzón.
"España es ahora una democracia viva, pero el juicio contra Baltasar
Garzón iniciado la pasada semana [el de la memoria histórica] es un
preocupante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco",
asegura la cabecera para quien el juez estaba amparado por el derecho
internacional cuando estableció que ante crímenes contra la humanidad no
podían aplicarse leyes de amnistía. "Miles de fosas siguen cerradas",
recuerda el diario.
Para The New York Times,
el Tribunal Supremo "nunca debió haber aceptado este caso", abierto,
recuerdan, tras la denuncia de "dos grupos de extrema derecha".
El diario llama también la atención sobre el hecho de que en España,
"donde los procesos contra magistrados son poco frecuentes", un solo
juez tenga tres causas abiertas, lo que "podría frenar la independencia
judicial".
"El juez Garzón se hizo famoso por sus procesos contra los
terroristas vascos, torturadores argentinos, el dictador chileno Augusto
Pinochet y políticos españoles. Sus poderosos enemigos ahora ven la
oportunidad de terminar con su carrera. El juez Garzón es a veces
innegablemente ambicioso, pero procesarle por excavar en los crímenes de
la era franquista es una ofensa a la justicia y a la historia. El
Tribunal Supremo debe absolverle", concluye el periódico.
Los nietos de desaparecidos del franquismo exigen que la Justicia ayude a la localización de restos
Lunes, 6 de febrero de 2012
Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la memoria histórica han declarado esta mañana en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón
por su investigación de los crímenes del franquismo, mientras en el
exterior, un grupo de simpatizantes, con una pancarta y banderas
republicanas, gritaba consignas de “Hay que juzgar al franquismo
criminal” y “Justicia y reparación”.
Olga Alcega Madruga, de la...
Cuatro testigos de otras tantas asociaciones de la memoria histórica han declarado esta mañana en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón
por su investigación de los crímenes del franquismo, mientras en el
exterior, un grupo de simpatizantes, con una pancarta y banderas
republicanas, gritaba consignas de “Hay que juzgar al franquismo
criminal” y “Justicia y reparación”.
Olga Alcega Madruga, de la asociación de familiares de fusilados de Navarra,
dijo que en Navarra hay 3452 de desaparecidos a día de hoy. “Todos los
desaparecidos desde el 18 de julio, siguen desaparecidos. Yo soy la
nieta de Antonio Alcega, un cartero desaparecido desde hace 74 años y
unos meses. Estaba con las vacas y se lo llevó la Guardia Civil. Salió
del cuartel muy malherido. Le llevaron a Magallón y le dieron el tiro en
la cabeza”.
“En la fosa común donde lo enterraron había 79 hombres y dos
mujeres”, siguió la testigo. “Desde el 27 de julio, que fue la primera
saca, hasta el 17 de enero de 1937, los fusilados pertenecen a 17
municipios diferentes. Los asesinaron descaradamente. Hoy puedo decir
que a mi abuelo le asesinaron, primero le provocaron un hemitórax y
después por el orificio de bala. Le abrieron un expediente de
responsabilidades políticas cuatro años después de muerto. A mi abuela
nunca le dieron ninguna ayuda. Les quitaron todo”.
Olga empezó con su padre en 1977, a buscar a los desaparecidos. “Las
asociaciones hemos trabajado siempre voluntariamente. He recibido un
subvención, pero hubiese deseado que dura la Administración la que
hubiese costado las exhumaciones”, respondió a preguntas de los
abogados. “Mis padres, han llevado una vida muy dura, no se han atrevido
a hablar. En España, en según qué zonas, aún se tiene mucho miedo. Mi
abuelo no pasó por un una cárcel, le hicieron desaparecer. Ninguna de
las denuncias que pusimos en un juzgado penal ha prosperado nunca”.
Rafael Espino Navarro, de la asociación para la Recuperación de Aguilar de la Frontera
(Córdoba), explicó que su objetivo era saber el paradero de las 108
personas que desaparecidos desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de
septiembre de ese año. Espino tiene entre ellos siete familiares
directos. En sus investigaciones, consiguieron el testimonio de una
persona que hoy tiene 98 años y que presenció los asesinatos. Así
confirmaron la existencia de las fosas donde podían estar los
desaparecidos.
En mayo 2010 realizaron una primera exhumación de 55 cuerpos, siete
de ellos mujeres, y que presentaban los síntomas habituales: tiros en la
nuca, maniatados con alambres… Consiguieron con una subvención
recuperar otros diez cuerpos más. El juzgado de Aguilar no les ha
permitido inscribir las defunciones hasta hace un año. “Si la Justicia
no interviene no podremos saber cuántas personas quedan en esas fosas,
dijo.
Manuel Perona Medina, preside la asociación de Cataluña,
que fue de las primeras en denunciar las desapariciones, en diciembre
de 2006, por encargo de uno de los nietos de ocho desaparecidos de
Manresa (Barcelona). “Fueron sacados de una prisión por Guardia Civil o
por paramilitares, y en el viaje a Barcelona desaparecieron. No han
podido ser localizados. Eran obreros, no combatientes”, dijo el testigo.
Su asociación tiene un censo de mil y pico desaparecidos en Cataluña.
Pedro Fausto Canales Bermejo, de la asociación de Valladolid,
presentó una denuncia en diciembre de 2007 en la Audiencia Nacional,
como hijo de desaparecido, denuncia que firmó también el nieto. La
denuncia se refería a 10 desaparecidos de Pajares de Adaja, en Ávila.
“Yo, como hijo de desaparecido, siempre he tenido en mente la
resolución de denunciar estas desapariciones forzadas: No había
condiciones en la dictadura, ni tampoco en la Transición, por lo que
desde mi jubilación me he dedicado a intentar hacer justicia a este
secuestro, a buscar culpables y si se depuran, nos consideraríamos
reparados”.
Canales ha dicho que nunca han recibido ninguna subvención, aunque
“he oído”, dijo, “que se han concedido para investigación en archivos,
para mapas de fosas, pero para nuestros desaparecidos, ningún dinero”.
Hemos investigado donde podrían estar, pero hasta que en sede judicial
no se investiguen los hechos, no podemos tener seguridad absoluta de
donde están”.
Según las investigaciones de la asociación, el 24 de julio de 1936, a
raíz de la rebelión, se llevaron detenido al alcalde legítimo del
pueblo. “Le llevaron prisionero a Arévalo, luego a Ávila y de vuelta a
Arévalo. El 14 de septiembre, en una saca, lo fusilaron. Después, un
grupo de falangistas recaló en el pueblo, penetraron en siete
domicilios. Uno era el de mi padre. Yo dormía en una cuna, tenía 2 años y
mi padre lo sacaron de la cama. Se los llevaron a unos 20 kilómetros
aproximadamente, en el término de Aldeaseca y allí les fusilaron de
madrugada y dejaron sus cadáveres. Esa misma mañana, uno de los que
estaba en la lista de los diez se ocultó en un pajar, pero a la mañana
siguiente lo detectaron y dos personas del pueblo se lo llevaron en un
coche a un grupo de falangistas y regresaron sin él. En septiembre se
llevaron a la última persona que estaba huida y también lo fusilaron en
una cuneta de una carretera”.
Según el testigo, “el 23 de marzo de 1959, una semana antes de
inaugurarse el monumento del Valle de los Caídos, en una exhumación de
restos sin nuestro conocimiento, los llevaron a ese sitio y sus restos
estarían en la caja 198 en el Valle de los Caídos. Hemos intentado
recuperarlos pero no ha sido posible”.
El testigo ha explicado que presentaron la denuncia en la Audiencia
Nacional porque “creemos que es una desaparición forzada, lo
consideramos un secuestro permanente y es competencia de una
jurisdicción nacional”.
El juicio continuará mañana con la declaración de otros tres testigos y esta misma semana quedará visto para sentencia.
Prosiguen las declaraciones de testigos de la defensa en el juicio contra Garzón por los crímenes del franquismo
Jueves, 2 de febrero de 2012
El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo
ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de
asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del
magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos
durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan
localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido...
El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo
ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de
asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del
magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos
durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan
localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido
aplaudido por sus seguidores, que habían cola en el vestíbulo a la
espera de poder acceder al salón donde se celebra la vista.
Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó
que su asociación “recibió llamadas de gente muy mayor que quería saber
donde están sus víctimas, que pedían ayuda para encontrar a sus
desaparecidos”. Preguntado por el abogado de Garzón, Gonzalo
Martínez-Fresneda, dijo que no denunciaron antes de 2006 porque fue “la
generación de los nietos la que empezó a hablar. En 2006 creían ya que
la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional".
Musulén relató que un falangista se llevó a su abuelo y además, a su
abuela embarazada. Un hermano de su abuela fue al cuartel de Falange,
donde le dijeron que a su abuela “con el tiro de gracia le había
reventado la tripa”.
“Mi padre tuvo que vivir con eso toda su vida”, siguió Musulén.
“Fallecido el dictador, encontramos a amigos de mi abuelo que pudieron
contarnos que a mi abuela la habían ingresado en el hospital y que había
dado a luz una niña, y que la niña se la quitaron”. La testigo dijo que
llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre: “No hay
piedra en Aragón que hayamos podido levantar y que no hayamos
levantado”.
La siguiente testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación
Memoria de Mallorca, ha dicho que no conoce al juez Baltasar Garzón. Su
asociación presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2006, que
contenía una relación de víctimas de Mallorca, con un informe histórico
de la represión contra la población civil.
La testigo ha explicado que en Mallorca la represión comenzó al día
siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Comenzaron
con listas preconcebidas las ejecuciones, los asesinatos, las
desapariciones...” Su asociación pidió auxilio para encontrar a las
personas desaparecidas. Tienen constancia de 3.000 asesinados “que no
murieron en combate”. Su asociación tiene documentadas 1.600 personas
asesinadas en la isla y más de 50 fosas.
María Antonia Oliver ha relatado que es nieta de una persona
desaparecida. “Mi madre, de 87 años, es hija de esa persona. Mi abuela
murió y lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las heridas con la
verdad y la justicia”.
“Mi madre le llevaba la comida y un día de la primavera del 1937, le
dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la
prisión, los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabía dónde iba. Les
esperaba una fuerza armada y Falange y les llevaron directamente a la
muerte”, siguió al testigo. “Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca
muerto. Las dijeron que era un rojo y un cobarde, que habría huido con
otra mujer y les habría abandonado”.
La testigo concluyó diciendo que si su asociación utilizó la
expresión “crímenes contra la Humanidad” en la denuncia es porque
siempre han estado asesorados de abogados, que les dijeron que en
Argentina y Chile habían salido adelante las investigaciones por ese
delito de crímenes contra la Humanidad.
Al no presentarse el último uno de los tres testigos convocados para
hoy, debido a una enfermedad, el presidente del tribunal, Carlos
Granados, levantó la sesión hasta el próximo lunes, en que han sido
citados otros seis testigos.
Familiares de víctimas del franquismo relatan ante el Supremo las dificultades para buscar a sus muertos
Miércoles, 1 de febrero de 2012
Este miércoles está señalado en rojo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo: es el turno de los testigos de la defensa, de las víctimas de la dictadura.
La primera oportunidad para muchos de relatar ante un tribunal de
justicia lo que les ocurrió a su familiares, aunque lo que se juzgue sea
otra cosa.
Las primeras en declarar fueron María Martín López y
María del Pino Sosa, de 81 y 75...
Este miércoles está señalado en rojo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo: es el turno de los testigos de la defensa, de las víctimas de la dictadura.
La primera oportunidad para muchos de relatar ante un tribunal de
justicia lo que les ocurrió a su familiares, aunque lo que se juzgue sea
otra cosa.
Las primeras en declarar fueron María Martín López y
María del Pino Sosa, de 81 y 75 años respectivamente.Las dos contaron
ante los siete magistrados del Tribunal Supremo las dificultades a las
que se enfrentaron en la búsqueda de sus familiares represaliados antes
de interponer denuncia por lo sucedido ante la Audiencia Nacional.
María Martín, una mujer enlutada y con el pelo cano que tardó varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar muy despacio y ayudada de un andador. Con un casi imperceptible hilo de voz, narró quea su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima".
Según Martín, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacionalninguna Administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Avila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.
El
mismo día que mataron a su madre también se llevaron de su pueblo a 27
hombres y tres mujeres. "Sólo un hombre se escapó, y no lo encontraron".
Tras concluir este testimonio, el abogado del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acusación, pidió la palabra para señalar que no entendía la presencia de estos testigos
dado el objeto del procedimiento que se está viendo ante esta Sala, que
es la presunta prevaricación cometida por Garzón. El presidente del
tribunal, Carlos Granados, le contestó de forma rotunda: "Es el
presidente el que determina las pruebas que son pertinentes".
La
segunda testigo, María del Pino Sosa, ratificó ante el tribunal que la
Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (Gran Canaria), que ella
representa, fue de las primeras que presentó denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. Esta agrupación denunció en dicho momento más de 500 desapariciones, pero se han ido sumando muchas más.
Sosa ha manifestado ante el tribunal que no supo nada de su padre desde que "se lo llevaron", y que su madre nunca quiso aceptar la declaración de fallecimiento. "Se los llevaron vivo y vivo lo reclamaba",
señaló, para añadir que "se los llevaron de casa, los apalearon, los
tuvieron presos, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas".
A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, la testigo recordó que, ante
la tardanza de Garzón en tramitar sus denuncias, su asociación presentó
una queja en noviembre de 2007 en el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) en la que pedían explicaciones por estas delaciones en relación con los delitos de lesa humanidad denunciados.
Señaló que su asociación empezó denunciando los hechos en un juzgado de Las Palmas, aunque el caso fue archivado. "Reclamar era mi deber", afirmó.
En un momento de su declaración, el abogado de Manos Limpias preguntó a
esta testigo si su asociación recibe ayudas públicas, a lo que Sosa ha
respondido que no.
Tras un receso, declaró el historiador Angel
Rodríguez Gallardo en representación de la Asociación por la Memoria
Histórica de Ponteareas (Pontevedra). Rodríguez Gallardó señaló que
según sus investigaciones ha podido determinar que a partir de 1936 en
la citada comarca, y por extensión en todo el terrotorio nacional,se llegó a cometer un "genocidio" en cumplimiento de un "plan
sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la
República".
Según manifestó el testigo a preguntas del
abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, su investigación
iba dirigida a "conocer exactamente cómo se habían producido las muertes
y donde estaban esas personas", que habían sido encarceladas,
torturadas y en un "volumen muy significativo" continuaban
desaparecidas.
"Presentamos denuncia en la Audiencia Nacional en
diciembre de 2006 para intentar saber cómo se había producido el
proceso final, al que nosotros no podíamos llegar", dijo el historiador.
Igualmente, a preguntas del abogado de Manos Limpias, Jorge Maria
Ruiz, reconoció que su asociación presentó otra denuncia en Porriño
(Pontevedra) por una fosa existente en la zona. La juez de este
municipio se consideró no competente y derivó el asunto a la Audiencia
Provincial de Pontevedra, que les contestó que estaba pendiente de lo
que ocurriera en el Juzgado de Garzón.
Rodríguez
Gallardo indicó también que los historiadores podrían determinar cómo
se produjo dicho "plan sistemático de eliminación" si pudieran acceder a
los archivos penitenciarios, de la Policía y de la Guardia Civil.
"Pero todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que
deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a
estos archivos para documentar el proceso represivo", añadió el testigo
para justificar que, por ello, investigar lo ocurrido al margen de un
procedimiento judicial es "imposible".
"Lo que buscábamos era
encontrar a partir de una investigación juicial una reproducción lo más
fiel posible de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo y que se
les pudiera reparar de alguna manera", insistió.
A preguntas de la acusación particular, el historiador dijo que "por datos históricos" puede afirmar queno han existido actuaciones judiciales anteriores a Garzón que hayan investigado este asunto,
porque si bien en 1978 se creó un "tribunal de la verdad" y se
intentaron abrir algunas fosas, "pero todo ello quedó paralizado con el
golpe de Estado del 23-F". Posteriormente, el Gobierno socialista de
1982 "decidió apartarse de este proceso", que no se ha retomado hasta el
presente siglo, según el testigo, cuando se abrieron los archivos del
Ejercito y los historiadores "pudimos empezar a mirar".
"Lo que se
produjo es una cosa terrorífica", añadió Rodríguez Gallardo. "Somos
personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros
territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares
y aquí no", explicó el testigo, para concluir, a preguntas del abogado
de Manos Limpias, que su asociación sólo ha obtenido una subvención en
una ocasión.
Las testigos de Garzón relatan las desapariciones de familiares en la Guerra Civil
Miércoles, 1 de febrero de 2012
El juicio al magistrado Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo
ha continuado esta mañana con la prueba testifical, en la que han
comparecido familiares de desaparecidos de la Guerra Civil. Dos mujeres
de avanzada edad que a pesar de sus limitaciones han dejando testimonios
muy emotivos que el presidente del tribunal, Carlos Granados, dejó
fluir con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias
de reconducir los testimonios al objeto...
El juicio al magistrado Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo
ha continuado esta mañana con la prueba testifical, en la que han
comparecido familiares de desaparecidos de la Guerra Civil. Dos mujeres
de avanzada edad que a pesar de sus limitaciones han dejando testimonios
muy emotivos que el presidente del tribunal, Carlos Granados, dejó
fluir con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias
de reconducir los testimonios al objeto del proceso, --“aquí se está
juzgando a Baltasar Garzón” comenzó a decir--, fue atajado con
contundencia por el presidente: “Aquí es el presidente el que decide y
soy yo el que decide que se pregunta y que no”, le cortó.
El tercer testigo de la defensa de Garzón,
Ángel Rodríguez Gallardo, historiador y miembro de la Comisión Memoria
Histórica de Ponteaereas (Pontevedra), dijo que su asociación denunció
en la Audiencia Nacional
la comisión de “violentos crímenes, muchos sin resolver" a partir de
1936. “Queríamos saber cómo se había producido esas muertes y dónde
estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de
sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el
proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.
El testigo precisó que acudieron a la Audiencia Nacional, no al juez
Garzón. Una vez que el juzgado de Garzón se inhibió de su competencia,
su denuncia fue remitida a Ponteareas. Después se personó en el juzgado
de Porriño para denunciar la localización de una fosa. La denuncia fue
desviada a la Audiencia de Pontevedra, que contestó que está pendiente
de lo que suceda en el juzgado central 5. “Hemos apelado y estamos
pendientes de la apelación”, ha afirmado.
Como historiador, Gallardo ha dicho haber promovido varias
investigaciones sobre la represión franquista en Galicia. El testigo
sostuvo que sus investigaciones apuntaban a un “plan sistemático” para
eliminar a responsables políticos de la Segunda República, pero han
encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y
al del Ejército solo fue posible a partir de 1999.
“Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, de la
Guardia Civil y la Policía, podríamos determinar ese plan sistemático”. A
lo que ha agregado: “Un plan preparado un año antes del golpe de
Estado” y que apunta a “actos de genocidio”. “Con un acceso razonable a
los archivos del Estado podríamos conocer realmente lo sucedido”, ha
asegurado.
“Todavía no se ha entregado los archivos “secretos” del Estado”, ha
dicho el testigo, a los que, en su opinión, sólo se tendrá acceso con
una orden judicial. “Cuando acudimos a la Audiencia, lo que buscábamos
era hacer una reconstrucción lo más fiel posible de lo que sucedió con
los desaparecidos del franquismo y que se les pudiera reparar”, ha
puntualizado.
El testigo explicó después, a preguntas del abogado de Manos Limpias,
que hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas que
quedó parada a partir del intento de golpe de Estado del 23-F.
Luego en Galicia, se exhumó la fosa del alcalde de El Ferrol. En
distintos momentos se han intentado la recuperación de los restos de los
represaliados y se sigue intentando. “Lo que se produjo fue una cosa
terrorífica. No es un hecho puramente coyuntural, es un proceso muy
largo, en el que confluimos muchos historiadores, afectados, hijos de
represaliados, juristas….”.
El abogado de Manos Limpias quiso saber si la asociación de Gallardo
ha recibido alguna “subvención” a lo u el testigo respondió que han
recibido una para hacer un documental, pero no para investigar.
Tras este testimonio, el juicio continuará mañana con la declaración de otros tres testigos.
Testimonios de familiares
María Martín López, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de
Sierra de Gredos, entró con un andador en el Salón de Plenos. “Tengo mal
la garganta”, se justificó con una voz forzada y ronca que apenas pudo
escucharse a través del sistema de megafonía. Dijo conocer a conocer al
juez Garzón “de los periódicos, aparte de la televisión”. Su familia
vivía en Pedro Bernardo (Toledo) al comienzo de la Guerra Civil.
De lo que se pudo entender de su testimonio, la anciana relató que
mataron a su madre “por no tener mil pesetas”. El 21 de septiembre la
echaron a la calle, le pidieron 1.000 pesetas (unos seis euros) y como
no las tenía, se la llevaron en un coche. La mataron en el camino a
Arenas de San Pedro, allí mataron a otros 27 ese día. Solo se escapó
uno.
María Martín tenía seis años entonces y la recogió una tía suya en
una finca. Cuando iba al pueblo, le hacían beber medio litro de aceite
de ricino. Su padre sobrevivió a la guerra después de salir de la
cárcel. Ella sabe dónde está su madre, enterrada cerca de un puente,
pero nadie la ha ayudado a recuperar el cuerpo.
Al término de su declaración, a preguntas de los informadores,
precisó que a ella la hacían beber medio litro de aceite de ricino con
diez guindillas. A Pascuala, su hermana mayor, “un litro de aceite de
ricino con 20 guindillas”.
La siguiente testigo, María del Pino Sosa, también dijo conocer a
Garzón “por los periódicos y la televisión”. Vive en Gran Canaria y es
de la asociación de la memoria Histórica de Arucas. Denunció en
diciembre de 2006 la búsqueda de su padre, “que se lo llevaron de casa”,
y la de los desaparecidos de Canarias. Nunca más supo de su padre.
Acudió a la Audiencia Nacional, a demandar “justicia”: “Se los llevaron
de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi
padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre no quería
una declaración de fallecimiento porque decía que se lo llevaron vivo, y
vivo lo reclamamos”.
Presentó una queja en el CGPJ en noviembre de 2007 por lo que estaba
tardando el procedimiento. “No sé si lo archivaron o no, volvimos a
preguntar por el tiempo que tardaban. Nosotros reclamamos como era
nuestro deber”. “Muchísimas gracias a este tribunal”, se despidió.
El abogado de Manos Limpias José María Ruiz, ha intentado sacar
petróleo de donde no había. El letrado ha orientado sus preguntas a
intentar demostrar que las denuncias se presentaron interesadamente en
la Audiencia Nacional, mientras había otros procedimientos en marcha.
Las limitaciones de memoria de las testigos en el detalle de cuándo y
dónde se presentaron las posibles diversas denuncias lo hicieron
imposible y el letrado ha renunciado a seguir interrogando.
La plataforma Solidarios con Garzón recibe en Madrid a las víctimas que declararán hoy como testigos en el proceso contra el juez
Miércoles, 1 de febrero de 2012
Han llegado a Madrid a "defender" al único juez que, dicen, se ha
atrevido a investigar qué ocurrió con sus familiares, represaliados en
la Guerra Civil o durante la dictadura. Llegan desde varios puntos de
España cargados de documentos que corroboran el sufrimiento que sus
familias, casi siempre en silencio, han soportado a lo largo de sus
vidas. Pero entre sus múltiples objetivos destaca uno: dejar claro a los
magistrados del Tribunal Supremo, donde declararán hoy como...
Han llegado a Madrid a "defender" al único juez que, dicen, se ha
atrevido a investigar qué ocurrió con sus familiares, represaliados en
la Guerra Civil o durante la dictadura. Llegan desde varios puntos de
España cargados de documentos que corroboran el sufrimiento que sus
familias, casi siempre en silencio, han soportado a lo largo de sus
vidas. Pero entre sus múltiples objetivos destaca uno: dejar claro a los
magistrados del Tribunal Supremo, donde declararán hoy como testigos de
la defensa, que fueron ellos, los descendientes de las víctimas del
franquismo, los que pidieron al magistrado Baltasar Garzón que "hiciera
justicia".
El auditorio de UGT-Madrid acogió ayer un emotivo acto
en el que la plataforma Solidarios con Garzón, integrada por colectivos
de memoria histórica, asociaciones profesionales, sindicatos y partidos
de izquierda, quiso dar la bienvenida a los familiares de represaliados
que presentaron denuncias ante Garzón por las desapariciones durante la
Guerra Civil y el franquismo.
Desde el municipio canario de
Arucas, cogida del brazo de su prima Pino Sosa, también hija de fusilado
y que testificará hoy, llegó a Madrid Balbina Sosa, vicepresidenta de
la Asociación de Memoria Histórica de Arucas. Desde el escenario,
Balbina recordó la represión que los defensores del Gobierno legítimo de
la II República vivieron en las islas. Recordó el "olvido impuesto" al
que fueron sometidos los hijos de los represaliados y contó una anécdota
que refleja bien lo que tuvieron que tragar los descendientes de los
perdedores de la Guerra Civil. "Nos tocó cuidar a los nietos de los que
sacaron a mi padre de mi casa para matarlo", lamentó.
Asimismo,
Balbina recordó que si en la Península se habla de "miles de fosas
comunes enterradas en cunetas", en Canarias los franquistas "arrojaban" a
sus víctimas a pozos donde todavía hoy permanecen muchos de ellos. Esta
mujer, dedicada desde hace años a la recuperación de la memoria
histórica en Canarias, calificó de "inconcebible" el hecho de que sean
las víctimas las que tengan que acudir a "defender al juez". Y lanzó una
advertencia que despertó los aplausos del público: "Cruzaremos el
charco cuantas veces haga falta para defender a la única persona que ha
tenido narices de admitir una demanda como esta".
En nombre de
los descendientes de represaliados también intervino Javier Moreno, cuyo
abuelo Joaquín fue condenado a muerte en un consejo de guerra en el
verano de 1939. Javier habló del "orgullo" que para él supone ser nieto
"de una persona que murió por defender la libertad". Una sensación,
dijo, que se confronta con el sentimiento de "frustración" por ver que
hay gente que no es capaz de reconocer ese legado. Así, recordó a las
"miles" de personas que fueron asesinadas en el Cementerio del Este de
Madrid y "todas las víctimas" que todavía yacen bajo cunetas en
carreteras de toda España. "Queremos justicia porque consideramos que
sin justicia no hay memoria. No queremos reconocimientos vacíos ni
personalizados, sino que la sociedad entienda que es necesaria la
memoria colectiva", aseveró.
Ángeles Carpeño, descendiente de una familia en la que seis personas
fueron represaliadas, recordó la "brutalidad" con la que actuaron los
golpistas en la provincia de Toledo. "Hay quien se empeña en que nos
olvidemos de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados
impunemente. Que no tengan ningún miedo, no somos como ellos, sólo
pedimos respeto para aquellas vidas. Es un acto de justicia y
reconocimiento que todos les debemos", aseguró.
Antes de las
víctimas, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez,
intervino para recordar que las personas que estaban en el auditorio sí
estaban "orgullosas" de su pasado y de su memoria. En este sentido,
aludió a la importancia de que los crímenes contra la humanidad "ni
prescriban, ni se olviden" y aseguró que su organización estima
"condenable" y "llamativa" la "persecución" contra Garzón. Un magistrado
que, aseveró, "pretende que en un mundo de mentirosos prevalezca la
verdad".
También acudió al acto Reed Brody, de la ONG Human Rights
Watch, uno de los observadores internacionales que está siguiendo el
proceso al magistrado. Brody señaló que "los verdaderos crímenes son los
asesinatos, las desapariciones forzosas, no su investigación" y
preguntó al auditorio si las víctimas que llenaban la sala tenían "menos
derechos" que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet,
detenido a petición de Garzón.
El hispanista Ian Gibson fue el
encargado de cerrar un acto en el que también participó el abogado
Bernardo García, que informó sobre el estado de las denuncias en la
Audiencia Nacional y ante el Tribunal de Estrasburgo. "España tiene la
derecha más miserable de Europa. Si supiesen lo que es la caridad,
entenderían que los perdedores tienen derecho a que sus muertos
descansen en paz. Ellos tuvieron 40 años para desenterrar a los suyos",
aseguró Gibson, que también recordó que el PSOE "dejó muchas cosas por
hacer" en lo relativo a la memoria histórica mientras estuvo en el
Gobierno.
El Tribunal Supremo prosigue el juicio contra el único juez español que ha pretendido investigar los crímenes contra la Humanidad del franquismo
Miércoles, 1 de febrero de 2012
La justicia española está desde este martes bajo observación
internacional, después de que el Tribunal Supremo iniciara el primer
juicio relacionado con los crímenes del régimen franquista, pero contra
el juez que intentó investigarlos. Tres de los siete magistrados
encargados de juzgar a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del
franquismo votaron a favor de anular el proceso por irregularidades en
la instrucción. Otros cuatro entendieron que el juicio no era ilegal y...
La justicia española está desde este martes bajo observación
internacional, después de que el Tribunal Supremo iniciara el primer
juicio relacionado con los crímenes del régimen franquista, pero contra
el juez que intentó investigarlos. Tres de los siete magistrados
encargados de juzgar a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del
franquismo votaron a favor de anular el proceso por irregularidades en
la instrucción. Otros cuatro entendieron que el juicio no era ilegal y
decidieron reanudar la vista. Con estos precedentes, el juicio arrancó
bajo sospecha de los observadores de organizaciones de derechos humanos.
El fiscal del caso había tildado de “insólita” la instrucción del
magistrado Luciano Varela. “Hice lo que creí que debía hacer, no es
cuestión de ideología. Aquí había cientos de miles de víctimas que no
habían sido atendidas en sus derechos”, argumentó Garzón.
La Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó este martes todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del juez Baltasar Garzón
y por el fiscal de sala del Supremo Luis Navajas, después de una serie
de deliberaciones en la que finalmente acordó, por mayoría de un solo
voto, continuar el juicio por la investigación de los crímenes del
franquismo. En la decisión final se impuso el malestar de algunos
miembros del tribunal por la
contundencia con la que el fiscal Luis Navajas descalificó la
instrucción del juez Luciano Varela por “insólita” e “insostenible”.
También, por la renuencia a estimar una alegación que no solo dejaba en
evidencia a Varela, sino también al anterior tribunal que avaló las
polémicas resoluciones del instructor y del que formaban parte el hoy
magistrado en excedencia Adolfo Prego y el propio presidente de la Sala
Penal, Juan Saavedra. Este tribunal fue apartado como órgano de
enjuiciamiento ante una recusación de Garzón, por falta de imparcialidad objetiva, que fue estimada por la Sala Especial del Supremo.
Aunque en un primer momento se barajaron diversas soluciones para
evitar seguir adelante con el proceso, las tensiones entre los moderados
y el sector más recalcitrante de la sala llevaron al bloque de la
derecha del tribunal a cerrar filas en cuanto a salvar la cara a Varela y
seguir adelante con el juicio. Según las fuentes consultadas en el alto
tribunal, el lunes ya se habría acordado la continuación del juicio por
cuatro votos a tres, es decir, por un solo voto de diferencia. Las
fuentes consultadas mantuvieron la reserva sobre los nombres de los
discrepantes.
En definitiva, la Sala acordó por la mínima rechazar las cuestiones
previas y continuar el juicio, en el que Garzón se enfrenta a 20 años de
inhabilitación como juez.
En el primer punto del acuerdo adoptado “por la mayoría”, y que será
desarrollado en la sentencia definitiva, el tribunal declaró que, “sin
perjuicio de los excesos que han sido denunciados cometidos en la
instrucción”, los efectos que se han producido “no tienen entidad
material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones”.
Esta fue la fórmula que ha avalado la polémica instrucción del juez Luciano Varela,
pese a los sólidos argumentos de la defensa y del fiscal sobre la
“insostenible” actuación de corregir y orientar los escritos de
acusación de Manos Limpias y de Falange Española de las JONS, esta última expulsada después del procedimiento.
Al principio se barajaron varias soluciones para finalizar el proceso
El acuerdo de la mayoría rechazó también que el pseudosindicato
ultraderechista Manos Limpias carezca de legitimación para llevar
adelante la acusación en solitario, pese a que no ejercen la acusación
el fiscal ni ningún ofendido por el delito.
Esta decisión, que supone no aplicar a Garzón la doctrina Botín,
denominada así en atención a haber sido aplicada al presidente del
Santander para no tener que juzgarle por el caso de las cesiones de
crédito, fue justificada en que los bienes jurídicos protegidos frente
al delito de prevaricación “son de naturaleza pública”.
El Supremo se remitió en su acuerdo a la doctrina contenida en la
sentencia que declaró la legitimidad de las asociaciones Foro de Ermua y
Dignidad y Justicia para solicitar la apertura del juicio oral al lehendakari Juan José Ibarretxe.
El Supremo también rechazó el testimonio en el juicio de
personalidades internacionales, aunque “sin perjuicio de que la
defendibilidad [sic] de la interpretación de las resoluciones objeto del
juicio pueda ser objeto de la prueba documental”.
El tribunal que acordó iniciar el juicio contra Garzón está integrado
por el presidente, Carlos Granados; el ponente, Andrés Martínez
Arrieta, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero,
Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano y José Manuel Maza
Martín.
Garzón declara ante el Supremo que como juez estaba obligado a investigar los crímenes del franquismo
Martes, 31 de enero de 2012
Un ambiente de pesimismo ha caracterizado el inicio de la segunda jornada del juicio a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El
magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido temporalmente en
funciones desde mayo de 2010, llegaba al Supremo cerca de las 10 de la
mañana entre los aplausos del público asistente a la vista, informa Patricia Campelo....
Un ambiente de pesimismo ha caracterizado el inicio de la segunda jornada del juicio a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El
magistrado de la Audiencia Nacional, suspendido temporalmente en
funciones desde mayo de 2010, llegaba al Supremo cerca de las 10 de la
mañana entre los aplausos del público asistente a la vista, informa Patricia Campelo.
Al comienzo de la vista, la sala que juzga a Garzón rechazó las cuestiones previas planteadas por su defensa y por la Fiscalía, que habían solicitado la nulidad de la causa por entender que el instructor de la misma, Luciano Varela,"orientó" al sindicato ultraderechista Manos Limpias a la hora de hacer su escrito de acusación.
Los magistrados de la Sala de lo Penal decidieron rechazar todas
estas cuestiones previas. "Sin perjuicio de los excesos que han sido
denunciados, los actos que se han producido no tienen entidad material suficiente para la nulidad", señala la resolución sobre la instrucción de Varela.
Los
magistrados establecieron, además, que los "escritos de acusacion son
suficientes para entender formulada una imputacion". Además, rechazaron
aplicar a Garzón la doctrina Botín y optaron por aplicar al juez la doctrina Atutxa.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y el fiscal Luis Navajas, también defendieron la aplicación al caso de la llamada doctrina Botín,
que hubiera dado como resultado la anulación de la vista al establecer
que no se puede abrir juicio oral cuando la única que lo solicita es la
acusación popular.
Tras escuchar las deliberaciones de la Sala, el juez de la Audiencia Nacionalse negó a contestar las preguntas de la acusación popular
"por no estar legitimada" para realizar estas acusaciones. El abogado
de la acusación preguntó sobre la querella archivada contra Santiago
Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama apelando a la
Ley de Amnistía, el traslado de las denuncias sobre los fusilamientos a
la Fiscalía, el fallecimiento de los posibles responsables o el número
de desaparecidos.
Tras escuchar en silencio las preguntas de la acusación, Garzón
explicó, en respuesta a las preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez
Fresneda, que se hizo eco "de todas y cada una" de las denuncias que le presentaron las víctimas
y que de "acuerdo con la apariencia delictiva" de los delitos
denunciados "y conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se imponía
la admisión a trámite de esas denuncias". "En todas las denuncias
había un componente humano muy importante", afirmó el juez.
El
magistrado explicó cómo recibió las primeras denuncias por los crímenes
del franquismo en 2006 y en 2008, con el primer caso de desaparición
de niños, y ratificó su idea de que existió un plan sistemático de eliminación de personas durante la dictadura de Francisco Franco.
"Mantenía y mantengo que... dentro de la desaparición forzada de las
personas en un contexto de crímenes contra la humanidad es un delito
permanente", dijo el acusado en la sala.
Adujo que como juez
tenía "la obligación" de investigar las denuncias sobre los crímenes del
franquismo que recibió en su juzgado. Comparó esta causa con la
instrucción tramitada por el magistrado Ismael Moreno sobre "criminales
de guerra nazis", en la cual la Fiscalía no se ha opuesto a abrir una
investigación.
Garzón ratificó que en los escritos de las víctimas y colectivos de memoria se denunciaban "desapariciones forzadas de personas y enterramientos ilegales".
Según
dijo Garzón, el delito de desaparición forzada en el contexto de
crímenes contra la humanidad estaba recogido en leyes anteriores, en
jurisprudencia internacional e incluso en la doctrina del propio
Tribunal Supremo. "Entendí, interpreté, que era admisible la
conceptuación como típicos delitos contra la humanidad y dentro de la
obligación de todo juez de investigar estos hechos".
Garzón aludió a la ley de amnistía de 1977 señalando que esta norma
se refería a "delitos de intencionalidad política y que en ningún caso
los crímenes contra la humanidad tienen este carácter político". "Es un
delito permanente, sus efectos permanecen en el tiempo y se siguen
produciendo hasta que esos efectos cesan, por lo que no era necesario
ni referirse a la ley de amnistía", argumentó Garzón.
"La
investigación de esos crímenes contra la humanidad está justificada. El
propio Estatuto de Nuremberg despliega sus efectos más allá de los
años 30 y justifica esa investigación", explica sobre el derecho
internacional que incluye en su auto de 16 de octubre de 2008.
Garzón insistió en el criterio de instituciones judiciales internacionales,
como la Corte Interamericana de derechos humanos, que establece la
prescriptiblidad de estos delitos "a partir del inicio de su
investigación". "El juez tiene la obligación de investigar los delitos;
no es una cuestión de ideología; me correspondió el caso por reparto y
a partir de ahí hice lo que tenía que hacer", dijo Garzón, que además
aseguró no haber actuado de modo diferente a como lo hizo en el caso Pinochet y en Argentina.
Sobre
el secuestro de menores, recordó que fue en septiembre de 2008 cuando
se menciona el primer caso y, a la pregunta de Fresneda de si existía
en España un censo de desapariciones forzadas, Garzón ha esgrimido que
tan sólo en el País Vasco, Andalucía y Catalunya se habían elaborado
mapas de fosas.
Asimismo, añadió que no logró colaboración de ninguna administración para confeccionar los listados de víctimas con la excepción del ayuntamiento de Madrid.
En lo referido a la cuestión de si ostentaba la competencia para
investigar tales delitos, afirmó: "Desde diciembre de 2006 hasta
octubre de 2008 no autoricé ni una sola exhumación solicitada.
Expresamente se dijo que no se hicieran hasta que no quedara delimitada
la competencia".
Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación
para Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes
del fraquismo.
Ante la sede del Supremo se volvieron a concentrar un centenar de
personas para mostrar su apoyo al juez, al que recibieron con gritos de "¡Justicia, justicia!" o "Garzón amigo, el pueblo está contigo".
Ante la puerta principal se reunieron representantes de las
Asociaciones de Memoria Histórica, que portaban banderas republicanas,
fotografías en blanco y negro de fusilados y pancartas en las que podían
leerse los lemas "Contra la impunidad. Solidaridad con las víctimas del
franquismo", "No a políticos y jueces filofascistas, "Lo llaman
justicia y no lo es" o "No hay justicia para estos crímenes".
Al igual que el martes pasado, Garzón contó con el apoyo de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu
y de la fiscal Dolores Delgado, que asisten a la vista oral como
público y departieron antes del comienzo del juicio con el fiscal Luis
Navajas.
Sin embargo, ningún representante político se dio cita en
la concentración que se ha desarrollado en la plaza de la Villa de
París. La semana pasada acudieron a la manifestación el coordinador
general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara; el diputado de la formación
Gaspar Llamazares; el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o
la actriz Pilar Bardem.
Durante la protesta, que se ha
desarrollado con absoluta tranquilidad, los concentrados han coreado
consignas como "Tribunal Supremo, Suprema impunidad", "Ni orgullo ni perdón, verdad, justicia, reparación", "Hay que juzgar al franquismo criminal", "Vergüenza, vergüenza" o "Tenemos memoria, queremos justicia".
El Tribunal Supremo avala la acusación franquista contra el juez Garzón
Martes, 31 de enero de 2012
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del juez Baltasar Garzón y por el fiscal de sala del alto tribunal Luis Navajas, lo que implica la continuación del juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, en el que Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación como juez.
El magistrado acusado ha dicho que no va a contestar a Manos Limpias por no considerarla legitimada para estar en el juicio y la vista ha...
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del juez Baltasar Garzón y por el fiscal de sala del alto tribunal Luis Navajas, lo que implica la continuación del juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, en el que Garzón se enfrenta a 20 años de inhabilitación como juez.
El magistrado acusado ha dicho que no va a contestar a Manos Limpias por no considerarla legitimada para estar en el juicio y la vista ha seguido con la lectura por el abogado del pseudosindicato de extrema derecha del pliego de preguntas que Garzón ha dejado sin contestar.
La Sala ha avalado la instrucción del juez Luciano Varela, pese a que la defensa y sobre todo el fiscal criticaron la «insólita» e «insostenible» actuación de este juez, que corrigió y orientó los escritos de acusación se Manos Limpias y de Falange, esta última expulsada después del procedimiento. La resolución considera que, al margen de los «excesos» denunciados por la defensa y el fiscal, los hechos no tienen «entidad material suficiente» para declarar la nulidad.
Los jueces del Supremo han rechazado también que el pseudosindicato
ultraderechista Manos Limpias carezca de legitimación para llevar
adelante la acusación en solitario, pese a que no ejercen la acusación
ni ningún ofendido por el delito.
Esta
decisión, que contradice la literalidad del artículo 782.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal mantiene el carácter de excepcionalidad de la
doctrina Botín, aplicada al presidente del Santander para no tener que
juzgarle por el caso de las cesiones de crédito. El Supremo se ha
remitido a la doctrina Atutxa, aplicada al expresidente del Parlamento
Vasco Juan María Atutxa, y que está pendiente de recurso ante el
Tribunal Constitucional. Si en su día el intérprete de la Norma
Fundamental declara inconstitucional esta interpretación del Supremo, lo
actuado en este juicio a partir de este momento será anulado si Garzón
recurre en amparo, recurso que ha anunciado ya su defensa.
Garzón ha llegado acompañado de su abogado, Gonzalo
Martínez-Fresneda, y a la entrada al palacio del Tribunal Supremo ha
sido recibido con un sonoro aplauso por sus seguidores, que hoy han
acudido masivamente al juicio. Antes de entrar en el salón de plenos,
Garzón ha departido con los jueces de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu y Santiago Pedraz y con la fiscal Dolores Delgado.
La prensa internacional, perpleja por el juicio a Garzón
Jueves, 26 de enero de 2012
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo, se reunió el martes con ejecutivos de grandes empresas
españolas con el objetivo de promocionar juntos la marca España. Y ello pese a que el mismo día la marca España ya ocupaba, sin necesidad de ninguna campaña, el prime time de los informativos de medio mundo y enormes titulares en los periódicos y revistas internacionales de referencia.
Este éxito...
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo, se reunió el martes con ejecutivos de grandes empresas
españolas con el objetivo de promocionar juntos la marca España. Y ello pese a que el mismo día la marca España ya ocupaba, sin necesidad de ninguna campaña, el prime time de los informativos de medio mundo y enormes titulares en los periódicos y revistas internacionales de referencia.
Este éxito inmediato de la conjura para difundir la marca España
en el mundo no llegó sin embargo acompañado de la connotación buscada.
Al contrario: de repente, España aparece como un país con un sistema
judicial en entredicho que ha iniciado lo que muchos medios de
referencia presentan como una posible "caza de brujas" contra Baltasar
Garzón, su juez más conocido, por haberse atrevido a investigar los
crímenes del franquismo.
El International Herald Tribune (la edición global de The New York Times)
llevaba ayer la fotografía del magistrado en su portada; la británica
BBC conectaba desde las puertas del Tribunal Supremo con una plaza
repleta de familiares de víctimas pisoteadas por el fascismo, el
parisino Le Monde describía un sistema cómplice de un minúsculo grupo ultraderechista...
Todos los grandes medios internacionales de referencia también The Economist, The Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post, Der Spiegel
están subrayando en sus crónicas, sin distinciones ideológicas, la
paradoja de que el juez que abrió camino en el derecho internacional con
la causa contra Augusto Pinochet se siente ahora en el banquillo
precisamente por intentar aplicar esta misma doctrina en España. Y la
mayoría presenta la trilogía de causas simultáneas abiertas por
prevaricación contra el juez en el Supremo como si de un único sumario
global se tratara, instruida con criterios ajenos al derecho.
La
presencia en España de observadores de máximo nivel de las dos grandes
organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights
Watch (HRW) y Amnistía Internacional, con posiciones extremadamente
críticas con el juicio, ha dado alas al relato compartido de acoso a
Garzón por "atreverse a romper el tabú" de investigar el franquismo,
expresión utilizada, por ejemplo, por los cables de France Presse y el
semanario alemán de referencia, Der Spiegel.
Ambas
organizaciones de derechos humanos gozan del máximo crédito en la prensa
internacional, que ha reproducido extensamente sus durísimas
declaraciones, como las recogidas por el británico The Guardian:
"El caso es simplemente escandaloso e inaceptable y afecta a la
independencia del sistema judicial en España", según Amnistía. "Es la
primera vez que una democracia procesa a un juez por investigar abusos
en los derechos humanos y por aplicar la ley internacional", subraya HRW
en el rotativo británico y, con palabras muy similares, en la mayoría
de medios internacionales de referencia.
En cambio, la prensa de
centro-derecha en España, que acostumbra a dar gran difusión a las
críticas de Amnistía Internacional y de HRW cuando se dirigen a países
como Cuba y Venezuela, han pasado esta vez de puntillas sobre
advertencias tan duras.
Varias de las crónicas internacionales
plantean el conflicto como un pulso entre Garzón y Miguel Bernad, el
ultraderechista que, según se recalca, ha contado con la ayuda del
Supremo por las sugerencias que le brindó el instructor de la causa,
Luciano Varela. Le Monde incluso arrancó su crónica en el
despacho del jefe de Manos Limpias, de quien recuerda su candidatura
electoral ultra en las europeas de 1989 y su reciente condecoración por
parte de la Fundación Francisco Franco: "En su oficina de la calle
Ferraz, a dos pasos de la sede del PSOE que tanto aborrece, Miguel
Bernad saborea su victoria".
Escepticismo
Ningún gran
medio internacional ha editorializado sobre los procesos contra Garzón,
pero la gran mayoría de crónicas y reportajes han mostrado su
escepticismo con el argumentario oficial de las causas por prevaricación
y han apuntado otras explicaciones.
"Para muchos en España, los
juicios equivalen a una caza de brujas destinada a castigar a Garzón por
su estatus de estrella judicial tras acusar al ex dictador chileno
Augusto Pinochet", ha publicado The Washington Post con información de Associated Press.
Der Spiegel explica
el juicio porque Garzón "rompió un tabú y el pacto de silencio de los
partidos sobre la guerra civil y la dictadura", pero sitúa el origen de
la "caza de brujas" en el sumario Gürtel, cuando "aportó luz sobre las acitividades de financiación ilegal relacionadas con el Partido Popular".
Lo que está en juego, según el reputado semanario, va incluso más allá: "Nadie ha sido aún condenado por el caso Gürtel,
uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la
democracia española. El caso contra Garzón, el juez estrella, puede ser
una advertencia a sus colegas: no luches contra los poderosos".
La conclusión del periodista de The Economist
no es tan distinta. También advierte de las consecuencias para el
sistema judicial en su conjunto: "Los sumarios generan dudas sobre el
sistema judicial español. Si Garzón es un prevaricador múltiple, ¿por
qué no le pararon hace mucho tiempo? Y si no, ¿significa [el juicio] que
los jueces que muestren apenas un destello de independencia es probable
que sean procesados?".
El fiscal: "No he visto nada igual en 36 años de carrera"
Martes, 24 de enero de 2012
"No he visto nada igual en 36 años de carrera". Con esta contundente frase del fiscal puede resumirse la primera sesión del juicio contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, que comenzó este martes en el Tribunal Supremo.
La jornada se dedicó al trámite de las cuestiones previas. La defensa del juez, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada doctrina...
"No he visto nada igual en 36 años de carrera". Con esta contundente frase del fiscal puede resumirse la primera sesión del juicio contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, que comenzó este martes en el Tribunal Supremo.
La jornada se dedicó al trámite de las cuestiones previas. La defensa del juez, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, solicitó la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada doctrina Botín, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la Fiscalía no presenta acusación alguna.
La aplicación de esta doctrina —llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander— se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación del sindicato ultra Manos Limpias y la asociación de corte ultraconservador Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público, ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.
La Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa y sostuvo que la actuación del magistrado del Tribunal Supremo que la instruyó, Luciano Varela, fue "absolutamente insólita e insostenible". Solicitó también la aplicación de la doctrina Botín.
"No he visto nada igual en 36 años de carrera", afirmó el fiscal Luis Navajas en referencia a la providencia en la que, en abril de 2010, Varela dio una "segunda oportunidad" al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación, orientándole además sobre cómo hacerlo. Según el fiscal, el magistrado instructor "devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera", y lo hizo pese a que la ley no se lo permite.
La providencia, añadió Navajas, "transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible".
Aunque la decisión del instructor fue inmediatamente recurrida por Garzón, la sala de lo penal avaló a Varela, según el fiscal "con cierto sarcasmo", ya que su argumento fue que las correcciones iban en beneficio del derecho de defensa. "La única resolución que no hubiese lesionado los intereses del imputado era la exclusión de la acusación y la extinción de la causa", sostuvo Navajas.
El representante de la Fiscalía explicó que fue ese aval dado a Varela por la sala lo que decidió al Ministerio Público a respaldar la recusación planteada por Garzón contra los magistrados que firmaron ese auto. Se trataba, añadió, de apartarlos del juicio "para evitar el bochornoso espectáculo para el Supremo de que un tribunal internacional de derechos humanos dijera luego que se habían vulnerado los derechos del acusado". "Gracias a Dios, la sala del 61 (que aceptó las recusaciones) nos respaldó", concluyó Navajas.
Ese argumento también fue esgrimido por la defensa. El abogado de Garzón planteó también la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, desde el 20 abril de 2010, que fue la fecha en la que se dio la oportunidad a las acusaciones, que en principio eran Manos Limpias y Falange —posteriormente expulsada del procedimiento—, de subsanar determinados defectos que presentaban sus escritos de acusación.
Según Martínez Fresneda, ninguno de los escritos presentados inicialmente por los acusadores cumplía las exigencias legales mínimas, por lo que ambas partes deberían haber sido dadas por "decaídas" y el procedimiento archivado. No obstante, Varela "optó por hacer todo lo contrario", concederles trámite para presentar otro escrito, e incluso en el caso de Manos Limpias le indicó cuál debía ser el contenido concreto del mismo.
"Un corta y pega lleno de erratas"
Según explicó el abogado de Garzón, el escrito de acusación presentado por el sindicato terminó siendo una mera copia de los argumentos incriminatorios de un auto anterior del propio Varela, incluyendo incluso algún "gazapo" que el instructor había dejado caer en su resolución, según esta parte.
"Fue un corta y pega, ni siquiera se tomaron las molestias de corregir las erratas", manifestó Martínez Fresneda ante la Sala de lo Penal, para añadir que los efectos de estas decisiones fueron "devastadores" para su cliente, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones.
En este punto, el abogado de Garzón aludió al caso Nani, en el que la acusación popular se retrasó un día en dictar su escrito de acusación, por la que el tribunal encargado del caso la dio por decaída.
Cuando el Tribunal Constitucional revisó el asunto señaló que no cabía "indefensión" porque el error, en este caso, no fue culpa del tribunal. Martínez-Fresneda cree que este precedente también puede aplicarse a este caso.
Finalmente, el abogado del juez central de Instrucción número 5 denunció la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente por la decisión del Supremo de rechazar más de la mitad de los testigos solicitados para arbitrar su defensa en este juicio. Apuntó que tres de los testigos citados por esta parte no podrán acudir por haber fallecido uno de ellos y por problemas familiares y de salud otros dos, por lo que solicitó su sustitución por otras personas pertenecientes también a asociaciones de desaparecidos por el franquismo que denunciaron estos hechos ante el juez.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".
El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, insistió durante su turno de exposición de cuestiones previas en la recusación del miembro de la Sala, Perfecto Andrés Ibáñez, que consideran carece de imparcialidad necesaria por dirigir una publicación en la que se tildó a esta parte de "plataforma de la ultraderecha". La Sala ya rechazó esta petición sin necesidad de elevar el asunto a la Sala del 61, y esta misma mañana había inadmitido el recurso de súplica presentado por esta parte contra su decisión inicial.
Una vez se solventen hoy las cuestiones previas, y si la Sala no las acepta y no anula la vista, el juicio podría reactivarse el próximo 31 de enero, que será cuando previsiblemente se interrogue al juez de la Audiencia Nacional, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones en mayo de 2010. Las sesiones seguirán hasta mediados de febrero. La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón.
La acusación por contra pide al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación popular.
El fiscal apoya a Garzón y dice que la instrucción fue insólita e insostenible
Martes, 24 de enero de 2012
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha apoyado tres de las
cuestiones previas de la defensa de Garzón y ha dicho que la actuación
del instructor Luciano Varela
fue “insólita” e “insostenible” y su decisión de aceptar un escrito de
acusación de Manos Limpias que era un “corta y pega” de un auto del
propio Varela “condicionó el objeto del proceso” con una resolución
“absolutamente nula” que dejó “en indefensión a Garzón”.
El fiscal Luis Navajas, uno de los más...
El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha apoyado tres de las
cuestiones previas de la defensa de Garzón y ha dicho que la actuación
del instructor Luciano Varela
fue “insólita” e “insostenible” y su decisión de aceptar un escrito de
acusación de Manos Limpias que era un “corta y pega” de un auto del
propio Varela “condicionó el objeto del proceso” con una resolución
“absolutamente nula” que dejó “en indefensión a Garzón”.
El fiscal Luis Navajas, uno de los más veteranos del Tribunal
Supremo, fue extraordinariamente duro con al instrucción del juez
Luciano Varela, que criticó con “absoluta convicción”. Hasta el punto,
dijo, que en sus 35 años como fiscal “jamás” había visto una resolución
parecida a la de Varela, “en el fondo y en la forma”. “Fue una decisión
absolutamente insólita y la consecuencia fue transmutar una acusación
que no se sostenía y en la que el juez coadyuva a reconstruir lo que era
absolutamente irreconstruíble”.
El fiscal indicó que fue la “absoluta nulidad” de la decisión de
Varela sobre el escrito de acusación el que llevó al ministerio fiscal a
apoyar, por primer vez en la historia, la recusación de toda una Sala
Penal del Tribunal Supremo para evitar que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos “nos dijese que nuestro Tribunal Supremo vulneró normas
esenciales del procedimiento” y “afortunadamente”, dijo, la Sala del 61
nos respaldó.
Navajas rechazó que el abogado de Manos Limpias,
Joaquín Ruiz Infante, hubiese minusvalorado como “fuegos de artificio”
la protesta de la defensa de Garzón contra su escrito de acusación,
cuando “de lo que se está hablando es de vulneración de derechos
fundamentales”. Lo que en un primer momento hizo el instructor fue
“castrar” el escrito de acusación para quitarle los elementos sobrantes,
según Navajas, pero lo que debió hacer después fue “devolver a los
toriles un morlaco que no estaba bien presentado”.
El fiscal del Supremo apoyó también la aplicación a este caso de la
doctrina Botín, y dijo que el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal “habla claro” en el sentido de que los únicos capacitados para
promover la apertura de juicio en el procedimiento abreviado son el
acusador particular y el Ministerio Fiscal.
Por eso, tachó de “irreflexivos y arbitrarios” los cambios de
criterio en torno a este precepto y dijo que el Supremo está “vinculado
por sus propias resoluciones”, como la de la sentencia que estableció la
doctrina Botín.
Navajas defendió vehementemente que es la Constitución la que otorga
al Ministerio Fiscal la defensa de los intereses públicos. “El
Ministerio fiscal no necesita ayuda para defender todos los derechos con
éxito y defender la legalidad. Que no se nos sumen al pelotón
corredores adhesivos, que no los necesitamos ara nada”, dijo en alusión a
Manos Limpias. El fiscal concluyó su informe pidiendo que se declare la
nulidad del escrito de Manos Limpias y que no prosiga el juicio.
Previamente, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se
opuso a todas las cuestiones previas enunciadas por el defensor de
Garzón. El abogado expresó su “respeto por las víctimas” pero dijo que
el objeto del proceso era ver si se había cumplido o no la ley y el
delito de prevaricación y que las víctimas que presentaron las denuncias
no tenía nada que ver con los hechos objeto del debate.
El presidente del tribunal, Carlos Granados, levantó la sesión hasta
el próximo martes, en que se dará a conocer la decisión sobre las
cuestiones previas.
El 24 de enero comienza el juicio contra el juez Garzón por los crímenes del franquismo
Lunes, 23 de enero de 2012
El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo
para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a
juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Esta vez se
enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación, 20
años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos
Limpias, del ultraderechista Miguel Bernard.
El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria
Histórica...
El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo
para ocupar por segunda vez el banquillo de los acusados y ser sometido a
juicio por su investigación de los crímenes del franquismo. Esta vez se
enfrenta a la pena máxima prevista para el delito de prevaricación, 20
años de inhabilitación que pide para él el pseudosindicato Manos
Limpias, del ultraderechista Miguel Bernard.
El juicio arrastra muchas pasiones y las organizaciones de la Memoria
Histórica están decidas a respaldar a Garzón y a hacerse notar con
concentraciones y movilizaciones de protesta contra el juicio. Amnistía
Internacional (AI) se anticipó el pasado viernes con un comunicado en el
que considera "escandaloso" que se juzgue por prevaricación una
"investigación de violaciones de derechos humanos".
Garzón tendrá
que volver al banquillo sin conocer la sentencia de las escuchas Gürtel,
que puede tardar todavía en hacerse pública. Según fuentes del Supremo,
el juicio de las escuchas le ha salido a Garzón mejor de lo esperado.
Salió indemne y hasta reforzado del interrogatorio de la acusación; los
policías de la brigada antiblanqueo respaldaron su versión de que las
escuchas eran la única manera de evitar el blanqueo desde la prisión a
través de determinados abogados y de que dio instrucciones para
preservar el derecho de defensa. Por añadidura, la calidad jurídica de
los informes de los fiscales Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel
y el discurso del abogado defensor, Francisco Baena, van a obligar a
los magistrados a tener que aquilatar sus argumentos.
El juicio a
Garzón por investigar los crímenes del franquismo está estructurado en
dos partes: mañana se inicia la vista de las cuestiones previas, que
presentará el abogado de Garzón para este proceso, Gonzalo
Martínez-Fresneda. Se trata de exponer las infracciones procesales que
haya podido cometer el instructor de la causa, el juez Luciano Varela,
la vulneración de algún derecho fundamental, etcétera. El miércoles el
tribunal se retirará a deliberar y si no estima ninguna de ellas, el día
31 se reanudará la vista con el interrogatorio de Garzón. La prueba
testifical está prevista para las dos primeras semanas de febrero y el
día 13 concluiría el juicio, tras la presentación de los informes.
Aunque
rara vez se estiman las cuestiones previas por defectos de
procedimiento, en esta ocasión hay algunas posibilidades. El abogado de
Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamará la aplicación a su
defendido de la doctrina Botín -conocida así porque se aplicó por
primera vez al presidente del banco de Santander-, según la cual la
apertura de juicio no procede si actúa en solitario la acusación
popular. En este procedimiento solo existe la acusación popular de Manos
Limpias-Libertad e Identidad, pero no hay acusación del fiscal ni de
ningún ofendido por el delito, por lo que, al igual que sucedió con
Botín en el caso de las cesiones de crédito, no podría continuar el
juicio contra Garzón.
Otra de las cuestiones previas se refiere a
la más que controvertida actuación del instructor Luciano Varela de
dictar a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS -a la que había
dado entrada y luego expulsó del procedimiento- las correcciones que
debían hacer en sus respectivos escritos de calificación para que
pudiesen ser admitidos, en vez de declararlos nulos. Varela indicó a
Manos Limpias que debía retirar hasta 55 páginas de su escrito de
acusación e incluir que Garzón actuó "a sabiendas". El escrito
resultante admitido por Varela, según la defensa de Garzón, sigue siendo
una copia literal de un auto de Varela, hasta el punto de que "el autor
intelectual" del escrito de acusación "viene a ser el propio magistrado
instructor".
Además de las cuestiones previas, en una Sala Penal
muy dada a las estrategias -anticipó el juicio de las escuchas al del
franquismo para mitigar el impacto de este último- siempre pueden
hallarse razones de peso para concluir por la vía rápida el juicio sobre
el franquismo. La principal de ellas es que este juicio se da ya por
amortizado: si Garzón es condenado y expulsado de la carrera judicial
por las escuchas, una segunda condena no añade nada. Pero si esta
condena es por investigar los crímenes del franquismo, la imagen del
Tribunal Supremo no queda precisamente favorecida, sobre todo entre la
comunidad jurídica internacional, que ha protestado masivamente por la
apertura de este proceso y que ha enviado media docena de observadores
internacionales para seguir su desarrollo.
El juicio es
consecuencia de una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias
admitida por la Sala Penal el 26 de mayo de 2009. Tras interrogar a
Garzón y realizar diligencias durante ocho meses, el instructor, Luciano
Varela, sostuvo en un polémico auto que el juez imputado no pretendía
en realidad investigar los "horrendos crímenes" del franquismo, sino
"asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de
víctimas de la represión civil y militar", superando las limitaciones de
la ley de Memoria Histórica.
Según el entonces instructor Varela,
que acaba de juzgar a Garzón por las escuchas Gürtel, el juez de la
Audiencia Nacional decidió "orillar" la ley de amnistía de 1977 y abrir
un proceso penal "cuya artificiosa incoación suponía desconocer los
principios esenciales del Estado de derecho". Los "móviles altruistas"
que hubiera podido tener el juez para paliar el sufrimiento de los
familiares de las víctimas del franquismo "no eximen, ni siquiera
atenúan", su responsabilidad penal, afirmó el entonces instructor.
Varela
dejó constancia de su opinión de Garzón al descalificar la "ignorancia
inexcusable" del juez de la Audiencia Nacional, "tan jurídicamente
grosera que no merece mayor comentario".
La ASMJ participará en la defensa del juez Garzón en el juicio por los crímenes del franquismo
Lunes, 23 de enero de 2012
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia manifiesta públicamente su apoyo y solidaridad con el juez D. Baltasar Garzón en los procedimientos judiciales contra él instruidos, especialmente el que tiene que ver con la investigación de las víctimas del franquismo.
Esta...
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia manifiesta públicamente su apoyo y solidaridad con el juez D. Baltasar Garzón en los procedimientos judiciales contra él instruidos, especialmente el que tiene que ver con la investigación de las víctimas del franquismo.
Esta asociación, como muchas otras en toda España, instó al Sr. Garzón a que iniciara ese procedimiento, a la vez que le aportó documentación acreditativa de la violencia represiva durante la Guerra Civil y la época franquista en la provincia de Salamanca. Esa información es pública y puede consultarse en nuestra página web (www.salamancamemoriayjusticia.org), donde se verá que comprende más de 1.100 víctimas mortales de la represión, la mayoría asesinados sin proceso judicial, así como varios miles más de represaliados políticos. Ninguno de estos casos ha sido tratado judicialmente y aún hoy son muchos los enterramientos clandestinos pendientes de localización y de exhumación por toda España, siendo nuestro país una excepción en el panorama internacional a ese respecto. De ahí el gran interés que suscitó en su momento la posibilidad de que el poder judicial pudiera al menos acreditar la magnitud de los crímenes cometidos, que sin exageración pueden conceptuarse como genocidio.
Luis Calvo Rengel, presidente de honor de ASMJ, prestará declaración en el juicio como testimonio de la defensa del Sr. Garzón. Su voz, junto con la de tantas otras víctimas o familiares de víctimas, pondrá en evidencia lo absurdo de este caso, que sería un nuevo ejemplo de la «justicia al revés» de que hablaba Serrano Suñer en otro tiempo. A 75 años de la sublevación fascista que dio paso a esta trágica realidad resulta vergonzoso que una sociedad democrática tolere el sometimiento de la justicia a las inercias estamentales e ideológicas del franquismo. El juez Garzón vendría a ser una víctima más de éste si la opinión pública española no logra que prevalezcan la verdad y la justicia.
Observadores internacionales acudirán al segundo juicio contra Garzón
Lunes, 23 de enero de 2012
Observadores internacionales acudirán a partir de mañana al segundo
juicio contra el juez Baltasar Garzón, este por abrir una investigación
por los crímenes del franquismo. Así lo han confirmado esta mañana tres
organizaciones internacionales: Human Rights Watch, AmnistÍa
Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, que han prometido
vigilar muy de cerca el proceso. "El mundo entero tiene los ojos
puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando a...
Observadores internacionales acudirán a partir de mañana al segundo
juicio contra el juez Baltasar Garzón, este por abrir una investigación
por los crímenes del franquismo. Así lo han confirmado esta mañana tres
organizaciones internacionales: Human Rights Watch, AmnistÍa
Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, que han prometido
vigilar muy de cerca el proceso. "El mundo entero tiene los ojos
puestos en este juicio y en las represalias que se están aplicando a
Garzón", ha asegurado el consejero jurídico y portavoz de Human Rights
Watch, Reed Brody.
A Human Rights Watch le preocupa el "efecto intimidación a nivel
internacional" que este juicio pueda tener sobre otros jueces que
investigan violaciones de derechos humanos."Garzón se ha hecho muchos
enemigos. Es un juez que molesta, que incomoda, que violenta. El mundo
necesita jueces que molesten, que incomoden, como él, es la esencia de
un Estado democrático. No queremos jueces que digan sí señor frente al
poder. Garzón es un juez con valor, de ahí la reacción internacional. Si
le estuvieran juzgando por hacer su trabajo borracho, como se ve que
hay algunos jueces que lo hacen en España, no estaríamos aquí", ha
añadido Brody, para quien una condena causaría un "enorme daño" a la
imagen de España: "La justicia española se está haciendo daño a sí
misma".
"Abandonar a un juez que aplica el derecho internacional en auxilio
de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es atentar
contra uno de los pilares del Estado de derecho", ha asegurado Pedro
Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, y ex
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Es
extremadamente preocupante que al juez Garzón se le amenace con el
castigo por abrir una investigación. Sentaría un precedente muy
peligroso en la justicia española". "Hay gente que lo critica por
aparecer mucho en la prensa, pero todo eso no tiene nada que ver y si es
eso lo que se está pretendiendo escarmentar aquí, es inaceptable".
Martín Pallín: "Esto nunca debería haber ocurrido"
El magistrado retirado del Tribunal Supremo José Antonio Martín
Pallín, miembro también de la Comisión Internacional de Juristas, ha
defendido el intento de Garzón por investigar los crímenes del
franquismo y atacado su procesamiento por ello. "He resuelto más de
1.000 casos de competencia entre jueces. Ser competente o no no es un
delito. Por cierto, el Tribunal Supremo tiene desde hace dos años metido
en una carpeta el asunto de la competencia sobre los crímenes del
franquismo después de que dos jueces, de Granada y El Escorial,
declararan que no eran competentes al tratarse de delitos de
jurisdicción universal. Esto nunca debería haber ocurrido».
Para Amnistía Internacional resulta "escandaloso que un magistrado
sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las
víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos".
El argentino Hugo Relva, consejero jurídico del secretariado
internacional de la asociación, ha opinado rotundo: "Es inaceptable" que
quien se vaya a sentar en el banquillo de los acusados sea el juez.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica, ha encontrado un punto positivo en el juicio a
Garzón: "Varias víctimas de los crímenes del franquismo van a tener la
oportunidad de acudir a un tribunal a relatar lo que les hicieron".Al
tiempo, Silva confía en la puerta que se ha abierto en Argentina con la
admisión de la querella contra esos mismos crímenes encabezada por el
hijo de un gallego fusilado en la Guerra Civil, Darío Rivas.
Miembros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y de la
Plataforma Solidarios con Garzón se concentrarán mañana frente a la
puerta del Supremo en apoyo del juez en la primera sesión del juicio por
la memoria histórica, el que, en teoría, debería haberse producido en
primer lugar, antes que el de las escuchas de Gürtel.
Comienzan los juicios de la vergüenza contra el juez Baltasar Garzón.
Lunes, 16 de enero de 2012
Los demócratas, las víctimas del franquismo, los defensores de la
libertad y del Estado de Derecho no podemos aceptar con indiferencia la
posibilidad de la condena del juez Baltasar Garzón, que supondría un golpe irreparable, un enorme
retroceso en la consolidación de nuestra democracia y una amenaza para los
derechos humanos, tal y como acaba de asegurar Human Rights Watch en un
comunicado.
Los demócratas, las víctimas del franquismo, los defensores de la
libertad y del Estado de Derecho no podemos aceptar con indiferencia la
posibilidad de la condena del juez Baltasar Garzón, que supondría un golpe irreparable, un enorme
retroceso en la consolidación de nuestra democracia y una amenaza para los
derechos humanos, tal y como acaba de asegurar Human Rights Watch en un
comunicado.
Fechas previstas de los
juicios
Día 17 de enero:
casoGürtel
Día 24 de enero: juicio por investigarloscrímenes del franquismo.
Día 31 de enero: juicio por investigar los crímenes del franquismo.
Concentraciones
Martes,
17 deeneroa las 10h ante
el Tribunal Supremo
Martes,
24 deeneroa las 10h ante
el Tribunal Supremo
Martes,
31 deeneroa las 10h ante
el Tribunal Supremo
Manifestación el domingo 29 de enero a las 12h. desde Plaza Salesas (Madrid)
Se están
preparando actos a nivel nacional e internacional para el mismo día 29 de
enero.
Los jefes de la trama de corrupción Gürtel acusan de prevaricación al juez Garzón
Lunes, 16 de enero de 2012
El juez Baltasar Garzón,
magistrado reconocido internacionalmente por la instrucción de casos
relacionados con crímenes contra la Humanidad, el terrorismo etarra y
las redes del narcotráfico, enfilará mañana la escalinata del Tribunal
Supremo hacia el que previsiblemente será el último acto de su
trayectoria judicial: se sentará en el banquillo de los acusados para
ser sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido
las comunicaciones en prisión de los jefes...
El juez Baltasar Garzón,
magistrado reconocido internacionalmente por la instrucción de casos
relacionados con crímenes contra la Humanidad, el terrorismo etarra y
las redes del narcotráfico, enfilará mañana la escalinata del Tribunal
Supremo hacia el que previsiblemente será el último acto de su
trayectoria judicial: se sentará en el banquillo de los acusados para
ser sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido
las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al PP.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y
Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al
empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y
17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de
defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas
las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente
repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos
contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han
dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han
conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente,
acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos
antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio
Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió
la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la
carrera judicial.
El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones,
pesa en su entorno. El desarrollo de la instrucción, en paralelo con
otras dos causas que tiene abiertas —por investigar crímenes del
franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York
y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto
cohecho— dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones
de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del
caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente
cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según
las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a
los abogados lesionó “uno de los principios básicos del sistema penal,
retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho”. Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Aunque la fiscalía solicitó desde un primer momento el sobreseimiento
y ahora reclama la absolución asegurando que Garzón no cometió ningún
delito, los distintos fiscales que han intervenido en los tres procesos
han visto rechazadas una y otra vez todas sus peticiones.
La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena Bocanegra
en este proceso, ha visto rechazadas por el Supremo sus principales
peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal Superior de
Madrid Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la instrucción prorrogó las escuchas,
y la de las dos fiscales Anticorrupción que las validaron. El
testimonio de Pedreira era clave para la defensa, dado que este juez no
solo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos de los
imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a qué
escuchas debían incorporarse a la causa.
Decenas de personas claman contra los "juicios de la vergüenza" a Garzón
Viernes, 13 de enero de 2012
Una treintena de personas se han concentrado este viernes frente al Tribunal Supremo para protestar por lo que denominan "los juicios de la vergüenza", en referencia a los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón, que la semana que viene se sentará en el banquillo de los acusados por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del caso Gürtel y sus abogados.
Los concentrados, entre los que se...
Una treintena de personas se han concentrado este viernes frente al Tribunal Supremo para protestar por lo que denominan "los juicios de la vergüenza", en referencia a los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón, que la semana que viene se sentará en el banquillo de los acusados por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del caso Gürtel y sus abogados.
Los concentrados, entre los que se encontraba el poeta Luis García Montero, entonaron cánticos como "verdad, justicia y reparación" o "hay que juzgar al franquismo criminal".
Montero aseguró que los juicios son fruto de una "persecución política" contra Garzón y que los procedimientos "desprestigian" a la justicia española. "Se está lanzando el mensaje de que cuando un juez se atreva a investigar la corrupción política puede ser juzgado", señaló el poeta.
La manifestación, que arrancó a las 11:30 horas, fue convocada por la plataforma Solidarios con Garzón, que cuenta con el apoyo de personas como Pedro Almodóvar, Marcos Ana, Almudena Grandes, Pilar Bardem, Juan Diego o Miguel Ríos.
La plataforma emitió un comunicado en el que asegura que los procesos puede convertir a Garzón "en el primer condenado del caso Gürtel y en la última víctima del franquismo".
"Mientras el Tribunal Supremo y la justicia española han desoído una y otra vez la demanda de las víctimas de la dictadura, se da la paradoja de que el único juez que escuchó a las víctimas puede convertirse en la única persona condenada en democracia", indica el escrito.
Garzón se enfrentará a partir del próximo martes al juicio por haber ordenado grabar las conversaciones del caso Gürtel. El Tribunal Supremo iniciará asimismo el 24 de enero el juicio contra el antiguo juez de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo.
Comienzan los trabajos de búsqueda de los enterramientos clandestinos en el encinar de La Orbada
Lunes, 9 de enero de 2012
Las prospecciones para confirmar dónde se encuentran los enterramientos clandestinos de víctimas del franquismo, en el enclnar de La Orbada darán comienzo esta misma semana gracias a la labor de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, y con la colaboración de un equipo de arqueólogos de Madrid. Una actuación que se financia con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Presidencia, y cuyo futuro con el nuevo Gobierno aún se desconoce.
La Asociación Memoria y Justicia de...
Las prospecciones para confirmar dónde se encuentran los enterramientos clandestinos de víctimas del franquismo, en el enclnar de La Orbada darán comienzo esta misma semana gracias a la labor de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, y con la colaboración de un equipo de arqueólogos de Madrid. Una actuación que se financia con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Presidencia, y cuyo futuro con el nuevo Gobierno aún se desconoce.
La Asociación Memoria y Justicia de Salamanca inicia esta semana los trabajos en el encinar de La Orbada para tratar de ubicar los enterramientos clandestinos de víctimas de la represión franquista que existen en la zona. El trabajo será realizado por un grupo de arqueólogos de Madrid según explica el presidente de la agrupación, Severiano Delgado. Saben "a ciencia cierta que mataron a mucha gente allí" y ahora ha llegado el momento de obtener las pruebas que lo certifiquen. Son ocho puntos en concreto. "Es un trabajo muy complicado, porque una parte del encinar se arrancó en su día. Sabemos que salieron restos humanos, pero ni siquiera se sabe qué hicieron con ellos". Los arqueólogos realizarán primero los trabajos de prospección en La Orbada, y posteriormente también se llevará a cabo la investigación del enterrainiento que se sospecha que existe en la localidad de Pedrotoro, cerca de Ciudad Rodrigo.
Unos trabajos que se realizarán gracias a las subvenciones otorgadas por el Ministerio de la Presidencia del anterior Gobierno en el marco de las actuaciones de la ley de Memoria Histórica. Las ayudas correspondientes a este año están "recibidas y pagadas. Llegaron la semana pasada", confirma Delgado. Sobre lo que pueda pasar en el futuro con este tipo de ayudas; no saben nada. "Oficialmente nadie nos ha dicho nada, y la ley sigue en vigor. Lo cierto es que el nuevo Gobierno lleva muy poco tiempo, pero sabemos que nunca les ha gustado lo más mínimo".
Sin embargo, aunque es pronto para conocer el destino de este tipo de subvenciones y, por tanto, de las investigaciones y exhumaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años, Delgado es realista. "Esperamos grandes recortes. Estamos viendo lo que sucede en otras partidas presupuestarias sin duda más urgentes, y sabemos que nos sucederá lo mismo". Pero Delgado añade: "Eso no quita que haya cosas que se puedan hacer, porque son gratis, no necesitan inversión ninguna". Entre estas actividades incluye el presidente de Memoria y Justicia el reconocimiento de todos los represaliados por el levantamiento franquista y la posterior dictadura.
Piden al alcalde un reconocimiento a las víctimas del franquismo
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha enviado una
carta al alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, en la que
solicitan que, aprovechando los homenajes y actos que se van a llevar a cabo con motivo del Año Unamuno,
el Ayuntamiento tenga también un acto de reconocimiento hacia personas
asesinadas y encarceladas por el franquismo. Severiano Delgado, presidente de la
Asociación, indica que sería un gesto que "no necesita dinero, es
gratis", y que podría suponer un paso más en el camino "del proceso de reconciliación de los salmantinos y españoles".
"Nos parece estupendo que se reconozca la figura de Miguel de Unamuno y que se le haya restituido como concejal. Pero hay otras muchas personas que no solo fueron apartadas de sus puestos, sino que fueron asesinadas".
Como recoge el texto remitido al alcalde, entre los represaliados por el régimen franquista está ni más ni menos que el alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, y el diputado salmantino José Andrés y Manso. Ambos fueron asesinados de un tiro en la cabeza en La Orbada, y "su único delito fue la defensa del orden constitucional".
En otros casos, como en el del concejal y presidente de la Diputación Antolín Núñez Bravo, fueron años en la cárcel. "Tenía un problema en los bronquios, así que cuando salió, tras ocho años de cárcel, su estado era nefasto", explica Delgado.
Como indican también en la carta, la Asociación "ha acogido con mucho agrado" la idea del Año Unamuno, y se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en aquello que sea preciso. "Nuestra Asociación asume como propios los deseos mostrados por usted (Alfonso Fernández Mañueco) de que sea el año de la concordia y de la superación de las distancias del pasado". Es en este sentido en el que reclaman un gesto hacia otras víctimas del levantamiento y el régimen de Franco.
El Adelanto, 9 de enero de 2012
Estreno del documental "Salamanca 1936: Residencia oficial de Franco", del Foro por la Memoria
Miércoles, 14 de diciembre de 2011
ESTRENO EN SALAMANCA: 15 DE DICIEMBRE, 19:00h FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
En este nuevo documental se narran los acontecimientos que transcurrieron en Salamanca durante la estancia del dictador y que muchos de ellos tuvieron una gran relevancia para la victoria del fascismo y el desarrollo posterior del franquismo.
Y
es que Franco decidió instalar su cuartel general en la...
ESTRENO EN SALAMANCA: 15 DE DICIEMBRE, 19:00h FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
En este nuevo documental se narran los acontecimientos que transcurrieron en Salamanca durante la estancia del dictador y que muchos de ellos tuvieron una gran relevancia para la victoria del fascismo y el desarrollo posterior del franquismo.
Y
es que Franco decidió instalar su cuartel general en la provincia donde
sus generales le nombran generalísimo y jefe del Estado golpista. Es
aquí donde Franco se hace con el control absoluto del poder. Su
residencia en el Palacio que le cede el Obispo convierte a la ciudad en
un hervidero de militares, de las tropas moras, de italianos y alemanes,
de parte de la diplomacia de los países que apoyaron el golpe, de
periodistas extranjeros y de un ambiente cargado de bulos que recorren
la ciudad y donde los espías deambulan por sus calles.
Durante el año que Franco permaneció en la ciudad se unificó el partido único, se creó Radio Nacional de España, se diseñó todo el sistema para la represión económica y se creó lo que luego fue el Archivo General la Guerra Civil.
En Salamanca, además, se elabora todo el discurso de justificación del golpe fascista
con la colaboración de la Iglesia salmantina y de la Universidad de
Salamanca. Un argumentario al que aún acuden muchas plumas de la
derecha.
SALAMANCA 1936 cuenta con el testimonio de los principales historiadores
que han investigado estos acontecimientos además de familiares de los
principales dirigentes políticos republicanos que fueron asesinados nada
más producirse el golpe de Estado.
Familiares de víctimas reclaman al nuevo Congreso que condene el franquismo
Miércoles, 14 de diciembre de 2011
Medio centenar de personas, miembros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo,
se han concentrado hoy frente al Congreso para reclamar a los nuevos
diputados que hagan en el hemiciclo una condena de los crímenes
cometidos por Franco. “Han pasado 36 años desde que se murió, y yo creo
que ya es hora”, ha remachado Julián Rebollo, portavoz. “Ni el
Parlamento ni ningún Gobierno ha condenado nunca la sublevación
franquista...
Medio centenar de personas, miembros de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo,
se han concentrado hoy frente al Congreso para reclamar a los nuevos
diputados que hagan en el hemiciclo una condena de los crímenes
cometidos por Franco. “Han pasado 36 años desde que se murió, y yo creo
que ya es hora”, ha remachado Julián Rebollo, portavoz. “Ni el
Parlamento ni ningún Gobierno ha condenado nunca la sublevación
franquista ni la dictadura”.
La plataforma ha entregado a todos los grupos parlamentarios y al nuevo presidente del Congreso, Jesús Posada,
un documento con sus reivindicaciones para la legislatura, entre ellas,
que se cree “una comisión de la verdad para dar justicia y reparación a
las víctimas del franquismo”, que se anulen todas las condenas emanadas
de Consejos de Guerra, que el Gobierno asuma las tareas de localización
y exhumación de los fusilados enterrados en cunetas y que se instaure
un Día oficial de la memoria histórica.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e IU-ICV pidieron el pasado julio al presidente del Congreso,
entonces, el socialista José Bono, que aprovecharan un pleno
extraordinario para condenar el franquismo coincidiendo con el 75
aniversario del alzamiento militar que supuso el inicio de la Guerra
Civil. Los colectivos de víctimas han reclamado insistentemente un “acto
de reparación” a los que sufrieron la represión. Se quejan de que no
han recibido “el mismo trato” que las víctimas de otras violencias.
El documento entregado hoy a los grupos incluye una defensa del juez
Baltasar Garzón, imputado por abrir una investigación contra los crímenes del franquismo.
“Su procesamiento es una prueba de que el franquismo subsiste todavía
en algunas instituciones”, asegura Rebollo. La Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha enviado un escrito al
presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por el que solicita
autorización para tomar imágenes y retransmitir a través de su página
web el juicio contra Garzón, previsto para el próximo 24 de enero.
Es la segunda vez que lo solicitan en menos de un año. Todavía no han
obtenido respuesta. El colectivo alega “el derecho a la información, la
transparencia, el interés general y en concreto, el de los familiares
de los 113.000 hombres y mujeres que fueron ilegalmente detenidos,
torturados, asesinados y cuyos cadáveres se encuentran todavía ocultos
en fosas comunes”.
Ha fallecido Encina Cendón García, presidenta de AERLE
Jueves, 8 de diciembre de 2011
La presidenta de la Asociación de Estudios sobre la Represión en
León (Aerle) y una de las fundadoras de la entidad, Encina Cendón
García, ha fallecido este miércoles a los 51 años tras una larga
enfermedad.
La ASMJ se une al dolor de su familia y amigos. Siempre recordaremos con afecto a una de las personas que más han trabajado en Castilla y León por recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo.
Aerle nació en el año 2001, de la...
La presidenta de la Asociación de Estudios sobre la Represión en
León (Aerle) y una de las fundadoras de la entidad, Encina Cendón
García, ha fallecido este miércoles a los 51 años tras una larga
enfermedad.
La ASMJ se une al dolor de su familia y amigos. Siempre recordaremos con afecto a una de las personas que más han trabajado en Castilla y León por recuperar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo.
Aerle nació en el año 2001, de la mano de Joaquín González Vecín y la
propia Encina Cendón García, aunque pronto se sumaron otras personas a
este proyecto que por afinidad ideológica o por un mismo interés
constituyeron el núcleo de la Asociación, entre ellos, Felipe Alfonso
Canedo, Alberto Pérez Ruiz, Cesar Roa Marco, Manuel Durruti o Ana
Vicente Pérez.
El objeto de la Asociación se sustenta desde sus
inicios en la necesidad de estudiar, analizar y divulgar la realidad
política, socioeconómica y cultural de León, particularmente entre los
años 1931 y 1975, ya que por razones biológicas está a punto de perderse
el testimonio de las personas que han vivido y sufrido la represión
durante el Franquismo.
Los fines de la entidad son reivindicar
la memoria republicana; rescatar del olvido la memoria de la represión;
recopilar y crear un archivo con todos los documentos que puedan
contribuir a organizar un patrimonio histórico; organizar actos de
desagravio e intentar localizar a las personas que permanecen en montes y
cunetas.
Durante años la Asociación ha recopilado datos sobre
los represaliados de la provincia de León y ha establecido contactos con
las personas que sobrevivieron o participaron en las organizaciones
antifranquistas durante la dictadura.
Desde 2006, ha realizado
proyectos sobre el censo de represaliados por el Franquismo en la
provincia de León; identificación de restos y creación de espacios
memoriales y el documental cinematográfico sobre la represión en León
'Rompiendo el silencio'.
Además, ha trabajado en la
digitalización de expedientes; ha formado parte del proyecto de la
Capilla Laica de León, aun sin inaugurar de manera oficial y
recientemente ha publicado el libro 'Una alternativa al desembarco de
Normandía en España. La trama de espionaje organizada por la Embajada
inglesa', publicación en la cual Encina Cendón ha sido coautora.
Justicia universal, víctimas universales
Viernes, 2 de diciembre de 2011
La justicia española pisa los
talones a la argentina. Mientras en Buenos Aires prosigue la querella
que presentaron las víctimas del franquismo, en España el Supremo ha
fijado el juicio oral contra Garzón el próximo 24 de enero. Vícitmas y
asociaciones anuncian movilizaciones para los próximos días.
El 14 de abril de 2010 se cumplieron 79 años de la proclamación de la
Segunda República y, ese mismo día, un grupo de familiares de víctimas...
La justicia española pisa los
talones a la argentina. Mientras en Buenos Aires prosigue la querella
que presentaron las víctimas del franquismo, en España el Supremo ha
fijado el juicio oral contra Garzón el próximo 24 de enero. Vícitmas y
asociaciones anuncian movilizaciones para los próximos días.
El 14 de abril de 2010 se cumplieron 79 años de la proclamación de la
Segunda República y, ese mismo día, un grupo de familiares de víctimas
del franquismo presentó una querella en Argentina para que se investigasen los crímenes cometidos contra los defensores de aquel sistema politico.
Unos días antes, el juez Luciano Varela transformó las diligencias abiertas contra el juez Baltasar Garzón –acusado de prevaricación por el sindicato ultraderechista Manos Limpias tras declararse competente en investigar estos delitos- en un procedimiento abreviado y, un mes depués, dictaba juicio oral contra el magistrado.
En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial suspendió de forma cautelar a Garzóny frustraba así el primer y único intento de esclarecer los crímenes políticos cometidos durante la dictadura.
Desde que la justicia argentina admitiera a trámite la querella interpuesta por familiares y asociaciones de víctimas, dos procesos judiciales se han ido dando en paralelo: por un lado, en España, para que Garzón comparezca en el Supremo por tratar de investigar los crímenes franquistas y, por otro lado, en Argentina, para retomar esa investigacion, frustrada en España, acuñando el principio de jurisdicción universal para crímenes de lesa humanidad.
Este caso no está exento de aristas paradójicas que, en ocasiones,
otorgarían tintes berlanguianos sino fuera por lo grave del asunto. Para
que Argentina pueda aplicar este principio de justicia universal, el
país donde se cometieron los delitos -considerados de lesa humanidad por
organismos internacionales- no puede estar investigándolos.
Paradójicamente, cuando la jueza argentina preguntó a la fiscalía española si
se estaban esclareciendo estos hechos la respuesta del Gobierno, que
llegó ocho meses después, no dejó indiferente a nadie: ya existía una
investigación abierta y argumentaban tal extremo en el caso Garzón,
precisamente la operación judicial que paralizó las investigaciones en este sentido.
La respuesta enviada por el Gobierno se
basaba en un informe con una relación de las causas abiertas derivadas
de la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional en 2008,
tal y como informó este diario el pasado julio.
La indignación de las víctimas les ha llevado a pedir esta semana a
la jueza encargada del caso en Argentina, María Servini de Cubría, que se desplace a España para
comprobar sobre el terreno de qué investigaciones habla el Gobierno
español, y si esas causas contravienen la aplicación del principio de
justicia universal. Algunos juzgados territoriales han abierto
diligencias tras la apertura de fosas comunes (muchas de ellas citadas
en el sumario de Garzón), pero la investigación penal que requiere este
tipo de crímenes no se ha realizado.
Los testigos que declararán en el inminente juicio a Garzón del próximo 24 de enero
esperan poder probar con su testimonio el derecho que tienen a que la
justicia actúe en la investigación de los desaparecidos, y celebran que
el Supremo al fin haya puesto fecha a la vista oral.
Recuerdan que los delitos permanentes, como son las desapariciones forzadas, no prescriben ni pueden ser amnistiados
por ninguna ley y que la mayoría de las desapariciones ocurrieron entre
julio y octubre de 1936, lo que «indudablemente quiere decir que
alguien dio la orden de iniciarlas y alguien dio la orden de
detenerlas», denunciaron ayer fuentes de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica. También han anunciado varias acciones de protesta a desarrollar los próximos días.
Mientras las actuaciones judiciales se suceden y la justicia
universal no termina de llegar, muchas víctimas, de edad avanzada, ya
no podrán ver satisfechas las demandas completas de verdad, justicia y reparación,
premisas de obligado cumplimiento en el derecho internacional y que
España obvia en el caso de las miles de víctimas de la represión
franquista.
Las víctimas del franquismo preparan acciones de protesta con motivo del juicio a Garzón
Viernes, 2 de diciembre de 2011
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
celebra que por fin el Tribunal Supremo haya puesto fecha al "injusto
juicio" contra el juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los
crímenes de la dictadura franquista. Después de meses en los que no se
ha llevado a cabo ningún tipo de diligencia por parte del Tribunal
Supremo, se ha puesto fecha, coincidiendo con el 35 aniversario del asesinato de los abogados de...
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
celebra que por fin el Tribunal Supremo haya puesto fecha al "injusto
juicio" contra el juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los
crímenes de la dictadura franquista. Después de meses en los que no se
ha llevado a cabo ningún tipo de diligencia por parte del Tribunal
Supremo, se ha puesto fecha, coincidiendo con el 35 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha, a un juicio cuya existencia es una forma de maltrato a las víctimas de la dictadura franquista.
"Tras las numerosas irregularidades ocurridas en el caso del
franquismo, el juez Garzón va a tener la oportunidad de defender su
actuación al intentar en octubre de 2008 investigar las numerosas
violaciones de derechos humanos de la dictadura, muchas de las cuales
son delitos permanentes que no pueden ser anulados como tales por
ninguna ley de amnistía", dice la ARMH.
La ARMH espera que el juicio aclare todas las irregularidades cometidas contra las víctimas de la dictadura como
por ejemplo la argumentación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
javier Zaragoza, que afirmó en un documento público que la desaparición
de 113.000 civiles que todavía se encuentran en fosas comunes en todos
los rincones del Estado español había sucedido de forma independiente,
sin que existiera una organización que hubiera orquestado todos esos
asesinatos. Las mayoría de las desapariciones de la represión franquista
ocurrieron entre julio y octubre de 1936, lo que indudablemente quiere
decir que alguien dio la orden de iniciarlas y alguien dio la orden de
detenerlas.
La ARMH solicitó hace meses al Tribunal Supremo que permitiera que el juicio sea público
y puedan ser tomadas imágenes y todo tipo de información para que un
asunto de esta magnitud y gravedad sea totalmente transparente.
Asimismo la asociación espera que inmediatamente el Tribunal Supremo resuelva el conflicto de competencias con respecto a la investigación de las desapariciones y las fosas
e indique cuál es la instancia judicial que tiene que investigar esos
crímenes. La ARMH prepara, junto a otros colectivos que defienden a las
víctimas de la dictadura y luchan contra la impunidad, acciones de
protesta porque el intento de investigar los crímenes de la dictadura
militar del general Franco haya sido considerado un delito.
Concretamente, el día 24 se ha citado a las partes para tratar las
cuestiones previas a la vista (posibles peticiones de anulación por
prescripción de los hechos o vulneración de derechos fundamentales) y el
asunto se reactivará con el juicio en sí el 31 de enero, que será probablemente cuando se interrogue al juez suspendido de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía no acusa en esta causa (es la misma postura que mantiene
en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5), si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea inhabilitado por 20 años.
La cuestión a dilucidar ahora es si este juicio se celebra antes o
después de que el alto tribunal dicte sentencia por la causa en la que
se pide la inhabilitación de Garzón por permitir la intervención de las
conversaciones telefónicas de abogados de la trama "Gürtel" con sus
defendidos en prisión, fijada para el 17 de ese mismo mes. Si para
entonces ya existe condena, Garzón sería expulsado de la Carrera
Judicial y el juicio por la memoria histórica se celebraría en la
Audiencia de Madrid.
Por el momento, el juez instructor de las recusaciones que ha presentado Garzón
contra la Sala designada inicialmente para juzgarle por "Gürtel" ha
elevado el asunto a la Sala del 61, por lo que de demorarse estos
trámites aún cabe la posibilidad de que el juicio por investigar el
franquismo se celebre el primero de todos, han informado las mismas
fuentes.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene
que en todas sus actuaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional
"era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad
sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que
perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de
una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad
y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario
internacional, y de la infracción en suma de los más elementales
criterios de legalidad".
Por ello, solicitan al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24
meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de
inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida
definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y
con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena
cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno
dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo,
así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la
acusación Popular.
Según el sindicato --uno de las tres organizaciones que se querellaron por esta causa junto a laFalange de las JONS, que fue expulsada del procedimiento y la asociación Libertad e Identidad--,
"el momento culminante de la antijuridicidad" cometida por el
magistrado es su auto de 16 de octubre de 2008" en el que, contra el
criterio del fiscal, declaró la competencia de la Audiencia Nacional
para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados por
asociaciones de memoria histórica.
El pasado mes de junio, La Sala del 61 aceptó de recusación
presentado por Garzón contra el presidente de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruíz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo,
designados inicialmente para juzgarle por estos hechos, al
considerarlos "contaminados" al ser los mismos que admitieron a trámite
la querella y por intervenir en la instrucción de la causa.
Tras aceptarse este incidente, el Tribunal Supremo conformó un nuevo
tribunal de siete magistrados en el que será ponente Andrés Martínez
Arrieta. Completan la Sala enjuiciadora los magistrados de la Sala
Segunda Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez
Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel
Colmenero Menéndez de Luarca.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado a más de la
mitad de los testigos solicitados por Garzón para arbitrar su defensa en
este juicio. No declararán ni expertos internacionales en jurisdicción
universal ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
La Sala únicamente consideró pertinente la declaración del propio
Garzón y de una veintena de representantes de asociaciones de la memoria
histórica. Autorizó además la testifical de los abogados de
asociaciones de víctimas de la dictadura Fernando Magán y Joan Garcés.
Frialdad y decepción en los colectivos de la Memoria Histórica
Viernes, 2 de diciembre de 2011
"Es necesario sacar a Franco de ahí. Como ciudadano y como
nieto de un hombre asesinado por la dictadura, ya está bien de que el
Estado me obligue a pagar su tumba, de que las víctimas paguen con sus
impuestos la tumba del verdugo". Desde este argumento, el presidente de
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH),
Emilio Silva, hizo ayer una doble lectura del informe de la comisión de
sabios convocada por el Gobierno para...
"Es necesario sacar a Franco de ahí. Como ciudadano y como
nieto de un hombre asesinado por la dictadura, ya está bien de que el
Estado me obligue a pagar su tumba, de que las víctimas paguen con sus
impuestos la tumba del verdugo". Desde este argumento, el presidente de
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH),
Emilio Silva, hizo ayer una doble lectura del informe de la comisión de
sabios convocada por el Gobierno para estudiar el futuro del Valle de
los Caídos.
En su juicio técnico, los expertos juristas,
historiadores, antropólogos... recomiendan sacar del mausoleo del
dictador los restos de su promotor, Francisco Franco, y entregárselos a
su familia. El responsable de la ARMH valora de forma positiva este
punto, igual que acepta convertir el Valle en un memorial sobre la
Guerra Civil, aunque aboga por exhumar también al fundador de la
Falange, José Antonio Primo de Rivera, al entender que "no es una
víctima cualquiera".
Pero Silva lamenta al mismo tiempo "el
momento elegido" para hacer públicas las conclusiones del informe. "Es
lo peor", critica. "Para este viaje no necesitábamos las alforjas de
tanta comisión, porque ahora queda la patata caliente en manos del nuevo
Gobierno, y ya se puede aventurar que en el Valle de los Caídos no va a
cambiar nada".
El trabajo elaborado por los expertos quedará así
reducido a "un simple documento de trabajo, de estudio, como hay
tantos", lamenta el presidente de la ARMH, que envuelve de forma global
el estudio bajo el adjetivo de "interesante" con una excepción. "El voto
particular de Miguel Herrero de Miñón contario a la exhumación de
Franco y que suscriben también Feliciano Barrios y Pedro
González-Trevijano es bastante lamentable, habla de división, de
crispación, de pedir permiso al Vaticano como si España fuera un Estado
feudal...", critica Silva.
"Si la propia existencia del Valle de
los Caídos es ya una vergüenza para España y Europa y supone de por sí
un maltrato a las víctimas, que el informe se refiera a un dictador bajo
el honorable título de jefe de Estado me parece tristísimo", recrimina a
los firmantes de esta opinión discrepante recogida también en el
informe.
Contra la falsa equidistancia
Mucho más crítico,
el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José
María Pedreño, rechaza de raíz las recomendaciones, contaminadas a su
juicio por un concepto invalidante: la "falsa equidistancia". "No se
puede igualar a quienes dieron un golpe de Estado con los demócratas que
defendieron un régimen legalmente establecido", explica Pedreño. "Cada
vez que oigo al Gobierno hablar de dos bandos, de hacer un homenaje a
todos, se me revuelve el estómago", enfatizó.
Decidir el futuro
del Valle de los Caídos "debería ser algo mucho más sencillo, una
cuestión de simple higiene democrática", defendió este veterano
activista del memorialismo. "Ya que no se puede volar, por el impacto
ecológico que tendría, desmontemos al menos esa cruz vigilante, que no
es cristiana, sino nacionalcatólica, un símbolo fascista. ¿Alguien
imaginaría al Estado custodiando un monumento al nazismo en Alemania?",
se pregunta el responsable de la Federación de Foros, que aboga por
desacralizar el recinto para eliminar el manto católico que abriga al
mausoleo.
"Es surrealista que el Estado deba negociar con otro
Estado, el Vaticano, qué hace en el Valle de los Caídos", como invita a
hacer el comité de expertos. Pedreño reiteró una advertencia que
preocupa a todas las asociaciones que trabajan para devolver la dignidad
a las víctimas del franquismo. "Mientras Franco y José Antonio sigan
enterrados en el Valle de los Caídos, esa construcción seguirá siendo un
lugar de peregrinación para los fascistas de todo el mundo, ya que el
resto de países democráticos han hecho lo posible para limpiar su suelo
de la mancha del fascismo, sólo en España se les rinde culto
públicamente sin problemas", lamentó.
Soria: V Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos
Lunes, 28 de noviembre de 2011
La Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, en su
quinta edición va a contar con una obra irrepetible. La exposición
fotográfica del Robert Capa español Agustí Centelles. La colección de
fotografías cuenta con 61 obras obtenidas directamente de los negativos
originales y que pertenecen a la colección familiar de los Centelles.
Podrá verse en la Sala de Exposiciones del Museo Numantino del martes
29 de noviembre al domingo 11 de...
La Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, en su
quinta edición va a contar con una obra irrepetible. La exposición
fotográfica del Robert Capa español Agustí Centelles. La colección de
fotografías cuenta con 61 obras obtenidas directamente de los negativos
originales y que pertenecen a la colección familiar de los Centelles.
Podrá verse en la Sala de Exposiciones del Museo Numantino del martes
29 de noviembre al domingo 11 de diciembre. A la presentación vendrán
sus hijos Octavi y Sergi, antes de partir a Estados Unidos a clausurar
otra exposición similar sobre la obra de su padre.
La exposición “Agustí Centelles. Testigo de la Historia” contará
además con varias cámaras fotográficas de la época y una serie de
publicaciones, originales también, en las que aparece Centelles.
La V Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos en
Soria contará con figuras de la talla del abogado Carlos Slepoy,
responsable de la querella recientemente interpuesta en Argentina contra
el franquismo por crímenes contra la humanidad. También contaremos en
Soria con el reconocido fiscal Carlos Jiménez Villarejo. En el ámbito
legal también intervendrá Javier Chinchón, de la Asociación española del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y miembre del Grupo de
Trabajo de Justicia Internacional y Derechos Humanos.
El sábado 3 visitará Soria la máxima representante de la Plataforma
de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España Mar
Soriano.
Las jornadas empezarán el día 28 lunes con una mesa redonda con
familiares de civiles asesinados en Soria y concluirá el día 5 de
diciembre con la intervención del histórico Gervasio Puerta, Presidente
de la Asociación de Ex-presos y Represaliados políticos, que presentará
su libro Palomas tras las rejas.
Para completar la Semana, se proyectará “Ojos que no ven”, film
documental que trata sobre los asesinatos a manos de la ultraderecha en
democracia.
El Hospital Provincial entrega a una pareja el supuesto cadáver de su hija recién nacida, pero esta les 'visita' 40 años después.
Clodoaldo Martín tenía poco menos de 30 años cuando llegó aquel 9 de
marzo de 1967 al Hospital Provincial de Salamanca. Este agricultor de
Linares de Riofrío, cuya primera hija acababa de morir en el centro
sanitario, recibió una caja de cartón cerrada con celo. En su interior,
supuestamente, iba el cadáver de su bebé de cinco días. "No merece la...
El Hospital Provincial entrega a una pareja el supuesto cadáver de su hija recién nacida, pero esta les 'visita' 40 años después.
Clodoaldo Martín tenía poco menos de 30 años cuando llegó aquel 9 de
marzo de 1967 al Hospital Provincial de Salamanca. Este agricultor de
Linares de Riofrío, cuya primera hija acababa de morir en el centro
sanitario, recibió una caja de cartón cerrada con celo. En su interior,
supuestamente, iba el cadáver de su bebé de cinco días. "No merece la
pena hacer entierro", le dijeron en el hospital. "Resulta muy caro.
Entregue la caja en el cementerio, que la metan en una fosa común como
si fuera un feto. Pero no la abra jamás". Y Clodoaldo obedeció y no
volvió a mencionar lo ocurrido. Pero cuarenta años después, aquella
historia tomó un giro inesperado y sorprendente: su hija se presentó en
el pueblo preguntando por él.
María Carmen Calvo y Clodoaldo Martín eran en 1967 una joven pareja a
los que la vida sonreía. El 5 de marzo, ella, embarazada de casi ocho
meses, se preparaba para dar a luz en Linares. Pero no el médico de la
localidad no estaba, por lo que tuvo que ser atendida por un doctor que
veraneaba allí y que trabajaba en el hospital provincial. El bebé nació
sin problemas y pesó 2,8 kilos. La madre, alegre con su hija, se
sorprendió cuando el doctor le anunció que "la niña estaba mal y había
que llevarla urgentemente al hospital provincial". "En aquella época te
creías todo lo que te decían. No preguntabas. Solo obedecías, pero yo no
entendía las razones para ingresar a la niña: la veía muy bien. Sí, se
quejaba un poco, pero nada raro para un recién nacido. No sé por qué
obedecí".
Un día más tarde -a pesar de la supuesta urgencia- el
médico cogió a la niña y se la llevó a Salamanca. "Era absurdo lo que
decía: decía que era urgente y que la niña estaba muy mal, pero tardó un
día en llevársela. Y lo peor, que yo no podía ir porque no me convenía.
Pero yo estaba bien. Que ya me avisaría cuando mi hija mejorase. Y
obedecí", se lamenta Carmen.
El médico, acompañado del padre del
bebé y de unos primos, trasladó a la pequeña al hospital provincial.
Poco después de llegar, el facultativo ordenó a Clodoaldo y a sus
familiares que volvieran al pueblo. "Ya les avisaría". Y estos
obedecieron. Dos días después, el 8 de marzo, recibieron una llamada: el
bebé había muerto repentinamente y era necesario que se hiciesen cargo
del cadáver.
Un día tardó el padre en llegar al hospital desde el
municipio donde vivía. "El pobre tuvo que coger el coche de línea.
Cuando llegó al hospital, le entregaron una caja de cartón cerrada con
celo en la que, supuestamente, estaba el cadáver de mi hija. ¡No lo
abra. Es un feto! Solo entréguelo en el cementerio y que lo entierren. Y
mi marido obedeció", recuerda María del Carmen. "Siempre pensé que nos
habían engañado, que allí no había nada".
Y con esta duda en su
interior, fueron pasando los años. María tuvo cuatro hijos más, cambió
de domicilio, emigró a Francia, y volvió a España. Se estableció en
Logroño, donde ahora vive, pero nunca olvidó a aquella hija enterrada en
una caja de cartón. Sin embargo, hace cuatro años todo cambió cuando
una pareja de desconocidos se presentó en Linares de Riofrío. La mujer,
de unos 40 años, preguntó por Clodoaldo. "Es mi padre y lo estoy
buscando", dijo. Los vecinos le indicaron que Clodoaldo y su mujer hacía
años que habían abandonado el pueblo, pero que tenían unos primos en la
localidad que les indicarían dónde podían hallarlos. Pero ese día, los
familiares de María no estaban en casa. La pareja no dijo nada más, se
marchó y nunca más volvió.
Cuando María del Carmen se enteró de lo
ocurrido comenzó una enloquecida búsqueda de su hija. Se ha adherido a
varias redes sociales y se maneja con soltura en Internet. "Fui al
hospital provincial a pedir los datos de mi hija. Pero allí no hay nada.
Acudí al cementerio a buscar el cuerpo. Pero allí tampoco había nada.
He acudido al Ayuntamiento y al Registro Provincial, pero tampoco
consigo una respuesta. No hay nada. Es imposible". Calvo, a través de
una asociación de afectados, ha pedido a la fiscalía y al juzgado que le
ayuden a encontrar a su hija. "Pero todavía no me han respondido".
Carmen
duda ahora. No quiere hacer público el nombre del médico que le
atendió. Alguna vez se lo ha encontrado casualmente y se han saludado.
"No puedo acusar a nadie. No tengo pruebas", dice. "¿Y por qué no se lo
pregunta la próxima vez que le vea", le dicen. "Pues porque solo tengo
sospechas y no quiero que destruya nada, si es que existe algún papel.
Mejor así. Yo solo quiero ver a mi hija y decirle que nosotros nunca la
vendimos ni la entregamos, que lo único que nos dieron fue una caja de
cartón cerrada con celo y que nosotros obedecimos".
Daños en el enterramiento clandestino de La Pedraja (Burgos)
Miércoles, 2 de noviembre de 2011
Burgos, 1 nov (EFE).- Familiares de represaliados en la guerra civil
española se han mostrado hoy "indignados" por los daños que se han
descubierto en una fosa común en La Pedraja (Burgos), que creen que se
produjeron hace unos diez años.
Miguel Ángel Martínez Movilla,
presidente de la asociación de familiares de represaliados en la zona de
La Pedraja, ha afirmado, en declaraciones a Efe, que los daños en la
fosa pueden haber hecho desaparecer restos de muchas personas, ya...
Burgos, 1 nov (EFE).- Familiares de represaliados en la guerra civil
española se han mostrado hoy "indignados" por los daños que se han
descubierto en una fosa común en La Pedraja (Burgos), que creen que se
produjeron hace unos diez años.
Miguel Ángel Martínez Movilla,
presidente de la asociación de familiares de represaliados en la zona de
La Pedraja, ha afirmado, en declaraciones a Efe, que los daños en la
fosa pueden haber hecho desaparecer restos de muchas personas, ya que
estiman que pudieron enterrarse en este lugar unos 50 cuerpos y estiman
que quedan menos de la mitad.
Martínez Movilla ha explicado que la
fosa se encontraba junto a un camino muy estrecho, prácticamente un
sendero, que se desplazó hace unos 30 años y quedó convertido en un
camino de unos 3 metros de ancho.
Hace unos diez años se
realizaron trabajos para la instalación de un parque de aerogeneradores
en las proximidades y para ello se amplió el camino hasta seis metros de
anchura utilizando maquinaria pesada.
En su opinión, es
"prácticamente imposible" que nadie se diera cuenta de que al levantar
el suelo y depositar zahorra para compactar el suelo estaban moviendo
huesos, porque al excavar la fosa se encuentran huesos mezclados con la
zahorra.
Ha considerado "especialmente grave" que nadie haya
contado nada a los científicos y a los familiares que llevan años
buscando fosas en la zona, donde el verano de 2010 se encontró la más
grande de España, con restos de más de un centenar de personas que aún
están en fase de identificación.
Martínez Movilla ha estimado que
los trabajos en la fosa, que iban a terminar hoy, se tendrán que
prolongar durante la jornada de mañana, aunque sólo seguirá trabajando
parte del equipo de 24 personas de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que
ha estado realizando estas tareas desde el jueves capitaneado por el
forense Francisco Etxeberría.
Un centenar de familiares de las
víctimas que fueron enterradas en fosas comunes de esta zona de Burgos,
parte de ellos de esta provincia y otros procedentes de otras
limítrofes, sobre todo de La Rioja, han rendido hoy homenaje a las
víctimas con una ofrenda de flores junto a un monolito que se encuentra
a escasos metros de la nueva fosa común.
Martínez Movilla ha
estimado que aún quedan en la zona más puntos de enterramientos comunes,
dado que, según las averiguaciones de familiares y expertos, puede
haber en la zona de La Pedraja entre 250 y 300 personas enterradas en
fosas comunes. EFE
Finalizan los trabajos de exhumación de un enterramiento clandestino en Palencia
Miércoles, 2 de noviembre de 2011
La Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica ha dado por concluidos los trabajos
de exhumación en el parque de La Carcavilla, ubicado en capital
palentina, cuya cifra total de cuerpos hallados oscila en torno a un
centenar.
Los datos, aportados esta mañana por el codirector de
la excavación Jimmy Jiménez para los micrófonos de RNE, distan de las
primeras previsiones que apuntaban al hallazgo de casi 250 cuerpos....
La Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica ha dado por concluidos los trabajos
de exhumación en el parque de La Carcavilla, ubicado en capital
palentina, cuya cifra total de cuerpos hallados oscila en torno a un
centenar.
Los datos, aportados esta mañana por el codirector de
la excavación Jimmy Jiménez para los micrófonos de RNE, distan de las
primeras previsiones que apuntaban al hallazgo de casi 250 cuerpos.
Dada
la localización de las excavaciones, la ARMH descarta reanudar los
trabajos cada dos años por “evitar los quebraderos de cabeza” a los
vecinos y usuarios de este espacio público.
Los trabajos de exhumación comenzaron el pasado mes de agosto y se han prolongado hasta finales de este mes de octubre.
Homenaje a las Brigadas Internacionales en el 75 aniversario de su creación
Lunes, 24 de octubre de 2011
La historia es memoria. Y la memoria es cultura. La conmemoración, el sábado 22 de octubre, del 75º aniversario de la creación de las Brigadas Internacionales, brinda la oportunidad de refrescar la memoria histórica y cultural madrileña durante el fin de semana. Tiene por escenario a la Ciudad Universitaria de Madrid. Más precisamente, un punto equidistante de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Medicina, frente al hoy Vicerrectorado de Alumnos. En este enclave entró en...
La historia es memoria. Y la memoria es cultura. La conmemoración, el sábado 22 de octubre, del 75º aniversario de la creación de las Brigadas Internacionales, brinda la oportunidad de refrescar la memoria histórica y cultural madrileña durante el fin de semana. Tiene por escenario a la Ciudad Universitaria de Madrid. Más precisamente, un punto equidistante de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Medicina, frente al hoy Vicerrectorado de Alumnos. En este enclave entró en combate, 75 años atrás, una de las primeras unidad de voluntarios procedentes de 55 naciones que se incorporaron al bando republicano.
Antonio Rodríguez busca al niño que le robaron a su madre en la prisión de León
Lunes, 24 de octubre de 2011
"¡Pero qué niño tan guapo!". El militar franquista no dejó de piropear al bebé, Antonio, de ocho meses, en brazos de su madre, de 21 años, una de las presas republicanas que viajaba custodiada aquel día de 1937 en tren a la cárcel de San Marcos, en León, hoy parador nacional. Dolores Cerecedo nunca lo olvidó. Murió convencida de que aquel militar le había robado a su hijo.
"A los cuatro días de estar en la cárcel, una monja fue a ver a mi
madre y le dijo que tenía que llevarse al niño...
"¡Pero qué niño tan guapo!". El militar franquista no dejó de piropear al bebé, Antonio, de ocho meses, en brazos de su madre, de 21 años, una de las presas republicanas que viajaba custodiada aquel día de 1937 en tren a la cárcel de San Marcos, en León, hoy parador nacional. Dolores Cerecedo nunca lo olvidó. Murió convencida de que aquel militar le había robado a su hijo.
"A los cuatro días de estar en la cárcel, una monja fue a ver a mi
madre y le dijo que tenía que llevarse al niño porque las condiciones de
la prisión no eran adecuadas para él. Dos días después, la misma
religiosa le comunicó que el niño había muerto. Ella pidió verlo para
despedirse, pero no le dejaron. Estaba perfectamente sano".
Lo
cuenta Antonio Rodríguez, de 60 años, su quinto hijo. Dolores decidió
ponerle el mismo nombre que el niño que le habían quitado en prisión,
aunque no tardó en arrepentirse. "Muchas veces me decía: 'No te tenía
que haber llamado así. Cada vez que te llamo, pienso en él'. Reñíamos
mucho por eso. De la mañana a la noche hablaba del niño. Ella nunca
creyó que se hubiera muerto. De hecho, en cuanto le quitaron al niño, la
soltaron, sin juicio ni nada. Me contó que a otras presas les habían
hecho lo mismo. Antes de morir me dijo en el hospital: 'Tu hermano está
vivo. Me lo quitó aquel militar franquista. Búscalo. Haz todo lo que
puedas'. Me pidió eso, se dio la vuelta, y ya no volvió a hablar más".
Antonio
intenta desde entonces (1993) encontrar a su hermano, que hoy tendría
74 años. El Ministerio de Justicia acaba de enviarle una carta en la que
le adjunta el certificado de nacimiento de su hermano y añade: "Hemos
realizado diversas gestiones para localizar el certificado de defunción
en el Registro Civil de León, siguiendo las indicaciones de su escrito
en el sentido de que podría haber fallecido en la prisión en donde su
madre permanecía recluida, según le comunicaron las monjas. Estas
gestiones han resultado infructuosas, existiendo la posibilidad de que
el caso de su hermano fuera uno de los llamados casos de los niños robados".
Antonio relató su historia hace un mes al fiscal de León. Ya no duda de que su hermano es, como sospecha por carta el Ministerio de Justicia, un niño robado.
"Es
una vergüenza que en España esto mismo le haya pasado a tanta gente y
que cuando un juez como Baltasar Garzón intenta poner algo de orden,
otros magistrados le paren. Esto se arregló en Argentina y en Chile. Y
en España, que se supone que es una democracia avanzada, no interesa
levantar las cunetas para sacar a los que lucharon por la libertad".
Antonio se emociona. La historia de la represión de su familia no
terminó, ni mucho menos, en la desaparición de su hermano.
"A mi
padre, que había luchado en el bando republicano, le condenaron a
muerte. Luego le conmutaron la pena y, cuando salió de prisión, la
Guardia Civil le acosaba constantemente. Él tenía una carnicería en
Petín (Ourense) y había otro en el pueblo que vendía jamones y no quería
competencia, así que de vez en cuando le acusaba de cualquier cosa ante
la Guardia Civil. A mi hermano mayor, que estudiaba para cura, le
echaron por ser hijo de rojos. Después fue voluntario a la
infantería de guerra y le volvieron a expulsar. Terminó marchándose a
Brasil. Yo me metí en la mina y en el PSUC. En 1976, ya muerto Franco,
la Guardia Civil me dio una paliza por repartir el periódico Mundo Obrero
que casi me matan. Me torturaron. Me arrancaron las uñas de los pies,
me rompieron varias costillas, la nariz, me reventaron los oídos... Salí
de allí en ambulancia", recuerda entre lágrimas.
"Yo quiero
encontrar a mi hermano para que sepa todo lo que pasó de verdad",
concluye Antonio. "Quién sabe las mentiras que le habrán contado. Quiero
decirle que su madre no le abandonó y que nunca dejó de pensar en él.
Solamente eso".
Inauguración de la ampliación del Memorial de las Víctimas de la represión franquista en Salamanca
Sábado, 22 de octubre de 2011
Ampliación del Memorial de las Víctimas de la represión franquista en Salamanca
Sábado, 22 de octubre de 2011
Cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca
El memorial de las víctimas de la represión franquista en Salamanca fue inaugurado el 1 de julio de 2007, en el rincón del cementerio de Salamanca...
Ampliación del Memorial de las Víctimas de la represión franquista en Salamanca
Sábado, 22 de octubre de 2011
Cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca
El memorial de las víctimas de la represión franquista en Salamanca fue inaugurado el 1 de julio de 2007, en el rincón del cementerio de Salamanca donde se encuentra la fosa común en la que reposan los restos de un número indeterminado de fusilados. Las lápidas recogen los nombres de 258 personas asesinadas en Salamanca y en otros lugares. La ampliación recoge los nombres de 848 personas más, víctimas localizadas por la ASMJ después de una minuciosa investigación por toda la provincia de Salamanca.
Concedida una subvención de 51.408 euros a proyectos de la ASMJ
Lunes, 10 de octubre de 2011
El Ministerio de la Presidencia ha acordado conceder una subvención de 51.408 euros al proyecto de investigación presentado por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.
El proyecto se desglosa en las siguiente actividades:
-Identificación de los restos del grupo exhumado en marzo de 2007 en un enterramiento clandestino en Pelabravo.
-Exhumación de los enterramientos clandestinos localizados en Pedrotoro.
-Identificación de los restos exhumados en...
El Ministerio de la Presidencia ha acordado conceder una subvención de 51.408 euros al proyecto de investigación presentado por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.
El proyecto se desglosa en las siguiente actividades:
-Identificación de los restos del grupo exhumado en marzo de 2007 en un enterramiento clandestino en Pelabravo.
-Exhumación de los enterramientos clandestinos localizados en Pedrotoro.
-Identificación de los restos exhumados en Pedrotoro, en el caso de que sea posible.
-Prospección y toma de muestras del encinar de La Orbada, en la antigua carretera Salamanca-Valladolid, en busca de enterramientos clandestinos.
-Análisis geoquímico de las muestras del encinar de La Orbada y mapa de fosas de dicho terreno.
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, por la que se publica la propuesta de resolución provisional de las subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2011, convocadas por Orden PRE/809/2011, de 4 de abril.
Exhumado un enterramiento clandestino en Villanueva de Valdueza (León)
Lunes, 10 de octubre de 2011
Antonio Fernández González El Cesterín fue
asesinado por un grupo de pistoleros falangistas el 9 de octubre de
1936 en Villanueva de Valdueza (León) y enterrado en una fosa. El mismo
día, 75 años después, sus hijos
Constantino y Antonio —llegados de Argentina donde viven desde 1952— ya
piensan en cómo preparar una sepultura digna para su padre.
El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) localizó en...
Antonio Fernández González El Cesterín fue
asesinado por un grupo de pistoleros falangistas el 9 de octubre de
1936 en Villanueva de Valdueza (León) y enterrado en una fosa. El mismo
día, 75 años después, sus hijos
Constantino y Antonio —llegados de Argentina donde viven desde 1952— ya
piensan en cómo preparar una sepultura digna para su padre.
El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) localizó en la tarde del sábado los restos de El Cesterín tras dos días de búsqueda. La localización exacta la recordaba bien Antonio Fernández García,
el menor de los hijos que tiene ahora 75 años. "Los vecinos del pueblo
siempre me señalaban una zona donde el trigo crece más alto y con más
fuerza y decían que justo ahí estaba enterrado mi padre". Para Antonio
ese recuerdo se quedó grabado a fuego en su memoria.
Tal fue así que los descendientes de El Cesterín —apodo
heredado por la profesión de su suegro, cestero— enviaron a la ARMH un
mapa con el lugar exacto de la fosa. Sus recuerdos coincidían con los
testimonios de los vecinos de la zona recabados por el investigador
estadounidense Jonah Rubin, voluntario de la asociación.
Antonio,
que tenía dos meses cuando fusilaron a su padre, explica el relato de
lo que le contaron sus mayores: "Gente del pueblo vinculada a Falange
mandó a mi padre a buscar a uno para decirle que se entregara pero,
sabiendo que se trataba de algo malo, volvió diciendo que no le había
encontrado; aún así,alguien lo vio hablando con esa persona a la que buscaban y lo delató". Dos días después, según explica Antonio, volvieron a por su padre "para
vengarse por no haber entregado a quien estaban buscando" y lo
fusilaron en ese mismo paraje donde ha sido hallado 75 años después.
Pero esta muerte no dejó indiferentes a los vecinos de las localidades de Villanueva y San Esteban, "donde era muy conocido" explican desde la ARMH. Los mayores del lugar aún recuerdan que El Cesterín, trabajador de la tierra, "era una gran persona con la que cometieron una gran injusticia".
El
director de los trabajos de exhumación, René Pacheco, ha explicado a
este diario que los restos de Antonio Fernández se encontraban en un
estado de conservación "impecable", lo que ha facilitado la identificación. El estudio forense, llevado a cabo por José Luis Prieto,
se ha realizado en paralelo al trabajo arqueológico, lo que acelera
todo el proceso. De este modo, los familiares podrán enterrar a la
víctima en el panteón familiar antes de regresar a Buenos Aires dentro
de un mes. En la fosa se han hallado dos proyectiles y algunos restos de
indumentaria como botones y una hebilla.
Los familiares de
Antonio vivieron con especial emoción el momento en que aparecieron sus
restos. Según ha relatado una de las nietas "ha merecido la pena el
difícil camino recorrido".
Marco González, vicepresidente de la ARMH, indica que han interpuesto
la correspondiente denuncia —al hallar restos humanos con evidentes
signos de violencia— y lamenta que no se haya personado en la zona ningún juez ni la Guardia Civil.
La causa de Antonio Fernández forma parte de la demanda interpuesta en Argentina el 14 de abril de 2010
para que la justicia de ese país investigue los crímenes franquistas.
El pasado verano, la jueza argentina preguntó al Gobierno español si se
estaban investigando estos delitos, algo a lo que el Ejecutivo respondió que ''sí''. Los hijos de El Cesterín confían en que se resuelva pronto la demanda.
Los
testimonios orales terminan con frecuencia siendo corroborados por los
hallazgos en las fosas. Asimismo, cada vez que se abre un enterramiento,
los vecinos de los alrededores ofrecen datos de otros lugares que
albergan víctimas. En este último trabajo, la ARMH ha tenido constancia
de nuevas fosas comunes en las cercanías de Villanueva, como la de Cecilio de Voces Prada, natural de Ferradillo asesinado el 16 de octubre de 1936 y enterrado en el paraje conocido como el Panderón. También han obtenido información de otras de mayor envergadura como las del paraje de Valdelallama, donde los vecinos hablan de varios camiones de paseados de Villablino y de la zona minera de El Bierzo.
El Ayuntamiento de Salamanca anula la destitución de Unamuno como concejal en 1936
Viernes, 7 de octubre de 2011
El Ayuntamiento de Salamanca, en el pleno celebrado el 7 de octubre de 2011, ha aprobado por unanimidad, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, dejar sin efecto la destitución de Miguel de Unamuno como concejal el 13
de octubre de 1936.
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco (PP), ha anunciado la elaboración de un programa de
actos culturales durante todo 2012 con motivo del 75 aniversario del
fallecimiento del ex rector de la Universidad.
La
El Ayuntamiento de Salamanca, en el pleno celebrado el 7 de octubre de 2011, ha aprobado por unanimidad, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, dejar sin efecto la destitución de Miguel de Unamuno como concejal el 13
de octubre de 1936.
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco (PP), ha anunciado la elaboración de un programa de
actos culturales durante todo 2012 con motivo del 75 aniversario del
fallecimiento del ex rector de la Universidad.
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia se congratula por la decisión municipal, pero quiere recordar que el alcalde constitucional de Salamanca, el doctor Casto Prieto Carrasco, no solo fue destituido, sino que fue asesinado por los sublevados, en el encinar de La Orbada, el 29 de julio de 1936. Desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936, cientos de personas de toda la provincia de Salamanca fueron asesinadas en ejecuciones extrajudiciales, o fusiladas en aplicación de sentencia de ilegítimos consejos de guerra, entre ellas numerosos alcaldes y concejales. Muchos miles de salmantinos y salmantinas fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión por sus convicciones políticas de defensa de la democracia.
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia espera y desea que la recuperación de la memoria de Unamuno sirva de oportunidad para recuperar la memoria de todas las víctimas de la represión lanzada en Salamanca por quienes se sublevaron el 18 de julio de 1936 contra la Constitución de la República Española.
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia se une a las palabras del Sr. Fernández Mañueco cuando dice que "Salamanca tiene que ser la ciudad de la concordia, de la transición,
tenemos que subirnos al tren del futuro y construir sobre lo que otros
hicieron." Nuestra Asociación considera que la recuperación de la memoria de estas víctimas, y el reconocimiento público de la injusticia que sufrieron, es el mejor camino para alcanzar la concordia, cerrando las heridas causadas por la Guerra Civil.
El archivo del doctor Juan Negrín, presidente del gobierno de la República
Sábado, 24 de septiembre de 2011
La copia del archivo del político Juan Negrín, presidente del Gobierno
en la II República, ya descansa en el Centro Documental de la Memoria
Histórica, cuya sede se encuentra en Salamanca.
En el acto de
entrega han estado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, el
director de la Fundación Juan Negrín, José Medina, y la nieta del
presidente y propietario original de los documentos, Carmen...
La copia del archivo del político Juan Negrín, presidente del Gobierno
en la II República, ya descansa en el Centro Documental de la Memoria
Histórica, cuya sede se encuentra en Salamanca.
En el acto de
entrega han estado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, el
director de la Fundación Juan Negrín, José Medina, y la nieta del
presidente y propietario original de los documentos, Carmen Negrín.
En
total se podrán consultar 153.673 fotogramas y una clasificación con
más de 3.000 entradas que servirá para ofrecer a los investigadores e
interesados la historia del país “lo más clara posible”, según el
presidente de la Fundación.
La ministra ha señalado que Negrín
fue “un político de raza, un luchador insobornable” y un “protagonista
principal” de la historia española que mostró una importante
preocupación e interés por dar al país el mayor grado posible de cultura
y ciencia.
La nieta del presidente del Gobierno durante la II
República ha reconocido que dudó de la conveniencia de que el archivo de
su abuelo regresara a España pues ha lamentado que todavía en la
actualidad existan “reflejos” franquistas “profundamente arraigados” que
ha llevado a que Negrín sea “más desconocido en su país que fuera”.
También
ha criticado que, décadas después del fin de la dictadura, no haya
habido tiempo suficiente para sacar los restos de los represaliados de
las fosas comunes y “dignificar” sus situaciones, entre otros motivos.
Aún
así, Carmen Negrín ha señalado que finalmente creyó que era conveniente
el regreso de los fondos a España pues así lo hubiera querido su abuelo
y para que también se ayude a conocer “mejor” lo que ocurrió en el país
durante el pasado siglo XX.
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Jueves, 1 de septiembre de 2011
Antonio Robledo Venero ha forjado los recuerdos de su padre,
Desiderio Robledo Prieto, a través de la memoria de su madre y de su
abuela. Ellas le contaron que el día que su progenitor salió de casa
tras ser llamado a filas por el Gobierno de la Segunda República, le
dejó en la cuna con un beso y un "hasta la vuelta".
Pero Desiderio, de profesión leñador y natural de Potes, nunca regresó
y, para mayor dolor de sus familiares, 75 años después "no existe". Se
trata de un...
Antonio Robledo Venero ha forjado los recuerdos de su padre,
Desiderio Robledo Prieto, a través de la memoria de su madre y de su
abuela. Ellas le contaron que el día que su progenitor salió de casa
tras ser llamado a filas por el Gobierno de la Segunda República, le
dejó en la cuna con un beso y un "hasta la vuelta".
Pero Desiderio, de profesión leñador y natural de Potes, nunca regresó
y, para mayor dolor de sus familiares, 75 años después "no existe". Se
trata de un desaparecido más, como los más de 114.000 que están
documentados en el auto judicial de Baltasar Garzón con el que se declaró competente para investigar
estos delitos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. "No
sabemos nada de él, apenas algunas pistas que nos ha contado gente que
le conoció", lamenta su hijo Antonio.
Uno de los indicios con
los que busca desesperadamente el paradero de su padre es el nombre del
lugar de partida de Desiderio antes de unirse a su regimiento. "Debió
salir hacia el frente desde Beranga, en Hazas de Cesto (Cantabria) en
1936", indica. La pista se pierde por el Valle de la Lora (Burgos) donde
Antonio cree que su padre pudo encontrar su destino.
El caso de
Desiderio Robledo representa las miles de situaciones similares que
continúan dándose por todo el mundo y para las que Naciones Unidas ha
querido dedicar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La
preocupación de la organización ante el "aumento de las desapariciones
forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo" propició fijar
de manera oficial la efeméride en un día que ya venían recordando las
asociaciones y los familiares de desaparecidos.
El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional de Protección contra las desapariciones forzadas, un tratado internacional suscrito por varios países, entre ellos España,
que obliga a los Estados a esclarecer estos delitos. El Gobierno
español, en cambio, no "asume su responsabilidad" en este sentido, tal y
como denuncian algunos juristas y asociaciones de víctimas del
franquismo.
"Se trata de un delito permanente porque el
secuestro del cadáver se sigue cometiendo hasta la confesión de los
autores o hasta que los restos sean encontrados con evidencias que
permitan la identificación", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Para Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, "mientras
no se investiguen las desapariciones, el Gobierno incumple sus
obligaciones de Derecho internacional". La adhesión de España a la
Convención de Naciones Unidas es, a juicio de Escudero, un ejercicio de "hipocresía política".
"De cara al exterior, el Gobierno muestra su voluntad de sumarse a la
lucha contra este crimen de lesa humanidad pero, de puertas adentro,
sigue sin reconocer que estos crímenes se produjeron en España y que son
imprescriptibles", subraya.
La ARMH, que realizó el pasado martes un acto de homenaje a desaparecidos
en Ponferrada, denuncia la "prevaricación generalizada, salvo mínimas
excepciones, del poder judicial español que convive con la falta de
investigación y reparación a las víctimas de los delitos más graves que
se han cometido en España".
La dejación de responsabilidades del
Gobierno que denuncian las asociaciones recae directamente sobre los
familiares de esas víctimas. Antonio Robledo, que apenas tiene documentación sobre su padre,
no puede inscribir el fallecimiento de su progenitor en el Registro
Civil y, por ello, no tiene acceso a las subvenciones que dispone la Ley
52/2007 de memoria histórica. Desiderio es un "desaparecido" y debido a
la falta de documentos que prueban su participación en la contienda,
queda fuera de los avances de la nueva ley del Registro Civil.
Esta norma facilita la posibilidad de inscribir a "personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política
inmediatamente posterior siempre que, de las pruebas aportadas, pueda
inferirse razonablemente su fallecimiento, aunque no sean inmediatas a
éste".
Pero el grueso de las pruebas que posee Antonio son sus
recuerdos: "Mis hermanos y yo éramos los hijos de los 'rojillos' y había
tanta propaganda que llegué a creer que mi padre era malo", rememora, a
la vez que confiesa que aquello le volvió algo tímido. Aún así, su
familia se esforzó por transmitirle una imagen agradable de su
progenitor: "Su memoria es honorable", resalta para después reivindicar
con la voz quebrada: "Tengo derecho a saber que fue de él ".
Maximiano Vallejo Casado nace en Martiago (Salamanca), el 8
de Junio de 1916, hijo de Pedro y María Laurentina. En 1936 es estudiante de
Bachillerato, pertenece a las Juventudes Socialistas Unificadas; el 19 de Julio
de 1936 se reúne con sus compañeros en la Sede de J.S.U. en la calle San Pablo
(Salamanca), al enterarse que los militares de Salamanca se han unido al Golpe
de Estado de Franco, y debido a la escasez de medios con los que contaban para
oponerse al mismo, deciden separarse y él se refugia en su casa.
El día 21 de Julio, al enterarse que lo están buscando las
fuerzas de Falange y la Guardia Civil, decide abandonar su casa de Salamanca y
dirigirse a Martiago. Alli es apresado, montado en un camión y después de un
corto recorrido le dicen que se baje, pero él se enfrenta al Teniente que le
había apresado y de este enfrentamiento consigue que este militar le deje en
libertad en Ciudad Rodrigo. Ayudado por unas personas de esta localidad,
consigue volver a Salamanca, a su casa, pero al poco tiempo es otra vez
detenido e ingresa en los calabozos de Comisaria, de allí, pasa a la Prisión
Provincial. Ingresa el 26 de Agosto de 1936.
El 28 de Noviembre de ese mismo año asiste a Consejo de
Guerra, acusado del delito de “rebelión” y condenado a 30 años de reclusión
mayor.
El 16 de Enero de 1937, junto con otros compañeros es
trasladado a la prisión Central de Burgos (es el primer grupo de salmantinos que
llega a esta cárcel, a pesar,que de la
cárcel de Salamanca salieron con ese destino alrededor de 30 personas que nunca
llegaron).
El 1 de Setiembre de 1940 le conmutan la pena y es puesto en
“libertad condicional”.
El 1 o 2 de Febrero de 1941, por no haber cumplido el
Servicio Militar, el ejército le lleva a un Campo de Concentración de Burgos,
trasladándole posteriormente a otro Campo de Concentración en Madrid.
Organizaron un BATALLON DISCIPLINARIO con uniforme militar y le llevan a las
islas Canarias, siendo custodiado por otro batallón de soldados regulares y
vigilado en campamentos, de los que únicamente salía para trabajar en las
carreteras.
Posteriormente es trasladado a Tetuán (África) donde le
licencian el día 17 de Junio de 1.943.
El 19 de Marzo de 1944 en un viaje a Madrid es detenido, y
trasladado a los sótanos de Gobernación, después de los correspondientes
“interrogatorios”, es trasladado a la Prisión de Carabanchel, y más tarde a la
Prisión de Alcalá de Henares donde es juzgado en Consejo de Guerra y acusado de
“auxilio a la rebelión”.
Por participar en una huelga de protesta contra la PENA DE
MUERTE Y MAL TRATO en enfermería, fue trasladado nuevamente a la Prisión
Central de Burgos. Puesto en libertad condicional el 11 de Noviembre de 1947.
Acabando definitivamente la condena el 19 de Marzo de 1950.
Teniendo en cuenta, los distintos tiempos de LIBERTAD
CONDICIONAL que no disfrutó en ninguno de los casos, por haber sido nuevamente
detenido, suman en total unos 12 AÑOS DE REPRESION, sin olvidarse de la
vigilancia policial, teniendo que presentarse en principio diariamente y al
final más espaciadamente en la comisaria de Salamanca.
Descanse en paz, Maximiano Vallejo Casado, un gran defensor
de la República, gobierno legalmente constituido, y un gran luchador por la
Libertad y los Derechos Humanos.
Muy pocos avances en Salamanca con la Ley de Memoria Histórica
Domingo, 14 de agosto de 2011
Severiano Delgado, presidente de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, analiza en esta entrevista los últimos incidentes en el municipio de Poyales del Hoyo, en Ávila, así como la aplicación en Salamanca de la Ley de la Memoria Histórica.
Delgado asegura que "no puede ser que buena parte de los españoles se sientan excluidos de la Historia del país".
En cuanto a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en Salamanca recuerda que aún quedan muchos símbolos franquistas,...
Severiano Delgado, presidente de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, analiza en esta entrevista los últimos incidentes en el municipio de Poyales del Hoyo, en Ávila, así como la aplicación en Salamanca de la Ley de la Memoria Histórica.
Delgado asegura que "no puede ser que buena parte de los españoles se sientan excluidos de la Historia del país".
En cuanto a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en Salamanca recuerda que aún quedan muchos símbolos franquistas, como el medallón de Franco en la Plaza Mayor o los escudos falangistas en numerosas iglesias de la provincia. También señala que "en esta provincia, los franquistas mataron a 1.200 personas".
Familiares de víctimas piden al PP que censure al alcalde de Poyales
Jueves, 11 de agosto de 2011
Las familias de los represaliados por la violencia franquista exigen al
PP que se solidarice con las víctimas ante el acoso al que han sido
sometidas por el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila) y su equipo de
concejales. El pasado 30 de julio, el regidor del PP, Antonio Cerro,
mandó reventar una lápida que honraba desde el pasado año los restos de
diez represaliados, extrajo los esqueletos de nueve de ellos y los
envió a una fosa común. Cuando los familiares y un grupo de...
Las familias de los represaliados por la violencia franquista exigen al
PP que se solidarice con las víctimas ante el acoso al que han sido
sometidas por el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila) y su equipo de
concejales. El pasado 30 de julio, el regidor del PP, Antonio Cerro,
mandó reventar una lápida que honraba desde el pasado año los restos de
diez represaliados, extrajo los esqueletos de nueve de ellos y los
envió a una fosa común. Cuando los familiares y un grupo de
asociaciones protestó por ello el pasado domingo, sus concejales,
reaccionaron con violencia física y verbal para impedir la lectura de
un comunicado.
Los estatutos del PP obligan a sus militantes a comprometerse con las
"víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones". La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que contribuyó en
2002 y en 2010 a enviar al cementerio los restos de las víctimas de
Poyales desde dos cunetas cercanas, pidió ayer a la formación en un
comunicado que censure a este equipo municipal que pudo cometer dos
delitos tipificados en el Código Penal.
Concretamente creen que la decisión tomada por el alcalde, sin
solicitar el permiso de todos los familiares, vulnera el artículo 526
del Código Penal por "violar sepulcros"
y el 510 por provocar "al odio o a la violencia contra grupos o
asociaciones por motivos ideológicos". "Se trata de un momento adecuado
para que el PP demuestre que exige a otros la condena de la violencia,
porque se deben condenar todas las violencias", asegura el comunicado.
El
secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, pidió ayer
"serenidad". "Es bastante razonable que la gente quiera recuperar a sus
muertos", añadió. El diputado del PP Ignacio Cosidó se encargó de
responder a esta petición: "Reabrir heridas del pasado me ha parecido
siempre un error".
El secretario de organización del PSOE en
Ávila, José María Burgos, denunció a su vez el comportamiento "poco
democrático" de los concejales del PP en Poyales, algo que niegan los
conservadores abulenses. Su presidente, Antolín Sanz, sostuvo que "han
actuado de acuerdo a la ley vigente" e invitó a "acudir a los
tribunales" a quienes crean que se ha infringido la norma, informa
Europa Press.
Por su parte, el teniente alcalde del Consistorio, Ángel Jiménez,
negó que desde el ayuntamiento se animase a los vecinos a enfrentarse
con los manifestantes .
Fue una de las familiares de los
fusilados en el pueblo en diciembre de 1936 quien solicitó al alcalde
la apertura de la tumba. Virtudes de la Puente deseaba que su abuela
homónima reposara en un cementerio con otros de sus familiares, pero no
tenía el permiso del resto de los familiares para reabrir el mausoleo.
El alcalde aprovechó la petición para llevar a cabo la apertura del
panteón, pese a que un informe municipal le instaba obtener el permiso
de las familias.
El primer edil insistió ayer en asegurar que
había obtenido "por escrito" la bendición "de nueve de los diez
familiares", informa Efe. Sin embargo, cinco de los enterrados bajo la
tumba ni siquiera tuvieron descendencia. Yash Paul Gosain, bisnieto de
la fusilada Pilar Espinosa, asegura que dio su negativa de palabra a la
jueza de paz, apenas dos días antes de la apertura de la tumba.
Ante
la tensión vivida en el pueblo, donde sólo han sido recordados
oficialmente los fusilados por las milicias en los primeros días que
siguieron a la sublevación fascista del 18 de julio de 1936, el
delegado del Gobierno de Castilla y León, Miguel Alejo, ordenó ayer, de
forma provisional, la presencia de la Guardia Civil.
El Ayuntamiento de Salamanca no se plantea retirar el medallón de Franco
Martes, 19 de julio de 2011
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
señaló ayer ante la reiterada solicitud de algunos colectivos de
trasladar el medallón dedicado a Francisco Franco en la Plaza Mayor de
Salamanca que trasladará "la cuestión a la Comisión Territorial de
Patrimonio".
Mañueco, que afirmó que esperaba que no le hiciesen "la
misma pregunta el 14 de abril con el medallón de la Segunda República",
no manifestó ninguna posición concreta más allá sobre el polémico...
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
señaló ayer ante la reiterada solicitud de algunos colectivos de
trasladar el medallón dedicado a Francisco Franco en la Plaza Mayor de
Salamanca que trasladará "la cuestión a la Comisión Territorial de
Patrimonio".
Mañueco, que afirmó que esperaba que no le hiciesen "la
misma pregunta el 14 de abril con el medallón de la Segunda República",
no manifestó ninguna posición concreta más allá sobre el polémico
medallón.
Mientras, la asociación Salamanca Memoria y Justicia
señaló ayer su intención de solicitar al alcalde una reunión para
después del verano para de tratar la retirada de símbolos franquistas
que todavía permanecen en la ciudad. En cualquier caso, el presidente
del colectivo, Severiano Delgado, señaló que "el símbolo por
excelencia que nos gustaría que fuera trasladado es el medallón de la
Plaza Mayor, porque el caudillo masacró a miles de salmantinos".
Numerosos edificios públicos de Salamanca conservan aún símbolos franquistas y falangistas
Lunes, 18 de julio de 2011
Este lunes se cumplen 75 años del inicio de la Guerra Civil, una
jornada también en que se pone de manifiesto que todavía faltan muchos
aspectos por cumplir de la normativa vigente en cuanto a símbolos de la
dictadura, pues numerosos edificios públicos de la capital conservan aún
símbolos franquistas y falangistas.
Especialmente en la zona de San Bernardo, donde existe una zona donde
se mantienen vestigios franquistas en las placas de las calles y en su
denominación,...
Este lunes se cumplen 75 años del inicio de la Guerra Civil, una
jornada también en que se pone de manifiesto que todavía faltan muchos
aspectos por cumplir de la normativa vigente en cuanto a símbolos de la
dictadura, pues numerosos edificios públicos de la capital conservan aún
símbolos franquistas y falangistas.
Especialmente en la zona de San Bernardo, donde existe una zona donde
se mantienen vestigios franquistas en las placas de las calles y en su
denominación, todas ellas con placas con simbología del yugo y las
flechas y el logotipo de los sindicatos verticales. Además, de propiedad
municipal es la Casa de la Juventud de Garrido, con un escudo
franquista que la preside hacia la calle, el águila franquista con el
yugo y las flechas, aunque este símbolo tiene los días contados cuando
se derribe el edificio para construir uno nuevo.
Donde hoy se ubica la Audiencia Provincial, en la Gran Vía, en la
fachada del edificio y sobre el cartel de Palacio de Justicia, visible
desde la calle, existe un escudo franquista de grandes dimensiones.
También en el edificio de Correos, el más grande de toda la ciudad, al
que se suma el del edificio que albergó el Banco de España.
Por otro lado, dos placas recuerdan a fallecidos en la guerra del
bando franquista. Una en la Iglesia del Carmen, la otra en la Iglesia de
San Juan de Sahagún, donde reza: 'Cruzada Nacional de 1936 a 1939',
'Gloria a los muertos por dios y por España', José Antonio Primo de
Rivera. La tercera placa en edificios de la Iglesia Católica es la
existente en la fachada del Palacio Episcopal, recordando, en tono
glorioso, que allí estuvo Franco durante parte de la Guerra Civil.
Tan sólo son algunos de los muchos símbolos que todavía quedan,
además de otros tantos en los pueblos de la provincia, sobre todo en la
comarca de Ciudad Rodrigo, donde precisamente una pedanía lleva por
apellido una referencia a Franco, Águeda del Caudillo.
75 años después del inicio de la Guerra Civil, miles de salmantinos continúan desaparecidos
Lunes, 18 de julio de 2011
En la provincia de Salamanca ya se exhumaron restos de una
fosa ubicada en el término municipal de Pelabravo en marzo de
2007, cuando se descubrieron los cadáveres de catorce fusilados
Este lunes se conmemoran 75 años del comienzo de una cruenta guerra
civil que enfrentó a los españoles y que España vivió entre el 18 de
julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, y las heridas siguen abiertas
con interrogantes y polémicas. La...
En la provincia de Salamanca ya se exhumaron restos de una
fosa ubicada en el término municipal de Pelabravo en marzo de
2007, cuando se descubrieron los cadáveres de catorce fusilados
Este lunes se conmemoran 75 años del comienzo de una cruenta guerra
civil que enfrentó a los españoles y que España vivió entre el 18 de
julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, y las heridas siguen abiertas
con interrogantes y polémicas. La Guerra Civil Española ha sido objeto
de centenares de estudios, siendo su principal dificultad el uso
propagandístico del conflicto bélico, lo que ha originado problemas
para tener un retrato exacto del periodo en cuestión.
A la sublevación del 18 de julio de 1936 en España siguió de forma
casi inmediata una brutal represión ejercida desde ambos bandos que,
persiguiendo la eliminación física del adversario, produjo decenas de
miles de muertes. La Guerra Civil supuso la división de "dos Españas",
tal como en su día dijo el poeta español Antonio Machado, y ya, tras la
muerte de Francisco Franco, España puedo reconciliarse a partir de
1976, con una enorme demostración cívica de todos los españoles con una
magnifica transición a la democracia.
75 años después, un millar de familias salmantinas continúan con la esperanza de encontrar algún día a sus seres queridos,esperanza abierta en 2008 por el juez Baltasar Garzón con el proceso contra el franquismo, pero,tras
remitir el magistrado de la Audiencia Nacional la causa a los juzgados
de cada provincia, ninguno siguió el procedimiento, que terminó con el
propio juez encausado.
Decenas de familias salmantinas esperaron
un visto bueno que no llegó para la apertura de fosas comunes e iniciar
si fuera preciso un procedimiento destinado a esclarecer el paradero de
los fallecidos durante la Guerra Civil. En la provincia de Salamanca ya
se exhumaron restos de una fosa ubicada en el término municipal de
Pelabravo en marzo de 2007, cuando se descubrieron los cadáveres de
catorce fusilados durante la Guerra Civil, identificados en su mayoría
semanas después.
Apertura de las quintas Jornadas de Estudio de El Rebollar
Sábado, 16 de julio de 2011
Cada jornada estará dedicada a uno de los aspectos
analizados, historia, lengua y cultura tradicional, que respectivamente
se celebrarán este fin de semana en Ciudad Rodrigo, Robleda y Navasfrías
Este viernes tuvo lugar en el palacio de los Águilas de Ciudad
Rodrigo la apertura de las quintas Jornadas de Estudio de El Rebollar y
noveno Coloquio Internacional del Prohemio (Universidad de Orleans), que
conjuntamente organizan este grupo...
Cada jornada estará dedicada a uno de los aspectos
analizados, historia, lengua y cultura tradicional, que respectivamente
se celebrarán este fin de semana en Ciudad Rodrigo, Robleda y Navasfrías
Este viernes tuvo lugar en el palacio de los Águilas de Ciudad
Rodrigo la apertura de las quintas Jornadas de Estudio de El Rebollar y
noveno Coloquio Internacional del Prohemio (Universidad de Orleans), que
conjuntamente organizan este grupo universitario y la asociación
cultural “Documentación y Estudio” de dicha comarca. Asistió al acto el
subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, cuya presencia y ajustadas
palabras agradeció el presidente de la asociación, Ángel Iglesias
Ovejero, al tiempo que la secretaria de la misma Esther Prieto Gómez dio
la bienvenida a la veintena de profesores universitarios, estudiosos y
escritores que benévola y repetidamente participan en dichas jornadas,
así como a las instituciones que colaboran en su organización y al
público que desde hace tiempo las sigue.
A continuación explicó el carácter misceláneo de la temática de estas
jornadas, que se justifica por la diversidad de quienes forman parte o
colaboran con dicha asociación. Como indica el programa, cada jornada
estará dedicada a uno de los aspectos analizados, historia, lengua y
cultura tradicional, que respectivamente se celebrarán este fin de
semana en Ciudad Rodrigo, Robleda y Navasfrías.
La primera jornada, sobre “historia reciente y testimonios”,
desarrolló aspectos ya tratados sobre la represión militar, dentro y
fuera de El Rebollar, iniciados en 1936 y continuados después. El propio
Ángel Iglesias insistió en “la represión militar legalizada a partir de
1936: terror e impunidad en el occidente de Salamanca”, que, mediante
la manipulación del Código de Justicia Militar y los terroríficos bandos
u órdenes de la Capitanía de la VII Región Militar, afectó en la zona
de Ciudad Rodrigo a centenas de personas (incluidas entre cien y
doscientas personas asesinadas en 1936 sin proceso alguno, víctimas de paseos y sacas).
Fueron otros tantos crímenes de guerra que la justicia militar trató de
legalizar, granjeando de paso a los ejecutores una impunidad que los
legisladores de la Transición y la Democracia, por razones que
solamente ellos encuentran convincentes, no han sabido o querido evitar.
A continuación Claude Carcenac (Univ. Vic) presentó una “mirada de
mujer sobre la guerra civil española”, en la persona de dos mujeres
pioneras, de origen judío, de izquierdas, que se entusiasman a favor de
la causa republicana y hacen el viaje a España: la filósofa Simone Weil y
la fotógrafa Gerda Taro. La primera, después de una experiencia humana
negativa, rechaza la causa y más generalmente la guerra; la segunda, al
contrario, permanece fiel a la causa republicana a la que sirve como
reportera gráfica en los diarios extranjeros hasta el día de su muerte
en Brunete, saludada y enterrada como una heroína, hoy apenas rescatada
del olvido.
Severiano Delgado Cruz, presidente de la Asociación “Salamanca por la
Memoria y la Justicia”, expuso las actividades y proyectos de ésta,
entre los cuales se pueden mencionar: la base de datos sobre víctimas de
la represión, con más de 9.000 fichas; catalogación de los expedientes
militares de El Ferrol que forman parte de los fondos documentales que
posee la misma asociación; identificación de las víctimas cuyos restos
se han exhumado en Pelabravo y otros lugares; exhumación de otras
víctimas con restos mortales en fosas, como la del término de Pedro
Toro; ampliación del memorial de víctimas en Salamanca; etc.
Jesús Carlos Rodríguez Arroyo, socio del Grupo de Estudio de Historia Contemporánea de Extremadura, presentó su estudio Movimiento obrero y represión fascista en Sierra de Gata 1931-1936,
fruto de investigaciones en archivos y hemerotecas, así como de
testimonios y documentación privada, que le permiten describir las
agrupaciones de esta zona de la provincia de Cáceres y hacer el
inventario de víctimas mortales de la represión fascista en los 19
pueblos serragatinos concernidos.
Documental
En la sesión de tarde se presentó la película documental El tiro de la plaza,
realizado por el Foro por la Memoria, de Salamanca, que presentaron
Ángel García y Javier Laso. El título alude a los dramáticos
acontecimientos del 19 de agosto de 1936 en la Plaza Mayor de Salamanca,
que se saldó con varios muertos, entre ellos una niña, entre el público
que asistía a la publicación del bando de guerra, y fueron tiroteados
por los soldados. Fue el primero de los crímenes de guerra y contra la
humanidad en Salamanca, que luego se irían multiplicando en los pueblos
de la provincia, incluidos Ciudad Rodrigo y su partido. Todavía viven
algunos de los entonces jóvenes testigos, que intervienen en el
documental, Luis Calvo Rengel, Matilde Garzón Ruipérez, Anastasio Mateos
Ovejero, José Zato, etc., así como algunos historiadores y estudiosos.
Esta película dio lugar a numerosos comentarios y nuevos testimonios
sobre el terror militar y sus secuelas: detenciones, desamparo, búsqueda
e identificación de cadáveres. Entre otras personas, intervinieron
Josefa Maeos Ovejero y Bernarda Gozález Villoria, hijas de vecinos de
Robleda asesinados en 1936, Emilio Hernández (de Casillas de Flores),
Mauricio Moreiro (de Navasfrías), Pilar Salazar (de Pastores), etc. En
la mesa redonda quedó claro que estos testimonios vienen a confirmar y
completar la documentación hoy existente, en particular, sobre los
macabros paseos y fosas existentes en la zona, unas exhumadas y
otras no, en las fincas de Carvajales, Ravida, camino de Gazapos,
Campanillas y Valdespino, Valle del Lagar, Aleanueva de Portanovis.
La sesión terminó con una ofrenda floral en el monolito de la Rotonda
del Paseo de las Carmelitas en homenaje a las víctimas del terror y la
represión militar, donde una nieta de Manuel Martín Cascón, Alcalde
republicano de Ciudad Rodrigo condenado en consejo de guerra y ejecutado
en Salamanca, depositó un ramo de flores.
Una alcaldesa del PP rechaza un homenaje a víctimas de Franco
Sábado, 16 de julio de 2011
Antes de las pasadas elecciones, José Sag, nieto de un fusilado en
San Sebastián de los Ballesteros, un pequeño pueblo de Córdoba de unos
800 habitantes, había acordado con el entonces alcalde socialista, Mateo
Luna, celebrar un homenaje a las víctimas del franquismo el próximo 13
de agosto en el cementerio. Allí se colocó el pasado mayo un monolito,
subvencionado por la Junta de Andalucía, sin más. La mayoría de los
familiares de las víctimas, como José, viven en Catalunya y...
Antes de las pasadas elecciones, José Sag, nieto de un fusilado en
San Sebastián de los Ballesteros, un pequeño pueblo de Córdoba de unos
800 habitantes, había acordado con el entonces alcalde socialista, Mateo
Luna, celebrar un homenaje a las víctimas del franquismo el próximo 13
de agosto en el cementerio. Allí se colocó el pasado mayo un monolito,
subvencionado por la Junta de Andalucía, sin más. La mayoría de los
familiares de las víctimas, como José, viven en Catalunya y esperaban a
las vacaciones para inaugurarlo. Pero el PSOE perdió las elecciones y
ahora la nueva alcaldesa, Adela Ortega, del PP, se opone al acto.
“Primero nos dijo que el homenaje tendría que ser a las víctimas de los
dos bandos. Le preguntamos si conocía a alguna del otro bando y nos
dijo que no sabía. Yo le dije que había una, pero que era un falangista
de los peores. Cuando decidimos hacerlo por nuestra cuenta, nos dice que
lo tendrían que ver en pleno, ¡en octubre! Y cuando insistimos en que
iremos, nos dice que puede cerrarnos el cementerio”, explica indignado
José Sag.
Preguntada por Público, la alcaldesa dice que no se opone
pero al mismo tiempo afirma que un acto sin autorización no se puede
celebrar en una instalación municipal. “Pueden ir al cementerio pero no
celebrar allí ningún acto. Deben presentar una moción para que sea el
pleno del Ayuntamiento el que decida”, añade.
La alcaldesa se
remite a la Ley de Memoria Histórica. “Habla de reconocer a todas las
víctimas, no sólo a las de un bando. Es momento de concordia, de
acercamiento, de perdón. De nada sirven los enfrentamientos, los
rencores. Hay que recuperar el espíritu de la Transición”, sostiene. En
ningún momento la ley dice que los homenajes tengan que ser conjuntos.
“Fue una guerra muy injusta. Yo también le he preguntado [a José Sag] si
creía que si hubieran ganado los republicanos se hubiera homenajeado a
las víctimas nacionalistas”, continúa.“No quiere reconocer a las
víctimas del franquismo”, concluye el anterior alcalde.
Sag, que
considera un “insulto a la democracia” lo que está ocurriendo, lleva
casi tres años organizando un acto de reconocimiento a su abuelo, que
fue alguacil del Ayuntamiento, y a las otras víctimas con la ayuda de
las asociaciones memorialistas de los pueblos vecinos de La Rambla y
Aguilar de la Frontera. Pese a la polémica, está previsto que más de
medio centenar de personas acudan el 13 de agosto a la puerta del
cementerio a las ocho de la tarde. “Entraremos y luego nos iremos en un
autobús que hemos alquilado hasta La Rambla”, confirma Sag. El alcalde
les ha cedido el salón de plenos.
España contesta a la justicia argentina que se están investigando los crímenes del franquismo
Sábado, 16 de julio de 2011
Desde el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón para
investigar los crímenes del franquismo, y que le ha conducido al
banquillo de los acusados, hasta la petición que formuló la Generalitat
de Catalunya para que se revisara la condena a muerte del que fue su
presidente Lluís Companys. Todo vale para justificar ante las
autoridades argentinas que en España ya se investigan los crímenes del
franquismo, por lo que es innecesario que su Justicia admita a trámit
Desde el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón para
investigar los crímenes del franquismo, y que le ha conducido al
banquillo de los acusados, hasta la petición que formuló la Generalitat
de Catalunya para que se revisara la condena a muerte del que fue su
presidente Lluís Companys. Todo vale para justificar ante las
autoridades argentinas que en España ya se investigan los crímenes del
franquismo, por lo que es innecesario que su Justicia admita a trámite la denuncia que presentaron varios familiares de víctimas el 14 de abril de 2010.
Ante
el requerimiento de la jueza argentina María Servini de Cubría,
interesada en saber si en España había algún procedimiento para decidir
si admite la denuncia presentada por la desaparición de al menos 113.000 personas, el Ministerio de Justicia se dirigió a la Fiscalía General del Estado.
El
objetivo era recabar información de los juzgados de toda España sobre
procedimientos abiertos vinculados con el franquismo. A través de las
Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad
autónoma se elaboró un listado de causas.
Un método óptimo para
escrutar e identificar todos los procedimientos abiertos. El problema es
que, según fuentes jurídicas, ninguno de ellos reúne los requisitos
para considerarse una investigación penal, que es lo que se preguntaba
desde Argentina.
"El único procedimiento penal fue el abierto por
Garzón", señalan esas fuentes. Él mismo lo cerró en la Audiencia
Nacional al inhibirse a favor de los juzgados donde se tenía constancia
de la existencia de crímenes -porque se sabía que había fosas-, unos días antes de que la Sala de lo Penal le negara la competencia.
De
los 46 juzgados que recibieron el relevo de Garzón, apenas tres
continuaron de alguna manera la investigación. Una jueza de Zamora
acudió a una fosa común en Benavente. Otro de San Lorenzo de El Escorial
-circunscripción a la que pertenece el Valle de lo Caídos- y una de
Granada devolvieron la causa a la Audiencia, y es el Tribunal Supremo
quien resolverá quién debe ocuparse de las causas. No lo hará hasta que
Garzón sea juzgado por prevaricación, precisamente, por haber intentado
investigar los crímenes.
Además de esas diligencias, en el listado aparecen otras que poco han
tenido que ver con la jurisdicción penal. Son los intentos infructuosos
de que se revisen las condenas a muerte del expresidente de la
Generalitat de Catalunya Lluís Companys y del poeta Miguel Hernández.
Ambas se resolvieron igual: se denegó la revisión, aunque las sentencias
fueron declaradas "ilegítimas" e "injustas" en aplicación de la Ley de
Memoria Histórica.
Uno de los
primeros denunciantes en Argentina, Darío Rivas, criticó ayer la
respuesta del Gobierno español aunque admite que "era lo que esperaba".
"Si dicen que están investigando algo mienten. ¿Cómo se puede decir que
se está investigando, si el juez que abrió el proceso está suspendido
por prevaricador?", lamenta.
Rivas denunció el asesinato el 26 de
agosto de 1936 de su padre Severino, alcalde de Castro de Rei (Lugo)
durante la República. Rivas fue secuestrado por unos falangistas en un
café y enviado a prisión por traición a la patria. "En la querella pedimos que nos enseñen las sentencias de los criminales procesados y eso no lo han mostrado", se queja Darío, de visita veraniega en Lugo.
"Si siguen con esas mentiras, la jueza va a seguir investigando y
nosotros vamos a seguir denunciando", explica Rivas, que no descarta
que la justicia internacional detenga a algunos de los posibles
responsables vivos en caso de que dejen España.
"Aquí, en Argentina teníamos al animal de [Emilio] Massera [miembro de la Junta Militar quegobernó Argentina entre 1976 y 1983] que fue listo y nunca pisó el extranjero, pero vean lo que le ocurrió a [Augusto] Pinochet", advierte.
Exhumadas 59 víctimas del franquismo en Gumiel de Izán
Lunes, 11 de julio de 2011
Una intensa semana de trabajo escarbando en la tierra ha desenterrado
en el paraje conocido como La Legua, en Gumiel de Izán (Burgos), una
cordillera de cuerpos de más de 30 metros de largo, la extensión de una
fosa donde quedaron al aire, 75 años después de haber sido enterrados,
59 esqueletos sin nombre.
El forense Francisco Etxeberria,
...
Una intensa semana de trabajo escarbando en la tierra ha desenterrado
en el paraje conocido como La Legua, en Gumiel de Izán (Burgos), una
cordillera de cuerpos de más de 30 metros de largo, la extensión de una
fosa donde quedaron al aire, 75 años después de haber sido enterrados,
59 esqueletos sin nombre.
El forense Francisco Etxeberria,
coordinador de la exhumación, cuenta que las víctimas fueron arrojadas y
amontonadas en esta zanja en seis tandas. A algunas las mataron allí
mismo. "Hemos encontrado vainas de fusil y balas rotas junto a los
huesos rotos sobre los que impactaron. La mayoría de los cráneos tienen
agujeros de proyectil...". A los asesinos no les dio tiempo a matar a
todos los que querían, porque esta fosa estaba preparada para albergar
aún más cuerpos. Los últimos 10 metros de zanja están cavados, pero
vacíos. "Habían hecho sitio libre para más", añade el forense.
"Es una fosa muy preparada", explica el investigador José Ignacio Casado, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
"Los cuerpos estaban cubiertos con cal. Los enterraban los barrenderos
de Aranda de Duero, según nos ha contado gente del pueblo, después de
robarles lo que llevaran de valor. Algunos vecinos recuerdan verles
pasar con prendas de los desaparecidos".
Pese a todo, entre los
huesos han aparecido algunos objetos convertidos hoy en valiosísimas
pistas para identificar a sus dueños. Como las canicas halladas al lado
de los restos de dos muchachos de 18 años; el corsé ortopédico que
Fernando Lorente confía en que sea el de su abuelo, Fernando Macario
Martínez, maquinista en la estación de Aranda de Duero. "Había
participado en algunas manifestaciones de UGT y al estallar el golpe
militar huyó al monte. Le dijeron que podía volver y lo hizo. Le
detuvieron enseguida". No fue una muerte rápida. "Parece ser que mi
abuelo no fue bien fusilado. Al día siguiente de dispararles, los
asesinos volvieron al sitio donde los habían tirado y mi abuelo, que
seguía vivo, les pidió agua. Le mearon en la cara y después le
remataron. Esto lo sé porque, por lo visto, los asesinos fueron luego
pavoneándose por el pueblo de la hazaña".
Junto a los huesos
también ha aparecido un crucifijo de 10 centímetros, de los que se
colgaban al cuello, que hace pensar a Casado que el esqueleto que tiene
al lado pertenece al franciscano Emiliano María Revilla, detenido por un
grupo de falangistas el 29 de julio de 1936 en su pueblo burgalés,
Revilla Vallejera, por ser considerado "un cura rojo que denunciaba el
hambre y la miseria de los campesinos". El padre Revilla fue llevado
hasta la prisión central de Burgos. Salió de ella con otras 13 personas
en una saca el 4 de septiembre de ese año. En 1950 le dieron
oficialmente por muerto.
De momento, todo, salvo la aplastante
evidencia de esos 59 esqueletos agujereados por las balas, es una
hipótesis. Queda por delante un largo trabajo en los laboratorios de la Universidad del País Vasco y la Autónoma de Madrid.
También para los investigadores José Ignacio Casado y José María Rojas,
que han de buscar a los familiares de estos esqueletos sin nombre y
averiguar si esta es, en efecto, la famosa "fosa de los ferroviarios"
que llevan años buscando.
"Solo el 18 de agosto de 1936 se dice
que fueron asesinados 60 ferroviarios afiliados en su mayoría a los
sindicatos UGT y CNT", explica Casado. "En Aranda de Duero", añade
Rojas, "siempre se había hablado de una fosa donde podrían estar
enterradas alrededor de 50 personas, casi todos ferroviarios. Esta
coincide por el número y porque el corsé puede pertenecer a uno de
ellos. Si no es esta, es probable que la construcción de la autovía en
los años ochenta se llevara esos cuerpos por delante".
Un hombre
llamado Domingo, que fue concejal y más tarde juez de paz de Gumiel de
Izán, señaló este lugar donde han sido desenterrados 59 cuerpos. La fosa
ha aparecido a apenas 300 metros de otra en la que Etxeberria y su
equipo desenterraron en 2003 a otras 85 víctimas. Según Casado, "solo en
la franja conocida como la Ribera del Duero burgalesa fueron asesinadas
en el verano de 1936 cerca de 700 personas".
Exhumados medio centenar de republicanos en Burgos
Miércoles, 6 de julio de 2011
Un crucifijo de plata de diez centímetros dentro de un saco de cuero. Al
lado, un esqueleto pegado a unas suelas de goma marca Codina de unas
alpargatas. Son las pocas pistas que la exhumación de la fosa común de Gumiel de Izán (Burgos) había dejado ayer a la vista. De momento, 45 cuerpos de republicanos fusilados,
previsiblemente en el verano de 1936, son reconocibles en una fosa
común de cerca de 35 metros en forma de media luna junto a la antigua
carretera nacional de Burgos. Una...
Un crucifijo de plata de diez centímetros dentro de un saco de cuero. Al
lado, un esqueleto pegado a unas suelas de goma marca Codina de unas
alpargatas. Son las pocas pistas que la exhumación de la fosa común de Gumiel de Izán (Burgos) había dejado ayer a la vista. De momento, 45 cuerpos de republicanos fusilados,
previsiblemente en el verano de 1936, son reconocibles en una fosa
común de cerca de 35 metros en forma de media luna junto a la antigua
carretera nacional de Burgos. Una de las hipótesis es que los asesinados
fueran 60 trabajadores ferroviarios fusilados el 16 de agosto.
"Aquí me llevó un vecino al que había traído en su día un pastor que
sabía dónde estaban los muertos. Excavamos en noviembre con la pala y
salieron unos huesos", explica Fernando García, vecino de Aranda de
Duero que, desde que recuperó los restos de su abuelo en 2003 en la
cercana localidad de Villamayor de los Montes, ha contribuido a la
búsqueda de las numerosas fosas comunes perdidas junto a la cuneta de la
antigua N-1.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos ha recuperado en la última décadamás de 500 cuerpos en esta zona,
donde las represalias fueron severas tras el rápido triunfo del golpe
militar del 18 de julio. "La represión acabó en la comarca de Aranda de
Duero con cerca del 2% de la población: unas 1.500 personas", explica el
investigador José María Rojas.
La localización del lugar exacto de la matanza fue posible gracias a un testigo directo. "Leandro Péreztenía 14 años cuando vio la zanja abierta.
Trabajaba en una de las viñas de Gumiel que todavía están alrededor del
lugar y aún recuerda lo que observó en 1936", explica José Ignacio
Casado, miembro de la ARMH de Burgos.
La
identificación de los restos encontrados será difícil. Los cuerpos
fueron llevados al mismo lugar oculto entre viñedos en seis tandas
diferentes, sin dejar rastro de su origen. "Cada uno de los
enterramientos se distingue por un talud. Puede que haya tres niveles de
cuerpos superpuestos", explica el médico forense de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria. Entre cuerpo y cuerpo se ha
solidificado la cal que echaron sobre los muertos generando moldes en
los que se distingue la tela de pana de sus prendas.
"Puede que
esa ropa sea de un uniforme pero aquí, aunque les mataran en verano,
refresca por las noches y el pantalón de pana era la prenda básica",
analiza Rojas. No hay dudas de que los fusilados eran vecinos de la zona
pero no se sabe dónde pasaron sus últimas horas. "Cada pueblo improvisó
su cárcel. En Aranda se llegó a adaptar un colegio, pero los archivos
fueron destruidos, no como en Burgos, donde los que eran sacados, eran registrados", añade.
El
encargado de leer esas fatídicas listas en la cárcel de Burgos era
Vicente García, el padre del vecino de Aranda de Duero que contribuyó a
localizar la fosa de Gumiel. "Mi padre estaba preso en Burgos desde la
manifestación del 1 de mayo. Como sabía leer y escribir, se ganó la
confianza de don Simplicio, que era el encargado de la prisión. El 16 de
agosto, le tocó leer los nombres de los que iban a ser fusilados ese
día y estaba su nombre. Se puso a llorar y don Simplicio le perdonó la
vida. En mi casa siempre se ha celebrado el 16 de agosto, pero en el
franquismo decíamos que era por San Roque", relata Fernando.
Ese 16 de agosto de 1936 fueron represaliados precisamente 60 trabajadores del ferrocarril en Aranda de Duero.
Antes de saber que los enterrados en Gumiel habían sido llevados en
tandas, existía la hipótesis de que fueran ellos los que habían sido
enterrados de una vez en la fosa. "Tenían un trabajo más estable que
otras personas y eso les hacía más inquietos en el sindicalismo. Igual
que ahora", explica Rojas.
Entre los restos no han aparecido
objetos que pueda identificar a las víctimas. "Hay esqueletos de varias
edades. Dos o tres son de 17 años pero los hay también de avanzada
edad", detalla el antropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis
Ríos, colaborador en la excavación.
El ferroviario tuerto es la única pista
Durante
la mañana de ayer apareció entre los restos una calavera con un ojo de
cristal. Esta característica física podría ayudar de manera decisiva a
identificar los esqueletos. Una vecina de Aranda de Duero llegó a
explicar a los investigadores de la ARMH que su padre, ferroviario de
profesión, había sido fusilado en agosto de 1936 y que era tuerto, pero,
debido a su corta edad en aquella época, apenas tenía 1 año y medio,
desconoce si llevaba un ojo de cristal. Los próximos análisis de ADN
determinarán si esta mujer recupera los restos de su padre 75 años
después.
Exhumación de la "fosa de los ferroviarios" en Aranda de Duero
Martes, 5 de julio de 2011
El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista.
Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para "asesinar de forma masiva y organizada" a cientos de civiles republicanos desde el verano de 1936, explica José María Rojas,
autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que,
desde hoy, colabora en los trabajos de exhumación de la conocida como la
fosa de los...
El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista.
Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para "asesinar de forma masiva y organizada" a cientos de civiles republicanos desde el verano de 1936, explica José María Rojas,
autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que,
desde hoy, colabora en los trabajos de exhumación de la conocida como la
fosa de los ferroviarios, en las proximidades del monte.
La cercanía de este paraje natural con la cárcel de Aranda de Duero propició las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.
Pero algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera
burgalesa recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las
fosas comunes. Es el caso del enterramiento en el que los equipos de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH) han comenzado ha trabajar esta mañana para
localizar los cuerpos de cerca de 50 trabajadores del ferrocarril.
"Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella", ha explicado Rojas a Público.es. Un pastor del lugar dijo a un vecino de la localidad de Gumiel de Izán que en el paraje de La Legua,
cercano al pueblo, se encontraba el enterramiento. "Este vecino me
indicó el punto exacto y comenzamos la investigación", recuerda Rojas,
quien ha participado en varios de los trabajos de exhumación que, desde
2003, han recuperado centenares de cuerpos en la provincia de Burgos.
El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista.
Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para "asesinar de forma masiva y organizada" a cientos de civiles republicanos desde el verano de 1936, explica José María Rojas,
autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que,
desde hoy, colabora en los trabajos de exhumación de la conocida como la
fosa de los ferroviarios, en las proximidades del monte.
La cercanía de este paraje natural con la cárcel de Aranda de Duero propició las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.
Pero
algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera burgalesa
recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las fosas
comunes. Es el caso del enterramiento en el que los equipos de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH) han comenzado ha trabajar esta mañana para
localizar los cuerpos de cerca de 50 trabajadores del ferrocarril.
Los cuerpos podrían pertenecer a un grupo de ferroviarios fusilados el 18 de agosto de 1936
"Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella", ha explicado Rojas a Público.es. Un pastor del lugar dijo a un vecino de la localidad de Gumiel de Izán que en el paraje de La Legua,
cercano al pueblo, se encontraba el enterramiento. "Este vecino me
indicó el punto exacto y comenzamos la investigación", recuerda Rojas,
quien ha participado en varios de los trabajos de exhumación que, desde
2003, han recuperado centenares de cuerpos en la provincia de Burgos.
Esta mañana, los testimonios y las conjeturas se han convertido en realidad, con el hallazgo de los primeros huesos.
Cuando los arqueólogos retiren la tierra que cubre los restos,
comenzará la extracción de los mismos para su posterior identificación
en el laboratorio. En esta fosa —de unos 40 metros de largo y junto a la
antigua carretera nacional I— se espera que estén los cuerpos de los cerca de 50 ferroviarios, en su mayoría militantes de CNT y UGT.
"Sabemos que asesinaron en la zona a un grupo el 18 de agosto de
1936, tras una detención masiva de trabajadores del gremio", señala
Rojas, y avanza que ahora tendrán que buscar señales que les den pistas
para la identificación, como restos del uniforme u objetos relacionados
con la profesión de los fusilados. En otras fosas encontradas en los
alrededores de Aranda de Duero se han hallado cuerpos uniformados con
insignias y distintivos de ferroviarios "pero no en número tan masivo", indican fuentes de la ARMH.
"Sólo en el verano de 1936, más de 700 personas fueros fusiladas en esta parte de la provincia de Burgos"
Si
finalmente se trata de los trabajadores del tren, la tarea de localizar
a las familias "será más difícil" ya que, en su mayoría, no eran
vecinos de Aranda sino trabajadores trasladados a esta población por
razones laborales "y cuyas familias abandonaron la zona cuando terminó
la guerra", aclara Rojas.
"Sólo en
el verano de 1936, más de 700 personas fueron fusiladas en esta parte de
la provincia de Burgos", según datos de investigadores del lugar como
Rojas o José Ignacio Casado.
A 500 metros de la fosa abierta esta mañana, se exhumaron en 2003 los restos de83 republicanos fusilados hace 75 años. "Esta fue una zona de excesos", reconoce Rojas.
Desde
entonces, el equipo de Aranzadi y de la ARMH han localizado 429 cuerpos
en una veintena de enterramientos clandestinos y exhumado más de 800 en
toda la provincia de Burgos.
La Segunda República y el revisionismo (Edward Malefakis)
Jueves, 16 de junio de 2011
A pesar de los ataques de aquellos que, como Pío Moa, ofrecen hoy
una versión aligerada del argumentario franquista, la Segunda República
fue un régimen democrático del que España debe sentirse orgullosa.
Antes de que terminara el régimen de Franco en 1975, escaseaba, por
razones evidentes, el debate público sobre el carácter de la Segunda
República española y su grado de responsabilidad en el estallido de la
Guerra Civil. De acuerdo con la ideología impuesta por la...
A pesar de los ataques de aquellos que, como Pío Moa, ofrecen hoy
una versión aligerada del argumentario franquista, la Segunda República
fue un régimen democrático del que España debe sentirse orgullosa.
Antes de que terminara el régimen de Franco en 1975, escaseaba, por
razones evidentes, el debate público sobre el carácter de la Segunda
República española y su grado de responsabilidad en el estallido de la
Guerra Civil. De acuerdo con la ideología impuesta por la dictadura, la
República había sido una catástrofe, la culminación de la larga historia
de degeneración que había caracterizado a España durante los siglos XIX
y XX, desde la desgraciada aparición del liberalismo con la
Constitución de Cádiz en 1912. Aunque la República tuvo un comienzo más o
menos aceptable, proseguía el argumento, pronto se vio superada por una
mezcla de separatismo regional, radicalismo social y violento
anticlericalismo que destruyó cualquier perspectiva prometedora.
La crisis de la República se agudizó después de octubre de 1934,
cuando los socialistas, hasta entonces moderados, pusieron en marcha una
revolución sangrienta en Asturias, secundada por la Generalitat
catalana, que proclamó su independencia. España se deslizó aún más hacia
el caos cuando la coalición del Frente Popular ganó, por estrecho
margen, las elecciones de febrero de 1936. Dicha victoria dio un poder
sin precedentes a los grupos obreros y les permitió dominar de facto
a sus aliados de clase media en los gabinetes que gobernaban España y
que sólo eran republicanos en teoría. Según esta interpretación, el
resultado fueron varios meses de huelgas, invasiones de explotaciones
agrarias, batallas callejeras, quemas de iglesias y asesinatos
políticos, que el gobierno del Frente Popular no quiso o no pudo
controlar. La situación en España recordaba a la de Rusia en 1917, y su
resultado habría sido similar: la caída del gobierno elegido a manos de
los extremistas radicales, seguida de una revolución social a gran
escala y la imposición de una dictadura del proletariado.
En los
últimos años de la dictadura, los especialistas cuestionaron cada vez
más esta línea argumental. Durante la transición a la democracia se fue
sustituyendo por una valoración generalmente positiva de la República,
que subrayaba sus virtudes y lamentaba la insurrección militar que la
había destruido. Por primera vez, la imagen de la República en España
estaba en consonancia con la que había predominado en la mayor parte del
mundo exterior desde el final de la Guerra Civil, en parte debido a los
sentimientos de culpa por haber abandonado a los republicanos a merced
de Franco y sus aliados fascistas durante el conflicto.
Durante
los años noventa, como reacción a este nuevo consenso favorable, Pío Moa
y otros historiadores aficionados, entre ellos César Vidal, lanzaron
una campaña revisionista que adquirió enorme fuerza, pese a que se
limitaba a reciclar los argumentos de los propagandistas de Franco en
una versión más moldeable. Aparte de Stanley Payne, no les respaldó
ningún historiador profesional importante. No obstante, el revisionismo
prosperó durante más de una década, desde 1990, año de publicación del
tratado fundamental de Moa, hasta 2006, cuando sus argumentos
principales quedaron desacreditados por la avalancha de literatura
producida por la conmemoración conjunta de los dos aniversarios, el 70º
del comienzo de la guerra y el 75º de la proclamación de la República.
Las obras publicadas entonces establecieron de forma inequívoca un punto
fundamental: que las declaraciones de Franco y sus acólitos sobre lo
catastrófico de la situación reflejaban más la paranoia de sus
propulsores que la realidad. En realidad, confirmó la literatura de
2006, la revolución social de 1936 no precedió sino que siguió a la
insurrección militar. Lo mismo ocurrió con la desintegración del Estado y
la sociedad. Igual que en la fábula de Hans Christian Andersen, en
cuanto alguien gritó: "El emperador va desnudo", el espejismo franquista
y revisionista se hizo añicos. Esta es una lección que debemos tener en
cuenta siempre que hablemos de historia y casi en cualquier otro
aspecto de la vida.
Carta de Ricardo Robledo, El País, 16 de junio de 2011
La Segunda República no es un mito.
Es todo un acierto ver en EL PAÍS a E. Malefakis, autor de la obra Reforma agraria y revolución campesina
que sigue inspirando a los historiadores y de la que se cumplen ahora
40 años. Es oportuna su consideración del neorrevisionismo que gana en
España cada vez más adeptos y puede tener frutos tan famosos como varias
voces del Diccionario Biográfico Español de la RAH en las que se considera a Franco como autoritario y a Negrín como dictador.
Esta versión supuestamente remozada de la historia quiere distinguirse
de la corriente que Malefakis denomina "franco-moaísmo", pero también de
la historia militante con una "nueva" síntesis; mide a la Segunda
República con los parámetros de la democracia ideal, cuenta las víctimas
de la violencia sin preguntarse a qué obedece la violencia -como hacen
Payne y sus adeptos- y entona el Todos fuimos culpables porque hay que desmitificar la República... La victoria del PP del 22-M augura a esta corriente una larga vida.
Documental sobre la ASMJ
Miércoles, 8 de junio de 2011
Celia Haro Ruiz, estudiante de Periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha tenido la amabilidad de contar con la ASMJ para realizar su práctica de fin de curso, consistente en un documental de 7 minutos.
Se puede ver el documental en Youtube y también en la sección de Bibliografía > Documentos >
Celia Haro Ruiz, estudiante de Periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha tenido la amabilidad de contar con la ASMJ para realizar su práctica de fin de curso, consistente en un documental de 7 minutos.
Se puede ver el documental en Youtube y también en la sección de Bibliografía > Documentos > ASMJ Entrevistas.
Ha muerto Jorge Semprún
Miércoles, 8 de junio de 2011
Jorge Semprún Maura (Madrid, 1923) ha muerto en París ayer, 7 de junio de 2011.
Semprún era uno de los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración nazis. Exiliado con su familia en Francia en 1939, participó en la Resistencia clandestina contra la ocupación alemana. En 1942 se afilió al Partido Comunista de España (PCE) y en 1943 fue detenido por los alemanes e ingresado en el campo de concentración de Buchenwald, donde permaneció hasta 1945, estableciéndose...
Jorge Semprún Maura (Madrid, 1923) ha muerto en París ayer, 7 de junio de 2011.
Semprún era uno de los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración nazis. Exiliado con su familia en Francia en 1939, participó en la Resistencia clandestina contra la ocupación alemana. En 1942 se afilió al Partido Comunista de España (PCE) y en 1943 fue detenido por los alemanes e ingresado en el campo de concentración de Buchenwald, donde permaneció hasta 1945, estableciéndose posteriormente en París.
En 1952 se incorporó de manera profesional a la dirección del PCE. Desde 1954 hasta 1962 residió de manera casi permanente en Madrid, como dirigente clandestino. En 1964 fue expulsado del PCE y desde entonces se dedicó a desarrollar una amplia carrera literaria como autor de novelas, ensayos y guiones cinematográficos, obteniendo gran prestigio.
Entre 1988 y 1991 fue ministro de Cultura del Gobierno de España, bajo la presidencia de Felipe González. Tras su salida del Gobierno se dedicó exclusivamente a la literatura. Escribió varias obras relacionadas con la memoria de los campos de concentración nazis, en las que mezclaba la ficción con la autobiografía. Era considerado uno de los intelectuales europeos más importantes de las últimas décadas.
En la prensa se han publicado numerosos artículos sobre Jorge Semprún.
Miguel de Unamuno falleció el 31 de diciembre de 1936 con la
reprobación de los dos bandos que combatían en la guerra civil
española. Defensor de la República desde su instauración en 1931, acabó
enfrentándose a sus dirigentes, sobre todo a Manuel Azaña, disconforme
con el rumbo que tomaba. Acogió favorablemente el golpe militar del 18
de julio pero, cuando descubrió las verdaderas intenciones de los
sublevados, también se distanció de ellos. El colofón de ese...
Miguel de Unamuno falleció el 31 de diciembre de 1936 con la
reprobación de los dos bandos que combatían en la guerra civil
española. Defensor de la República desde su instauración en 1931, acabó
enfrentándose a sus dirigentes, sobre todo a Manuel Azaña, disconforme
con el rumbo que tomaba. Acogió favorablemente el golpe militar del 18
de julio pero, cuando descubrió las verdaderas intenciones de los
sublevados, también se distanció de ellos. El colofón de ese
desencuentro fue el altercado con Millán Astray en el Paraninfo de la
Universidad de Salamanca.
Este documental de José
Manuel Delgado recrea los seis últimos meses de la vida de Unamuno, con
sus dudas y contradicciones, en aquella Salamanca donde Franco asentó su
cuartel general.
Además de escuchar la voz del
propio Unamuno y testimonios sonoros de la guerra civil, ese periodo se
reconstruye con la ayuda de escritores e historiadores, algunos ya
fallecidos. En el programa intervienen Luciano González Egido, Jon
Juaristi, Pedro Ribas, Elías Díaz, Carlos Rojas, Julián Marías, José
Bergamín y Manuel Quiroga de Unamuno, nieto del pensador.
El nuevo Diccionario Biográfico español ofrece definiciones polémicas a juicio de numerosos historiadores y colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria
histórica. La obra de la Real Academia de la Historia (RAH) obvia
mencionar la represión franquista y no le concede a Francisco Franco la
etiqueta de dictador, algo que sí hace con el último presidente de
Gobierno de la II República, Juan Negrín. Diferentes historiadores e
investigadores especializados en...
El nuevo Diccionario Biográfico español ofrece definiciones polémicas a juicio de numerosos historiadores y colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria
histórica. La obra de la Real Academia de la Historia (RAH) obvia
mencionar la represión franquista y no le concede a Francisco Franco la
etiqueta de dictador, algo que sí hace con el último presidente de
Gobierno de la II República, Juan Negrín. Diferentes historiadores e
investigadores especializados en los años de la Guerra Civil y de la
dictadura han ofrecido a Público definiciones de Francisco
Franco y del franquismo que incluyen los elementos que no aparecen en
los textos de los historiadores de la RAH.
Mirta Núñez Díaz-Balart. Enrique Moradiellos. Gabriel Jackson. Fanny Rubio. Francisco Espinosa. Francisco González de Tena.
El franquismo en la ESO (Fernando Hernández Sánchez)
Viernes, 3 de junio de 2011
Que el conocimiento de nuestra historia contemporánea sigue siendo pasto
de tergiversaciones no le es ajeno a quien conozca el éxito de los
best sellers del revisionismo franquista. Es un síntoma de que algo ha
fallado, de que la investigación académica no ha calado hasta los
niveles básicos de la enseñanza, allí donde la mayoría de los
ciudadanos adquiere el conocimiento de su historia reciente. Es como
si, frente a los avances en la Biología, en las aulas continuasen...
Que el conocimiento de nuestra historia contemporánea sigue siendo pasto
de tergiversaciones no le es ajeno a quien conozca el éxito de los
best sellers del revisionismo franquista. Es un síntoma de que algo ha
fallado, de que la investigación académica no ha calado hasta los
niveles básicos de la enseñanza, allí donde la mayoría de los
ciudadanos adquiere el conocimiento de su historia reciente. Es como
si, frente a los avances en la Biología, en las aulas continuasen
enseñándose los preceptos del creacionismo.
La publicación del Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia no deja de ser un caro monumento a una historiografía caduca y
a la egolatría de alguno de sus inspiradores. Tampoco es la primera
vez que la vetusta institución rinde un servicio al conservadurismo
rancio: durante el aznarato proporcionó munición para la
renacionalización del currículum escolar, supuestamente amenazado por
los localismos y la disolvente pedagogía moderna. Fue la época en que
alguien del Ministerio de Educación se lució afirmando que en las
clases de Historia había que enseñar quién, dónde, cómo y cuándo, pero
no las razones, que son controvertibles.
Lo peor no es lo de la Academia. Más preocupante es lo que ocurre en la
enseñanza obligatoria. En la actual ordenación de la ESO, la Historia
reciente se imparte en el último curso. Tres horas semanales no son
suficientes para completar un temario que abarca desde el siglo XVIII
hasta hoy. En la práctica, es probable que muchos estudiantes estén
abandonado la escolarización sin un conocimiento adecuado de las raíces
de la sociedad en que se insertarán como ciudadanos activos.
Los
libros de texto son una herramienta habitual en el aula. La mayoría se
acogen a un modelo teleológico, en el que los acontecimientos se
encadenan para conducir a un final previsible. La República y la Guerra
Civil van emparejadas en una misma unidad didáctica. La República
queda connotada como un periodo conflictivo cuyas contradicciones
desembocan fatalmente en tragedia: “Se produjeron oleadas de huelgas,
quemas de iglesias y enfrentamientos armados entre falangistas y
militantes de las organizaciones obreras”, dice el manual de
Santillana, mezclando el legítimo ejercicio de un derecho
constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical y actos
terroristas. Muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles al
que, por cierto, se rebaja de categoría: según Santillana y Oxford, era
Calvo Sotelo, con 12 escaños frente a los 88 de la CEDA, el auténtico
“líder de la derecha”. Pitágoras no habría entendido nada.
Se emplea “bando” para referirse a las partes en guerra, como si el
gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en plano de equivalencia.
¿Sería aceptable una lectura del 23-F que lo describiera como el
choque los bandos de Milans-Tejero-Armada, y el
monárquico-constitucional? ¿Aceptaría la derecha democrática que la
figura de Suárez fuera pintada con los trazos con que le caracterizó el
búnker? Entonces, ¿por qué aceptar que, según el manual de Vicens
Vives: “Juan Negrín formó un nuevo gobierno (…) con una fuerte
influencia comunista” (aunque el PCE tuviera las mismas dos carteras –2
de 11– que el anterior)? Anaya remata: “El Gobierno estuvo dirigido
hasta 1937 por el socialista Francisco Largo Caballero, y desde
entonces por el comunista Juan Negrín”. Sic.
Con la cesura entre Guerra Civil y franquismo, este queda exonerado de
su origen. Como si el franquismo no hubiera sido siempre el “Estado del
18 de julio”, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. Sin
embargo, según los manuales, tras una fase de aislamiento, implantó el
desarrollismo gracias a su alianza con los EEUU y al despliegue, según
Anaya, de iniciativas harto incomprensibles: “La democracia orgánica
se impuso a partir de 1942 (…) Restablecía organismos propios de una
democracia, pero sin un funcionamiento democrático” (¿?). Más
claramente, el libro de Mc Graw Hill fija los hitos que hicieron
eclosionar la democracia desde el seno del propio sistema: “El
crecimiento económico sirvió para legitimar y reforzar al régimen, que
poco a poco fue iniciando una reforma política, aunque muy tibia: La
Ley Orgánica del Estado (1967) parecía suavizar la dictadura; la Ley de
Prensa (1966) posibilitó el inicio de cierta libertad de expresión;
desde 1965 la huelga dejó de estar tipificada como delito (…) La
culminación de este aperturismo fue el nombramiento de Don Juan Carlos,
en 1969, como sucesor de Franco a título de Rey”. Colorín, colorado.
Episodios fundamentales de la memoria democrática quedan
invisibilizados. Poco o nada leerán los estudiantes sobre exilio,
maquis, resistencia en Francia, españoles en los campos nazis, cárceles
y trabajos forzados, ejecuciones sumarísimas, depuración del
magisterio, leyes de excepción y tribunales especiales, clandestinidad,
persecución de otras religiones y de la objeción de conciencia, Ley de
Peligrosidad Social, censura moral e intelectual, violencia en la
Transición, temas que deberían ser de obligado conocimiento para la
correcta valoración del precio al que se consiguieron las libertades
democráticas. Los docentes deberían asumir la tarea de desvelar a los
ciudadanos de mañana la realidad de nuestro pasado reciente. Es un
imperativo no ya historiográfico, sino cívico.
Fernando Hernández Sánchez es profesor asociado de la Facultad de Formación del Profesorado de la UAM
Manipulación de la Guerra Civil y del franquismo en el 'Diccionario Biográfico Español'
Jueves, 2 de junio de 2011
El Diccionario Biográfico Español empieza a correr serio riesgo de tener que cambiar su nombre por uno más adecuado a su contenido. Cuanto más se profundiza en la obra de la Real Academia de la Historia
más razones se encuentran para confirmar su desequilibrio político.
Los términos "pronunciamiento" o "alzamiento nacional", por ejemplo, se
repiten en varias de las entradas del texto dedicadas a los altos mandos
militares franquistas que organizaron el golpe de Estado del...
El Diccionario Biográfico Español empieza a correr serio riesgo de tener que cambiar su nombre por uno más adecuado a su contenido. Cuanto más se profundiza en la obra de la Real Academia de la Historia
más razones se encuentran para confirmar su desequilibrio político.
Los términos "pronunciamiento" o "alzamiento nacional", por ejemplo, se
repiten en varias de las entradas del texto dedicadas a los altos mandos
militares franquistas que organizaron el golpe de Estado del 18 de
julio de 1936.
Eufemismos que casi suenan razonables al
compararlos con las palabras usadas en algunas de las reseñas para
describir la Guerra Civil: "cruzada" y "guerra de liberación". Había que
liberar España, en efecto, pero no precisamente de militares golpistas:
"El 7 de noviembre de 1938 comienza la nueva misión, en ese momento
difícil por la guerra de liberación que se vivía en España, de capellán de la Prisión Provincial".
Este extracto, escrito por el historiador José Martín Brocos, está
sacado de la biografía de Joaquín Alonso Hernández, religioso fundador
de la Congregación de Misioneros de la Providencia. Brocos, profesor de
la Universidad madrileña San Pablo-CEU, se calienta incluso un poco más
en su entrada sobre Santiago Alonso Sáenz, coronel de infantería del Ejército franquista fallecido en el frente ("en gloriosa muerte"), en el año 1938: "Tras el alzamiento nacional, consciente del sentido de verdadera cruzada que adquiriría nuestra guerra".
Una
"cruzada" o "guerra de liberación" cuyo carácter sangriento queda
sepultado en el diccionario bajo una tonelada de circunloquios,
perífrasis, rodeos, olvidos y silencios escandalosos de los
historiadores. A la salvaje represión ocurrida en Almendralejo tras ser conquistada por los franquistas, por ejemplo, se la denomina "normalizar la vida ciudadana"
(Paul Preston asegura en su último libro que hubo mil ajusticiamientos
en la localidad). La descripción "normalizar la vida ciudadana" se
encuentra en la reseña de José Martín Brocos sobre el teniente general
del Ejército franquista Carlos Asensio Cabanillas.
El Diccionario Biográfico Español ha recibido 5,8 millones
de euros en subvenciones estatales. En el convenio firmado entre la Real
Academia de la Historia y el Ministerio de Educación en 1999 se
especifica claramente que la obra deberá "dar una versión ecuánime" de los personajes e incluir "los elogios y críticas que pudieran haber suscitado".
Pero muchas de las entradas sobre figuras vinculadas al franquismo que
ha ido publicando este periódico los últimos días, son panegíricos sin
rigor científico alguno.
Es el caso de las mencionadas entradas
sobre Joaquín Alonso Hernández y Santiago Alonso Sáenz. La del
religioso, dado su tendencia a exagerar sus logros, podría pasar por un
ejercicio de humor involuntario. Para empezar, Brocos afirma que Alonso
creció en un "ambiente, sencillo, alegre y familiar "que le transformó en un niño "dócil, alegre, responsable y generoso".
Con
esos mimbres no es extraño que Alonso, tras pasar por el seminario con
el "corazón" lleno de "ilusión y gracia", se convirtiera en un adulto de
"profunda sensibilidad humana".
El 27 de agosto de 1939 le nombran capellán de las Franciscanas del
Zarzoso, en un ambiente rural y "edificante" que hace mella en el juicio
del historiador: "Aquí, en contacto con la naturaleza, afianza Joaquín
su confianza en la Providencia Divina, contemplando las aves del cielo y
los lirios del campo".
En 1938 llega el citado "momento difícil"
(por la "guerra de liberación que se vivía en España"), en el que
Alonso comienza su nueva misión: capellán de la Prisión Provincial de
Salamanca, cárcel en la que, según la Asociación Salamanca Memoria y
Justicia, fueron fusilados más de un centenar de presos durante la guerra (al margen de los que murieron por otras causas).
Pero
no esperen encontrar estas cifras en la entrada sobre el religioso
español. Brocos prefiere narrar la presunta fascinación que los presos
sentían hacia el sacerdote: "Logra con su oración y su ayuda la
recuperación de muchos presos a una vida social y cristiana. Les atiende
religiosa, moral y humanamente (...). Fue una gran amigo de los hombres
caídos que siempre tuvieron en él una mano protectora y una luz para la
esperanza".
Tras citar la muerte de
Alonso en un accidente de tráfico en 1966, Brocos pierde definitivamente
el norte de la objetividad: "Su personalidad humana era enorme:
energía, sencillez, naturalidad, cariño, cumplidor de su deber, puntual,
gran seguridad en sí mismo, intuitivo, observador, práctico, exigente
consigo mismo y con los demás, cercano, afable, con afán de superación,
clara inteligencia, rectitud y responsabilidad son algunos de los [sus] rasgos".
En
ese estilo apologético se sitúa también la reseña del coronel Santiago
Alonso, del que el historiador asegura que intervino "siempre brillante y
heroicamente" en "más de cien hechos de armas".
Entre las muchas
hazañas bélicas de Alonso glosadas por Brocos hay una especialmente
disparatada cuya descripción deja, por los motivos más diversos, sin
respiración. "El 10 de mayo de 1937, fuerzas internacionales con un ataque violento
y por sorpresa logran poner pie en las líneas propias en la posición
denominada El Picarón y avanzan sobre Casas de San Galindo
[Guadalajara]. El comandante Santiago Alonso, al frente de su unidad, y
al grito de ¡Viva Cristo Rey!', contraataca e influye notablemente para
cambiar rápidamente el curso del combate, expulsar al Ejército rojo de
las posiciones en que había puesto pie, restablecer íntegramente la
línea, recuperar el material perdido y apoderarse del material de una
Compañía de Ametralladoras, más de doscientos fusiles, quedando en el
terreno más de un centenar de cadáveres enemigos".
En efecto, el
historiador transita por un camino que le acerca más a cierto tipo de
novela española de los años cuarenta que a un estudio histórico riguroso
subvencionado con dinero público.
Polémica en torno al 'Diccionario Biográfico Español'
Jueves, 2 de junio de 2011
Personalidades del mundo de la cultura alzan su voz contra la Real Academia y el 'Diccionario Biográfico Español'
Adjetivos como "indignante", "lamentable", "vergonzoso" o "intolerable"
fueron algunos de los dardos lanzados ayer por destacadas personalidades
del mundo de la cultura contra el Diccionario Biográfico Español y,
por ende, contra la Real Academia de la Historia, institución
responsable de su edición. El común denominador de todas las denuncias:
el enfado...
Personalidades del mundo de la cultura alzan su voz contra la Real Academia y el 'Diccionario Biográfico Español'
Adjetivos como "indignante", "lamentable", "vergonzoso" o "intolerable"
fueron algunos de los dardos lanzados ayer por destacadas personalidades
del mundo de la cultura contra el Diccionario Biográfico Español y,
por ende, contra la Real Academia de la Historia, institución
responsable de su edición. El común denominador de todas las denuncias:
el enfado ante un falseamiento de la historia, ejemplificado en la biografía de Franco escrita por el historiador Luis Suárez, donde se evita llamar a Franco dictador. El País, 2 de junio de 2011
El tratamiento de la Real Academia de la Historia al dictador,
tildado de "autoritario pero no totalitario", suscita la reacción
encendida de prestigiosos historiadores.
Negrín estuvo al frente de un gobierno "prácticamente dictatorial",
mientras que Franco no fue un dictador. Algunas definiciones incluidas
en el flamante Diccionario Biográfico Español coordinado por la Real Academia de la Historia -y difundidas ayer por el diario Público- tienen más opinión que rigor y ya han provocado un aluvión de airadas reacciones.
Prestigiosos historiadores extrañamente ausentes de la titánica obra
de 50 volúmenes, como Paul Preston, Santos Juliá, Ángel Viñas o Julián
Casanova, creen que los biógrafos de algunos personajes del siglo XX dan
una visión sesgada de acontecimientos que siguen supurando en la
memoria de la sociedad española pero sobre los que hay consenso
científico. Franco, que ocupa cinco páginas de la obra, siempre es
citado como "Generalísimo o Jefe de Estado". Se destaca su valor militar
y se omite su perfil represor en una obra que ha recibido 6,4 millones
de euros de subvenciones del Gobierno desde 1999.
"La visión de
Franco expuesta por Luis Suárez es tan oficialmente franquista que me
sorprende, me habría esperado algo más objetivo hoy en día", comentó
ayer desde Londres a este diario Paul Preston, autor de un celebrado
ensayo sobre el dictador. Preston, que pertenece a la London School of
Economics, lleva toda su vida buceando en la Segunda República, la
Guerra Civil y la dictadura. Su último libro, El holocausto español (Debate), disecciona con detalle los aspectos de la represión.
"A
mí no me extraña que no me inviten porque soy extranjero pero Stanley
G. Payne es más extranjero que yo", ironiza Preston. Payne, que en los
últimos años se ha escorado hacia las tesis de seudohistoriadores bien
amables con el franquismo y su legado, como Pío Moa o César Vidal, firma
la reseña de La Pasionaria. "Las cosas que yo hago no son del agrado de
la Academia, pero independientemente de eso podrían haberle encargado
la reseña a otros historiadores, como Enrique Moradiellos, por ejemplo",
plantea Preston. "No me parece objetiva la de Suárez, habría buscado a
alguien más crítico", añade. En la entrada de Franco se puede
leer: "Montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las
fuerzas políticas que le apoyaban quedaron unificadas en un Movimiento y
sometidas al Estado". Luis Suárez, el autor, es un experto en Historia
Medieval que tuvo acceso a los fondos de la Fundación Francisco Franco
casi en exclusiva hasta que fueron digitalizados con subvención pública.
Con
Santos Juliá, otro respetado historiador, ocurrió algo distinto. Un día
le llamaron de la Real Academia de la Historia. Le invitaban a realizar
una reseña para el proyecto, el gran quién es quién de la historia
española desde el siglo III antes de Cristo hasta la actualidad. ¿Una
biografía de Azaña, Prieto o algún otro de los personajes de la Segunda
República sobre los que más ha indagado? No. Ayer, Juliá comentaba: "No
recuerdo el nombre, pero no era nadie sobre quien hubiera investigado.
Era un personaje muy secundario que no tenía interés para mí. Tuve la
impresión de que era como la calderilla de la obra que nadie había
querido hacer". Juliá está considerado el principal biógrafo de Azaña,
pero la RAH prefirió que la entrada del presidente de la Segunda
República la redactase el historiador Carlos Seco Serrano y desestimó la
opción de Juliá. "Si Payne hace La Pasionaria, Seco escribe de Azaña y
Luis Suárez de Franco, el sesgo de todo esto está muy claro", indicó el
autor de Vida y tiempo de Manuel Azaña (Taurus).
El
historiador Ángel Viñas, que tampoco participa en el proyecto, fue más
contundente: "Lo de menos es estar o no estar. Eso me da igual, lo que
no me da igual son las distorsiones. Ningún historiador puede decir del
pasado lo que le salga de las narices". Viñas, que acaba de publicar La conspiración del general Franco (Crítica), acusa directamente a Suárez de ser capaz de "tergiversar, manipular o mentir". El historiador recuerda que en el Diccionario Biográfico de Oxford,
con el que se compara la Real Academia de la Historia española, está
escrito "por reputados historiadores, ya sean de derechas, de centro o
de izquierdas, porque claro que tienen ideología. El que dice que no la
tiene es un mendrugo".
El Gobierno crea una comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos
Martes, 31 de mayo de 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de una comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos. Esta comisión deberá elaborar un informe en los próximos cinco meses
sobre posibles actuaciones a desarrollar, incidiendo siempre en que el
Valle "se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y en
él se prohíben actos de naturaleza política o
exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo",
explica el Ministerio de la...
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de una comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos. Esta comisión deberá elaborar un informe en los próximos cinco meses
sobre posibles actuaciones a desarrollar, incidiendo siempre en que el
Valle "se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y en
él se prohíben actos de naturaleza política o
exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo",
explica el Ministerio de la Presidencia en una nota de prensa citando la
Ley de Memoria Histórica.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba,
ha defendido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que esta
comisión pretende "buscar entre todos proyectos futuros para el Valle de
los Caídos, respetando como la ley indica el cáracter religioso que este espacio tiene".
Rubalcaba también ha anunciado que la comisión se conformará el próximo
lunes 30 de mayo y será presentada por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui- del que depende la comisión-.
El acuerdo firmado este viernes apunta que una primera línea de actuación "debe establecerse desde un principio de dignificación de las víctimas" y de la posterior represión. Sobre futuras exhumaciones de los restos enterrados en el Valle, indica que un equipo de peritos evaluará las demandas particulares pero que esta cuestión en concreto debe ser abordada "en el contexto global de las actuaciones".
Reconoce además que el Valle de los Caídos es todavía "un lugar controvertido en
la conciencia colectiva de los españoles" y pretende, poniendo en
marcha esta nueva comisión, que se le pueda dar "un significado más
inclusivo". Una oportunidad abierta por la Ley de Memoria Histórica,
apunta la nota.
El funcionamiento de esta comisión no supondrá incremento de gasto público,
según fuentes gubernamentales. Estará compuesta por dos presidentes
-Virgilio Zapatero Gómez, catedrático; y Pedro José González-Trevijano
Sánchez, rector de la Rey Juan Carlos-, un secretario y diez vocales.
Entre los perfiles de los vocales, se encuentran varios catedráticos, un arzobispo, un monje e historiador, un antropólogo y un profesor -ambos del CSIC y dos consejeros del Consejo de Estado, entre otros.
Nuevo libro sobre el penal de Valdenoceda (Burgos)
Viernes, 27 de mayo de 2011
El 11 de mayo de 2011 se presentó el libro El penal de Valdenoceda, de Fernando Cardero Azofra y Fernando Cardero Elso (Ediciones Cálamo, Palencia).
El 11 de mayo de 2011 se presentó el libro El penal de Valdenoceda, de Fernando Cardero Azofra y Fernando Cardero Elso (Ediciones Cálamo, Palencia).
El libro es fruto del trabajo de investigación realizado en la Prisión de Burgos (lugar dónde está el archivo histórico del penal) y de los testimonios presentados por presos republicanos y familiares de los mismos.
Se estructura en 53 capítulos y es un relato narrado por un recluso, cuya identidad se refleja en el último capítulo del libro. En él se narran numerosos hechos que sucedieron en Valdenoceda: desde la creación e inauguración del penal, directores y funcionarios del mismo, organizaciones políticas de los presos, trabajos que se hacían en él, la historia real de los prisioneros, castigos, fugas, muertes hasta sus recuerdos, sus familias y sus profesiones.
Todos sus personajes son reales, “hablamos -dicen los autores- de más de doscientos presos de diferentes lugares de España que estuvieron en el penal. De muchos de ellos contamos su historia, sus detenciones, sus juicios, sus condenas y su paso por el Penal”.
Todo ello va acompañado de un CD incorporado en el libro, “donde hemos incluido numerosa información y documentación de presidiarios (certificados de sentencias, sentencias íntegras, fotografías y dibujos...), para que sus familiares puedan tener conocimiento de todo lo que sucedió en aquellos infructuosos años”, según Cardero.
El libro es de interés para Salamanca, porque por Valdenoceda pasaron numerosos presos salmantinos.
Memoria y Justicia pide subvenciones para exhumar otros tres enterramientos
Lunes, 9 de mayo de 2011
La web sobre memoria histórica (www.memoriahistorica.gob.es) que el Gobierno abrió el pasado jueves contabiliza ocho fosas en Salamanca. Una de ellas, la de Castillejo de Martín Viejo, se encuentra en estado de exhumación parcial o total. Los asesinados que estaban enterrados en el resto (una fosa en Aldeadávila de la Rivera; dos en Salamanca; una en Guijuelo; una en Fuenterroble de Salvatierra; otra en Béjar y una...
La web sobre memoria histórica (www.memoriahistorica.gob.es) que el Gobierno abrió el pasado jueves contabiliza ocho fosas en Salamanca. Una de ellas, la de Castillejo de Martín Viejo, se encuentra en estado de exhumación parcial o total. Los asesinados que estaban enterrados en el resto (una fosa en Aldeadávila de la Rivera; dos en Salamanca; una en Guijuelo; una en Fuenterroble de Salvatierra; otra en Béjar y una última en Peñaranda) fueron trasladados en su momento al Valle de los Caídos.
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia, sin embargo, tiene conocimiento de otros enterramientos. Esa es la razón que les ha llevado a solicitar las subvenciones que otorga el Ministerio de la Presidencia: quieren avanzar en sus investigaciones. Severiano Delgado, presidente de Memoria y Justicia, explica que "tenemos muchos indicios de que puede haber un enterramiento en el encinar de la Orbada. Lo mismo nos sucede con otros dos lugares en Pedrotoro, una localidad cercana a Ciudad Rodrigo. Creemos que sacaban a los presos de la cárcel diciéndoles que los trasladaban, por ejemplo, a Valladolid, y después los mataban."
Aunque si algo ha resultado de veras revelador para esta asociación es el número de cadáveres que fueron trasladados al Valle de los Caídos. "Los restos de varios hombres fueron exhumados en 1959 y llevados al Valle de los Caídos. Eso quiere decir que los gobiernos civiles de cada provincia tenían perfecto conocimiento de dónde estaban los cuerpos."
Delgado añade que "en Ávila hay incluso documentación a este respecto. Aquí parece que ha desaparecido. Es muy extraño."
La web del Gobierno no solo incluye información sobre las fosas, aunque se haya subrayado desde que se puso en marcha, sobre todo tras conocer que el Gobierno no considera viable la exhumación de restos en el Valle de los Caídos. También hay datos sobre los vestigios franquistas que se han identificado, las subvenciones concedidas para distintas investigaciones, o la documentación.
Unos datos en los que Delgado echa de menos la colaboración "de las administraciones gobernadas por el Partido Popular, que no han hecho nada." Cita como ejemplos "Castilla y León o La Rioja; toda la información con la que cuenta el Gobierno ha sido facilitada por las asociaciones. Le pongo un ejemplo. Cuando la Universidad de Salamanca comenzó a trabajar en el solar de la calle Espejo para construir un nuevo edificio, aparecieron restos humanos. Al momento estaban allí dos arqueólogos de la Junta. Luego se vio que eran restos relacionados con el Hospital Provincial y que no tenían valor, pero allí se presentaron al momento. Cunado hemos estado trabajando en Castillejo de Martín Viejo allí no ha aparecido nadie. Nunca hemos visto a arqueólogos de la Junta ni a la Guardia Civil. ¿Cómo es esto posible?" se pregunta el presidente de la asociación salmantina. "Es algo de justicia: exhumarles y darles un enterramiento digno. No son perros, son personas", sentencia tajante.
De las ocho fosas registradas en Salamanca, la información sobre siete de ellas ha sido facilitada por Patrimonio Nacional, mientras que los datos sobre la hallada en Castillejo de Martín Viejo fue proporcionada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El Adelanto, 7 de mayo de 2011.
El Gobierno concluye que es "imposible" exhumar a los republicanos enterrados con Franco
Jueves, 5 de mayo de 2011
El Gobierno no exhumará los restos de los republicanos fusilados y
enterrados junto a su verdugo, en el Valle de los Caídos, tal y como le habían solicitado 11 familias.
"Es imposible de abordar en términos científicos", explicó este
miércoles por la tarde el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la
comisión constitucional del Congreso. Los forenses que el Ejecutivo envió al mausoleo
a examinar el estado de los restos se ven incapaces de cumplir el deseo
de esos familiares ,...
El Gobierno no exhumará los restos de los republicanos fusilados y
enterrados junto a su verdugo, en el Valle de los Caídos, tal y como le habían solicitado 11 familias.
"Es imposible de abordar en términos científicos", explicó este
miércoles por la tarde el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la
comisión constitucional del Congreso. Los forenses que el Ejecutivo envió al mausoleo
a examinar el estado de los restos se ven incapaces de cumplir el deseo
de esos familiares , tal y como adelantó EL PAÍS el pasado 14 de
octubre. Los huesos están mezclados y muy deteriorados por filtraciones
de agua y tierra. En el Valle de los Caídos yacen 33.847 personas,
21.317 de ellas con nombre y apellidos.
El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, ha convocado a las
familias afectadas este jueves por la tarde para explicarles
personalmente la decisión y mostrarles el informe final de los forenses.
Fausto Canales, hijo y sobrino de dos republicanos fusilados por
falangistas, arrojados a una fosa común y trasladados después sin
consentimiento de la familia al Valle de los Caídos insiste: "Tienen que
rescatarlos de ese lugar inenarrable. Cueste lo que cueste".
Rubalcaba
ha invitado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios a
consensuar "cuanto antes" qué hacer en el Valle de los Caídos para
convertirlo en un monumento "de reconciliación". El Gobierno tiene
previsto aprobar un real decreto para constituir una comisión de
expertos de distintas disciplinas, en la que ya trabaja el ministro de
la presidencia, Ramón Jáuregui, para que sean ellos los que decidan qué hacer en el monumento, y sobre todo, con los restos del dictador.
El
vicepresidente del Gobierno ha anunciado que a partir del jueves estará
disponible en internet el mapa de fosas del franquismo elaborado por el
Ejecutivo con los datos que le han facilitado las comunidades
autónomas. Ninguna gobernada por el PP ha proporcionado información al
respecto. En estos casos han sido las asociaciones de víctimas las que
lo han hecho. El rastro de la barbarie tiene más de 2.000 enterramientos
comunes por toda España. "Ningún ser humano debería estar enterrado en
una cuneta", ha declarado Rubalcaba en el Congreso. El Gobierno ya ha
concluido el protocolo de exhumaciones, que marca las pautas científicas
a seguir y que espera consensuar con las comunidades autónomas.
El vicepresidente ha hecho además balance del cumplimiento de la ley de memoria histórica,
a petición propia, en la comisión constitucional. Así, ha recordado que
desde la aprobación de la ley, se han concedido más de 25 millones de
euros a proyectos de reparación a las víctimas y la nacionalidad
española a 187.609 descendientes de represaliados en el exilio, la
mayoría residentes en Latinoamérica. Además, se han eliminado de calles y
edificios públicos 570 vestigios del franquismo, aunque aún quedan
algunos por el "elevado coste" que supone retirarlos. Joan Ridao, de
ERC, le afeó que en Cantabria, "su tierra natal" aún había calles "al
generalísimo Franco". Jorge Fernández Díaz, aseguró que la ley había
"dividido profundamente a los españoles". Rubalcaba le contestó que los
tres años desde su aprobación demostraban que no era así.
El Gobierno publica un mapa de fosas del franquismo
Jueves, 5 de mayo de 2011
El Gobierno acaba de publicar en Internet un mapa de fosas del franquismo.
El rastro de la barbarie incluye más de 2.000 enterramientos comunes,
de los que se han abierto 250. El PP se ha negado a facilitar datos para
elaborar este documento. En las comunidades en las que gobierna han
sido las asociaciones de memoria histórica las que los han
proporcionado. En total han sido rescatadas 5.407 víctimas, según los
datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellas, 2.840 están en una...
El Gobierno acaba de publicar en Internet un mapa de fosas del franquismo.
El rastro de la barbarie incluye más de 2.000 enterramientos comunes,
de los que se han abierto 250. El PP se ha negado a facilitar datos para
elaborar este documento. En las comunidades en las que gobierna han
sido las asociaciones de memoria histórica las que los han
proporcionado. En total han sido rescatadas 5.407 víctimas, según los
datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellas, 2.840 están en una
sola fosa, en el cementerio de San Rafael (Málaga). Entre los fusilados
hay al menos 152 mujeres, según la Asociación de Ciencias Aranzadi, que
ha realizado la mayoría de las exhumaciones. El mal estado de los restos
impidió saber el sexo de 225 víctimas.
"Ningún ser humano merece estar enterrado en una cuneta", declaró
ayer en la Comisión Constitucional del Congreso el vicepresidente
primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Ejecutivo ha concluido ya el
protocolo científico de actuación para la apertura de fosas, pero de
momento solo ha firmado convenios de actuación en dos comunidades:
Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU). La semana que viene, el Gobierno ha
convocado a representantes de todas las autonomías a una reunión en
Vitoria para que se sumen al convenio. Pero no tiene muchas esperanzas
en que asistan las gobernadas por el PP, puesto que tampoco han querido
facilitar datos sobre la localización de las fosas.
El Ejecutivo
no ha asumido la competencia sobre la apertura de fosas comunes del
franquismo, que recae en las comunidades autónomas. Estas pueden así
negarse a facilitar los permisos de exhumación, algo que no ha pasado
hasta ahora. De hecho, se han abierto muchas en comunidades gobernadas
por el PP, pero con subvenciones del Gobierno central.
A Francisco
Etxeberria, el médico forense que ha participado en la mayoría de las
exhumaciones practicadas hasta ahora, le preocupa que, al publicarse en
Internet la localización de estos enterramientos, los familiares de las
víctimas intenten abrirlas por su cuenta, sin protocolos científicos,
algo que ya ha pasado más de una vez. El Gobierno, al que ha trasladado
esta inquietud, le ha prometido intentar solventar la cuestión
dialogando con las autonomías. En el mapa que publica hoy el Gobierno se
advierte a los usuarios que únicamente están señalados los núcleos de
población donde se encuentran las fosas, pero no las coordenadas
exactas.
La mayoría de las fosas abiertas, a petición de los
familiares de las víctimas, se encuentran en Castilla y León (127). A
mucha distancia están Castilla-La Mancha (25) y Aragón (17). En Murcia,
Baleares, Ceuta y Melilla no se ha exhumado ninguna.
presidente de la Diputación Provincial de Salamanca en 1936.
Dirigente de Unión Republicana.
Conferenciante: Isabel Núñez Paz, nieta de D. Antolín, profesora de Derecho de la Universidad de Oviedo.
Día: viernes, 29 de abril de 2011
Hora: 18:00h
Lugar: Edificio...
Homenaje a Antolín Núñez Bravo,
presidente de la Diputación Provincial de Salamanca en 1936.
Dirigente de Unión Republicana.
Conferenciante: Isabel Núñez Paz, nieta de D. Antolín, profesora de Derecho de la Universidad de Oviedo.
Día: viernes, 29 de abril de 2011
Hora: 18:00h
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (calle Libreros), Aula Francisco de Vitoria.
Organizado por la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia
Carta de la ASMJ a las candidaturas municipales y autonómicas
Sábado, 9 de abril de 2011
A las
candidaturas de Salamanca
para las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011
A las
candidaturas de Salamanca
para las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) considera que
la celebración de elecciones municipales y autonómicas es un momento adecuado
para exponer a las diferentes fuerzas políticas de Salamanca una serie de propuestas,
relacionadas con los fines de nuestra asociación, que son de relevancia en al
ámbito local y provincial.
Consideramos que la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las
víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, no es ni debe ser una cuestión
partidista, sino más bien al contrario, debe ser fruto de un amplio consenso
social., debe ser un asunto de sensibilidad política y moral asumible por toda
la ciudadanía y las fuerzas políticas que la articulan, en la misma medida en
que todos aceptamos valores básicos como la tolerancia o los Derechos Humanos.
Por eso nos dirigimos a todas las candidaturas, entendiendo que, más allá de
divergencias ideológicas o programáticas, existe un consenso básico sobre esos
principios y porque la Memoria histórica no debería ser arma agresiva en el
debate político.
En consecuencia, la ASMJ es independiente de los partidos políticos y no
apoya a ninguno en concreto. Ello no obsta para que, dentro del ámbito
municipal y autonómico, solicite a los partidos políticos que asuman
iniciativas como las siguientes:
- Homenajes o actos memoriales municipales o autonómicos a cuantos
alcaldes, concejales y cargos institucionales fueron víctimas de la represión
franquista.
- Aplicación de la Ley de la Memoria
Histórica en lo relativo al callejero y símbolos franquistas. Retirada del
"monumento a la Unificación" y de todas las placas de calles que
todavía tienen el emblema falangista (por ejemplo, colonia de viviendas
sindicales frente a la estación de autobuses). Retirada del medallón de Franco
de la Plaza Mayor.
- Mantenimiento del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Salamanca en relación con el memorial de las víctimas del cementerio San Carlos
Borromeo.
- En el ámbito autonómico, establecimiento de medidas de ayuda y
colaboración con las asociaciones de Memoria histórica y con los familiares de
las víctimas, en línea semejante a lo que ya se viene haciendo en otras
Comunidades autónomas.
Ni que decir tiene que estaremos abiertos a cuantas iniciativas planteen
ustedes por su cuenta en torno a este asunto.
Reciban un cordial saludo.
La Junta Directiva de la
ASMJ
Víctimas del franquismo piden dejar de financiar la tumba de Franco
Miércoles, 6 de abril de 2011
Con la llegada de la época en la que los contribuyentes tienen que
rendir cuentas con Hacienda, las víctimas del franquismo a través de la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) piden la
revisión de ciertas obligaciones tributarias.
En concreto, denuncian el "maltrato"
que supone para este colectivo el hecho de que las víctimas "de los
delitos más graves que existen desde el punto de vista del derecho penal
internacional", aclaran, estén "obligadas por...
Con la llegada de la época en la que los contribuyentes tienen que
rendir cuentas con Hacienda, las víctimas del franquismo a través de la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) piden la
revisión de ciertas obligaciones tributarias.
En concreto, denuncian el "maltrato"
que supone para este colectivo el hecho de que las víctimas "de los
delitos más graves que existen desde el punto de vista del derecho penal
internacional", aclaran, estén "obligadas por el Estado" a pagar con
sus impuestos los gastos de mantenimiento de la tumba del dictador
Francisco Franco en el Valle de los Caídos.
La entidad que preside Emilio Silva, nieto de un civil asesinado en 1936 por motivos políticos, califica de "trato inhumano" y "degradante"
el extremo denunciado, a la vez que considera que situaciones así no
deberían permitirse "en una democracia que ha hecho grandes esfuerzos
para proteger a algunas víctimas, pero convive con la desprotección y
el maltrato de otras".
En
2002, la ARMH presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de
ley en el que pedían la conversión del mausoleo en un monumento
honorífico para las víctimas de la dictadura. La propuesta incluía una
exposición en la nave central que documentase la historia de los presos
políticos. "Trabajaron como esclavos para edificar el mausoleo con el
que el dictador quería glorificar su persona", apuntan sobre la labor
obligada de estos reclusos del franquismo.
En diciembre de 2010, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció la próxima transformación del Valle de los Caídos
en un lugar de memoria, una iniciativa esperada por la ARMH y para la
que piden "prioridad". "Esperamos una solución para los familiares a
los que el ejército franquista robó los restos de un ser querido para
trasladarlos al mausoleo", sostienen.
"Sus derechos exigen todos
los esfuerzos por parte del Estado para poner fin a su sufrimiento y
para reparar tanto daño padecido", reivindican.
La expectativa del colectivo de víctimas que inició hace diez años las primeras exhumaciones científicas es que el Gobierno haga una "interpretación democrática"
de Cuelgamuros y promueva los "valores democráticos y de quienes no
apoyaron el golpe militar y lucharon por la continuidad de la
democracia".
"Jáuregui tiene la responsabilidad de dar una solución definitiva al problema y no poner parches que generen más sufrimiento a las víctimas", concluyen.
Memoria de la matanza de Badajoz por la "columna de la muerte"
Lunes, 4 de abril de 2011
75 años después, un colectivo de artistas empapela Badajoz con
recordatorios funerarios de los 1.518 asesinados durante una matanza de
la Guerra Civil
El obispo se presentó aquella mañana en la vivienda
provisional del teniente coronel Juan Yagüe para interceder por las
vidas de los hermanos Pla. Pero el militar golpista no concedió un
milímetro.
-Señor obispo, para que usted siga viviendo como lo hace, gente como ellos debe...
75 años después, un colectivo de artistas empapela Badajoz con
recordatorios funerarios de los 1.518 asesinados durante una matanza de
la Guerra Civil
El obispo se presentó aquella mañana en la vivienda
provisional del teniente coronel Juan Yagüe para interceder por las
vidas de los hermanos Pla. Pero el militar golpista no concedió un
milímetro.
-Señor obispo, para que usted siga viviendo como lo hace, gente como ellos debe morir.
Así
que cuando al día siguiente las dos criadas llegaron a los calabozos de
Badajoz para llevarles el almuerzo, el guardia civil las mandó de
regreso y les dijo que no iban a necesitarlo. De nada sirvieron a los
hermanos las influencias burguesas, su honestidad con los vecinos o que
Yagüe, cuando entró a sangre en la ciudad, prometiera que si se
entregaban no serían represaliados. Ellos forman parte de una imprecisa
y, a veces, legendaria lista de nombres que pereció en la carnicería de
Badajoz entre el 14 y el 20 de agosto de 1936. Una matanza de la que se
cumplen 75 años y que Left Hand Rotation,
un colectivo de artistas, ha reivindicado colgando por las calles de la
ciudad las esquelas de los 1.518 muertos que el historiador Francisco
Espinosa logró documentar en su libro La columna de la muerte. La
intervención, dicen, es un homenaje a las vidas perdidas, no una
reivindicación política. Forma parte de una exposición que puede verse
en la diputación de Badajoz y que incluye pinturas de Gonzalo Sáenz de
Santamaría y poesías de Sergio Román.
El pasado jueves el centro
de la ciudad pacense amaneció empapelado con los nombres de esos 1.518
muertos, suelo numérico que, según lo que el propio Yagüe confesó al
periodista del Chicago Tribune Jay Alllen, pudo alcanzar los
4.000. Obreros, panaderos, farmacéuticos, políticos o jornaleros. Todos
sus nombres mezclados y alineados en idénticas esquelas que rogaban una
oración por su alma. La violencia de aquel episodio y el trauma que
todavía soporta una generación convirtieron la propuesta de las esquelas
en un imán de curiosos, portadas de la prensa local y comentarios. "Eso
no debe removerse" o "ahora qué más dará", "el 36 me queda muy lejos" o
"me alegra que se haga". Pocos ignoraron las muertes impresas en negro
sobre los muros.
Para otros, la herida es tan profunda que el
interés por la anécdota se diluye en la magnitud de la tragedia
personal. Como en el caso de Luis Pla, hijo y sobrino de los dos hombres
asesinados aquel 19 de agosto cuando él tenía 11 años. Hoy tiene 86, y
las esquelas de sus familiares han sido, por casualidad, las primeras
que el servicio de limpieza ha retirado. "Está bien que se recuerde la
masacre que hubo aquí y al maestro mundial de los genocidas, ese tipo
ridículo llamado Francisco Franco", pide Pla en el despacho de su casa, a
las afueras de Badajoz. A su familia le arrancaron aquellas vidas y le
confiscaron la fortuna. Cuando Yagüe continuó su cruzada por España, lo
hizo montado en un precioso Dodge que tomó prestado del taller de los hermanos que acababa de asesinar.
En
la calle del Obispo, en la de la Bomba o en la de Ramón Albarrán, por
donde dicen que bajaba un río de sangre hasta la plaza de toros,
quedaban el viernes algunas esquelas de ese episodio que sigue
incomodando en la ciudad, gobernada por el PP. Los escenarios son
importantes en el recuerdo, y el cementerio donde fusilaron e
incineraron en fosas comunes a las víctimas es crucial. El Ayuntamiento
sustituyó con dinero del Plan E su histórica tapia, cuyos agujeros de
bala recordaban el suceso. Se dijo que era por contaminación visual y
seguridad. Pero indignó a una parte de la ciudad y a un sector de
historiadores que, sin éxito, recogió firmas para impedirlo. La plaza de
toros, macabra albero de fusilamientos y de exagerada leyenda
propagandística sobre la crueldad franquista, fue derribada para
levantar un aséptico centro de convenciones. Y eso lo hizo el PSOE.
"El
tema del 14 de agosto sigue maldito en Badajoz, y se asume así por
todos, derecha e izquierda. Sigue habiendo un trauma. Se ha rechazado el
recuerdo porque estorba a todos. Fue una provocación que la izquierda
acabara con la plaza de toros. Luego, claro, el PP se permitió hacer lo
del cementerio", explica el historiador Francisco Espinosa, a quien la
iniciativa de las esquelas agrada por lo que tiene de provocación.
"Aunque yo no hubiera mezclado muertos de ambos bandos".
Tras
aquel episodio y las tremendas crónicas con las que algunos periodistas
retrataron la barbarie, unos enloquecieron y otros, como el cronista
portugués Mario Neves, juraron no volver nunca a Badajoz. "Quiero dejar
Badajoz cueste lo que cueste, prometiéndome a mismo que no volveré
nunca. Jamás se presentará un acontecimiento tan impresionante como el
que me ha traído a estas tierras ardientes de España y que ha logrado
destemplar completamente mis nervios", escribió. Como él, muchos han
preferido no volver a aquello jamás. Pero las esquelas de Left Hand
Rotation, y otras iniciativas llevadas a cabo por historiadores o
abogados como José Manuel Corbacho, devuelven a Neves y a todos a aquel
absurdo escenario 75 años después.
Las víctimas del franquismo se sienten agraviadas por Justicia
Sábado, 2 de abril de 2011
Llevan diez años peleando para que el Estado les abra las puertas de sus
laboratorios de ADN y se responsabilice de la búsqueda e identificación
de sus familiares, detenidos ilegalmente, torturados y asesinados bajo
la represión franquista. Ahora se sienten "discriminados"
tras la decisión del Gobierno de realizar pruebas gratuitas de
identificación a los familiares de los niños robados desde la dictadura
hasta los años noventa en varias clínicas repartidas por todo el...
Llevan diez años peleando para que el Estado les abra las puertas de sus
laboratorios de ADN y se responsabilice de la búsqueda e identificación
de sus familiares, detenidos ilegalmente, torturados y asesinados bajo
la represión franquista. Ahora se sienten "discriminados"
tras la decisión del Gobierno de realizar pruebas gratuitas de
identificación a los familiares de los niños robados desde la dictadura
hasta los años noventa en varias clínicas repartidas por todo el país.
"Estamos indignados con este doble rasero que no tiene que ver con las
necesidades de las familias sino con el impacto mediático que ha
generado el caso del robo de bebés", explica Emilio Silva,
presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH). Para las víctimas del franquismo, la actuación del
Ministerio de Justicia es "incomprensible" y atenta contra del artículo
14 de la Constitución Española que reza que los españoles son "iguales ante la ley".
Por ello, presentarán una queja formal la próxima semana en el
departamento que dirige Francisco Caamaño. El Ministerio declinó
comentar el malestar de esta asociación.
Silva aclara que el Gobierno "cumplió con su deber"
de ofrecer a los niños robados y sus familias los recursos de análisis
de ADN con los que cuenta el Ministerio, pero insiste en que es
"incomprensible" que este derecho se garantice en este caso y no en el
de las víctimas de la represión franquista.
"Cada día mueren
familiares de desaparecidos que llevan décadas esperando a que el Estado
cumpla sus deberes. El ministro debe ofrecer ADN para los familiares de
los bebés robados y también para los de los asesinados que se
encuentran en fosas comunes", denuncia el presidente de la ARMH.
El pasado 16 de febrero, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño,
se reunió con representantes de la Plataforma de afectados de clínicas
de toda España en la causa de niños robados y se comprometió con ellos a
nombrar a un responsable de coordinar la información y las peticiones
suministradas por las diferentes asociaciones de afectados.
En una reunión posterior con el recién nombrado coordinador, Ángel
Núñez, este aseguró a las personas afectadas por el caso de robo de
niños que el fiscal general del Estado contemplaba este asunto en su
agenda de prioridades. Además, Núñez aconsejó a las personas que
sospecharan haber sido víctimas de la trama de robo de niños que
acudieran a las administraciones de Justicia de los territorios en los
que residen.
Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto el
agravio comparativo que sufren las víctimas de la dictadura franquista.
Desde hace años, estas reclaman a los jueces su presencia en las
exhumaciones de fosas de la represión franquista tal y como contempla la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos en los que aparecen o son encontrados restos humanos con signos de violencia.
La
ARHM denuncia que la negativa de los jueces a acudir a las fosas niega
además a los familiares de los desaparecidos una de las normas
fundamentales que recoge la Constitución en su artículo 24 sobre el derecho a una tutela judicial efectiva.
Por el momento, son las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, con las subvenciones que reciben del Ministerio de la Presidencia,
las que se encargan de gestionar los trabajos de exhumación e
identificación de los restos que localizan en fosas comunes sin más
apoyo institucional que la aportación económica.
Equipos como el que dirige el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Ríos,
se encargan de estos procesos. Ríos, biólogo especializado en
osteología humana, ha identificado junto a su equipo, que fluctúa entre
los tres y los cinco miembros en función del presupuesto, más de cien
esqueletos desde 2006.
La prueba de extracción del ADN del diente de una víctima tiene un coste aproximado de unos 350 euros, "siempre y cuando no haya que repetir el proceso",
explica Ríos. Además, obtener la muestra del familiar vivo con la que
se cotejará cuesta alrededor de 150. Las asociaciones de familiares
corren ahora con estos gastos, sumados a los de las excavaciones y
exhumaciones, por eso se sienten "discriminados" frente a otros
ciudadanos. Ríos tiene claro que este es un trabajo que requiere "más
recursos" pero también una implicación activa de las instituciones.
Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la causa del franquismo
Viernes, 25 de marzo de 2011
El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Supremo ante el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el
procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión. Además de ésta también tiene abiertas otras dos causas pendientes en el alto tribunal: los cursos que impartió en Nueva York y las escuchas del caso Gürtel.
En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la
independencia de los...
El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Supremo ante el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el
procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión. Además de ésta también tiene abiertas otras dos causas pendientes en el alto tribunal: los cursos que impartió en Nueva York y las escuchas del caso Gürtel.
En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la
independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y
al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas".
El
juez, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones en
la Audiencia Nacional y actualmente es consultor de la Fiscalía en la
Corte Penal Internacional, está representado por Interights, una
organización establecida en Londres y especializada en litigios
internacionales sobre casos de derechos humanos.
Con su demanda
ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte
del Supremo del principio de independencia judicial. "La normativa
internacional en materia de independencia judicial impide el
enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de
preservar su independencia", se dice en el texto. Fuentes próximas al
magistrado explican que la suspensión provisional decretada por el alto
tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de
su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque
posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido
muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y
que su suspensión ha impedido.
La finalidad del escrito
presentado ayer en Estrasburgo es precisamente "reivindicar el derecho
del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución
judicial". La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por
el Supremo para imputar a Garzón. "La opinión de que las amnistías y la
prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho
internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un
apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".
Para los defensores de Garzón no debería calificar se arbitraria o
carente de razón la interpretación dada por el magistrado para
investigar los crímenes del franquismo sino que "está avalada por muchos
otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el
internacional".
El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones propuestas por Garzón contra cinco de los siete magistrados del alto tribunal que debe juzgarlo.
El pasado día 17, la Sala Penal del Tribunal Supremo volvió a rechazar otro recurso del juez
en el caso de los cursos, en esta ocasión contra la solicitud de
pruebas documentales y testificales, que consideró "innecesarias". El
recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el
Ministerio Fiscal.
Garzón había propuesto al instructor Manuel
Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para
que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen
los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y la
Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel
Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y
José Manuel Maza, ratificaron una vez más todas las decisiones del
instructor.
La Sala Penal partía de la premisa de que no se trata
de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la
investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias
imprescindibles".
En su última aparición pública, el pasado día 14, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante la presentación del libro La fuerza de la Razón,
una entrevista que le hizo el escritor Manuel Rivas, Garzón dijo:
"Quiero despedirme aquí, entre estas columnas que respiran cultura,
antes que en una sala de juicios".
El juez se siente condenado
aunque, al ser preguntado aquel día por esta cuestión respondió: "No
depende de mí, ni siquiera de quienes lo van a decidir en primera
instancia". Y añadió: "Injusticia es lo que ocurre ahora en Japón o en
Libia. El que se me juzgue a mí es un síntoma de que soy un ciudadano
más", dijo.
Asesor de la OEA
Por otra parte,
Garzón trabajará como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
(MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA),
confirmó hoy a Efe una fuente del organismo interamericano. La misma
fuente aseguró que Garzón comenzará su cometido "cuanto antes" y que
ahora están en curso "conversaciones" con el juez para precisar los
términos y los detalles de su nuevo cargo.
Más información:
El País, 25 de marzo de 2011
Un salmantino se une a la causa argentina contra el franquismo
Martes, 22 de marzo de 2011
La causa abierta en Argentina contra los crímenes de la
dictadura española cuenta con dos nuevos denunciantes. Los españoles
Críspulo Nieto Cicuéndez y Eugenio Gómez San Juan se han sumado a la
querella, como familiares de víctimas del franquismo, para denunciar los
delitos de lesa humanidad perpetrados contra sus allegados, tres
republicanos.
Nieto Cicuéndez presentó el caso de su padre, que
fue secretario de UGT y dirigente del Frente Popular y del PSOE en
Puebla de...
La causa abierta en Argentina contra los crímenes de la
dictadura española cuenta con dos nuevos denunciantes. Los españoles
Críspulo Nieto Cicuéndez y Eugenio Gómez San Juan se han sumado a la
querella, como familiares de víctimas del franquismo, para denunciar los
delitos de lesa humanidad perpetrados contra sus allegados, tres
republicanos.
Nieto Cicuéndez presentó el caso de su padre, que
fue secretario de UGT y dirigente del Frente Popular y del PSOE en
Puebla de Almoradiel (Toledo), antes de incorporarse al Ejército
republicano en enero de 1939. En esa fecha también su tío, Gumersindo
Cicuéndez Bustos, se unió a las filas republicanas después de haber
ejercido como alcalde del pueblo.
Ambos "fueron interrogados y torturados sin que consiguieran
que se autoinculparan de los delitos que les imputaban", de acuerdo con
la demanda presentada en Argentina. Finalmente, fueron asesinados en
1940 por el supuesto delito de rebelión militar y enterrados en una fosa
común del cementerio de Ocaña (Toledo) sin que hasta ahora se hayan
identificado sus restos.
El segundo querellante, Gómez San Juan,
denuncia que su abuelo, originario de Pitiegua (Salamanca), fue
condenado a 20 años de reclusión por "adhesión a la rebelión". En su
expediente procesal se indica que era "poco recatado en su expresión, la
cual exterioriza siempre contra los Nacionales, (...) en las últimas
elecciones hizo propaganda en favor del Frente Popular (...) y
descaradamente insultaba al Ejército Nacional llamándolo canalla".
San
Juan Marcos no llegó a cumplir toda la condena. En enero de 1938
falleció en la cárcel por una tuberculosis pulmonar, y su cadáver fue
entonces enviado al Hospital Provincial de Salamanca.
La
causa cuenta ya con seis querellantes: tres argentinos y tres
españoles. Los abogados que llevan la investigación todavía esperan que
España conteste al exhorto enviado en septiembre de 2010 por la juez
federal María Servini en el que se pide al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero que informe si se investigan los crímenes del
franquismo. En concreto, "la existencia de un plan sistemático
generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de
la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física"
entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977". Todavía se
espera una respuesta.
Julia Manzanal guarda en una cajita un mechón de pelo de su hija,
muerta en la cárcel de Amorebieta, y en la memoria, grabados a fuego,
los nombres y las caras de los responsables de algunas de las mayores
atrocidades cometidas por el Régimen, como el robo de niños. Tiene 95
años.
En las cárceles franquistas que habitó por su condición de
roja no solo vio morir a su hija después de una noche interminable
pidiendo a gritos que alguna de las monjas que dirigía el penal de...
Julia Manzanal guarda en una cajita un mechón de pelo de su hija,
muerta en la cárcel de Amorebieta, y en la memoria, grabados a fuego,
los nombres y las caras de los responsables de algunas de las mayores
atrocidades cometidas por el Régimen, como el robo de niños. Tiene 95
años.
En las cárceles franquistas que habitó por su condición de
roja no solo vio morir a su hija después de una noche interminable
pidiendo a gritos que alguna de las monjas que dirigía el penal de
Amorebieta trajera medicinas. También presenció, junto a Trinidad
Gallego, en cuyos brazos murió su hija, cómo iban desapareciendo los
hijos de las presas que luego serían entregados a familias afines al
Régimen. Gallego, detenida y violada en 1939 por su condición de
enfermera comunista, fue además, comadrona en la cárcel de Ventas. Tiene
97 años y la memoria fresca. "Pero ningún juzgado me ha escuchado"
comentaba en mayo de 2009 a este periódico. Hoy, a 9 de marzo de 2011,
siguen sin escucharla.
La batalla legal de las familias de niños
robados es sobre todo, una batalla contra el tiempo. Los testigos se
mueren. El rastro de los desaparecidos se pierde para siempre. Por eso
en enero de 2009, el abogado Fernando Magán presentó un escrito ante la
Audiencia Nacional con los nombres de Trinidad Gallego y Julia Manzanal,
entre otros, para pedir al tribunal que permitiera tomar con urgencia
testimonio a los testigos y pruebas de ADN a los familiares de niños
robados. La Sala de lo Penal de la Audiencia tardó dos años en
responder. Por fin, el pasado 20 de enero el magistrado Enrique López,
candidato propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional, escribía
en un auto: "salvando los avatares procesales" que han rodeado el
recurso, "su resolución no requiere de un profundo estudio, ni de
extensos razonamientos" y "debe ser desestimado".
Para entonces ya
había muerto Agustina Gómez, madre de Paloma, Blanca y un niño que
siempre dijo que le habían robado en 1945 en una maternidad de la calle
Serrano de Madrid. Había esperado mucho a la justicia. Murió en 2009 a
los 101 años. Sus hijas han guardado también un mechón de pelo suyo.
"Para poder hacer una prueba de ADN si aparece mi hermano", explicaba
Blanca.
Emilia Girón, hermana de uno de los guerrilleros más famosos de España, Manuel Girón, El león del Bierzo,
pereció a los 96 años sin haber logrado averiguar nada del niño que le
quitaron en un hospital de Salamanca. Marina Álvarez Gutiérrez que
buscaba a su hermana, murió con 84 años.
Otros siguen batallando
hoy contra el tiempo y la lentitud de la justicia. De hecho, es
imposible explicar este movimiento de búsquedas de hijos y hermanos
desaparecidos hace 30, 40, 50 o 60 años sin aludir al tesón en la
búsqueda, esa terquedad con la que han acudido una y otra vez a la
justicia y a la Administración pidiendo ayuda.
Por eso, tras el
nuevo revés de la Audiencia Nacional, han pedido amparo al Tribunal
Constitucional. Quieren que la voz de los testigos y las muestras
genéticas de las víctimas queden registradas antes de que mueran.
III Jornadas Memoria de Mujer: Represaliadas. Salamanca, 9 y 10 de marzo de 2011
Lunes, 7 de marzo de 2011
El Ministerio de Cultura a través del Centro Documental de la Memoria
Histórica, y la Universidad de Salamanca, a través de la Facultad de
Geografía e Historia, han organizado la tercera edición de las Jornadas
dedicadas a la Memoria de Mujer, que tendrán lugar en el Salón de Actos
de la Facultad de Geografía e Historia durante los días 9 y 10 de marzo y
que, como todos los años se enmarcan dentro de los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Mujer.
Estas...
El Ministerio de Cultura a través del Centro Documental de la Memoria
Histórica, y la Universidad de Salamanca, a través de la Facultad de
Geografía e Historia, han organizado la tercera edición de las Jornadas
dedicadas a la Memoria de Mujer, que tendrán lugar en el Salón de Actos
de la Facultad de Geografía e Historia durante los días 9 y 10 de marzo y
que, como todos los años se enmarcan dentro de los actos conmemorativos
del Día Internacional de la Mujer.
Estas Jornadas se iniciaron en el año 2009 dando un repaso a la
historia de la mujer española del Siglo XX, siguieron en el 2010
centrándose en las mujeres exiliadas, y continúan en el 2011 abordando
el tema de las mujeres represaliadas. Para ello, se ha contado con la
participación de numerosos profesionales de la historia, la docencia, el
periodismo y la investigación, cuyas Ponencias permitirán aproximarnos a
estas mujeres, conociendo la dolorosa historia de sus vidas y
rescatándola del olvido.
Este acto se enmarca dentro del programa de actividades desarrolladas
por el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, entre
cuyas funciones se encuentra la de impulsar y difundir el conocimiento
de la Guerra Civil española, el Franquismo y la Transición a la actual
democracia.
Lugar:
Facultad de Geografía e Historia. Salón de actos «Ángel Rodríguez Sánchez».
C/ Cervantes s/n. Salamanca
La ASMJ tiene indicios que apuntan a que también en Salamanca se dieron casos de niños robados y dados irregularmente en adopción. Mientras tanto, en el conjunto de España lo que se conoce hasta la fecha pone de manifiesto que el robo masivo de niños a las madres "rojas" para darlos en adopción a familias adictas al Régimen, organizado por el franquismo desde antes de que acabara la Guerra Civil, fue continuado por tramas clandestinas que actuaban según sus propios criterios.
Aquellos...
La ASMJ tiene indicios que apuntan a que también en Salamanca se dieron casos de niños robados y dados irregularmente en adopción. Mientras tanto, en el conjunto de España lo que se conoce hasta la fecha pone de manifiesto que el robo masivo de niños a las madres "rojas" para darlos en adopción a familias adictas al Régimen, organizado por el franquismo desde antes de que acabara la Guerra Civil, fue continuado por tramas clandestinas que actuaban según sus propios criterios.
Aquellos robos y adopciones ilegales formaban parte de la investigación que inició el juez Baltasar Garzón y que, como es sabido, le valió ser procesado por el Tribunal Supremo, acusado de prevaricación.
En la sección de Bibliografía, apartado Documentos, hemos preparado una selección de enlaces sobre el asunto.
Charla en la Biblioteca de la Casa de las Conchas
Viernes, 4 de marzo de 2011
Asociación de Amigos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas
Continuamos
con la programación de Sin Escenario el sábado 5 de marzo en la Casa de las Conchas.
Asociación de Amigos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas
Continuamos
con la programación de Sin Escenario el sábado 5 de marzo en la Casa de las Conchas.
A las
6 de la tarde, este sábado de carnaval tendremos un día especial con la Asociación
Pentadrama y las lecturas para niños, habrá concursos, regalos y disfraces,
invitamos a todos los padres que puedan venir con sus niños a pasar un rato
divertido.
A
las
7, después de un descanso, tendremos la tercera sesión de las jornadas
organizadas por la ASMJ, Memoria de la guerra civil en Salamanca.
Interviene Luis González Gómez, cuyo padre fue víctima de una saca en el
monte de La Orbada.
Y a las
8, después de otro pequeño descanso tendremos el De Ciudades, con Carlos Coca,
que nos hablará de Muros (Galicia), Historias de la Foto con Cristina Zelich, y
para cerrar al cantautor Paco Cifuentes.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca retira a Franco la Medalla de Oro
Lunes, 28 de febrero de 2011
El Partido Popular del ayuntamiento de Palma de Mallorca se ha abstenido en la votación del pleno que ha retirado la Medalla de Oro de
la ciudad a Francisco Franco. La medida, que ha salido adelante con los
votos a favor del PSOE y de Bloc, deja sin efecto la distinción que
honraba al dictador desde el 20 de febrero de 1946 y reconoce la labor
de los que fueron represaliados por el franquismo.
El
Ayuntamiento expresa así el reconocimiento por todas las personas que...
El Partido Popular del ayuntamiento de Palma de Mallorca se ha abstenido en la votación del pleno que ha retirado la Medalla de Oro de
la ciudad a Francisco Franco. La medida, que ha salido adelante con los
votos a favor del PSOE y de Bloc, deja sin efecto la distinción que
honraba al dictador desde el 20 de febrero de 1946 y reconoce la labor
de los que fueron represaliados por el franquismo.
El
Ayuntamiento expresa así el reconocimiento por todas las personas que
sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posterior
dictadura, pero en especial a los 66 funcionarios municipales que
fueron represaliados y destituidos de sus cargos por pertenecer o colaborar con la izquierda.
El
objetivo, según señala el escrito respaldado hoy por el pleno del
Ayuntamiento, es "reparar el dolor y el daño infligidos a los
funcionarios de este Ayuntamiento solo porque pensaban de un modo
distinto".
El portavoz de los conservadores en el consistorio, Julio Martínez, ha defendido su abstención en la votación "para permitir que salga adelante y se deje sin efecto la concesión de la medalla a Franco", pero ha remarcado que un escrito tan "identificado" con "uno de los bandos" no merece un voto a favor.
"Yo
entiendo que se presente esto ahora porque es una necesidad electoral.
Se pudo hacer hace un año, pero hace un año no había elecciones", ha
dicho Martínez, para denunciar que este acuerdo "sirva para desviar la
atención de la situación que viven los ciudadanos de Palma".
La
concejala de Cultura, Juventud y Patrimonio, Nada Ramon, ha defendido
que su "escrito sectario" se ajusta totalmente a la Historia y ha
invitado al portavoz del PP a leer los libros de texto actuales y
comprobar "cómo los términos son los mismos".
"Esto no es memoria,
es Historia", ha insistido Ramon quien ha recalcado que la única
cuestión que se ha debatido hoy es la de si se retira o no la medalla
de oro de Palma a Franco.
Ramon ha concluido su defensa del
acuerdo adoptado hoy recomendando a Martínez que, si realmente
considera "que da votos cumplir la legalidad vigente y quitarle un
reconocimiento a un dictador" que vote a
El acuerdo de hoydeclara nulos todos los acuerdos
adoptados por sus órganos de gobierno y las disposiciones dictadas para
depurar por cuestiones ideológicas contra trabajadores municipales y le
restituye todos sus derechos.
Asimismo, se compromete a adoptar
las medidas necesarias para la protección, la integridad y la
catalogación de los documentos que estipula la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007) y garantizará el derecho de acceso a los fondos documentales que custodia.
El
Ayuntamiento de Palma también se compromete a facilitar a quien lo
solicite las tareas de localización y, si cabe, la identificación de los
desaparecidos y señala explícitamente que la Empresa Funeraria
Municipal hará lo posible por garantizar este derecho.
El calvario de Baltasar Garzón, al que algunos ya
ven como la estrella caída desde el cielo de la justicia a la miseria
del delincuente, alcanzará su cenit el día que se siente en el banquillo
para ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo,
se supone que sin tener derecho para hacerlo. La carrera de Garzón
puede acabar en una retahíla de juicios de gran interés, pero el asunto...
El calvario de Baltasar Garzón, al que algunos ya
ven como la estrella caída desde el cielo de la justicia a la miseria
del delincuente, alcanzará su cenit el día que se siente en el banquillo
para ser juzgado por investigar los crímenes del franquismo,
se supone que sin tener derecho para hacerlo. La carrera de Garzón
puede acabar en una retahíla de juicios de gran interés, pero el asunto
se ha complicado entre las bambalinas de la justicia. La preocupación se
instala ahora entre los que tienen que juzgarle.
El asunto preocupa por varias razones: si no se produce un golpe de
efecto que cambie el programa, el primer proceso al que se verá sometido
Garzón –hay dos casos más que le afectan– será el de la Memoria Histórica,
es decir, el de la investigación de los centenares de miles de
desapariciones forzosas del franquismo. Esa ponzoña consiste en tener
que regresar al más oscuro pasado español en la sala de un tribunal en
la que se hablará de la magnitud de una tragedia que, según
investigaciones en curso, ya se acerca a las 300.000 personas asesinadas
o desaparecidas.
Debe tenerse en cuenta que cuando Garzón se inhibió de la causa, el
censo que manejó rozaba los 140.000 nombres, cifra que sorprendió por lo
elevada y que, entre otros elementos, fue argumento para poder hablar
de genocidio planificado, circunstancia que anularía la amnistía vigente
en España que perdona los desmanes de la dictadura. Pero el tribunal se
encontrará con una cifra que crece y, además, con nuevos datos que
ponen en la picota al régimen anterior. Con esos elementos, será
moralmente muy difícil para el tribunal sostener que la amnistía lo
cubría todo y que el juez Baltasar Garzón prevaricó al intentar buscar a
los miles de desaparecidos causados por una política diseñada por
Franco.
El juzgador juzgado. ¿Qué preocupa en el Tribunal
Supremo? Pues que el juicio a un juzgador se convierta en un proceso al
franquismo y de rebote a los jueces de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. En ese supuesto, el procesado aparecería como una víctima de la
dictadura que en cierta forma representarían los magistrados que le
juzgarán. Obviamente es un papel que no apetece representar aunque
alguno de los jueces, como el ponente, Adolfo Prego, no oculte
vinculación con la Fundación para la Defensa de la Nación Española
(Denaes) o publique en la revista del Valle de los Caídos.
Un juicio al Tribunal Supremo (Carlos Jiménez Villarejo)
Miércoles, 23 de febrero de 2011
Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que
el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la
justicia argentina acerca de "si efectivamente se está investigando la
existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de
aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de
gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el
periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de...
Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que
el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la
justicia argentina acerca de "si efectivamente se está investigando la
existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de
aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de
gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el
periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de
1977". Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez
Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del
franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente
obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel
plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y
el secuestro de niños. (...)
El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que
motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de
desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más
reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen
1.097 fosas pendientes de actuación.
Ante esta terrible realidad,
las "Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria
Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el
franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están
haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la
democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en
entender el alcance de la responsabilidad en una democracia" (Reyes
Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser
analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución
del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes
inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente
política de exterminio, así definida por ellos mismos.
En
consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional,
"la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho
internacional, ha sido clausurada".
Ello se ha traducido en una
constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los
derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un
proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más
maltratadas, más olvidadas, más "invisibilizadas".
Así lo expresa
el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones,
rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma
ofensiva "un manifiesto abuso de derecho", exigiéndoles que se
"abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo". ¡Qué
muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia
que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho
proceso!
Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo,
que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que,
como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: "¡Hay jueces en Berlín!",
en el sentido de que "debe haber un juez independiente que intervenga
para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un
individuo", en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir
al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.
Inaugurado un mausoleo de homenaje a las víctimas del franquismo en Candeleda (Ávila)
Domingo, 20 de febrero de 2011
La fosa-mausoleo realizada en el Cementerio Municipal de Candeleda
(Ávila) por el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera ha
sido inaugurada hoy con un centenar de asistentes y las protestas de
once mujeres ante la presencia de una bandera republicana en el mural que ilustra este memorial.
El acto ha tenido lugar después de que el Ayuntamiento de esta localidad abulense de 5.100 habitantes, haya instado al Foro por la Memoria a eliminar la enseña que aparece en la...
La fosa-mausoleo realizada en el Cementerio Municipal de Candeleda
(Ávila) por el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera ha
sido inaugurada hoy con un centenar de asistentes y las protestas de
once mujeres ante la presencia de una bandera republicana en el mural que ilustra este memorial.
El acto ha tenido lugar después de que el Ayuntamiento de esta localidad abulense de 5.100 habitantes, haya instado al Foro por la Memoria a eliminar la enseña que aparece en la obra 'Alegoría de la II República', por considerar que incumple con el objetivo de la Ley de la Memoria Histórica, al hacer "cierta apología política".
El alcalde candeledano, el socialista Miguel Hernández, explicó en su día que el objetivo de este memorial consiste en "dignificar a las víctimas, siempre que no sea motivo de fricción". El memorial, que incluye también un poema de Marcos Ana y una placa explicativa, pretende honrar a las víctimas de la Guerra Civil y albergar los restos de aquellas no reclamadas por sus familiares.
Después de que la Junta de Gobierno municipal el pasado 14 de diciembre instara a retirar la enseña republicana,
el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera planteó un
recurso de reposición ante el consistorio que está sin resolver.
Un centenar de personas han acudido a la inauguración del mausoleo.
Algunos portaban banderas republicanas, mientras once mujeres han
coreado gritos y han entonado parte del 'Cara al sol' y de canciones
religiosas como 'Juntos como hermanos'. Al mismo tiempo, ha comenzado el
acto de inauguración de la fosa-mausoleo, durante el cual se han leído
poemas y se han coreado vivas a la II República ante una pancarta en la
que podía leerse: "Verdad, justicia y reparación para las víctimas del
franquismo".
Entre quienes
han intervenido figuraba el presidente de la Federación Estatal de Foros
por la Memoria, José María Pedreño, quien se ha mostrado orgulloso de
un acto que a su juicio "no es una provocación", porque los asistentes "defiendan los valores republicanos".
Al
mismo tiempo, ha apuntado que la situación del mausoleo aún "vacío" es
una imagen "que lo dice todo", debido a las "dificultades para
encontrar" los restos de las personas que fueron represaliadas. El acto
ha concluido con la interpretación de La Internacional y entre los aplausos de los asistentes.
El Supremo rechaza revisar la condena a muerte de Miguel Hernández
Sábado, 19 de febrero de 2011
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha denegado la revisión de la
sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel
Hernández, pena luego conmutada por la de 30 años de reclusión. Miguel
Hernández falleció en prisión en 1942.
El Pleno de la Sala de lo Militar ha concluido la deliberación
a primera hora de esta tarde y ha denegado la autorización a la familia
del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a
la sentencia de fecha...
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha denegado la revisión de la
sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel
Hernández, pena luego conmutada por la de 30 años de reclusión. Miguel
Hernández falleció en prisión en 1942.
El Pleno de la Sala de lo Militar ha concluido la deliberación
a primera hora de esta tarde y ha denegado la autorización a la familia
del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a
la sentencia de fecha 18 de enero de 1940, dictada por el Consejo de
Guerra Permanente número 5 de Madrid contra Miguel Hernández, como autor
de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º
del Código de Justicia Militar del año 1890.
La Sala ha acordado
denegar la interposición del recurso por inexistencia de los
presupuestos del mismo, "según lo dispuesto en la ley de Memoria
Histórica", dado que dicha condena producida por motivos políticos e
ideológicos ha sido reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y
declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo
actualmente de vigencia jurídica.
El Supremo ya había rechazado
recursos similares, como sucedió con el de la familia de Salvador Puig
Antich, el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo, con el
argumento de que los consejos de guerra aplicaban el derecho vigente.
Por ello, los descendientes de Miguel Hernández no se ciñeron a la
"ilegitimidad" que declara la ley de Memoria Histórica y presentaron una carta que exculpaba a Miguel Hernández
escrita por el jefe de Falange de Valencia que no fue tenida en cuenta
en el primer proceso contra el poeta. Su estrategia no ha tenido
resultado.
El día que comenzó la Guerra Civil (Josep Fontana)
Miércoles, 16 de febrero de 2011
Precisar el momento en que quienes conspiraban contra la República
española optaron por sublevarse para derrocarla es importante para
entender mejor sus motivos. La mitología del 18 de julio, que pretendía
que la guerra se había iniciado como una respuesta a los abusos
cometidos por el Gobierno del Frente Popular, ponía el acento en el
asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, para legitimar el
levantamiento militar con este suceso.
Los orígenes de la...
Precisar el momento en que quienes conspiraban contra la República
española optaron por sublevarse para derrocarla es importante para
entender mejor sus motivos. La mitología del 18 de julio, que pretendía
que la guerra se había iniciado como una respuesta a los abusos
cometidos por el Gobierno del Frente Popular, ponía el acento en el
asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, para legitimar el
levantamiento militar con este suceso.
Los orígenes de la revuelta, sin embargo, hay que ir a buscarlos cinco
meses antes, al domingo 16 de febrero de 1936, cuando se realizaron
elecciones generales en España. La jornada electoral fue tranquila, como
reconocía ABC el lunes 17: “Ha llovido copiosamente en la madrugada del
domingo. Las calles aparecen encharcadas. Llovizna a la hora de abrirse
los colegios y esto retrae un poco a los comodones. Luego cesa de
llover, no hace mucho frío y el sol aparece a ratos. A diferencia de
otras elecciones, la gente ha cargado desde mediodía. Contribuyó a ello
que se propagaba por todo Madrid la noticia de que la tranquilidad era
absoluta. Nada de lo que amenazaban los derrotistas tuvo confirmación.
Ni huelga, ni agresiones, ni escándalos. Todo el mundo votó como quiso,
con absoluta libertad. Señálase este importante detalle en honor de los
españoles, porque lo mismo que en Madrid ocurrió en toda España”.
Algo más había ocurrido, sin embargo, que ABC no contaba. A las tres de
la madrugada de la noche del 16 al 17, cuando las primeras noticias
indicaban que podía producirse una victoria del Frente Popular, José
María Gil-Robles, jefe de la CEDA, el principal de los partidos de la
derecha, despertó al jefe del Gobierno, Manuel Portela Valladares, para
decirle que la llegada al poder de la izquierda era peligrosa y que no
había otra salida que la de que Portela siguiese al frente del Gobierno y
proclamase una dictadura, para lo cual podía contar con la total
adhesión de las derechas, “así como de cuantos elementos representaban
la estabilidad y el orden en el país”. En vista de que Portela se
mostraba indeciso, Gil-Robles se puso en contacto con el general Franco,
jefe del Estado Mayor, quien se puso de inmediato a conspirar por su
cuenta.
Los planes de Franco incluían aprovechar su posición en el ministerio
para ordenar a las regiones militares que declarasen el estado de
guerra, y adueñarse del poder con un golpe militar en la capital. Según
contó el propio Franco en un texto escrito en 1944: el lunes 17 de
febrero “convocó a aquellos generales que le habían expuesto en otras
ocasiones su disgusto y necesidad de un movimiento para evitar que el
Frente Popular se hiciese con el poder”. Contaba con los generales Goded
y Del Pozo, y “con otros dos jefes de unidades armadas de cuya
incondicionalidad (sic) no dudaba”. Pero “no tardaron estos generales en
regresar de sus gestiones con la cabeza baja”. Los jefes de la
guarnición de Madrid consideraban que la oficialidad no secundaría en
frío un movimiento contra los poderes constituidos, si la Guardia Civil y
los guardias de asalto no tomaban parte en él. Esta es la razón que
explica que Franco hiciese todavía otro intento, tratando de convencer
al general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, para que se
sumase a la sublevación.
El martes 18 de febrero Pozas acudió a ver a Portela para denunciarle
“que los generales Franco y Goded están dando instrucciones desde el
Ministerio de la Guerra para que los militares declaren el estado de
guerra y se apoderen del Gobierno”. Portela se mostró indignado, pero no
hizo nada. Lo único que deseaba en aquellos momentos era abandonar el
poder cuanto antes, de modo que decidió dimitir de inmediato, sin
aguardar siquiera a que concluyera el escrutinio de los votos. Muchos
gobernadores civiles hicieron lo mismo y las provincias quedaron sin
autoridades, con la gente echándose a la calle.
Ante semejante vacío de poder los vencedores se vieron obligados a
hacerse cargo del Gobierno de inmediato, de modo que el jueves 20 de
febrero se celebró el primer consejo de ministros, en una difícil
situación que Azaña describía con estas palabras: “Continúan los
alborotos en algunos puntos de Andalucía y Levante. En Valencia hay un
lío tremendo por la sublevación de los presos de San Miguel de los
Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los presos comunes y
los políticos, que han caído como en rehenes de aquellos. En Alicante
han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las
gentes va a desfogarse en iglesias y conventos y resulta que el Gobierno
republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es
deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos”.
En estas condiciones comenzó a gobernar el Frente Popular, mientras
los militares que habían tratado de impedir que llegase al poder seguían
preparándose para derribarlo cuanto antes. Lo que está claro es que el
17 de febrero de 1936, cuando Franco realizó su primer intento de
sublevación militar, no había ocurrido todavía nada que lo justificase.
La Guerra Civil española no se hizo ni contra los “desmanes del Frente
Popular”, ni contra la inexistente “amenaza” del comunismo, sino contra
el programa de reformas de unos republicanos moderados que no amenazaban
más que los privilegios injustos de unas clases dominantes que
obstaculizaban el progreso del país.
Jornadas sobre la memoria histórica de la Guerra Civil en Salamanca
Miércoles, 16 de febrero de 2011
Organizadas por la Asociación de Amigos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas.
Todas las charlas son en sábado, a las 19:00h, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, Salamanca.
19 de febrero. Presentación de la Asociación Salamanca por la Memoria y la...
Organizadas por la Asociación de Amigos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas.
Todas las charlas son en sábado, a las 19:00h, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, Salamanca.
19 de febrero. Presentación de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, a cargo de Severiano Delgado.
26 de febrero. La detención / desaparición de Eduardo Aparicio Fernández, de Ciudad Rodrigo, en diciembre de 1936. A cargo de su hijo, Juan José Aparicio Cascón.
5 de marzo. El 9 de agosto de 1936 en el Pedroso de la Armuña. A cargo de Luis González Gómez.
12 de marzo. Proyección del documental El Tiro de la Plaza, elaborado por el Foro por la Memoria de Salamanca.
Información sobre el documental "El Tiro de la Plaza" en Radio Oasis
Lunes, 7 de febrero de 2011
Esta semana en la Agenda Social de El Glíglico entrevistamos a Javier
Laso, director de EL TIRO DE LA PLAZA, documental imprescindible para
entender la represión franquista en Salamanca.
En España, durante la transición, y en la larga década posterior de
Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y
moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se
exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba
la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las
víctimas y encontrar sus restos.
Por eso, no resulta sorprendente
que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres...
En España, durante la transición, y en la larga década posterior de
Gobiernos socialistas, no hubo políticas de reparación, jurídica y
moral, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se
exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba
la Ley de Amnistía, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las
víctimas y encontrar sus restos.
Por eso, no resulta sorprendente
que cuando comenzó a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres
décadas después de la muerte de Franco, la necesidad de políticas
públicas de memoria, como se había hecho en otros países, apareciera un
enérgico rechazo de quienes más incómodos se encontraban con el recuerdo
de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la
discordia y se ponían en peligro la convivencia y la reconciliación.
Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el
poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de
él.
Para muchos españoles, el rechazo de la dictadura y de las
violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la
construcción de su cultura política democrática. Y por eso tenemos
tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las
experiencias traumáticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno
debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que
es más importante para el futuro, sin claras políticas educativas y
culturales sobre los derechos humanos.
Isabel Coixet estrena un explosivo documental-entrevista en el que el juez se confiesa.
Baltasar Garzón mira al escritor Manuel Rivas,...
Isabel Coixet estrena un explosivo documental-entrevista en el que el juez se confiesa.
Baltasar Garzón mira al escritor Manuel Rivas, interlocutor en la charla, y en un momento de debilidad emocional suelta una palabrota: "¿Dónde coño hay un pago del Banco de Santander a mí?
[...] Por Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Porque me llamo Garzón?". Es
un instante de furia, de dolor, parecido al que se ve en pantalla cuando
habla de su familia, de las tensiones sufridas por sus hijos -a los que
dedicó y dirigió un revelador libro, Un mundo sin miedo-, y que
las tres cámaras usadas por Isabel Coixet graban sin descanso. Es 18 de
diciembre de 2010, en un frío apartamento madrileño prestado para la
ocasión, y el silencio que sigue solo lo rompe la respiración indignada
del juez de la Audiencia Nacional,suspendido cautelarmente a la espera de un juicio que nunca llega.
La cineasta catalana, en un texto escrito para presentar su
documental, asegura que ya en julio contactó con Baltasar Garzón, a
quien no conocía, "para filmar un documento en el que él hablara de la
situación por la que estaba atravesando". Le respondió sin darle muchas
esperanzas. Garzón se instaló en La Haya,
para trabajar de asesor del Tribunal Penal Internacional. "A cada nueva
noticia alrededor del juez, crecía mi perplejidad y aumentaba mi
estupor", escribe Coixet.
Finalmente, concertaron una cita, y la
cineasta le pidió al escritor Manuel Rivas que fuera él quien
interrogara al juez, mientras ella controlaba desde detrás de las
cámaras la grabación. Durante seis horas, el pasado 18 de diciembre
Rivas y Garzón se sentaron cara a cara, pasaron frío juntos y repasaron
la carrera de una de las personalidades más importantes de la sociedad
actual española. El resultado final es Escuchando al juez Garzón,
84 minutos de un documento revelador que se proyectará en el próximo
festival de cine de Berlín el lunes 14, en la sección Eventos
Especiales, y que posteriormente podrá verse en Internet en la web de cine indie filmin.es.
En un blanco y negro excepcional, que de puro gélido salta a la gama de
los azules, Baltasar Garzón recuerda sus primeros pasos como juez -el
próximo domingo 13 se cumplirán 30 años del inicio de su carrera
judicial-, los recuerdos de amigos ya fallecidos, como el juez Giovanni
Falcone, a cuyo entierro asiste el español en mayo de 1993, y que le
dejan marcado, o su paso por la política y su análisis de los GAL.
También hay tiempo para que describa con todo lujo de detalles los días previos y posteriores a la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet,
y cómo la embajada británica en España apoyó sus pasos. Y en la media
hora final llegan los temas actuales, los tres sumarios a los que se
enfrenta Garzón. Como describe Coixet: "En medio de todo esto, un juez
que, a mi modo de ver, no ha hecho más que hacer su trabajo. Con rigor,
con pasión y con entusiasmo. Algo de lo que no andamos precisamente
sobrados". El hombre detrás de la figura judicial se enfada, cuenta cómo
alguien quemó los coches del ahora marido de su hija y de un escolta,
los miedos que ha superado junto a su familia, los asaltos a su hogar y
el mancillamiento de su nombre. Es Garzón, sí, pero como nunca le hemos
visto. "Al acabar el montaje, se lo mostramos y Garzón dio su aprobación
inmediatamente, sin tocar un fotograma", recuerda Coixet. "Luego, dijo
tímidamente: '¿No se me ve muy crecido?'. No dudé en contestar:
'Baltasar, si con todo lo que estás pasando, no se te viera crecido,
¡empezaría a preocuparme!". Garzón sigue a la espera de fechas para su
juicio.
Reportaje completo en: El País, 6 de febrero de 2011
Identificación de los restos de José Prieto Martín, de Robleda
Lunes, 7 de febrero de 2011
La Consejería de Sanidad de Extremadura se hará cargo de las pruebas de ADN para confirmar la identidad de José Prieto Martín, asesinado en septiembre de 1936 en Villasbuenas de Gata.
La similitud de los restos de dos hombres hallados en dos fosas
contiguas hace necesario realizar estas pruebas genéticas. Se trata de
saber con seguridad quién es quién, pues ambos tenían una edad y
complexión similares y según indicios, los dos eran vecinos de la
localidad salmantina de...
La Consejería de Sanidad de Extremadura se hará cargo de las pruebas de ADN para confirmar la identidad de José Prieto Martín, asesinado en septiembre de 1936 en Villasbuenas de Gata.
La similitud de los restos de dos hombres hallados en dos fosas
contiguas hace necesario realizar estas pruebas genéticas. Se trata de
saber con seguridad quién es quién, pues ambos tenían una edad y
complexión similares y según indicios, los dos eran vecinos de la
localidad salmantina de Robleda.
En breve la familia recibirá los kits para recoger muestras de dos de
los hijos varones del fallecido, ya que se trata de los descendientes
más cercanos (Julio, que vive en Francia y Juan, en Granada).
En el laboratorio correspondiente, estas muestras serán comparadas
con las de los dos hombres hallados en Villasbuenas de Gata y se
confirmará en unas semanas, con toda seguridad, que uno de ellos es
José. Tras esto, no pasará mucho tiempo hasta que se entreguen a la
familia los restos mortales, custodiados en Extremadura desde hace más
de un año. En ese momento se tendrá que decidir qué hacer,
previsiblemente se depositarán junto a su viuda, Esperanza, en el
Cementerio Municipal de Robleda, donde también descansa desde 2002 el
hijo mayor de ambos, llamado José como su padre. Será el momento en el
que por fin se cierre este capítulo de la historia de la familia Prieto,
pues será en este cementerio donde podrá descansar dignamente y no en
una cuneta como hasta ahora. Habrá un sitio donde esté su nombre y al
que se podrán llevar flores y se le recordará.
Hasta hoy, su nombre aparece en un monolito erigido en 2007, como homenaje a las víctimas del terror franquista de la localidad de Robleda,
junto a muchos otros “robleanos” que fueron asesinados en el verano del
36. Este monolito, iniciativa de Documentación y Estudio de El Rebollar.
Asociación Cultural, con la colaboración de la Asociación Memoria y
Justicia de Salamanca y el Ministerio de la Presidencia, se colocó a la
entrada del pueblo. Con motivo de la colocación de una placa con los
nombres de los asesinados y desaparecidos,
en el año 2009, se pudieron escuchar los testimonios de los
descendientes de los asesinados, algunos presentes en esos terribles
acontecimientos cuando sólo eran unos niños; Luis Mariano Martín,
Alcalde de Villasbuenas de Gata, emocionado, quiso decir unas palabras
sobre la búsqueda que la familia Prieto había realizado en su localidad y
la necesidad de recordar para no cometer más estos crímenes entre
iguales.
Han pasado tres años desde que se comenzó la búsqueda de José y en
este tiempo son muchas las personas que han ayudado a recordar. Ahora
sabemos el porqué, el cómo, el cuándo y el tan importante dónde.
Desde que a Esperanza le entregaran el reloj de su marido y le
dijeran que estaba en Villasbuenas de Gata, pocas han sido las
informaciones sobre este caso. Pero el paso de los años ayudó a muchos a
hablar sin miedo a represalias y gracias a eso hoy se puede decir que
se está ya cerca del final de esta historia.
Los documentos revisados en el Ayuntamiento de Robleda y otros muchos
archivos –sobre todo por Ángel Iglesias y Françoise Giraud, amigos de
la familia- han ayudado a conocer las causas o excusas del crimen.
Tras la desaparición del malogrado Fermín Mateos Carballo,
-ajusticiado en el monte como si de un trofeo de caza se tratase y
llevado a lomos de un burro hasta las puerta de la iglesia de La
Asunción- donde los matones limpiaron la sangre de sus manos en agua
bendita, orgullosos de haber acabado con el alcalde republicano- , el
primer alcalde de la dictadura, Eugenio Pedraza, declara en el juicio
militar a Julio del Corral, jefe de Falange de Robleda.
Este Alcalde justifica la brutalidad del jefe de Falange en esos días
de horror, hecho por el que se le estaba juzgando, y ser uno de los que
llevaron a que muriera José habiéndose dado ya la orden de no “pasear” a
más gente tras el verano de terror del treinta y seis.
En este documento consta que José Prieto Martín era Un Paladín del Frente Popular
y habla de los rumores de que habría desarrollado un plan para volar
con dinamita el puente de Vadocarros, una vía que, una vez cortada,
habría impedido la entrada de los falangistas desde Ciudad Rodrigo y
preservado el pueblo.
Pero no fue en Robleda donde lo mataron; como en muchos casos,
los falangistas de un pueblo se “encargaban” de los asuntos de los de
otro. A José lo mataron a Villasbuenas de Gata, porque allí tenía
negocios y competidores. Ahora se sabe que uno de sus socios de esta
localidad de la sierra de Gata fue uno de los implicados en su muerte ,
de un tiro en la cabeza. Este hombre debía dinero a José, y posiblemente
quería zanjar este asunto y beneficiarse económicamente de su
desaparición. Este hecho lo corrobora el que el segundo marido de
Esperanza, Estanislao Sousa, fuera en alguna ocasión hasta el pueblo
cacereño para cobrar las deudas que aún tenía este hombre con la viuda.
En cuanto al camión que tenía y por el cual era apodado “el Camioneto”,
fue expropiado y nunca más volvió a la familia, que sólo conserva un
documento en el que se le comunica que no se les devolvería aunque
podían acudir a subasta pública para adquirir otro similar.
Es bien sabido las dificultades que a los rojos ponía esta dictadura,
recordemos la depuración de los funcionarios o maestros, el desprecio
de la sociedad, la cárcel y los trabajos forzosos de los republicanos.
Es difícil resarcir de tanta ignominia a los millares de víctimas, directas e indirectas; encontrar los restos y llevarlos a un lugar digno es lo mínimo que se puede hacer por ellos.
Víctimas del franquismo piden que el juicio a Garzón sea público
Miércoles, 2 de febrero de 2011
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha
solicitado "publicidad" y "transparencia" en el inminente juicio que se
seguirá contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes del franquismo. El magistrado, suspendido en funciones desde mayo del año pasado, fue acusado de prevaricación por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, denuncia a la que se unió posteriormente Falange Española.
El Supremo aún no ha fijado la...
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha
solicitado "publicidad" y "transparencia" en el inminente juicio que se
seguirá contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes del franquismo. El magistrado, suspendido en funciones desde mayo del año pasado, fue acusado de prevaricación por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, denuncia a la que se unió posteriormente Falange Española.
El Supremo aún no ha fijado la fecha del juicio en el que declararán como testigos algunos de los familiares
y asociaciones de víctimas que presentaron la denuncia ante Garzón
para que investigara estos delitos. Aún así, la ARMH ha solicitado en un escrito dirigido a Carlos Dívar, presidente del Supremo, la retransmisión del juicio "para conocer" las intenciones del Alto Tribunal, según ha explicado Emilio Silva, el presidente de la asociación que lleva diez años localizando, exhumando e identificando víctimas del franquismo.
El colectivo que preside Silva tiene la intención de emitir el juicio a través de su web u "otros soportes", y se ampara en que "es un derecho de la opinión pública acceder a las sesiones". Argumenta que la transparencia de los procesos "es un deber por parte de los poderes del Estado" y que, en el caso del juicio a Garzón, habrá un amplio interés público "nacional e internacional".
En
la misiva, registrada el pasado 27 de enero y de la que Silva espera
contestación, la ARMH añade: "Somos un colectivo compuesto en su mayoría
por familiares de afectados por las violaciones de derechos humanos de
la dictadura franquista y tenemos una implicación directa en este juicio".
Como
antecedente jurídico, recuerdan que, en 2005, el Tribunal Supremo falló
a favor de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y de
la Asociación de Fotoperiodistas y Reporteros de la Comunidad de Madrid
en un recurso interpuesto por esos colectivos para dar mayor cobertura a
los procesos judiciales.
La sentencia 159/2005
establece que el régimen general que prohíbe —con algunas reservas— el
acceso de cámaras a los procedimientos judiciales, es incompatible con
las normas que regulan el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de información.
El Tribunal Supremo paralizó el pasado 14 de enero la causa abierta contra Garzón hasta que se resuelvan las recusaciones que presentó el magistrado contra cinco de los siete jueces del Alto Tribunal que se encargarán de juzgarle, un paso que ha contado con el respaldo de la Fiscalía.
Además
del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra
imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar
intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander, a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.
Exposición de fotografías de Robert Capa y Gerda Taro en Salamanca
Jueves, 27 de enero de 2011
Hasta el 3 de abril se expondrán imágenes del fotoperiodista
del siglo XX, reconocido mundialmente por cómo plasmó la Guerra Civil
Española, destacando 'Soldado caído'
El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca
ha presentado en la Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca la
muestra '¡Esto es la guerra! Robert Capa en acción', que recoge
fotografías de guerra de este...
Hasta el 3 de abril se expondrán imágenes del fotoperiodista
del siglo XX, reconocido mundialmente por cómo plasmó la Guerra Civil
Española, destacando 'Soldado caído'
El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca
ha presentado en la Sala de Exposiciones de la Hospedería Fonseca la
muestra '¡Esto es la guerra! Robert Capa en acción', que recoge
fotografías de guerra de este reconocido fotoperiodista del siglo XX y
de la también fotógrafa de guerra Gerda Taro. La vicerrectora de
Estudiantes e Inserción Profesional, Cristina Pita, el director del
Servicio de Actividades Culturales, Manuel Heras, y la comisaria de la
exposición, Cynthia Young, ha ofrecido los detalles de una muestra que
permanecerá abierta hasta el próximo 3 de abril.
Robert Capa es sin duda uno de los fotógrafos más
reconocidos del siglo pasado. Muchas de sus célebres fotografías han
llegado a definir importantes guerras históricas, como el 'Soldado
caído' de la Guerra Civil Española, el momento en que un hombre recibe
un disparo en la cabeza. También estuvo en el desembarco de Normandia
durante la Segunda Guerra Mundial. "Pero lo que convirtió sus imágenes
en verdaderos iconos fue su amplia difusión en las revistas gráficas
internacionales", destacaron los organizadores de la muestra. Así, fue
portada en 'Vu, 'Regards', 'Match', 'Picture Post' y 'Life'.
El coste humano está muy presente en las fotografías
de Capa. Sus imágenes de guerra se centran no sólo en los soldados y en
la batalla, sino también en los civiles, refugiados que huyen de las
zonas de destrucción, niños huérfanos y familias separadas por el
reclutamiento o la muerte. La enorme fuerza del fotoperiodismo de Capa
reside en su compasión hacia el drama y la emoción de los
acontecimientos humanos, junto con su extraordinaria capacidad para
reconocer los acontecimientos importantes de la época.
Al mismo tiempo, la Hospedería Fonseca complementa
esta muestra con Gerda Taro, recuperando copias originales que
proporcionan un conocimiento nuevo y más profundo sobre los límites
redefinidos por las mujeres en los años treinta del siglo XX y sobre el
papel del fotoperiodismo en la Guerra Civil Española. Así, estuvo en la
Batalla de Brunete, los combates en las afueras de Madrid durante dos
semanas, y sus imágenes tuvieron una amplia difusión en todo el mundo.
Particular mirada fotográfica
El objetivo de esta exposición de Robert Capa y Gerda Taro es, como
ha explicado la comisaria Cynthia Young, "mostrar el trabajo de estos
fotógrafos más que el resultado, dar cuenta, en definitiva, de cómo
trataban las noticias de la guerra a través de su particular mirada
fotográfica y descubrir la trayectoria y evolución de su
fotoperiodismo". Así, la obra de Taro que recoge fotografías de la
Guerra Civil Española se divide en dos partes diferentes, la primera
corresponde al año 1936 y la segunda a 1937, año en el que falleció
mientras ejercía su trabajo. La de Robert Capa reúne imágenes de tres
guerras, la Civil Española, el conflicto armado entre China y Japón y
la Segunda Guerra Mundial, y se organizan en torno a seis momentos
clave de la historia: El soldado caído (1936), La guerra
chino-japonesa (1938), La batalla del río Segre (1938), Refugiados
de Barcelona (1939), Día D (1944) y La liberación de Leipzig
(1945). Momentos que descubren la evolución de Capa desde sus inicios
como fotógrafo independiente hasta convertirse en el fotógrafo oficial
de la Segunda Contienda Mundial.
Las fotografías de los comprometidos Robert Capa y Gerda Taro,
algunas de las cuales se han convertido en auténticos símbolos de
importantes guerras históricas, se centran no sólo en los soldados y
las batallas, sino también en los civiles. Son imágenes cuya fuerza
fotográfica y periodística reside en la compasión que destilan hacia el
drama y la emoción de los acontecimientos humanos. Tanto es así que
ambos llevaron a la práctica, y hasta el límite, la famosa frase de Capa
que dice "si la foto no es suficientemente buena es porque no estás
suficientemente cerca". Ellos se acercaron tanto que incluso perdieron
la vida mientras ejercían su pasión y su trabajo: el fotoperiodismo.
Las nuevas tecnologías al servicio de la causa. Es lo que proponen los integrantes de la plataforma ciudadana Franconohamuerto.com,
que ha inaugurado en el Ateneo madrileño una iniciativa con la que
agitar a la ciudadanía en favor de las víctimas del franquismo. "Memoria, justicia y democracia" son los pilares de una estructura cuyas herramientas de actuación serán las redes...
Las nuevas tecnologías al servicio de la causa. Es lo que proponen los integrantes de la plataforma ciudadana Franconohamuerto.com,
que ha inaugurado en el Ateneo madrileño una iniciativa con la que
agitar a la ciudadanía en favor de las víctimas del franquismo. "Memoria, justicia y democracia" son los pilares de una estructura cuyas herramientas de actuación serán las redes sociales.
"Todo
surge ante el intento de frenar la investigación que pedían los
familiares, víctimas de los crímenes de la dictadura, esos que siguen
concentrándose cada jueves en la Puerta del Sol". Un miembro del
colectivo hace las presentaciones cubierto con una careta con el rostro
de Garzón atravesado por las flechas del escudo franquista. No revela su
identidad porque han apostado por ser un "colectivo anónimo" en el que
el protagonista sea "el pueblo", esto es, Internet. "Es la democracia
más real que existe", sostiene.
Las campañas se cocerán en las redes sociales. En Facebook y Twitter ya tienen perfiles. Flickr acogerá galerías de imágenes copy left
y en Youtube y Vimeo colgarán todos los vídeos relacionados con la
causa. "Todo vinculado a la memoria de los desaparecidos", explica el
ciudadano anónimo.
Peticiones concretas
"Concretos y ágiles". Así serán en su respuesta a las peticiones que canalizarán a través del portal actuable.es.
"Cada acción irá acompañada de una petición política" y la primera de
ellas será la campaña de publicidad en autobuses en Londres, Madrid y
Barcelona, con la imagen de Garzón que se representa en las caretas y
cuyos costes los harán mañana públicos en el perfil de Facebook.
El colectivo abraza lo lúdico y la participación social como forma de llegar a la gente. "Habrá videojuegos, cómics que hablen de la Transición, campañas virales, etc".
El golpe inicial pretenden darlo con los carteles en los autobuses,
pero eso sólo será el preludio de numerosas acciones. La recaudación se
hará a través de internet y siempre "para causas justas" para las que
pedirás cantidades concretas.
Leo Bassi ha puesto
la guinda con una actuación en la que —ayudado por una actriz que, a
modo de alegoría, vestía de negro, con mantilla y peineta, gafas de sol y
una banda con los colores de la rojigualda— ha leído el poema Llamo a la juventud, de Miguel Hernández. A los "jóvenes incautos" se lo ha dedicado.
El colofón final lo ha representado un castillo hinchable, Francolandia.
Bassi ha invitado al público a saltar encima antes de despedirse
recordando una de las peticiones que harán llegar al Congreso: convertir
Cuelgamuros en el Museo del Franquismo.
Son artesanos de la memoria. Escritores aficionados, investigadores ocasionales o familiares de víctimas que sobreviven al margen de la industria editorial para pelear con sus propios ahorros
para que sus recuerdos no caigan en el olvido que el franquismo
siempre buscó para la historia negra de España. Centenares de estos
luchadores se han apoyado en los últimos años en pequeñas imprentas, editoriales de asociaciones e incluso en internet para evitar el olvido de la barbarie...
Son artesanos de la memoria. Escritores aficionados, investigadores ocasionales o familiares de víctimas que sobreviven al margen de la industria editorial para pelear con sus propios ahorros
para que sus recuerdos no caigan en el olvido que el franquismo
siempre buscó para la historia negra de España. Centenares de estos
luchadores se han apoyado en los últimos años en pequeñas imprentas, editoriales de asociaciones e incluso en internet para evitar el olvido de la barbarie franquista.
"Quiero
que dentro de mil años todo el mundo sepa quiénes fueron los asesinos
de mi padre en Uncastillo (Zaragoza)". Ese es el motivo por el que Jesús
Pueyo, de 93 años, escribió en 2004 Del infierno al paraíso.
En una pequeña imprenta de un amigo de Irún, lanzó unos pocos ejemplares
para enviarlos al rey, al presidente del Gobierno y demás autoridades
pidiendo ayuda para encontrar a su padre, desaparecido desde aquel día
de agosto de 1936 cuando, con 13 años, fue a buscarlo al campo "porque le llamaba la Guardia Civil". "Los falangistas mataron a siete familiares", recuerda vía telefónica desde su casa de Hendaya (Francia).
Desde 1978 no ha parado de buscar la verdad con los valores que le
enseñó su padre. "En los pocos años que gocé de la dicha de tenerlo a mi
lado, me inculcó su nobleza y valentía con la que defendió su derecho a
poseer un pedazo de tierra para trabajarlo, sin saber que esa
reivindicación le costaría la vida. Su recuerdo ha sido la brújula que me ha guiado durante toda mi vida", dice en la cuarta página de su libro, imprescindible para conocer de primera mano la represión en Uncastillo.
La
dedicatoria del libro de Pueyo se repite en cada uno de los ejemplares
de estos libros publicados al calor del movimiento de la memoria
histórica en la última década. "A la memoria de los mártires por la
República y la libertad. A sus viudas, hijos y demás familiares, por el
miedo y el hambre padecidos". Así dedica el jubilado Antonio Ontañón, de 77 años, Rescatados del Olvido, editado por él mismo con 13.000 euros que todavía paga "a plazos".
Este ex empleado del Banco Bilbao decidió dedicar su jubilación a
investigar las muertes del cementerio de Ciriego, en Santander. "No
tengo ningún familiar fusilado allí. Aunque para mí es como si todos los
que están enterrados allí fueran mis padres, porque murieron por sus
ideas republicanas, que son las mías", explica. Ontañón recorrió los
juzgados de toda Cantabria para poner nombre a cada una de las 850
personas asesinadas entre 1937 y 1948 en las tapias de Ciriego, que
yacen en las zanjas del cementerio.
"Investigando descubrí que cada día mataban a 16 personas porque era
la capacidad del camión", recuerda. Una de las mayores recompensas que
Ontañón ha recibido por el libro fue la carta de respuesta que José
Saramago le envió desde Lanzarote, fechada el 1 de julio de 2003:
"Gracias por el estremecedor libro que me enviaste. La justicia siempre llega tarde y esta ha tardado demasiado. Personas como tú hacen creer todavía en la posibilidad de un mundo justo".
Tengan
familiares o no, los autores de estos humildes estudios están unidos
por la búsqueda de la verdad de su tierra. "Siempre me ha interesado la
Guerra Civil, aunque mi familia era de derechas. En 2002, tras visitar a
600 familias y después de cinco años de trabajo, me decidí a publicar
el libro de la represión en La Rioja Aquí nunca pasó nada, explica el funcionario municipal y cantautor Jesús Vicente Aguirre que, en la década de los setenta, formó parte del conocido grupo folk Carmen, Jesús e Iñaki, que compuso La Barranca en homenaje a las 400 víctimas del fascismo enterradas en aquella dehesa riojana.
"Recogí el guante que habían lanzado algunos historiadores y utilicé
más de 1.500 fotos", explica Aguirre. En su caso, sí consiguió una
editorial que publicara su estudio. "En Ochoa me dijeron que me cubrían
el coste, pero en ningún momento pensé que podría ganar dinero con el libro", reconoce tras haber vendido 5.800 ejemplares a 35 euros, gracias a las presentaciones en ateneos republicanos de toda España.
Aquí nunca pasó nada
recoge investigaciones de historiadores locales junto con la
experiencia de campo de Aguirre. En el capítulo de La Barranca recoge
los testimonios de los centenares de viudas que "cada 2 de noviembre, día de los Difuntos, y después el 1 de noviembre,
día de Todos los Santos", se reunieron desde 1976 para proteger la
tierra donde estaban sus familiares de las inminentes obras de un
aparcamiento.
"Mi madre me dijo que debíamos contarlo siempre.
Mientras te reluzca el brillo en los ojos tienes que venir aquí todos
los años'. Y aquí estaré hasta que ya no vea", explica en el libro
Jacoba Escalona Díez, nieta de una de las víctimas, que, como las madres
y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, simboliza la resistencia
contra el olvido.
Nueva petición a la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo
Martes, 4 de enero de 2011
La Convención Internacional de la ONU para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado
23 de diciembre y ratificada por España, ha puesto sobre la mesa una
nueva posibilidad para que las víctimas del franquismo reclamen, por la
vía del derecho, la investigación de estos crímenes.
La asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
que investigue las...
La Convención Internacional de la ONU para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado
23 de diciembre y ratificada por España, ha puesto sobre la mesa una
nueva posibilidad para que las víctimas del franquismo reclamen, por la
vía del derecho, la investigación de estos crímenes.
La asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" ha vuelto a solicitar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
que investigue las desapariciones que se produjeron en 1936 en el
Cortijo El Marrufo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), al considerar que
el tribunal es competente para abrir un procedimiento por estos hechos debido a la entrada en vigor de la convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas.
El colectivo ha presentado el lunes 3 de enero un escrito ante el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que defiende su
competencia para abrir un procedimiento judicial sobre estos hechos -tal
y como hizo su antecesor, Baltasar Garzón, que por esta actuación será juzgado por el Tribunal Supremo
por un delito de prevaricación-, y recurre su decisión de inhibirse en
favor del Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera.
El recurso, elaborado por el abogado Fernando Magán, recuerda que el pasado 23 de diciembre entró en vigor en España la Convención Internacional
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas de la ONU, que recoge que "la práctica generalizada o
sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa
humanidad" al tratarse de "un delito imprescriptible, inamnistiable y no
susceptible de ser considerado delito político".
Tras recordar que los hechos del Cortijo El Marrufo "no han sido
esclarecidos judicialmente", la asociación señala que el artículo 20 de
la Convención establece que el Estado parte garantizará a los allegados
de la persona privada de libertad "el derecho a un recurso judicial
rápido y efectivo para obtener sin demora las informaciones previstas en
esa disposición". "Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o
limitado bajo ninguna circuntancia", añade.
A su entender, esta disposición impone a la Audiencia Nacional "la obligación de continuar practicando diligencias"
para esclarecer estos hechos, que la asociación enmarca en "un plan
único, preconcebido y sistemático" llevado a cabo por el general Franco y
los sublevados para "destruir las instituciones del Estado y ocasionar
el exterminio radical de una parte importante de la población nacional
española, como solución final a la democracia entonces vigente".
Según la asociación, los hechos del Cortijo El Marrufo constituyeron "una bárbara masacre"
contra hombres, mujeres y niños que intentaban alcanzar una zona segura
en la provincia de Málaga y fueron interceptados por tropas mercenarias
que cruzaron el Estrecho y se adentraban en el territorio peninsular.
Según las cifras manejadas por este colectivo, estos hechos tendrían
conexión con las desapariciones que se produjeron en toda España durante
la Guerra Civil, que se elevarían a un total de 156.232.
Localizadas en Andalucía 614 fosas con 47.399 asesinados en la Guerra
Miércoles, 29 de diciembre de 2010
Cientos de días de documentación e investigación de los horrores de la
Guerra Civil a partir, en el 90% de los casos, de testimonios de
supervivientes, familiares o investigadores locales han dado resultado:
la localización de 614 fosas en 359 pueblos donde fueron asesinados y
enterrados 47.399 andaluces.
La mayoría de paredones (350) se encuentran en Sevilla, Huelva y
Cádiz, donde primero ganó el golpe militar fascista. Pero también hay
del otro bando. Casi todas las fosas...
Cientos de días de documentación e investigación de los horrores de la
Guerra Civil a partir, en el 90% de los casos, de testimonios de
supervivientes, familiares o investigadores locales han dado resultado:
la localización de 614 fosas en 359 pueblos donde fueron asesinados y
enterrados 47.399 andaluces.
La mayoría de paredones (350) se encuentran en Sevilla, Huelva y
Cádiz, donde primero ganó el golpe militar fascista. Pero también hay
del otro bando. Casi todas las fosas (80%) son de 1936, cuando la ley
imperante era el "bando de guerra" y la ejecución se sucedía al
denominado "paseo", que consistía en sacar a los vecinos de sus casas o
escondites, llevarlos al cementerio (el 71% de los enterramientos han
sido localizados en los camposantos o sus alrededores) y fusilarlos.
Estos son algunos de los datos del Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en Andalucía,
el trabajo finalizado por las asociaciones memorialistas y las
universidades andaluzas a través del Comisariado para la Memoria
Histórica de Andalucía. En este trabajo se detallan una a una las fosas
localizadas, el contexto histórico en el que se crearon, imágenes y
actuaciones realizadas.
El objetivo del trabajo es claro, evitar
que el miedo, la represión o la autocensura dejen ocultos episodios
clave para conocer un conflicto que, según el estudio que acompaña el
mapa, "se convirtió en un deliberado y metódico exterminio del enemigo
político (...) que se sirvió de la guerra como contexto y pretexto (...)
y dejó un legado de miles de víctimas". En Andalucía, los represaliados
por el franquismo suman 130.199.
El resultado ha sido un
necesario mapa del horror en el que se detallan asesinatos, violaciones,
escarnios, saqueos, esclavitud, exilio y muchas otras formas de
represión. "La más cruel", explica el informe, "y la más directamente
orientada a borrar la memoria del enemigo fue la del asesinato sin causa
judicial y el enterramiento en fosas comunes".
Una de las
conclusiones de este ejercicio de memoria es que la guerra dibujó su
propio mapa y calendario de muerte. De esta forma, la instauración de
los consejos de guerra y del Tribunal de Responsabilidades Políticas, a
partir de 1937, supuso que el número de fosas se redujese de 565 a 49.
La distribución geográfica también tiene las huellas de la evolución del
enfrentamiento. Por eso las provincias occidentales concentran más
enterramientos que las que quedaron al Este de la línea entre Peñarroya
(Córdoba) y Motril (Granada), donde se estabilizó el frente de guerra.
La
mayoría de estas ejecuciones, consideradas penalmente como
"desapariciones forzosas", tuvieron lugar en lugares públicos, como los
cementerios. Pero un 30% ocurrió junto a carreteras, caminos y vaguadas.
Sobre 17 de ellas se edificó posteriormente.
El mapa es significativo porque el 40% de estas fosas han permanecido ignoradas hasta ahora.
El Tribunal Supremo podría investigar los regalos recibidos por Garzón en su Primera Comunión
Viernes, 24 de diciembre de 2010
Un miembro del Tribunal Supremo que responde al nombre de Marchena prosigue su actividad indagatoria en el pasado del juez Baltasar Garzón, por si encuentra algo raro. Fuentes bien informadas han comunicado a la ASMJ que Garzón podría encontrarse en un aprieto si se descubre que, cuando hizo la Primera Comunión, su abuela le abrió una cuenta con dos pesetas en el Banco Hispano Americano, antecedente del BSCH.
Más información:
Un miembro del Tribunal Supremo que responde al nombre de Marchena prosigue su actividad indagatoria en el pasado del juez Baltasar Garzón, por si encuentra algo raro. Fuentes bien informadas han comunicado a la ASMJ que Garzón podría encontrarse en un aprieto si se descubre que, cuando hizo la Primera Comunión, su abuela le abrió una cuenta con dos pesetas en el Banco Hispano Americano, antecedente del BSCH.
Un monumento para las víctimas del franquismo en A Coruña
Lunes, 20 de diciembre de 2010
Las víctimas del franquismo de A Coruña ya tienen su monumento cerca de la Torre de Hércules, "en el triángulo de la represión" en la ciudad.
"Hoy
A Coruña se refunda", ha resumido el escritor Manuel Rivas, encargado
de inaugurar la lectura colectiva de los nombres de las víctimas.
Narración que se ha convertido en el punto culminante de un acto al que han acudido varios centenares de familiares y representantes institucionales de todos los partidos con representación...
Las víctimas del franquismo de A Coruña ya tienen su monumento cerca de la Torre de Hércules, "en el triángulo de la represión" en la ciudad.
"Hoy
A Coruña se refunda", ha resumido el escritor Manuel Rivas, encargado
de inaugurar la lectura colectiva de los nombres de las víctimas.
Narración que se ha convertido en el punto culminante de un acto al que han acudido varios centenares de familiares y representantes institucionales de todos los partidos con representación parlamentaria en Galicia, a excepción del PPdeG.
"Este no es un monumento revanchista", ha explicado el presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH), Manuel Monge, una asociación que ha estado trabajando durante los últimos dos años para construir este monumento.
Después de 9 meses de debate
sobre la ubicación del monumento, la obra, diseñada por el escultor
Xosé Val Díaz, fue inaugurada por el alcalde de la ciudad, Javier
Losada, en la avenida de Navarra de A Coruña. Lugar muy próximo a la
Torre de Hércules, el Campo da Rata y cementerio de San Amaro, "el
triángulo de la represión coruñesa".
"Este monumento será un nuevo referente en la ciudad", ha señalado Losada. Compuesto por cinco menhires
que simulan la forma de una estrella de cinco puntas. El monumento
recoge los nombres de 600 personas asesinadas por el franquismo en las
localidades de A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre,
Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.
"Aún faltan muchos nombres y nos comprometemos a continuar trabajando", ha afirmado Monge.
La Fundación 27 de Marzo publica un libro sobre la represión del Magisterio en Castilla y León
Lunes, 20 de diciembre de 2010
"Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero
necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo
tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales
de su masa vital. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta
tarea de purificación. Pero un interés religioso y, un soberano interés
nacional lo exigían así". Con estas palabras resumía, en 1943 el
entonces ministro de Educación, José Ibáñez Martín, la tarea depuradora
del régimen...
"Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero
necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo
tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales
de su masa vital. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta
tarea de purificación. Pero un interés religioso y, un soberano interés
nacional lo exigían así". Con estas palabras resumía, en 1943 el
entonces ministro de Educación, José Ibáñez Martín, la tarea depuradora
del régimen franquista sobre el colectivo docente español.
Un proceso de aniquilamiento y depuración del que no
escaparon los maestros de esta región. Así lo demuestra el libro Muerte
y represión en el Magisterio de Castilla y León, obra colectiva
coordinada por los profesores Enrique Berzal de la Rosa (Universidad de
Valladolid) y Javier Rodríguez González (Universidad de León), y que
será presentado el martes 21 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Aula Triste del
Palacio de Santa Cruz (Valladolid).
Junto a ellos, otros diez autores han reconstruido la
triste peripecia del colectivo docente identificado con los ideales
republicanos en cada una de las provincias que hoy conforman la
comunidad: M. Rafael Sánchez, Carlos de la Sierra, Jesús Gutiérrez
Flores, Severiano Delgado, Santiago Vega Sombría, Carlos de Pablo,
Ignacio Martín Jiménez y Juan Andrés Blanco, Adoración Martín y Eduardo
Martín. Gracias a la labor investigadora de estos profesores
universitarios y de Enseñanza Secundaria ha podido ver la luz un volumen
que, por vez primera, aglutina en 533 páginas la represión del
magisterio en Castilla y León. Cada capítulo, además, contiene
fotografías y reproduce documentos originales.
La obra, editada por la Fundación 27 de Marzo, que
preside Fermín Carnero, arrancó hace más de un año gracias a una
subvención del Ministerio de la Presidencia y reconstruye el proceso
depurador del colectivo docente desde el punto de vista legislativo y
práctico, repasa toda la legislación al efecto y detalla los trabajos
depuradores llevados a cabo por las respectivas Comisiones Depuradoras.
El libro demuestra cómo, en palabras de Javier Rodríguez, "la represión que sufrieron de manera particular los docentes durante
el franquismo tiene el objetivo fundamental de eliminar el modelo
educativo republicano, que se desarrolló entre 1931 y 1936 bajo el marco
de una democracia parlamentaria; y proceder a la imposición por la
fuerza de las armas del modelo educativo nacionalcatólico, que
permaneció en nuestro país hasta 1975".
La adscripción conservadora de la mayor parte del
colectivo docente de Castilla y León no fue obstáculo para desencadenar
una represión a menudo brutal por parte de las nuevas autoridades a
partir del verano de 1936. Según M. Rafael Sánchez, encargado del
capítulo de Ávila, donde cerca del 26% de los maestros sufrieron algún
tipo de sanción, "ello supuso, entre otras cosas, un retroceso brutal en
la calidad de enseñanza posterior pues, en lo que más coinciden los
testimonios recogidos, es en la enorme talla profesional y humana de los
asesinados y destituidos. Para ocupar sus puestos de trabajo, en un
primer momento fueron curas y 'gentes de orden y sanos' quienes lo
hicieron, siendo después excombatientes del bando golpista, maestros en
prácticas o estudiantes de magisterio que no habían terminado los
estudios los que ya usurparon 'legal' e indefinidamente su magisterio".
La represión buscaba erradicar de raíz todo atisbo de
educación laicista y modernizadora, heredera de los postulados de la
Institución Libre de Enseñanza, y afianzar el nuevo modelo educativo
nacional-católico, santo y seña de la dictadura franquista. "El espíritu
de reafirmación del sentimiento patriótico en que se basa la actuación
de las autoridades que encarnan la nueva situación española, ha decidido
a este Gobierno Civil, en virtud de instrucciones superiores, a separar
de sus cargos, a aquellos Maestros Nacionales que vienen desde hace
mucho tiempo, y particularmente en los últimos años, realizando una
labor sectaria y antiespañola en la misión docente que les estaba
encomendada", puede leerse, por ejemplo, en el Boletín Oficial de Ávila
de 31 de agosto de 1936, que hace referencia a 65 maestros.
Aparte de los fusilamientos y las ejecuciones
extralegales, otras sanciones podían marcar para siempre -y para mal- la
carrera profesional de estos hombres y mujeres: traslado forzoso, con
prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de uno a
cinco años; suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años,
etcétera.
Abundaron entre los sancionados quienes habían sido
simpatizantes y/o propagandistas del Frente Popular, así como los
militantes de la ugetista Federación Española de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE). Pero también se incluía a quienes habían hecho
escarnio de la religión, los propugnadores de una educación laica y
secularizada, miembros de la masonería, etcétera.
Los expedientes que aparecen en el libro, procedentes
muchos de ellos del Archivo General de la Administración y de los
archivos histórico-provinciales, son claro exponente de la llamada
'justicia al revés' del franquismo, por cuanto los defensores de la
legalidad republicana fueron acusados de rebelión por aquellos que
habían protagonizado el levantamiento golpista de julio de 1936. Y no
pocos expedientes ponen en claro el cúmulo de rencillas personales,
envidias y 'confusiones' que terminó por dañar el prestigio y la carrera
de numerosos maestros.
Si en la mayor parte de las provincias el colectivo
docente depurado y sancionado rondaba el 18-20 %, en algunas, como Ávila o
Burgos, llegó a superar incluso el 26%. Ni que decir tiene que la mayor
crueldad se cebó en aquellos maestros ejecutados de manera 'legal'
(previo Consejo de Guerra) o extralegal ('paseados'). 26 en Ávila, 22 en
Burgos, 16 en Salamanca, 16 en Segovia, 33 en Zamora… Algunas de estas
muertes generaron especial conmoción. Es el caso, de Daniel González
Linacero, apresado en Arévalo; el burgalés Julio Martínez Palacios,
maestro en Pradoluengo y hermano del famoso compositor Antonio José,
también asesinado; los leoneses Primo Demaría, Pío Álvarez Rodríguez o
Nicostrato Vela Esteban, padre del pintor José Vela Zanetti; los
salmantinos Joaquín Gaite, tío de la escritora Carmen Martín Gaite; el
catedrático de Anatomía y alcalde Casto Prieto Carrasco, y el socialista
José Andrés Manso; o el vallisoletano de Olmedo Julio Valdeón Díaz,
padre del destacado medievalista Julio Valdeón, ya fallecido, entre
muchos otros.
Encubrimiento y prevaricación en España (Carlos Slepoy)
Viernes, 17 de diciembre de 2010
El Código Penal español (art.451) - y de modo similar las leyes
penales de distintos países - sanciona el delito de encubrimiento.
Dispone que lo cometen quienes ayudaren a los ejecutores de un delito a
sustraerse a la acción de la justicia, aprovecharse de sus resultados u
ocultar sus pruebas. Prevé la imposición de una pena de seis meses a
tres años de prisión y, si fuera realizado por funcionarios públicos, de
inhabilitación absoluta de seis a doce años
El Código Penal español (art.451) - y de modo similar las leyes
penales de distintos países - sanciona el delito de encubrimiento.
Dispone que lo cometen quienes ayudaren a los ejecutores de un delito a
sustraerse a la acción de la justicia, aprovecharse de sus resultados u
ocultar sus pruebas. Prevé la imposición de una pena de seis meses a
tres años de prisión y, si fuera realizado por funcionarios públicos, de
inhabilitación absoluta de seis a doce años si el delito encubierto fuera grave.
La
cuestión es especialmente relevante en relación con los delitos de
genocidio, lesa humanidad y de guerra porque, respecto de los mismos,
existe una vasta normativa y jurisprudencia internacional que establece
que la acción penal es imprescriptible y que sus responsables no pueden
beneficiarse de norma o práctica alguna que los deje sin sanción. Es
decir, ningún Estado puede arrogarse la facultad de dejar a sus
responsables sin castigo, como sí pueden hacerlo eventualmente respecto
de los de otro tipo de hechos ilícitos.
Lo señalado implica que los funcionarios, entre ellos los jueces,
que abusando de sus competencias encubren estos crímenes cometen un
delito. En consecuencia deben ser procesados y, en caso de ser
encontradas culpables, sancionados con las penas que para el mismo
establece la ley.
Artículo completo en Público, 16 de diciembre de 2010
El Tribunal Supremo se pone de nuevo al servicio de los fascistas de "Manos Limpias"
Viernes, 17 de diciembre de 2010
"Que nadie nos obligue al silencio, porque eso sería volver a la
dictadura". Lo dijo el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez
Villarejo el pasado 13 de abril, en el acto que UGT y CCOO celebraron en
apoyo del juez Baltasar Garzón en la Universidad Complutense de Madrid.
Entonces no lo sabía, pero ese día su intervención le iba a acarrear
verse envuelto él mismo en un proceso judicial.
Ayer se supo que
el Tribunal Supremo (TS) ha decidido que sea la Audiencia...
"Que nadie nos obligue al silencio, porque eso sería volver a la
dictadura". Lo dijo el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez
Villarejo el pasado 13 de abril, en el acto que UGT y CCOO celebraron en
apoyo del juez Baltasar Garzón en la Universidad Complutense de Madrid.
Entonces no lo sabía, pero ese día su intervención le iba a acarrear
verse envuelto él mismo en un proceso judicial.
Ayer se supo que
el Tribunal Supremo (TS) ha decidido que sea la Audiencia Nacional la
que determine si cometió un delito de injurias y calumnias a altas
instituciones del Estado y, en concreto, al propio alto tribunal por las
críticas que le dirigió por haber abierto tres procedimientos al juez
BaltasarGarzón.
Durante su intervención, Jiménez Villarejo se refirió al auto del
juez Luciano Varela, que procesó a Garzón por prevaricación por haber
abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. "El auto de
Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas
de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? ¡Pero si
estuvieron formando parte del TOP (Tribunal del Orden Público) hasta
1976! Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada
Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones
durante 40 años. Esa fue la sensibilidad de los jueces con las víctimas
de la dictadura".
El ex fiscal Anticorrupción se refirió a la doctrina Botín, que libró del banquillo al presidente del Santander por fraude fiscal, al caso Gürtel,
y llamó "instrumento del fascismo" al Supremo por admitir a trámite
querellas de Falange Española de las JONS y del sindicato
ultraderechista Manos Limpias.
Las palabras que pronunció ejerciendo su derecho a la libertad de
expresión fueron denunciadas por un particular en apenas una página en
la que calificaba el acto de la Complutense de "guerracivilista". La
denuncia, que también se dirigía contra el rector, Carlos Berzosa, por
malversación de caudales y prevaricación, recayó en el Juzgado de
Instrucción 27 de Madrid. Una denuncia posterior de Manos Limpias
también terminó en el 27, que se inhibió a favor de la Audiencia
Nacional en lo relativo a Jiménez Villarejo.
El juez Pablo Ruz,
sustituto de Garzón en el Central 5, devolvió la causa al 27, por un
aspecto formal, pero este entendió que rechazaba la competencia y elevó
el caso al Supremo.
En la resolución, fechada el 16 de noviembre,
pero conocida ayer, el alto tribunal menciona a la prensa que se hizo
eco del acto y una frase textual de Público: "El Supremo se ha puesto en manos de Falange Española que defiende el honor del movimiento".
Con
el informe a favor del Supremo, el alto tribunal dice que "pudiendo
estar incursos indiciariamente los hechos denunciados en el tipo penal
del artículo 504.1 del Código Penal" procede que sea la Audiencia
Nacional la que investigue lo sucedido.
Garzón recusará a cinco magistrados que van a juzgarle
Viernes, 17 de diciembre de 2010
El juez Baltasar Garzón anunció ayer en Avilés (Asturias) su intención
de recusar a cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que van
a juzgarle por investigar los crímenes del franquismo debido a que han
participado en la instrucción de la causa. El escrito lo presentará
previsiblemente hoy su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.
Garzón indicó ayer en Avilés que intentará apartar del tribunal a
cinco de los magistrados porque "habiendo participado en la instrucción...
El juez Baltasar Garzón anunció ayer en Avilés (Asturias) su intención
de recusar a cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que van
a juzgarle por investigar los crímenes del franquismo debido a que han
participado en la instrucción de la causa. El escrito lo presentará
previsiblemente hoy su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.
Garzón indicó ayer en Avilés que intentará apartar del tribunal a
cinco de los magistrados porque "habiendo participado en la instrucción
de la causa no pueden a su vez formar Sala para juzgar, porque el
prejuicio está establecido claramente".
El Supremo rechazó el
miércoles a los principales testigos propuestos por Garzón, entre ellos
una docena de juristas internacionales, tres jueces y dos fiscales de la
Audiencia Nacional. El juez, que sigue suspendido de funciones desde el
pasado mayo, lamentó que no se haya aceptado el testimonio del
historiador Ricard Vinyes, autor de una investigación "muy seria" sobre
la desaparición de niños entre 1937 y 1951, que el Supremo ha reducido a
"obra literaria sobre un suceso histórico concreto". El juez cree que
el rechazo de sus testigos le genera, una vez más, "indefensión".
Por
otra parte, el Tribunal Supremo ha ordenado al juez sustituto de
Garzón, Pablo Ruz, que instruya las querellas de un particular y del
seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el ex fiscal jefe
Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Éste calificó la admisión de la
querella contra Garzón por su investigación de los crímenes del
franquismo como un "golpe brutal a la democracia" y dijo que los
magistrados del Supremo se habían convertido en un instrumento "al
servicio de la actual expresión del fascismo español". Al conocer ayer
la decisión del Supremo, Jiménez Villarejo lamentó el "desvarío" del
alto tribunal.
El Supremo rechaza a los principales testigos de la defensa de Garzón
Viernes, 17 de diciembre de 2010
El Tribunal Supremo ha rechazado definitivamente a los principales
testigos propuestos por la defensa del juez Baltasar Garzón en el juicio
al que será sometido por su investigación de los crímenes del
franquismo. De la lista de testigos han quedado excluidos juristas
internacionales de reconocido prestigio que iban a declarar que
tribunales penales internacionales y países que sufrieron dictaduras
como Argentina, Perú o Chile han aplicado los mismos postulados que a
Garzón le...
El Tribunal Supremo ha rechazado definitivamente a los principales
testigos propuestos por la defensa del juez Baltasar Garzón en el juicio
al que será sometido por su investigación de los crímenes del
franquismo. De la lista de testigos han quedado excluidos juristas
internacionales de reconocido prestigio que iban a declarar que
tribunales penales internacionales y países que sufrieron dictaduras
como Argentina, Perú o Chile han aplicado los mismos postulados que a
Garzón le han costado su suspensión y enjuiciamiento por un delito de
prevaricación.
Entre esos juristas figuraban Carla del Ponte, antigua fiscal del
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; Philip Alston,
profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y
relator de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales; Eugenio Zaffaroni,
ministro de la Corte Suprema argentina que anuló las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, o Juan Guzmán, el juez que abrió varias
causas a responsables de la dictadura chilena. Así hasta una docena de
especialistas internacionales en Derechos Humanos a los que la Sala
Penal del Supremo no quiere oír.
El Supremo también ha rechazado
el testimonio del historiador Ricard Vinyes Ribas, autor de un libro
sobre los niños robados durante el franquismo porque, según el ponente
de la causa, el magistrado ultraconservador Adolfo Prego, se trata de
una "obra literaria sobre un suceso histórico concreto" que "no guarda
relación con el delito de prevaricación objeto de acusación".
Tampoco
podrá declarar a favor de Garzón en el juicio el ex fiscal
Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, cuyo testimonio ha sido
asimismo rechazado por el Supremo. Según el auto redactado por Prego, si
Villarejo ya ha emitido su informe como "experto" este ya constará en
autos, y en caso contrario, su testimonio "no guarda relación con el
delito de prevaricación".
También se rechazan los testimonios en
juicio de los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de
Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez, que respaldaron la competencia de
Garzón para investigar los crímenes del franquismo, y el del fiscal jefe
de la Audiencia Javier Zaragoza y la fiscal Dolores Delgado. Según el
Supremo, de todos ellos "ya se conoce su opinión jurídica" y no es
procedente llamarlos para que expresen su "opinión personal".
La
Sala Penal admite como testigos a representantes de las asociaciones de
la Memoria Histórica y a los abogados Fernando Magán y Joan Garcés, si
bien los testimonios de los letrados no podrán referirse a cuestiones
jurídicas, sino solo a los hechos objeto del proceso.
Garzón será
juzgado por una sala formada por siete magistrados, entre los que
figuran los cinco de la que admitió la querella de Manos Limpias y que
han rechazado todos los recursos de Garzón contra las decisiones del
instructor, Luciano Varela. Estos son el presidente, Juan Saavedra, el
ponente, Adolfo Prego, y los magistrados Joaquín Giménez, Francisco
Monterde y Juan Ramón Berdugo.
Precisamente por haber admitido la
querella y haber intervenido en la fase de instrucción del proceso, el
abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda estudiaba ayer la
recusación de estos cinco magistrados.
Los otros dos jueces de
refuerzo para juzgar a Garzón son Andrés Martínez Arrieta, que rechazó
que se recusase al instructor Luciano Varela -como pedía la defensa del
juez- con el argumento de que este "reforzaba las garantías" de Garzón; y
el antiguo fiscal Miguel Colmenero, quien admitió la querella por los
honorarios del juez en Nueva York después de que hubiera sido archivada
por la propia Sala Penal.
El Ayuntamiento de Salamanca y la ASMJ firman un convenio de colaboración
Miércoles, 15 de diciembre de 2010
El 14 de diciembre de 2010, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, y el presidente de la ASMJ, Severiano Delgado, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades, relativo al Memorial a las Víctimas de la represión franquista que se encuentra en el Cementerio de Salamanca.
En el convenio se establece que ambas partes,
EXPONEN
1. Que la ASMJ y el Ayuntamiento de Salamanca desean conservar el monumento denominado "Memorial de las víctimas", que...
El 14 de diciembre de 2010, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, y el presidente de la ASMJ, Severiano Delgado, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades, relativo al Memorial a las Víctimas de la represión franquista que se encuentra en el Cementerio de Salamanca.
En el convenio se establece que ambas partes,
EXPONEN
1. Que la ASMJ y el Ayuntamiento de Salamanca desean conservar el monumento denominado "Memorial de las víctimas", que se encuentra en el Cementerio San Carlos Borromeo de la ciudad de Salamanca, y a tal fin quieren colaborar en su mantenimiento y ampliación.
2. Que el Ayuntamiento desea que el Memorial sirva como lugar para el recuerdo y el duelo de los familiares de las víctimas asociados en la ASMJ.
Por todo ello, ambas partes CONVIENEN:
PRIMERO. La ASMJ se hará cargo del mantenimiento del monumento del Memorial, así como de las obras de ampliación del actual cerramiento del recinto y de la ampliación de las placas de granito con nombres de víctimas a lo largo de la tapia donde están situadas las existentes, con el objeto de dar cabida a nuevos nombres surgidos de la labor de averiguación que realiza constantemente dicha Asociación. A este respecto, la ASMJ comunicará al Ayuntamiento con la debida antelación, a los efectos de su oportuna autorización, cualquier mejora o ampliación que desee realizar en el Memorial.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la empresa concesionaria de la gestión del Cementerio San Carlos Borromeo, asumirá las tareas de acondicionamiento de los aledaños del Memorial, atendiendo, en la medida de sus posibilidades, las peticiones que en este sentido realice la ASMJ, y comunicando a ésta última cualquier actuación que afecte al monumento o sus aledaños. Asimismo, el Ayuntamiento de Salamanca no dispondrá del espacio colindante con el Memorial de forma independiente sin previa consulta a la ASMJ.
Inauguración del memorial a las víctimas de la represión franquista en A Coruña
Domingo, 12 de diciembre de 2010
Inauguración do Memorial ás Vítimas da represión franquista, "Xérmolos de Paz e Liberdade", do escultor "Valdi"
Domingo, 19 de decembro de...
Inauguración do Memorial ás Vítimas da represión franquista, "Xérmolos de Paz e Liberdade", do escultor "Valdi"
Domingo, 19 de decembro de 2010, ás 5 da tarde, na avenida de Navarra da Coruña (xardíns, fronte á residencia Torrente Ballester)
Organizada por el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Salamanca, Palacio Episcopal, del 13 de diciembre de 2010 al 26 de enero de 2011
La exposición Tebeos de Posguerra ofrece al visitante la posibilidad
de recuperar un tiempo, una forma de crear historias y una forma de
vivirlas muy distante a la forma en la que los niños de hoy viven las
suyas. Por otra parte, el recorrido por los diferentes formatos y...
Organizada por el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Salamanca, Palacio Episcopal, del 13 de diciembre de 2010 al 26 de enero de 2011
La exposición Tebeos de Posguerra ofrece al visitante la posibilidad
de recuperar un tiempo, una forma de crear historias y una forma de
vivirlas muy distante a la forma en la que los niños de hoy viven las
suyas. Por otra parte, el recorrido por los diferentes formatos y
estilos ofrecen al aficionado coleccionista la oportunidad de comparar
en un mismo espacio las variantes formales de las editoriales,
dibujantes, formatos, etc. En la muestra pueden verse ejemplares de
míticas historietas como Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín y un
largo etcétera, hasta la irrupción en escena de la Escuela Bruguera con
su amplia nómina de personajes rocambolescos. Una vuelta, en definitiva,
por la historia del tebeo en nuestro país. La exposición se acompaña
también de un documento audiovisual y de un catálogo en el que han
colaborado el periodista Moncho Alpuente, el guionista Víctor Mora y el
dibujante Luis Bermejo Rojo.
La muestra recoge un importante conjunto de ejemplares de las
publicaciones de entretenimiento infantil que surgieron y desarrollaron
su existencia durante los años de la posguerra española. El conjunto
supone un recorrido por los personajes y las historias que formaron
parte de la infancia de miles de españoles en unos años en los que la
inocencia duraba poco tiempo y en el que las preocupaciones más propias
del mundo adulto condicionaban la infancia. A través de las páginas y
dibujos presentados se puede ver la larga mano de la censura
eclesiástica, el peso del hambre, la picaresca adueñada de unas calles
llenas de pobreza, y por encima de todo, la necesidad de llenar con
fantasía y normalidad la vida de una juventud cortada de raíz por la
historia.
El Gobierno hará del Valle de los Caídos un lugar de memoria
Viernes, 10 de diciembre de 2010
El Valle de los Caídos recordará a los asesinados por la dictadura
franquista. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció ayer en
el Senado la transformación del emplazamiento donde están enterrados los
golpistas Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en un "centro
de memoria de la verdad, no un lugar de sectarismo". El ministro avanzó
además que la basílica, cerrada por obras desde hace un año, se
reabrirá al culto el próximo domingo 19 de diciembre.
El...
El Valle de los Caídos recordará a los asesinados por la dictadura
franquista. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció ayer en
el Senado la transformación del emplazamiento donde están enterrados los
golpistas Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en un "centro
de memoria de la verdad, no un lugar de sectarismo". El ministro avanzó
además que la basílica, cerrada por obras desde hace un año, se
reabrirá al culto el próximo domingo 19 de diciembre.
El plan para convertir Cuelgamuros en un centro de memoria que suponga un "abrazo de reconciliación"
todavía no ha sido consensuado con la beligerante abadía benedictina
que gestiona gran parte del poder del recinto sin modificaciones
normativas desde 1957. El Gobierno deberá negociar qué hacer con los
restos de los dirigentes fascistas así como con los de los 35.000
enterrados allí entre los que se encuentran republicanos cuyas familias
desconocen su paradero. Los senadores socialistas anunciaron su apoyo a
la retirada de "la simbología" la bóveda sobre el altar representa una
apología de Falange.
El artículo 16 de la Ley de la Memoria tan sólo impide los actos de "exaltación de la dictadura"
y otorga al lugar la misma consideración jurídica que una iglesia o un
cementerio. Jáuregui anunció el acuerdo con el abad Anselmo Álvarez para
reabrir al culto gracias a la construcción de un nuevo pasadizo hacia
la basílica. Los monjes han celebrado a modo de protesta la misa
conventual a la entrada del recinto durante los domingos cercanos al
20-N. "En los próximos días se instalará un túnel similar al de los fingers de los aviones" para que los visitantes no entren bajo la escultura de La Piedad cuyos enormes trozos de granito corren peligro de derrumbe. La escultura de Juan de Ávalos será protegida con un malla. La obra ha tenido un coste público total de 100.000 euros.
El
grupo del PP en el Senado había solicitado la comparecencia del
ministro para que explicara el destino de las subvenciones que el
Gobierno otorga a proyectos relacionados con la memoria histórica. El
senador conservador Joan Huguet señaló el apoyo del PP a las
exhumaciones: "No nos consideramos herederos de esa barbarie. Merecen una digna sepultura". Jáuregui agradeció el apoyo y le pidió coherencia para cuando intenten hacer del Valle de los Caídos un centro de memoria.
El
presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica, Emilio Silva, recordó que "la obligación de encontrar a los
desaparecidos es del Gobierno, no de los familiares" .
Documental sobre la represión franquista en Salamanca
Domingo, 5 de diciembre de 2010
El 2 de diciembre de 2010 se estrenó en Salamanca el documental El tiro de la Plaza: la represión franquista en Salamanca, elaborado por el Foro por la Memoria de Salamanca. Entre otros, recoge los testimonios y aportaciones de los miembros de la AMSJ Luis Calvo Rengel, Luis Froufe Carlos y Severiano Delgado.
El tiro de la Plaza: la represión franquista en...
El 2 de diciembre de 2010 se estrenó en Salamanca el documental El tiro de la Plaza: la represión franquista en Salamanca, elaborado por el Foro por la Memoria de Salamanca. Entre otros, recoge los testimonios y aportaciones de los miembros de la AMSJ Luis Calvo Rengel, Luis Froufe Carlos y Severiano Delgado.
El tiro de la Plaza: la represión franquista en
Salamanca es el primer documental que narra un momento clave de nuestra
historia: el golpe de estado franquista, la represión tan cruel que se
llevó a cabo y los intentos de resistencia en la provincia charra.
Muchas
personas están convencidas de que Salamanca se entregó con los brazos
abiertos a los golpistas; sin embargo, nada más lejos de la realidad. En
Salamanca hubo represión y hubo intentos de resistencia; hubo
detenciones y hubo torturas, hubo fusilamientos y hubo desaparecidos. En
Salamanca también hubo una dura represión que se manifestó en todas sus
formas.
Este documental es un relato colectivo que se va
entretejiendo con los testimonios individuales y que transcurre desde la
noche del 18 de julio de 1936, en una ciudad expectante ante los
rumores del golpe, pasando por los días y las noches más duras de
persecución incesante, detenciones masivas, asesinatos, con cadáveres y
desaparecidos en muchos rincones de la provincia charra.
Son las
víctimas y sus familiares quienes cuenten esta parte de nuestra historia
que, tras una pequeña parada en la proclamación de la República y en
sus principales logros, se centra en aquel 19 de julio en que fuerzas
del ejército entran en la Plaza Mayor de Salamanca y proclaman el golpe
de Estado.
También se habla de memoria, de la necesidad del
recuerdo, de la lucha contra el olvido, de esperanzas e ilusiones de una
sociedad mejor.
El tiro de la Plaza marcó para siempre las vidas de
los protagonistas de este relato. Un relato que aún está muy presente,
no sólo en las pocas personas que aún viven sino en quienes tenemos la
firme convicción de que estos hechos deben formar parte de la memoria
colectiva.
Hallados en Navarra los restos de posibles víctimas de la Guerra Civil
Viernes, 26 de noviembre de 2010
La noticia que hoy ponemos aquí, merece un comentario. Resulta que un grupo de espeleólogos han encontrado casualmente ocho esqueletos humanos en una sima de Navarra. Dieron parte a las fuerzas de seguridad y como resultado de ello la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Instituto Navarro de Medicina Legal se han ocupado de la investigación. No se sabe con certeza si son víctimas de la guerra civil -parece ser que sí-, pero podemos estar seguros de que si el hallazgo de los restos humanos...
La noticia que hoy ponemos aquí, merece un comentario. Resulta que un grupo de espeleólogos han encontrado casualmente ocho esqueletos humanos en una sima de Navarra. Dieron parte a las fuerzas de seguridad y como resultado de ello la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Instituto Navarro de Medicina Legal se han ocupado de la investigación. No se sabe con certeza si son víctimas de la guerra civil -parece ser que sí-, pero podemos estar seguros de que si el hallazgo de los restos humanos lo hubiera hecho una asociación de la memoria histórica, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil ni el Instituto Navarro de Medicina Legal hubieran movido un dedo por averiguar su origen. - ASMJ
Sin saber a ciencia cierta lo que allí podían encontrarse, un grupo de
espeleólogos se adentró el pasado 14 de noviembre en una cueva de la
sierra Navarra de Andía. Allí, en una zona con una caída vertical de
unos 50 metros de profundidad, encontraron de forma casual restos de
ocho esqueletos humanos que, según sus primeras impresiones, no parecían
llevar mucho tiempo depositados en ese lugar. Sin embargo, la policía
nacional confirmó ayer que tienen una antigüedad superior a los 30 años y
la hipótesis de que puedan pertenecer a víctimas de la Guerra Civil
cobra fuerza.
En la zona del hallazgo, en una fosa común muy cercana a la sima de
Otxaportillo, fueron arrojados muchos fusilados navarros y guipuzcoanos,
y en su memoria se levantó un monumento. Por eso, la aparición de los
restos de estos ocho esqueletos no ha sorprendido "en absoluto" a
Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Forense en la Universidad del
País Vasco. "Es un hecho históricamente conocido la existencia de
restos en esa sima desde hace más de 25 años gracias a una investigación
de un grupo de espeleólogos de Estella", recordó.
Ioseba
Eceolaza, coordinador de la Asociación de Familiares de Fusilados de
Navarra, tampoco estaba sorprendido por el hallazgo. "Cuadra
perfectamente por la zona que es", dijo. "Y si no son de la Guerra Civil
es muy probable que sean de una guerra carlista o de cualquier otra
contienda".
Los agentes de la policía nacional, sin embargo, se muestran más
cautos y aseguran que todavía "están abiertas todas las hipótesis". Lo
único seguro por ahora es que se trata de seis varones y dos mujeres,
una de ellas de avanzada edad, que no presentan restos orgánicos.
Una
vez que los espeleólogos pusieron en conocimiento del Cuerpo Nacional
de Policía la existencia de los ocho esqueletos, se aseguró la sima.
Cinco días más tarde, agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar
para extraer los restos a la superficie. Después fueron analizados in
situ por personal del Instituto Navarro de Medicina Legal y miembros del
Equipo de Antropología Forense, quienes se harán cargo de los
posteriores análisis.
Un libro destapa las terribles historias de la represión franquista en Guadalajara
Lunes, 22 de noviembre de 2010
"A mi padre lo fusilaron el 20 de junio de 1939 y después le pusieron
una multa de 14.000 pesetas [84 euros] por responsabilidades políticas.
Como no las teníamos, nos embargaron. Vinieron a casa y se lo llevaron
todo. Con la colcha de novia de mi madre hicieron un palio para el cura;
rasgaron los colchones por si teníamos dinero. Nos dejaron en la calle.
Yo tenía nueve años, pero no se me olvidará en la vida", cuenta Emilia
Cañadas, que ahora suma 82. La de su padre, Antonio,...
"A mi padre lo fusilaron el 20 de junio de 1939 y después le pusieron
una multa de 14.000 pesetas [84 euros] por responsabilidades políticas.
Como no las teníamos, nos embargaron. Vinieron a casa y se lo llevaron
todo. Con la colcha de novia de mi madre hicieron un palio para el cura;
rasgaron los colchones por si teníamos dinero. Nos dejaron en la calle.
Yo tenía nueve años, pero no se me olvidará en la vida", cuenta Emilia
Cañadas, que ahora suma 82. La de su padre, Antonio, alcalde de
Guadalajara al inicio de la Guerra Civil, es solo una de las terribles
historias recogidas en La represión franquista en Guadalajara
(Ediciones Silente). Sus autores, Pedro y Xulio García Bilbao y Carlos
Paramio Roca, querían rellenar un hueco en el mapa de la represión en el
que Guadalajara aparecía como zona gris, sin datos. El resultado es un
abrumador volumen de 635 páginas, de las que 490 corresponden al listado
de 6.230 represaliados (fusilados, encarcelados, expoliados,
perseguidos) allí por el franquismo.
El libro no olvida los desmanes de los "elementos de izquierda" en
los primeros días de la sublevación militar, como el asesinato del
comandante Rafael Ortiz de Zárate, el primer oficial fusilado por los
milicianos. También cuenta, entre otras, la historia de Vicente Relaño,
secretario general del PCE en Guadalajara, quien denunció y expulsó del
partido a los responsables de una checa, salvó a ocho personas de
derechas y fue asesinado en 1943 pese a los avales que todos ellos
habían redactado en su favor. O la de Francisco Gómez García, presidente
de la Casa del Pueblo, que sustituyó al presidente de UGT asesinado por
falangistas el 13 de julio de 1936: salvó al alcalde derechista Gerardo
Sánchez de las milicias del POUM, y pese a ello también fue fusilado en
1941.
El volumen recoge testimonios estremecedores -"vi a una
amiga mía que tendría entonces 16 o 17 años llevando uno de sus pies en
la mano y andando a la pata coja. Se había quitado la blusa para taparse
el muñón del pie"- y cifras que hablan por sí solas: 822 ejecutados
entre 1939 y 1944, la mayoría entre los 25 y 33 años y campesinos
(66,67%).
Son las historias de las víctimas republicanas en la
provincia, cuyo relato y recuento no se había hecho hasta ahora, a
diferencia de las franquistas, que ya en 1944 aparecían en el estudio Víctimas asesinadas en la provincia de Guadalajara durante la dominación roja.
Manifestaciones y misas en exaltación del franquismo
Sábado, 20 de noviembre de 2010
Varias manifestaciones de grupos de corte fascista y neonazis recuerdan
este fin de semana la muerte Francisco Franco y de José Antonio Primo de
Rivera en diversas misas y manifestaciones, algunas de ellas
autorizadas pese a la más que probable exaltación del fascismo que se hará en ellas. Además la policía está alerta ante la celebración de un concierto de grupos neonazis de varios países europeos que se llevará a cabo en un lugar indeterminado de Madrid.
En el Valle de los...
Varias manifestaciones de grupos de corte fascista y neonazis recuerdan
este fin de semana la muerte Francisco Franco y de José Antonio Primo de
Rivera en diversas misas y manifestaciones, algunas de ellas
autorizadas pese a la más que probable exaltación del fascismo que se hará en ellas. Además la policía está alerta ante la celebración de un concierto de grupos neonazis de varios países europeos que se llevará a cabo en un lugar indeterminado de Madrid.
En el Valle de los Caídos, donde esta mañana se ha celebrado una misa
en recuerdo de ambos dictadores por los monjes benedictinos de la
basílica, se han producido enfrentamientos verbales cuando un grupo de
partidarios del dictador, sin autorización, ha increpado a dos grupos por la memoria histórica que sí tenían autorización.
El
grupo, de unas 20 personas que portaban banderas preconstitucionales,
ha comenzado a cantar el Cara al sol y a gritar "Viva Franco" haciendo
el saludo fascista. Los recién llegados les han respondido coreando "Madrid será la tumba del fascismo" y "Nosotros no olvidamos".
Durante unos 35 minutos ambos grupos se han increpado, unos diciendo
"Viva España" y "Viva Franco" y los otros contestando, entre banderas
republicanas, frases como "Esa cruz la tienen que quitar", "Arriba con
la goma 2e" o "Fraga, quédate sin respiración", informa EFE.
Al final, los partidarios de Franco se han marchado y un representante
del Foro de la Memoria ha leído un comunicado en el que han reivindicado
verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.
El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José
María Pedreño, ha explicado que el Valle de los Caídos es "el único
monumento de exaltación del fascismo que queda en Europa". En la
manifestación de hoy han pedido la "voladura controlada" de la Gran Cruz de Cuelgamuros y la exhumación de los restos del dictador.
De este modo, ha exigido que se desacralice, ya que la gran cruz que lo preside "no es una referencia del cristianismo, sino del poder franquista", "una cruz más de castigo y de prepotencia" y que e
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