Fiscal Villarejo: "La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo"
Martes, 9 de marzo de 2010
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003, cuando
el PP forzó su relevo, participa activamente en el movimiento ciudadano
de apoyo a Baltasar Garzón. El sábado viajó a Jaén para tomar parte en
un acto de respaldo al juez.
Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003, cuando
el PP forzó su relevo, participa activamente en el movimiento ciudadano
de apoyo a Baltasar Garzón. El sábado viajó a Jaén para tomar parte en
un acto de respaldo al juez.
Pregunta. ¿Cree que existe una cacería contra el juez Garzón, como se ha dicho en algunos sectores?
Respuesta.
Las intenciones me son indiferentes. Yo me atengo a los hechos
objetivos de las resoluciones judiciales y de los escritos de las
partes. Y de ellos se desprende que hay un acoso organizado y
sistemático contra el juez, sobre todo si se estudia cómo se han
producido las querellas, perfectamente calculadas y estudiadas. Me
preocupa porque supone la persecución de un juez que es un ejemplo.
P. ¿Qué le parece que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel?
R. Me
parece un atropello desde el punto de vista del derecho procesal. No es
posible que una persona que está siendo perseguida por la justicia
penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda
constituir como parte para perseguir al juez que acordó las
intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios
contra él. ¿Por qué ha sido ofendido este señor para que se le permita
acusar? Es él quien está siendo investigado.
P. Pese a ello, ha logrado que se admita una querella contra Garzón.
R.
La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida
hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los
corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus
conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación
judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el
Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más
de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una
asignatura pendiente.
P. ¿Cree que la ciudadanía entiende que se admitan las
querellas contra el juez por actuaciones tan diversas como el caso de
las fosas, la trama Gürtel y los cursos subvencionados por el Banco de
Santander?
R. Lo que ha acordado el Supremo no se puede
sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. No es admisible y
socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder
judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso
significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a
un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a
investigarlos. Eso significa para el Estado de derecho una inmensa
derrota jurídica y moral.
P. Lo ha acordado el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial español.
R.
El Tribunal Supremo no está libre del error, que nadie crea que son más
inmunes. Son tres querellas admitidas y tres errores que demuestran el
poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter
objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos ha
sido menospreciada la postura de la fiscalía y las decisiones del
Supremo se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema
derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque
están aflorando las sombras del pasado.
P. ¿Es delictivo
participar en unos cursos subvencionados por un banco y que luego se
archive una causa contra directivos de ese banco?
R. Llevamos
25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y
progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos
y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado
gastos de alojamiento y seguramente algo más. ¿Por qué no se preguntan
los jueces y fiscales cómo encaja esto en el ejercicio libre e
independiente de su función si cualquiera de ellos ha tenido algún
asunto con las entidades que les han subvencionado tan generosamente?
Entrevista por Pere Rios, El País, 9 de marzo de 2010.
Más información:
Acto de respaldo al juez Garzón en JaénManifiesto por la justicia de Garzón
II Jornadas Memoria de Mujer: "Exiliadas". Salamanca, 8 y 9 de marzo de 2010
Lunes, 8 de marzo de 2010
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebra en todo
el mundo el 8 de marzo, se han organizado por segunda vez estas
jornadas.
Director: Josefina Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca) y María José Turrión García (Centro Documental de la Memoria Histórica).
Organización:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (Ministerio de
Cultura) y Departamento de Historia Medieval, Moderna y...
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebra en todo
el mundo el 8 de marzo, se han organizado por segunda vez estas
jornadas.
Director: Josefina Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca) y María José Turrión García (Centro Documental de la Memoria Histórica).
Organización:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (Ministerio de
Cultura) y Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea
(Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca).
Coordinación: Rosa María Merino Hernández (Universidad de Salamanca).
Más información:
Ministerio de Cultura
Programa de las jornadas
Lunes, 8 de marzo de 2010
DIEGO BARCALA (Público) 7 de marzo de 2010
Pepe González, de 51 años, vivió el
momento más feliz de su vida hace dos años, cuando su padre, meses
antes de morir, le abrazó a los pies de la fosa del cementerio de Valdenoceda
(Burgos). Fue en la celebración del funeral de su abuelo, Juan María
González, condenado a...
DIEGO BARCALA (Público) 7 de marzo de 2010
Pepe González, de 51 años, vivió el
momento más feliz de su vida hace dos años, cuando su padre, meses
antes de morir, le abrazó a los pies de la fosa del cementerio de Valdenoceda
(Burgos). Fue en la celebración del funeral de su abuelo, Juan María
González, condenado a muerte por los franquistas por «adhesión a la
rebelión». Es decir, por ser el conserje de la Casa del Pueblo de
Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Pepe, junto a otras 14 familias,
recibió ayer de manos de la Agrupación de Familiares y Amigos de
Fallecidos en la Prisión de Castigo de Valdenocenda los restos de su
antepasado represaliado.
Este acto de entrega de los cuerpos,
celebrado en el Ateneo de Madrid, cerró el círculo de la memoria
histórica que nietos, hijos y sobrinos como Pepe González comenzaron
hace apenas 15 años, seis décadas después de que los presos de aquella
fría cárcel murieran, en su mayoría, de hambre. «La comida era agua con tizones para teñirla de negro y un caldo con una habichuela que solía tener gusano y no se podía comer», relató ayer uno de los supervivientes, Isaac Arenal.
A los 153 presos enterrados en el
cementerio de Valdenoceda no hacía falta fusilarlos. Bastaba con morir
enfermos. Los antropólogos de la Sociedad Aranzadi han recuperado 116
cuerpos, entre ellos los 15 que ayer fueron entregados a sus familias.
Otros diez están identificados sin prueba genética y
el resto están a la espera de encontrar a sus descendientes. «La última
familia apareció hace un mes. Esperamos entregar muchos más», señaló el
antropólogo Luis Ríos.
Más información:
La Memoria Viva
El Tribunal Supremo apoya al cabecilla de la trama Gürtel
Jueves, 4 de marzo de 2010
PUBLICO. El Tribunal Supremo ha admitido la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama
Gürtel, de personarse como acusación particular en la querella admitida a trámite
contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
por intervenir las conversaciones mantenidas por él y otros imputados en la red corrupta con...
PUBLICO. El Tribunal Supremo ha admitido la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama
Gürtel, de personarse como acusación particular en la querella admitida a trámite
contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón
por intervenir las conversaciones mantenidas por él y otros imputados en la red corrupta con sus abogados en el centro donde cumplen prisión preventiva.
Su
abogado, José Antonio Choclán, había solicitado por escrito al alto
tribunal adherirse a la querella que fue presentada por el ex fiscal de
la Audiencia Nacional y abogado de otro de los imputados en la Gürtel
Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito
contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las
conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama
corrupta cuando el caso aún era competencia de la Audiencia Nacional.
La
admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las dos que ya
tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de
Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU. durante un permiso de estudios.
En
el auto de admisión a trámite de esta tercera querella contra el
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Sala destaca
como "extremos significativos"
el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limite la
intervenciones de las comunicaciones de presos con abogado a los
supuestos de terrorismo.
También critica que el auto de Garzón ordenando las escuchas se refiriera a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.
La Fiscalía,
por su parte, ha presentado un escrito solicitando a la Sala que
reconsidere su decisión de tramitar esta causa, al estimar que la denuncia de Peláez contiene "incorrecciones" graves sobre los hechos ocurridos.
Más información:
Público, 4 de marzo de 2010
El País, 4 de marzo de 2010
Presentación en Valladolid del documental "Todos los Nombres": Sábado, 6 de marzo
Jueves, 4 de marzo de 2010
El próximo sábado 6 de marzo, la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid
va a presentar su documental "Todos los nombres" en los Cines Broadway,
de la Calle García Morato, nº34 de Valladolid. La proyección estará
presentada por el periodista Fernando Valiño, el escritor Gustavo
Martín Garzo y el presidente de la Asociación, Julio del Olmo.
El
documental muestra la historia de la...
El próximo sábado 6 de marzo, la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid
va a presentar su documental "Todos los nombres" en los Cines Broadway,
de la Calle García Morato, nº34 de Valladolid. La proyección estará
presentada por el periodista Fernando Valiño, el escritor Gustavo
Martín Garzo y el presidente de la Asociación, Julio del Olmo.
El
documental muestra la historia de la represión franquista en la
provincia de Valladolid y las tareas llevadas a cabo por la Asociación
en su lucha contra el olvido. La entrada al acto será libre hasta
completar el aforo.
Más información:
ARMH Valladolid
El franquismo enterró a 349 niños en la fosa de Málaga
Jueves, 4 de marzo de 2010
PUBLICO. La fosa común del cementerio de San Rafael, de Málaga, de la que han sido exhumados restos de 2.840 personas, acogió los cuerpos de 349 niños muertos de hambre, enfermedades o heridas.
Así lo recoge el informe de la excavación de las ocho fosas y el patio
civil del cementerio de San Rafael, el mayor enterramiento de la Guerra
Civil y la represión abierto hasta hoy.
La cifra de 349 niños
se refiere a críos menores de diez años, según la...
PUBLICO. La fosa común del cementerio de San Rafael, de Málaga, de la que han sido exhumados restos de 2.840 personas, acogió los cuerpos de 349 niños muertos de hambre, enfermedades o heridas.
Así lo recoge el informe de la excavación de las ocho fosas y el patio
civil del cementerio de San Rafael, el mayor enterramiento de la Guerra
Civil y la represión abierto hasta hoy.
La cifra de 349 niños
se refiere a críos menores de diez años, según la Consejería de
Justicia. Murieron la mayoría en 1937 y en años inmediatamente
posteriores.
No siempre eran descendientes de enterrados allí. Bastaba con que fueran hijos de quienes eran rojos a ojos de los rebeldes,
que los inhumaban en la fosa sin apenas control. "Un niño que iba a la
cárcel con su madre, si moría de hambre o tifus, iba allí. Uno muerto
en un bombardeo, también", explica una fuente de la investigación. Más
de un tercio de estas víctimas infantiles (132) estaban en el sector 8,
donde abundan las inhumaciones en féretro de cuerpos llegados desde la
prisión provincial.
Aparte de los 349 niños, se han exhumado cadáveres de 1.138 hombres y 89 mujeres.
Del resto de cuerpos (1.262 más), no se determinó el sexo. Hasta el
momento, sólo se ha identificado a una persona. Ahora está abierto el
plazo para que las familias que creen tener familiares allí den ADN a la Universidad de Málaga. Más de 200 ya lo han hecho. Se prevé que se sumen otros dos centenares más. La cal viva dificultará las identificaciones.
En
el cementerio, hay registrados 4.471 entierros en la fosa común. Es
decir, faltan 1.631 cadáveres por exhumar. Existen hipótesis, no
certificadas, que sugieren que hubo traslados a otros lugares, como el
Valle de los Caídos. La Asociación contra la Memoria y el Olvido
-promotora de la exhumación en la que ha participado la Junta, el
Gobierno y el Ayuntamiento- pretende que se construya un panteón con
todos los huesos y una placa con los 4.471 nombres
Según el informe, los cuerpos fueron enterrados entre febrero de 1937 y mayo de 1957. Se trató de un "exterminio seleccionado durante dos décadas".
La mayoría fueron disparos en el pecho. Abundan los tiros de gracia con
arma corta. Hay individuos golpeados con objetos contundentes. Muchos
eran arrojados de tal forma que quedaban "en posiciones extremas". La
mayoría tenía "entre 20 y 40 años".
Los enterrados en las seis
primeras fosas fueron fusilados en la primera mitad de 1937. Los del
sector 7, a partir de entonces. En el Patio Civil, eran sepultados los
no creyentes y los suicidas. "Solían estar maniatados con alambres", explica el director de los trabajos, Sebastián Fernández.
Más información:
Público, 4 de marzo de 2010
Situación actual del mapa de fosas previsto en la Ley de la Memoria
Jueves, 4 de marzo de 2010
EL PAIS. Más de 70 años después del fin de la Guerra Civil, aún quedan en España
miles de fosas comunes en las que yacen decenas de miles de víctimas.
El único censo nacional de desaparecidos que existe, el que las
asociaciones de familiares llevaron al juez Baltasar Garzón en octubre
de 2008, tiene 133.708 nombres. Para elaborar un mapa de fosas y
cumplir uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica (2007), el
Gobierno pidió ayuda a las...
EL PAIS. Más de 70 años después del fin de la Guerra Civil, aún quedan en España
miles de fosas comunes en las que yacen decenas de miles de víctimas.
El único censo nacional de desaparecidos que existe, el que las
asociaciones de familiares llevaron al juez Baltasar Garzón en octubre
de 2008, tiene 133.708 nombres. Para elaborar un mapa de fosas y
cumplir uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica (2007), el
Gobierno pidió ayuda a las comunidades autónomas, pero sólo ocho, todas
gobernadas o cogobernadas por socialistas, han firmado un convenio para
facilitar al Ejecutivo datos de las localizadas en su territorio. El
objetivo es que ese rastro de la tragedia se pueda consultar en una web
en el futuro.
La mayoría de estas comunidades llevaba ya tiempo
trabajando en ese mapa y algunas, como Cataluña o Aragón, desde mucho
antes de que existiera la Ley de Memoria. Todas se están apoyando en el
trabajo de las asociaciones de víctimas y en equipos de las
universidades que financian con su presupuesto autonómico.
-
Cataluña
no delega. La Generalitat presentó en 2008 un primer mapa con 179
fosas, a las que han ido añadiendo más, hasta 244, aunque, de momento,
sólo 89 han sido confirmadas. La estimación del número de víctimas en
esta comunidad asciende a 9.000. María Jesús Bono, directora general de
Memoria de la Generalitat, explica que por la evolución del conflicto,
la mayoría son fosas de soldados republicanos. "Pero a diferencia del
resto del Estado, las primeras fosas que hay en Cataluña son fosas de
la represión republicana". Han recibido 32 peticiones de exhumación o
dignificación de enterramientos clandestinos. "La gran diferencia aquí
es que la Generalitat no delega la responsabilidad en víctimas o
asociaciones, sino que asume los trabajos de localización y exhumación
y su coste", explica. Cataluña cuenta, además, con un registro de
desaparecidos de la guerra que tiene ya 3.400 nombres y destinó 11
millones de euros a proyectos de memoria histórica entre 2005 y 2009.
-
Aragón:
las fosas son yacimientos arqueológicos. Su mapa de fosas arrancó en
2006. Ya han localizado 519, que dividen en seis categorías, según las
víctimas: "De la represión rebelde" (247); "de la represión
republicana" (119); "militares" (restos de soldados fallecidos en
combate: 119); "de combates o bombardeos" (9); "relacionadas con la
lucha guerrillera" (17) y de "tipología especial" (8). Para elaborar el
mapa, según explica una portavoz, el Gobierno aragonés recogió
documentación de historiadores y asociaciones y envió a un equipo de
técnicos a 1.150 localidades -entre ellas, una treintena de pueblos ya
deshabitados-, para buscar testimonios. Esta comunidad es una de las
pocas con su propio protocolo de exhumación. Y la única que considera
las fosas "yacimiento arqueológico", lo que las preserva de, por
ejemplo, las obras.
-
País Vasco:
equipo pionero. El Gobierno de Euskadi ha localizado 53 fosas. Trabajan
mano a mano con la sociedad de ciencias Aranzadi, a la que pertenecen
los arqueólogos y forenses que han participado de forma altruista en la
mayor parte de las fosas que se han abierto en España desde 2001. Inés
Ibáñez de Maeztu, directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco,
explica que las asociaciones de familiares juegan "un papel muy
importante a la hora de aportar información" y que "pese a las
estrecheces económicas" siguen subvencionando proyectos de recuperación
de la memoria "como una forma de acabar con el silencio, el olvido y la
indiferencia".
-
Extremadura:
comisario por la memoria. Esta comunidad empezó a buscar a sus
desaparecidos de la guerra en 2003. Ha localizado 172 posibles fosas en
las que calcula que puede haber restos de 241 víctimas. "La relación de
represaliados tiene alrededor de 12.000 nombres, pero hay otra
represión no escrita, que requiere una investigación pueblo a pueblo.
Lamentablemente, cada vez tenemos menos testimonios orales de primera
mano: el que enterró los cuerpos, el que vio cómo los enterraban... ya
ha muerto", explica Cayetano Ibarra, comisario de la memoria histórica
en Extremadura. "Además, hubo quien, a finales de los 70, por miedo, se
deshizo de los restos de fosas en fincas de su propiedad".
-
Andalucía:
nadie se atreve a dar una cifra de víctimas. Tiene, como Extremadura,
la figura del comisario de la memoria, y un inventario de 595 fosas, la
mayoría (118) en Huelva. Los expertos no se atreven aún a dar una
estimación de la cifra de víctimas.
-
Asturias y
Cantabria:
alianza con la Universidad. En Asturias se han localizado 267 fosas
desde 2003. Una profesora de historia contemporánea de la Universidad
de Oviedo coordina los trabajos de investigación, para los que ya han
previsto 30.000 euros. El Gobierno cántabro ha contratado a un equipo
de la universidad para que corrobore la información que ha recibido de
ayuntamientos, asociaciones y particulares sobre posibles ubicaciones
de fosas.
-
Castilla-La Mancha:
empezando. Aún no aporta cifras, pero el Gobierno castellano-manchego
ya ha comenzado a trabajar en el mapa de fosas reuniéndose con
asociaciones de memoria.
Más información:
El País, 4 de marzo de 2010Trabajos de identificación en la fosa común del cementerio de MálagaPúblico, 3 de marzo de 2010
El Tribunal Supremo abre un tercer proceso a Garzón
Jueves, 25 de febrero de 2010
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido hoy a trámite una querella por prevaricación del abogado de un empresario imputado en el caso Gürtel contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus defensores.
Así
lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo, según han informado
fuentes de este tribunal, que tramita otras dos querellas contra el
magistrado: una por...
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido hoy a trámite una querella por prevaricación del abogado de un empresario imputado en el caso Gürtel contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus defensores.
Así
lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo, según han informado
fuentes de este tribunal, que tramita otras dos querellas contra el
magistrado: una por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y otra por los cobros que recibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez,
que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso
Gürtel, sostiene que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada
la intervención de las grabaciones, siendo "perfectamente conocedor de
la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".
Más información:
Público, 25 de febrero de 2010
El País, 25 de febrero de 2010
El fiscal del Tribunal Supremo insiste en que Garzón no prevaricó
Jueves, 25 de febrero de 2010
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reiterado que el juez Baltasar
Garzón no incurrió en el delito de prevaricación que le atribuye el
instructor de las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las
JONS, Luciano Varela, según un escrito de alegaciones remitido a la
Sala Penal del Supremo, informaron fuentes fiscales. El fiscal, sin
embargo, pone distancia entre su escrito y el del defensor de Garzón,
Gonzalo Martínez-Fresneda, señalando que Varela actúa con corrección en
la...
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reiterado que el juez Baltasar
Garzón no incurrió en el delito de prevaricación que le atribuye el
instructor de las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las
JONS, Luciano Varela, según un escrito de alegaciones remitido a la
Sala Penal del Supremo, informaron fuentes fiscales. El fiscal, sin
embargo, pone distancia entre su escrito y el del defensor de Garzón,
Gonzalo Martínez-Fresneda, señalando que Varela actúa con corrección en
la tramitación de esa querellas.
En su recurso, el abogado Martínez-Fresneda afirmaba que el auto de
Varela era "insostenible" en la valoración de los hechos, "infundado"
en la aplicación del derecho material y "sinceramente incomprensible"
en la aplicación del derecho procesal. El fiscal no se muestra de
acuerdo con estas valoraciones, como tampoco lo estuvo cuando la
defensa de Garzón criticó la instrucción de Varela por "inquisitorial", "prospectiva" e "infinita".
Al
margen de las alegaciones del fiscal, Martínez-Fresneda dirigió ayer un
nuevo escrito al juez Luciano Varela en el que le pide que resuelva sin
más demora sobre las pruebas que solicitó al impugnar la continuación
del procedimiento contra su defendido. Entre éstas figura la
declaración de relevantes juristas internacionales, como la fiscal del
Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia Carla del Ponte y el juez
chileno que abrió procesos contra Pinochet, Juan Guzmán. También ha
propuesto a los magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la
postura de Garzón y al fiscal de jefe, Javier Zaragoza, que contradijo
a Garzón pero declarará en su descargo.
El escrito de
Martínez-Fresneda considera llamativo que Varela haya acordado tramitar
su recurso de apelación ante la Sala Penal del Supremo pero haya dejado
sin resolver sobre la petición de pruebas.
La actitud de Varela,
según el abogado de Garzón, podría vulnerar el artículo 11.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que ordena a los jueces "resolver siempre
sobre las pretensiones que se formulen". También podría vulnerar el
artículo 198 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ordena que las
diligencias judiciales se practiquen sin dilación.
El abogado de
Garzón concluye que la causa por la investigación del franquismo sigue
en fase de instrucción, por lo que la petición de pruebas es
independiente del recurso de apelación contra el auto de Varela
imputando a Garzón un delito de prevaricación.
Más información:
El País, 25 de febrero de 2010
El juez Garzón no ha prevaricado
Miércoles, 24 de febrero de 2010
Con fundados argumentos, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo rebate el auto del juez Varela.
La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que
sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición.
Así lo entiende la ONU: "Todo acto de desaparición forzosa será
considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando
la suerte y el paradero dela persona desaparecida y mientras no se
hayan esclarecido los...
Con fundados argumentos, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo rebate el auto del juez Varela.
La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que
sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición.
Así lo entiende la ONU: "Todo acto de desaparición forzosa será
considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando
la suerte y el paradero dela persona desaparecida y mientras no se
hayan esclarecido los hechos". Criterio mantenido por un fiscal ante el
Tribunal Constitucional, ante un supuesto de desaparición en la
provincia de Córdoba, que rebate muy fundadamente las tesis del juez
Varela.
Por su carácter de delito permanente, las detenciones
ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar
comprendidas en la Ley de Amnistía, que sólo alcanzaba a "actos"
delictivos "realizados", es decir, consumados, con anterioridad al 15
de diciembre de 1976. Por tanto, en ningún caso podía incluir hechos
delictivos que en esa fecha aún estaban produciéndose, dado que no era
conocida la suerte de los desaparecidos.
Asimismo, la vigencia de
la Ley 46/1977 de Amnistía no puede impedir un debate, ya asumido por
la ONU, sobre su constitucionalidad y sus efectos.
Artículo completo:
El País, 23 de febrero de 2010.
Manifiesto por la Justicia de Garzón
Lunes, 22 de febrero de 2010
El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada
y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida
con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra
dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia.
El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.
El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida...
El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada
y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida
con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra
dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia.
El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.
El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por
sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una
sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas.
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio
sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los
Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de
carácter internacional.
El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del
Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad
al Movimiento Nacional del franquismo.
Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las
instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una
superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos contra el Estado español.
El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en
la defensa de los Derechos Humanos conforme con su Derecho
Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el
mundo.
Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley
de Amnistía de 1977.
Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia
Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador
Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo
intenta, es juzgado por ello.
Entra y firma.
El juez Varela defiende el honor de Falange Española
Sábado, 20 de febrero de 2010
El juez Luciano Varela, que ha organizado la causa contra el juez Garzón, ha asumido las tesis del partido fascista Falange Española (antes FET y de las JONS) y le ha permitido, previo depósito de 6.000 euros, personarse en la causa del Tribunal Supremo contra Garzón. Como se recordará, Varela inició la causa contra Garzón porque éste pretendía investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil por los sublevados contra el gobierno español, entre los que se encontraban los fascistas de...
El juez Luciano Varela, que ha organizado la causa contra el juez Garzón, ha asumido las tesis del partido fascista Falange Española (antes FET y de las JONS) y le ha permitido, previo depósito de 6.000 euros, personarse en la causa del Tribunal Supremo contra Garzón. Como se recordará, Varela inició la causa contra Garzón porque éste pretendía investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil por los sublevados contra el gobierno español, entre los que se encontraban los fascistas de Falange Española.
Este mismo Tribunal Supremo es el que reprendió a las asociaciones de víctimas, cuando quisimos personarnos en la causa iniciada contra Garzón, por "perturbar la jurisdicción del Supremo con peticiones infundadas."
Más información:
Falange Española está legitimada para actuar contra el juez Garzón......y las víctimas del franquismo molestan al Tribunal Supremo.
Viernes, 12 de febrero de 2010
Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo. El abogado de...
Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un recurso de apelación directo a la Sala Penal contra el auto del instructor Luciano Varela, que considera “insostenible”, “infundado” e “incomprensible”.
Entre las “omisiones y errores” del auto de Varela, el defensor de Garzón subraya el “completo silencio” respecto de la querella de Falange Española, para explicar que las asociaciones de víctimas del franquismo “no pueden intervenir en esta causa, pero Falange Española, sí”. El abogado critica que se hayan entregado, a solicitud de Manos Limpias, todos los anexos sobre localización de fosas y los listados de miles de desaparecidos.
El recurso subraya que una resolución en la que Varela atribuye a Garzón un “empeño doloso” en seguir el proceso del franquismo fue firmada en realidad por el sustituto de Garzón, Santiago Pedraz, “como se habría apreciado en un examen atento y objetivo de las actuaciones”. También menciona algunas equivocaciones de Varela en las fechas, dado su empeño en “escudriñar rastros de otras ilicitudes”. El abogado replica al instructor que nunca hubo “11 meses de inactividad” procesal de la causa sobre el franquismo, ya que, en ese periodo, se dictaron 14 resoluciones, se proveyeron 19 escritos y se alcanzaron 435 folios de actuaciones.
En su “manifiesta contradicción” y su “visión sesgada”, Varela imputa en el mismo periodo de tiempo a Garzón una “inactividad procesal” y una “desmedida investigación” porque el instructor incurre reiteradamente en las mismas trampas argumentales: “Cualquier comportamiento posible del juez Garzón es culpable”. El retraso en esa época se debe a la “baja por ansiedad y estrés” del funcionario encargado, “como consta en las actuaciones”.
Martínez-Fresneda insiste en que los crímenes del franquismo no fueron delitos “políticos” amnistiados en 1977, sino “crímenes contra la Humanidad”. El abogado se pregunta si un juez debe valorar la “finalidad política” de los delitos si no quiere verse acusado de prevaricador. En ese sentido, recuerda que, en 1995, la Audiencia Provincial de Madrid ya declaró que la Ley de Amnistía no podía evitar el juicio por el asesinato del estudiante Enrique Ruano ocurrido en 1969. Así, los jueces que tramitaron aquel proceso “serían tan prevaricadores como Garzón”.
Uno de los argumentos que el instructor de la causa contra Garzón por investigar el franquismo, Luciano Varela, usa contra el juez de la Audiencia es la no aplicación de la Ley de Amnistía, que, según Varela, le obligaba a cerrar el caso. En su nuevo recurso, Garzón propone como testigos a siete juristas de prestigio internacional para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables conforme a tratados internacionales suscritos por España. Estos son algunos:
- Carla del Ponte. Ex fiscal del Tribunal Internacional para los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional. Llevó a la cárcel a Slobodan Milosevic y a otros dirigentes y militares serbios y croatas, por crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos durante la guerra civil yugoslava.
- Eugenio R. Zaffaroni. Era presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina cuando ésta derogó las leyes de amnistía posteriores a la dictadura de ese país, llamadas de Obediencia Debida y Punto Final, basándose en los tratados internacionales sobre derechos humanos. La decisión permitió juzgar a los torturadores.
- Juan Guzmán. El ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile procesó en dos ocasiones al dictador Augusto Pinochet. Lo hizo creando la figura de “secuestro permanente” para las desapariciones de la dictadura chilena, lo que le permitió evitar la ley de amnistía que Pinochet aprobó en 1978.
- Sergio García Ramírez. Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de Justicia de México. Ese tribunal ha investigado, entre otros casos, el de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez que acabó con condena al Estado mexicano por falta de diligencia al investigar esos crímenes.
La ASMJ ingresa en la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo
Lunes, 8 de febrero de 2010
Desde el 3 de febrero de 2010, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia forma parte de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, según decidió la asamblea de la Asociación el 1 de diciembre de 2009. Consideramos que el trabajo en equipo con otras asociaciones permitirá dar más fuerza a nuestra Asociación y mejorar el trabajo en defensa de la memoria de las víctimas de la represión franquista.
El ingreso en la Coordinadora en modo alguno quiere decir ni que...
Desde el 3 de febrero de 2010, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia forma parte de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, según decidió la asamblea de la Asociación el 1 de diciembre de 2009. Consideramos que el trabajo en equipo con otras asociaciones permitirá dar más fuerza a nuestra Asociación y mejorar el trabajo en defensa de la memoria de las víctimas de la represión franquista.
El ingreso en la Coordinadora en modo alguno quiere decir ni que la ASMJ vaya a perder autonomía en su actividad, ni que dejemos de tener relaciones con las asociaciones que no están en la Coordinadora. Al contrario, desde la ASMJ pensamos que la colaboración de todas las asociaciones del movimiento de la memoria histórica es la mejor garantía para el correcto cumplimiento de nuestros fines.
coordinadoravictimas.blogspot.com
Jueves, 4 de febrero de 2010
En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca celebrado el 4 de febrero de 2010, el Partido Popular ha vuelto a rechazar la retirada de los honores municipales al dictador Francisco Franco, que de esta forma continúa siendo alcalde honorario de la ciudad.
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia se une a la iniciativa del grupo municipal socialista y reclama una vez más que se le retiren los honores a Franco y se traslade el medallón de la Plaza Mayor al Museo de...
En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca celebrado el 4 de febrero de 2010, el Partido Popular ha vuelto a rechazar la retirada de los honores municipales al dictador Francisco Franco, que de esta forma continúa siendo alcalde honorario de la ciudad.
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia se une a la iniciativa del grupo municipal socialista y reclama una vez más que se le retiren los honores a Franco y se traslade el medallón de la Plaza Mayor al Museo de Historia.
Salamanca24horas
04/02/2010
El pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a tratar la petición del Grupo Socialista para la anulación de los acuerdos municipales relativos a la concesión de honores y distinciones al dictador Franco, como la medalla de la ciudad y el distintivo de alcalde perpetuo. Pero la moción ha vuelto a ser rechazada por el Grupo Popular y ni siquiera ha podido ser debatida.
Desde el equipo de Gobierno se viene insistiendo en plenos anteriores que estas distinciones fueron anuladas al concedérselas al Rey, pero el PSOE asegura que la primera Medalla de Oro de la ciudad se concedió con carácter excepcional, sin instruirse expediente alguno, "en el marco de la dictadura militar que asoló España a partir del 1 de abril de 1939 y con el único objetivo de rendir pleitesía al dictador por parte de una Corporación Municipal no elegida por los ciudadanos, sino designada directamente por las autoridades de la época entre personas que manifestaron su adhesión a la dictadura".
Y recuerdan los socialistas que, "a pesar de ello, el dictador Franco, en una clara falta de respeto a la ciudad de Salamanca, tardó más de seis años en acudir a recoger la medalla de oro, que se le entregó en un acto celebrado el día 8 de mayo de 1954 en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca".
Añaden además que dado el carácter de perpetuidad del nombramiento del dictador como Alcalde de Honor de Salamanca, sigue en vigor ya que no ha sido revocado con posterioridad. Y van más allá al solicitar que se inicien los trámites ante la Comisión Territorial de Patrimonio para proceder al traslado del medallón de Franco en la Plaza Mayor al Museo de Historia de la Ciudad.
El portavoz socialista, Fernando Pablos, también argumentó su solicitud en que, por un lado, "se debe cumplir la ley, guste o no", y por el otro, "Salamanca no puede ser una excepción a este tema, pues dentro de poco seremos la única capital de provincia con honores a Franco, para sonrojo de miles de ciudadanos". Recordó además que mociones similares han sido aprobadas en otras provincias de España, en ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el PP, bien con su voto a favor, como Cádiz y Madrid, o su abstención, como en Málaga.
Más información:
www.salamanca24horas.com
Jueves, 4 de febrero de 2010
El próximo sábado 13 de marzo de 2010, en San Isidro (Alicante), se celebrarán las III Jornadas de encuentro en torno al Campo de Concentración de Albatera. El Campo de Albatera fue uno de los primeros campos de concentración abiertos en España tras el fin de la guerra civil en el puerto de Alicante el 1º de abril de 1939. En él fueron internados cerca de 15.000 republicanos, que procedentes de todos los puntos de la geografía española se agolparon en las bocanas del puerto a la espera de los...
El próximo sábado 13 de marzo de 2010, en San Isidro (Alicante), se celebrarán las III Jornadas de encuentro en torno al Campo de Concentración de Albatera. El Campo de Albatera fue uno de los primeros campos de concentración abiertos en España tras el fin de la guerra civil en el puerto de Alicante el 1º de abril de 1939. En él fueron internados cerca de 15.000 republicanos, que procedentes de todos los puntos de la geografía española se agolparon en las bocanas del puerto a la espera de los barcos que enviarían las fuerzas democráticas internacionales para su evacuación.
Estos barcos nunca llegaron, y todos los republicanos fueron apresados y conducidos al improvisado campo de los Almendros y, desde allí, la mayoría fueron trasladados al Campo de Concentración de Albatera.
Conocidas son las torturas, humillaciones y fusilamientos a los que fueron sometidos en este campo que permanecería abierto durante cerca de siete meses, hasta su cierre que coincidiría con el inicio de la II Guerra Mundial.
Este año, al cumplirse el centenario de su nacimiento, las Jornadas rendirán homenaje al poeta del pueblo Miguel Hernández incluyendo en su programación una mesa redonda donde se debatirá sobre la importancia de su figura dentro del ideario cultural republicano.
Su compromiso con la libertad y la justicia ha sido un ejemplo para las generaciones que hemos tomado el relevo en las luchas que sostuvo Miguel contra el totalitarismo y el fascismo.
Paralelamente a estas Jornadas se celebrarán dos actividades que esperamos que sean del interés de todos. La exposición "Manuel Azaña y la II República" donde se muestra abundante documentación sobre la figura del presidente Manuel Azaña. La "Feria del Libro de la Memoria", donde editoriales y librerías expondrán las novedades literarias relacionadas con esta temática.
Después de tres años, estas Jornadas se han consolidado como un referente de reflexión sobre la recuperación de la memoria histórica colectiva así como de difusión de lo que supuso en concreto el Campo de Concentración de Albatera dentro del sistema represor de la dictadura franquista. Sobre todo intentamos que sirvan de homenaje a todos los que sufrieron y murieron luchando por la libertad y la justicia; y que han sido ejemplo e inspiración a todas las generaciones posteriores.
Permanecerán siempre en nuestro recuerdo.
Más información:
www.campodealbatera.org
Martes, 26 de enero de 2010
Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià
El Ayuntamiento de Valencia pretende instalar un monumento a los franquistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha de Cementerio General en la que fueron enterradas miles de sus víctimas. Las obras ya han empezado.
En el día de hoy, 20 de enero de 2010, esta Asociación y familiares de víctimas del franquismo tiradas a la fosa común de la Sección 7ª Derecha, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia un escrito...
Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià
El Ayuntamiento de Valencia pretende instalar un monumento a los franquistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha de Cementerio General en la que fueron enterradas miles de sus víctimas. Las obras ya han empezado.
En el día de hoy, 20 de enero de 2010, esta Asociación y familiares de víctimas del franquismo tiradas a la fosa común de la Sección 7ª Derecha, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia un escrito pidiendo la paralización inmediata de las obras que están realizándose en dicha fosa.
A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que en la mencionada fosa están realizándose obras de ajardinamiento e instalación de un monolito “en memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor”, al haber sido sobreseídos y archivados los procedimientos judiciales iniciados por esta asociación y por familiares de víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio general de Valencia.
Ante esta información hacemos público que esta asociación y 18 familiares de víctimas interpusimos el día 16 de noviembre de 2009, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia que declaraba el sobreseimiento del sumario para exhumar las fosas comunes del cementerio de Valencia e investigar los delitos de detención ilegal y desapariciones forzadas durante el franquismo, tipificados como crímenes contra la humanidad, y recuperar los restos de los familiares de los denunciantes, tirados a esas fosas. Diligencias todas ellas derivadas de la denuncia presentada en su día por esta asociación en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional , no estando por tanto, el procedimiento judicial archivado puesto que cabe la posibilidad de que se atienda lo solicitado por esta parte, es decir la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Valencia, entre ellas la de la Sección 7ª Derecha.
La petición judicial de exhumación se ha realizado siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otros organismos internacionales, que parten de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe realizarlas, siendo España el único país que traslada a las asociaciones, partidos y particulares la competencia de recuperar los restos de las víctimas, sufragando incluso los gastos a través de subvenciones, sin que existan antecedentes de esta situación en ningún otro país, además de la opinión de otros expertos que afirman que las exhumaciones realizadas sin la órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer el secuestro y la destrucción de pruebas de crímenes perpetrados durante el genocidio franquista.
Por otra parte, entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia de erigir un monolito “En memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor”, supone un intento de honrar y reconocer a personas implicadas en el criminal golpe de estado fascista de 18 de julio de 1936 contra el legítimo gobierno de la II República , apoyado por la Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini, entre otros, que asesinaron a centenares de miles de personas que lucharon por la libertad y la legalidad constitucional y causaron la muerte por hambre, frío, desnutrición y enfermedades no asistidas, entre otras causas, a otros cientos de miles más, debido a las miserables condiciones de vida que el franquismo les impuso. Honrar y hacer reconocimientos a implicados en delitos de crímenes contra la humanidad, está tipificado como delito de apología del fascismo y del golpismo en los países del área europea y de los demás continentes del planeta.
Por último entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia, con la instalación de dicho monolito, es un insulto a las víctimas y a sus familias, que no han sido rehabilitadas, ni juzgado los responsables y colaboradores del genocidio franquista, tras más de 30 años de “democracia” y más de 70 de haberse proclamado la dictadura militar fascista, no pudiendo bajo ninguna razón, dar el mismo trato a víctimas y a verdugos, a delincuentes defensores del fascismo y del totalitarismo, que provocaron o apoyaron el criminal golpe de estado militar fascista, que a los que cayeron en defensa de la libertad, del bien común y de la legalidad constitucional.
Valencia, 20 de enero de 2010
Viernes, 22 de enero de 2010
El País, 22 de enero de 2010.
El fiscal del Tribunal Supremo reiteró ayer por tercera vez que el juez Baltasar Garzón no incurrió en delito de prevaricación con su investigación de las fosas del franquismo, insistió en que resulta "absolutamente innecesario" continuar la instrucción y reclamó el sobreseimiento y archivo de la causa. El alegato de la fiscalía es el último aval que puede evitar que el instructor del Supremo, Luciano Varela, acabe con la carrera de Garzón sentándole en...
El País, 22 de enero de 2010.
El fiscal del Tribunal Supremo reiteró ayer por tercera vez que el juez Baltasar Garzón no incurrió en delito de prevaricación con su investigación de las fosas del franquismo, insistió en que resulta "absolutamente innecesario" continuar la instrucción y reclamó el sobreseimiento y archivo de la causa. El alegato de la fiscalía es el último aval que puede evitar que el instructor del Supremo, Luciano Varela, acabe con la carrera de Garzón sentándole en el banquillo.
El fiscal apoya la petición de archivo formulada el mes pasado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, por más que no comparte las afirmaciones de éste de que la instrucción de Varela ha sido "inquisitiva" e "injustificadamente retardada".
El escrito del fiscal enumera las cuatro resoluciones de Garzón que los querellantes del pseudosindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad y la Falange consideran supuestamente "prevaricantes". De entrada, el fiscal ve "absolutamente sorprendente" que puedan ser vehículos de una prevaricación judicial dos resoluciones "diametralmente opuestas": el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, y su contrario, es decir, aquel en el que decide inhibirse al entender que la competencia corresponde a los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas de fusilados de la Guerra Civil. Según el fiscal, es "difícilmente comprensible" que si prevaricó al declararse competente, lo haga también al inhibirse.
Para la Fiscalía del Supremo, la decisión de Garzón de declararse competente difícilmente puede considerarse jurídicamente "indefendible" o "irracional" y por tanto "prevaricante", ya que esa misma posición fue la que defendieron cuatro magistrados en un pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Además, cuando Garzón se inhibió a favor de diversos juzgados dispersos por toda la geografía nacional, "curiosamente algunos jueces (los de Granda y el Escorial) devolvieron la causa al entender que la competencia correspondía al juez de la Audiencia Nacional".
El fiscal tampoco considera "prevaricante" la petición de los certificados de defunción de Franco y otros personajes "históricamente relevantes". "Se olvidan los querellantes", dice, que en el proceso penal no hay hechos "notorios" o "no controvertidos", es decir, que todo hay que probarlo. Además, eran múltiples los presuntos implicados en los crímenes del franquismo y el fallecimiento de los menos conocidos podía ser "presumible", pero en modo alguno "notorio". El certificado de fallecimiento, incluso de Franco, es la aportación de un dato formal al procedimiento.
El fiscal concluye: "¿Podría haber prevaricado el juez que tramitó la declaración de herederos de Franco y pudo y debió solicitar de sus presuntos herederos que acreditaran el fallecimiento?".
Martes, 19 de enero de 2010
18 de enero de 2010. TRIBUNA DE SALAMANCA. A. C. H.
Indignación. Es el sentimiento que invade a los miembros de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca desde que conocieron que el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca ha acordado el «sobreseimiento y archivo» del caso de los enterramientos de Pelabravo durante la Guerra Civil. La asociación había presentado una denuncia para que «a la luz de la memoria histórica» los juzgados procedieran como Administración de Justicia...
18 de enero de 2010. TRIBUNA DE SALAMANCA. A. C. H.
Indignación. Es el sentimiento que invade a los miembros de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca desde que conocieron que el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca ha acordado el «sobreseimiento y archivo» del caso de los enterramientos de Pelabravo durante la Guerra Civil. La asociación había presentado una denuncia para que «a la luz de la memoria histórica» los juzgados procedieran como Administración de Justicia para investigar los hechos y para identificar el ADN de las víctimas a raíz de la aparición de restos humanos en este «enterramiento clandestino», explica Severiano Delgado, presidente de la Asociación Memoria y Justicia. Sin embargo, la respuesta judicial los ha dejado más que decepcionados. «Los hechos no son constitutivos de infracción penal», dice el auto judicial, y éste no aprueba las diligencias solicitadas alegando que no existe «ninguna investigación criminal en curso».
Sí sugiere a los interesados, los miembros de esta asociación, que remitan las pruebas que estimen oportunas contactando con la dirección arqueológica que dirigió la excavación. En ese caso, José María Collados «¿Es que lo tenemos que pagar nosotros?». Así que han decidido enviar un escrito de queja a la Presidencia del Gobierno exponiendo los «problemas» que hay con los juzgados que se abstienen de hacer una investigación ante las denuncias del hallazgo de restos humanos en el campo. «Nos encontramos unos cadáveres en el campo con restos de haber tenido una muerte violenta; lo denunciamos en el Juzgado y nos contestan que no ven indicios de delito». "¿Cómo lo saben?" Se pregunta Delgado. «No ha habido actuación de nadie. ¿Cómo pueden decir eso?».
«No es una fosa común»
El enterramiento de Pelabravo «no es una fosa común». Fosas comunes hay en todos los cementerios «para inhumar a personas que, por las causas que sean, su cadáver nadie reclama». Sin embargo, estas fosas que hay en el campo, como la de Pelabravo, son «enterramientos clandestinos; los verdugos que mataron a esa gente sabían muy bien que lo que estaban cometiendo era un crimen y procuraron no dejar huella».
Cayetano García, alcalde socialista de Pelabravo, por su parte, afirma que si él fuera familiar de algunas de las víctimas enterradas en Pelabravo le gustaría que la Justicia sí facilitase las cosas para averiguar el ADN de los cuerpos y así identificar los cadáveres. El regidor recuerda en declaraciones a TRIBUNA el revuelo que produjeron las exhumaciones en el pueblo, algo que «no me sorprende» ya que, a su juicio, «cada uno tiene que buscar lo suyo».
Lunes, 18 de enero de 2010
Entrevista por Angélica Corral
Es 12 de enero. La Ley de Memoria Histórica llega a Burgos con la retirada de medallones de Mola y de Franco. ¿Qué dimensión tiene esta noticia para la asociación que preside?
Es cumplir la ley, pero aunque no estuviera recogido en ella tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Franco, Mola y toda esta gente no son más que unos criminales que se sublevaron contra el Gobierno democrático de España y no tienen derecho a tener ese...
Entrevista por Angélica Corral
Es 12 de enero. La Ley de Memoria Histórica llega a Burgos con la retirada de medallones de Mola y de Franco. ¿Qué dimensión tiene esta noticia para la asociación que preside?
Es cumplir la ley, pero aunque no estuviera recogido en ella tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Franco, Mola y toda esta gente no son más que unos criminales que se sublevaron contra el Gobierno democrático de España y no tienen derecho a tener ese reconocimiento público.
¿Le cuesta mucho dinero al Gobierno cumplir esta Ley?
No lo sé. A nuestra Asociación este año le ha correspondido una subvención de 25.970 euros. Es una miseria teniendo en cuenta que el Gobierno no hace una de las cosas que en nuestra opinión debería ser obligación moral y política del Estado. Hacer de oficio todas estas búsquedas de enterramientos clandestinos. Lo que hace es delegar en Asociaciones privadas y si queremos buscar un enterramiento con un georradar, tenemos que alquilarlo a una empresa privada a precios de mercado. Son personas que fueron asesinadas por un terror de Estado; es a él al que le corresponde hacer esas averiguaciones, pero no las hace. Alguien tendrá que hacerlas y no vamos a permanecer con los brazos cruzados pero no estamos detrás sólo de las exhumaciones que es lo más llamativo y lo que sale en la tele.
También investigan.
Estamos preparando un mapa con los enterramientos clandestinos que hubo en la provincia de Salamanca. Ya se sabe de antiguo que en el monte de La Orbada de la carretera de Valladolid mataron a mucha gente, en el monte Araúzo de Peñaranda, también, y luego en la zona de El Rebollar en la comarca de Ciudad Rodrigo.
¿Qué responde ante comentarios del tipo "mejor dedicar ese dinero a arreglar carreteras"?
Siempre hace falta el dinero mejor para otras cosas. A mí, hay dinero que gasta el Gobierno que me parece superfluo. Gaste lo que gaste el Estado, siempre habrá alguien que diga eso mejor sería gastárselo en hospitales. Yo le diría, sencillamente, ¿usted sabe dónde está enterrado su padre?
En el inventario de víctimas, ¿cuántas hay de Salamanca?
Por sentencia de Consejo de Guerra aquí fusilaron a 154 personas durante la Guerra Civil. Luego están los que fueron víctimas de sacas de la cárcel, ejecuciones extrajudiciales. Eran sacados por ráfagas para trasladarlos a otra prisión o ponerlos en libertad pero los mataron por el camino. Luego las detenciones ilegales (vulgarmente llamadas paseos) con ejecuciones extrajudiciales. Desaparecieron de la faz de la tierra y muchos están en el campo. ¿Una cifra? Mil personas víctimas de la represión en Salamanca con certeza y que pasaran por la cárcel, cinco o seis mil personas. Y los cientos de funcionarios expulsados de la función pública y sancionados de muchas maneras.
¿Por qué es necesario exhumar y traer a la memoria hechos que hacen revivir el dolor?
No, es todo lo contrario. En todo esto hay una vertiente personal. Cuando un hijo sabe que su padre está enterrado en el campo como un perro lo normal es que quiera rescatarlo y darle una sepultura digna. Luego está la vertiente moral y política de rescatar su memoria. Por ejemplo, la del alcalde de Salamanca Casto Prieto Carrasco, asesinado en función del ejercicio de su cargo. Era catedrático de la Universidad y médico, lo enviaron a la cárcel y luego lo sacaron y lo fusilaron en la carretera de Valladolid. ¿Qué hizo? Ser un buen alcalde de Salamanca. No puede ser que los salmantinos no conozcan este hecho.
¿Son amigos del juez Garzón?
Sí muy amigos (risas). Amigos íntimos. Cuando en septiembre de 2008 lanzó su procedimiento para investigar los crímenes del franquismo, nosotros fuimos una de las asociaciones que le facilitó una lista de víctimas del franquismo. Por eso ahora nosotros, si llega el caso y avanza la causa judicial contra el juez Garzón, nos autoinculparemos como cooperadores necesarios en el delito que haya podido cometer.
En Salamanca, en una escala del 1 al 10. ¿Cuánto se cumple la Ley de Memoria Histórica?
Si diez es mucho y cero nada, digamos que más bien tirando al cero. Hay muchos ejemplos. En la fachada de San Juan de Sahagún ahora que se ha restaurado la iglesia mantienen una lápida enorme de los caídos. Se mantienen placas y escudos franquistas por toda la ciudad, en edificios oficiales y símbolos de los sindicatos verticales franquistas en barrios. Eso debería desaparecer porque no son dignos de tener un recuerdo público de esa envergadura. A la lista habría que añadir el medallón de Franco de la Plaza Mayor que debería llevarse al Museo de Historia de la Ciudad o a algún otro sitio para que no sea un elogio público.
¿Influye la ideología del alcalde de turno para que se cumpla más o menos la Ley de Memoria Histórica?
No es tanto la ideología de partido como la manera de ver el mundo. Nosotros hemos hecho homenajes en pueblos con el alcalde del PP como en Ciudad Rodrigo y aunque podría pensarse que por ser Javier Iglesias presidente del PP nos iba a poner trabas, la relación ha sido muy cordial. Nosotros queremos una buena relación con todos los alcaldes.
¿Y con Lanzarote?
Con el señor Lanzarote no hemos hablado todavía. Sí con Fernando Rodríguez que ha sido nuestro interlocutor para la construcción del memorial que tenemos en el cementerio de Salamanca.
¿Qué hacemos con las placas de inauguración de los pantanos?
Es rutina burocrática. Hay cosas que son inevitables que queden.
¿Todos los miembros de la asociación son hijos de víctimas?
Muchos miembros son hijos de víctimas mortales que murieron por Consejo de Guerra o por ejecuciones extrajudiciales, otros somos familia de personas que sufrieron cárcel, que eso era una forma de matar a la gente. Luego hay otros que, sin ser familiares, tienen una sensibilidad de colaborar con nosotros en la recuperación de la memoria y la dignidad de todas estas personas.
¿Cuándo cerraremos el capítulo de la Guerra Civil?
Como los que están enterrados en el campo son los perdedores, los hijos de los vencedores siguen despreciando a esas personas de las que se ha perdido la memoria. Hasta que todo este asunto de los enterramientos clandestinos no se haya cerrado, no recuperaremos la reconciliación de un país democrático.
¿Tenemos que aprender algo de Chile?
Hace poco se inauguró en Chile el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos dedicado a la memoria de los desaparecidos en la dictadura de Pinochet, que fueron muchos menos. Ése es el objetivo. Aquí hay recuperar todavía la memoria democrática perdida. Los nietos estamos ayudando a los hijos a recuperar a los abuelos. Personas que cuando tenían 6, 7 u 8 años vieron cómo entraban en casa, se llevaban a su padre y desde entonces se están preguntando dónde está.
¿Y en clase?
Habría que ir a los colegios, a los institutos a dar conferencias, charlas, hablar con la gente, hacer cursos en la Universidad? Hacer el trabajo más cotidiano y gris de hablar con la gente porque a la hora de hablar del genocidio de los judíos, ¿qué es más eficaz, ir al cine y ver
El niño con el pijama de rayas o leerte la
Trilogía de Auschwitz, por ejemplo? Del franquismo se habla poco y mal.
¿Y Paracuellos?
¿Es que no tienen otra fosa de la que hablar?
Jueves, 14 de enero de 2010
Ante la querella interpuesta por Falange Española de las JONS contra el juez Baltasar Garzón, a causa de su investigación sobre los crímenes del franquismo, que ha sido admitida por el Tribunal Supremo, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia,
1. Manifiesta una vez más su solidaridad con el juez Garzón, a quien hemos apoyado en sus actuaciones sobre los crímenes del franquismo remitiéndole una lista de víctimas de la provincia de Salamanca. Somos, por tanto, cooperadores...
Ante la querella interpuesta por Falange Española de las JONS contra el juez Baltasar Garzón, a causa de su investigación sobre los crímenes del franquismo, que ha sido admitida por el Tribunal Supremo, la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia,
1. Manifiesta una vez más su solidaridad con el juez Garzón, a quien hemos apoyado en sus actuaciones sobre los crímenes del franquismo remitiéndole una lista de víctimas de la provincia de Salamanca. Somos, por tanto, cooperadores necesarios del juez Garzón en las actuaciones que han sido objeto de querella.
2. Manifiesta su sorpresa e indignación por el hecho de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite una querella de este tipo procedente de un grupo como Falange Española, organización política que sembró el terror en Salamanca y muchos otros lugares de España desde los primeros momentos de la Guerra Civil. Los falangistas fueron la fuerza de choque de los sublevados en las detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que, precisamente, la actuación del juez Garzón trataba de esclarecer.
3. Considera que las actuaciones del Tribunal Supremo contra el juez Garzón se han convertido en una causa general contra dicho juez, escarbando en su trayectoria con el fin de imponerle una sanción, aun a riesgo de aliarse con organizaciones ultraderechistas y fascistas.
4. Exige, por tanto, el fin inmediato de las actuaciones del Tribunal Supremo contra el juez Garzón. Si algo debe investigar la justicia española son los enterramientos clandestinos, las desapariciones forzadas y demás crímenes contra la Humanidad del régimen franquista, no la trayectoria de un juez demócrata.
Salamanca, 14 de enero de 2010.
