Estudio del Rebollar

El Ministerio de Cultura ha incorporado al Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca dos importantes colecciones de fondos editados durante la II República y la Guerra Civil Española.

Según ha informado Cultura, la primera colección, adquirida en la librería anticuaria alemana Prometheus, contiene obras bibliográficas especializadas y publicaciones periódicas de autores como Palmiro...

Un juzgado de Donostia ha identificado por su ADN a dos fusilados de 1936 hallados en 2009

Celestina Zabala tenía 11 años cuando los franquistas detuvieron a su padre Millán, uno de los funcionarios republicanos donostiarras que los fascistas eliminaron a su entrada a la ciudad en 1936. Los golpistas lo hicierondesaparecer durante 74 años, hasta que unas obras en el puente de Hierro de la ciudad encontraron hace un año siete esqueletos. El juzgado número 3 de Donostia se...

Un juzgado de Donostia ha identificado por su ADN a dos fusilados de 1936 hallados en 2009

Celestina Zabala tenía 11 años cuando los franquistas detuvieron a su padre Millán, uno de los funcionarios republicanos donostiarras que los fascistas eliminaron a su entrada a la ciudad en 1936. Los golpistas lo hicierondesaparecer durante 74 años, hasta que unas obras en el puente de Hierro de la ciudad encontraron hace un año siete esqueletos. El juzgado número 3 de Donostia se hizo cargo del hallazgo y publicitó los resultados de la investigación. El ADN dice que uno de los encontrados es el padre de Celestina.

La casualidad hizo que las obras sobre el río Urumea donde aparecieron los restos quedaran apenas a cien metros de la casa de Francisco Etxeberria, el médico forense que más fosas de la Guerra Civil ha investigado en la última década. "Cuando encontramos los restos y vimos que efectivamente tenían señales de violencia llevamos el caso al juzgado, como hacemos siempre", explica el facultativo.

La diferencia con el resto de fosas excavadas en la última década es que, en este caso, el juzgado sí hizo caso a la denuncia. El Instituto Vasco de Medicina Legal en colaboración con la sociedad de ciencias Aranzadi donde investiga Etxeberria emprendió la investigación para la identificación de los siete cuerpos encontrados en dos fosas en la orilla del río. El hallazgo de botones con las letras SS, propias del uniforme de funcionarios de San Sebastián, introdujo también en la investigación histórica a la policía local.

Todas las partes implicadas explicaron en una conferencia de prensa en el juzgado los resultados del caso. "Es la primera vez que un juzgado se implica tras hablar con las familias. Ha sido un ejemplo de cómo se debe trabajar en estos casos", añade Etxeberria. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia que los jueces que no analizan los restos con signos de violencia, como un disparo en un cráneo, inclumplen la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga al juez a, por lo menos, acudir a reconocer el lugar del crimen.

Junto al padre de Celestina, se ha identificado a otro varón que forma parte de las 380 víctimas republicanas ya documentadas por el historiador Iñaki Eraña. "Hay documentos que muestran los ingresos de los cuerpos en los cementerios de Polloe y Alza", explica Eraña. Entre los otros cinco cuerpos que faltan por identificar hay una mujer cuyo ADN dice que es pariente por línea materna de otro de los fusilados sin identificar.

Antes de que fueran encontrados los botones que daban pistas sobre la ocupación republicana de las víctimas, se manejaron dos hipótesis. La primera, ciertamente común en San Sebastián, llevaba a pensar que eran restos de soldados abandonados por las tropas napoleónicas de la Guerra de la Independencia. Y la segunda, que fueran algunos de los 70 militares golpistas fusilados por los republicanos leales tras el fracasado 18 de julio.

El lugar donde aparecieron los restos era utilizado por los republicanos para los fusilamientos. El apoyo judicial a la exhumación adquirió relevancia hace un año, cuando el debate sobre el proceso abierto por la Audiencia Nacional tenía más calor. La colaboración institucional seguirá con el estreno del nuevo puente cuando se añada una placa que homenajee a las víctimas.

El investigador José María Rojas va llamando a los familiares al escenario de la casa de la cultura de Aranda de Duero, ocupado ayer por 44 pequeños ataúdes. En el tiempo que transcurre entre que dice sus nombres y sus descendientes, la mayoría ancianos, llegan trabajosamente al escenario, Rojas recuerda las breves vidas de las víctimas: su edad -el más joven de 17 años-, los hijos que dejaron -muchos nacidos a los pocos meses de quedarse sin padre-, y la crueldad de los asesinos, que mataron a un hombre delante de su hijo de cinco años.

Muchos familiares miran con incredulidad los cofres. Todos lloran. Finalmente, se acerca al escenario Mariví Ramos, la mujer que hace cuatro años impulsó la apertura de estas cuatro fosas para recuperar los restos de su abuelo y poder llevárselos a su padre antes de que muriera. No ha tenido suerte. "Tengo el corazón roto. Por un lado me alegro mucho por los que estáis aquí. Por otro me da mucha envidia", confesó entre lágrimas.

El forense Francisco Etxeberria asegura que es imposible rescatar a todas las víctimas del franquismo que aún yacen en las cunetas, "pero cada uno de los que recuperamos es de todos". El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, recuerda a Toru Arakawa, un japonés que cruzó el mundo dos veranos para ayudar a encontrar los restos entregados ayer y que falleció el año pasado. Silva lamenta que el trabajo de búsqueda de desaparecidos sigan haciéndolo "voluntarios y no funcionarios" y que el único juez que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo "haya terminado exiliado en La Haya". Elogia el "sentido de Estado" de los familiares de las víctimas, que nunca intentaron la venganza pese a tener a los asesinos en la acera de enfrente, en algún caso, viviendo en la casa donde ellos habían nacido. Entre la multitud de familiares, forenses y arqueólogos hay una politóloga estadounidense, que colabora en un estudio del CSIC sobre una década de exhumaciones, Stephanie Golob. "Lo que me fascina del caso español es que son asociaciones de voluntarios y no las instituciones las que están haciendo todo esto. Y estamos atónitos con lo que le ha ocurrido a Garzón. En España hay un déficit de verdad por miedo", asegura.

Más información:

El País, 4 de julio de 2010

La medida más inmediata será la incorporación de los nombres de 250.000 represaliados por el franquismo en juicios militares al portal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, creado por el Ministerio de Cultura con la aspiración de...

La medida más inmediata será la incorporación de los nombres de 250.000 represaliados por el franquismo en juicios militares al portal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, creado por el Ministerio de Cultura con la aspiración de convertirlo en la gran base de datos de la memoria histórica. Entre los consejos de guerra ya digitalizados figuran los organizados contra personalidades de la II República como el socialista Julián Besteiro o el poeta Miguel Hernández.

La mayoría de los nombres (198.566) corresponde a personas encausadas por el ejército de Franco en las provincias de Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real y Cuenca. El resto de registros se reparten entre Alicante (21.830), Albacete (16.323) y Castellón (13.407), según datos del director técnico del Archivo Histórico de la Defensa, Rogelio Pacheco.

Este archivo, con poco más de un año de vida, está digitalizando y restaurando expedientes -algunos se encuentran en pésimo estado de conservación- procedentes del Tribunal Militar número 1, con jurisdicción sobre 12 provincias. A día de hoy se ha completado la digitalización de los 9.000 expedientes de Castellón, una copia de los cuales se ha enviado a la provincia para acallar las críticas por el traslado de la documentación a Madrid. Para este año, tras los severos recortes presupuestarios, se disminuirá el ritmo, aunque los responsables del archivo confían en alcanzar el medio millón de nombres en su base de datos.

"La justicia militar ha sido impecable. No ha puesto ningún problema, son conscientes del legado que tienen y, por mucho que sea lamentable, quieren cumplir", sostiene Álvaro Martínez-Novillo, subdirector general de Patrimonio Histórico Artístico de Defensa, para disipar las dudas sobre la opacidad de la institución. En la presentación del portal de víctimas de la guerra y la dictadura, hace un mes, algunos investigadores y familiares criticaron la ausencia del material de los tribunales militares, donde se han custodiado los consejos de guerra desde 1936. "En cuanto nos lo pidan, los enviamos. Estamos pendientes de que nos digan qué es lo que quieren que colguemos allí. Sabemos que aportamos una información fundamental para el estudio de la represión de la justicia militar durante la guerra y la posguerra", asegura Martínez-Novillo.

En el Ministerio de Cultura, por su parte, se muestran "encantados" con la incorporación de las referencias militares al portal que arrancó como una suerte de memorial virtual. El director general de Archivos, Libros y Bibliotecas, Rogelio Blanco, ha destacado el éxito del portal, en el que se han efectuado más de 407.000 búsquedas en apenas un mes, y su carácter integrador. "A pesar de las críticas, no es partidista, están todas las víctimas como se puede ver con nombres como el de Ramiro de Maeztu o Muñoz Seca", argumenta.

Desde el portal sólo se accede al nombre y a la referencia que remite al archivo público donde se haya depositado el expediente. Al menos de momento no se pueden consultar los documentos íntegros en Internet.

"No hay ningún obstáculo para colgar las sentencias, puesto que son públicas, pero existen dudas legales sobre los sumarios donde figuran declaraciones de testigos", indica Martínez-Novillo. El portal de víctimas arrancó con 750.000 nombres, extraídos de expedientes depositados en algunos de los archivos estatales que dependen de Cultura.

A ellos se agregarán ahora los 250.000 que figuran en los consejos de guerra ya digitalizados por Defensa, aunque algunos casos estarán duplicados.

Más información:

El País, 4 de julio de 2010

La esperanza por volver se fue diluyendo con el paso de los años. La permanencia del franquismo era bien visible en la Casa de España de Santo Domingo, donde los funcionarios colgaron carteles de "¡Viva Franco!". "Salí de España con una idea clara de lo que estaba ocurriendo. Mi familia se trasladó de Madrid hacia Valencia gracias a que mi padre era íntimo amigo de Pablo Iglesias. Fuimos con el V Regimiento de Enrique Líster, con quien hice amistad. Gracias a él, adquirí la conciencia con la que influimos, sobre todo, en los obreros de aquí, a los que ayudamos en la huelga de los azucareros. Desde mi conciencia socialista, puse mi granito de arena", recuerda María Isidra orgullosa, con el adquirido acento caribeño.

Su hijo Roberto difiere sobre el poder de influencia política de los exiliados y destaca más la relevancia cultural al fundar la Orquesta Sinfónica o la Escuela de Bellas Artes. "Aunque llegaron con la convicción de que no podían incursionar en la política del país, el hecho de que publicaran prensa partidaria, fuese anarquista, comunista, socialista o republicana, fue suficiente para un impacto extraordinario en un medio en que el discurso enervante del régimen copó todos los espacios del pensamiento político", analiza Cassá.

Los casos de los vascos Jesús de Galíndez y José Almoina, ambos asesinados por el tirano, demuestran el alto precio que pagaron los españoles que trataron de influir en la dictadura de Trujillo. Galíndez, miembro del PNV, fue secuestrado en Nueva York, llevado a la República Dominicana y asesinado por los servicios secretos dominicanos en 1956, antes de que publicara una tesis sobre el dictador. José Almoina, menos conocido que el personaje inmortalizado por Manuel Vázquez Montalbán, fue asesinado en plena calle en México DF. Ambos conocieron las entrañas trujillistas y pagaron sus conspiraciones.

"Trujillo los acogió al comenzar la II Guerra Mundial para limpiar la imagen de su régimen ante EEUU. El Gobierno dominicano se había significado con muchos gestos en favor del régimen de Hitler. Siempre digo que la República Dominicana es el patio trasero de los americanos", analiza el asesor del presidente del Gobierno, Félix Martínez de la Cruz. Este español, que lleva 15 años a caballo entre la República Dominicana y España, es asesor de Leonel Fernández en política exterior. Martínez de la Cruz es un veterano militante de IU que destaca el papel "conciliador" que Fernández juega en la geopolítica latinoamericana.

El recuerdo de los republicanos españoles impulsado por Fernández forma parte de un proceso de recuperación de memoria histórica de la sociedad dominicana. "No es un proceso similar al de España porque aquí, en 1961, tras la eliminación física del dictador, salieron todos los integrantes de su familia y nadie reivindicó de manera pública la herencia del régimen caído. Por ejemplo, a diferencia de España, todos los símbolos de la dictadura fueron barridos de inmediato", compara Cassá.

Su madre, María Isidra, pasó décadas sin volver a España. "Sólo pude volver al final de los sesenta. Volví a Valsaín (Segovia) donde estaban los mismos árboles frondosos donde vi refugiarse a los franquistas de la aviación republicana en 1936. Llevaban un tren con presos entre los que estaba el hijo de Largo Caballero. Pidieron ayuda, pero nosotros no sabíamos que eran de los nuestros y no abrimos las puertas", relata la hija de Bernaldo de Quirós. En su memoria permanece intacto el maltrato al que sometió el Gobierno francés a los refugiados. "Los senegaleses de la frontera nos quitaron todo. Yo iba con una cámara de fotos y me quedé con lo puesto. Pero el pueblo francés sí que nos trató bien, como el dominicano", añade.

María Isidra se quedó en la República Dominicana, donde rehizo su vida. Miles de sus compañeros que tuvieron la suerte de conseguir un pasaje en uno de los barcos fletados por Trujillo tuvieron que huir del yugo del tirano a México. Este jueves recibieron el agradecimiento oficial de su país de acogida. El senador Iñaki Anasagasti; el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el poeta comunista Marcos Ana representaron a España en el homenaje.

Más información:

Público, 2 de julio de 2010

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa "puñetera verdad" a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

Más información:

El País, 25 de junio de 2010

Las víctimas del franquismo no tienen hueco en la cámara de representación popular. La Mesa del Congreso de los Diputados —nueve parlamentarios que organizan las actividades del hemiciclo— denegó hoy "por unanimidad" el permiso al diputado de IU Gaspar Llamazares para reproducir en una sala del recinto los vídeos de la Plataforma Contra la Impunidad en los que varios artistas dan voz a los represaliados de la...

Las víctimas del franquismo no tienen hueco en la cámara de representación popular. La Mesa del Congreso de los Diputados —nueve parlamentarios que organizan las actividades del hemiciclo— denegó hoy "por unanimidad" el permiso al diputado de IU Gaspar Llamazares para reproducir en una sala del recinto los vídeos de la Plataforma Contra la Impunidad en los que varios artistas dan voz a los represaliados de la dictadura.

"Sin duda hay detrás de esta decisión un prejuicio político que se está cebando con todas las iniciativas que tienen que ver con la memoria", lamentó Llamazares. Fuentes parlamentarias de los partidos con representación en la Mesa (PP, PSOE, CiU y PNV) aseguraron que la decisión "ni siquiera fue votada" porque ya se habían impedido anteriormente similares propuestas. Las mismas fuentes añadieron que las mayorías del PP (cuatro diputados) y PSOE (tres) impidieron la autorización.

El precedente de un acto similar más polémico tuvo como protagonista precisamente al diputado que preside la Mesa, José Bono, que en un homenaje a los represaliados de la dictadura el 15 de junio de 2008 censuró a un veterano republicano por mostrar la bandera tricolor. "Condeno esta manifestación espontánea que quita valor a los que pasaron parte de su vida en la cárcel", espetó el dirigente manchego después de presentar el acto "en la casa de todos".

Los precedentes aludidos por los diputados fueron la prohibición al director de cine José Luis Cuerda de reproducir Los girasoles ciegos y otro evento que pretendía mostrar unos cortometrajes de la vida de Manuel Fraga y Santiago Carrillo. Sin embargo, la plataforma que impulsó los vídeos contra la impunidad del franquismo recordó que el 1 de abril de 2009 se emitió el documental Imágenes contra el olvido con motivo del 70 aniversario del final de la Guerra Civil.

"La Cámara no se puede convertir en un Palacio de Congresos", aseguró a Europa Press un miembro de la Mesa del Congreso. "Es indignante que se compare a las víctimas de delitos tan graves como los cometidos por el franquismo con una película comercial o una feria de muestras", denunció el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

Los familiares de las víctimas lamentaron el agravio comparativo con el acto que homenajeó hace 15 días en el mismo recinto a los diputados socialistas en el centenario de la fecha en la que Pablo Iglesias, fundador del PSOE, obtuvo su escaño. En ese acto se proyectó un vídeo de la historia de los diputados socialistas "sin que supusiera un problema", protestó la ARMH en un comunicado.

La plataforma reproducirá el próximo sábado a las 22.30 en la Puerta del Sol de Madrid los spots después de encender miles de velas en recuerdo de los desaparecidos del franquismo.

Los cortometrajes dirigidos por la realizadora Azucena Rodríguez con guión de la escritora Almudena Grandes representan el testimonio de un fusilado que termina diciendo: "Mi familia me sigue buscando. ¿Hasta cuando?".

Más información:

Público, 23 de junio de 2010

El País, 23 de junio de 2010

Algunos fragmentos de la "jurisprudencia" emanada de estos consejos de guerra puede ilustrar sobre las consecuencias, demoledoras e insoportables para el mundo del derecho, de la política represiva y exterminadora que se aplicó durante la Guerra Civil y la posguerra. Bastan unos pocos casos para ilustrar sobre las dimensiones de las aberraciones jurídicas cometidas.

Uno: "Se trata de una mujer de mala conducta, de ideas comunistas que se incautó víveres y ropas de una iglesia para confeccionar ropas a un hijo suyo" (sentencia del 11 de marzo de 1941).

Otro en León, el 5 de noviembre de 1936, contra el gobernador civil y otras personas relacionadas con el Gobierno de la República. Al catedrático de instituto Manuel Santamaría Andrés se le imputa "haber sido presidente del Partido de Izquierda Republicana, destacado elemento del mismo, frecuentando el Gobierno Civil en el que estuvo hasta momentos antes de ser atacado por la fuerza el día 20 de julio, constando en su descargo que por discrepancias con la orientación del Frente Popular, al surgir el movimiento salvador, estaba separado del cargo que desempeñaba en el partido de Izquierda Republicana". Con estas acusaciones, muchos de ustedes habrán pensado que fue suspendido de empleo y sueldo y apartado de la cátedra. Están equivocados, fue condenado por traición a la patria y pasado por las armas a las 48 horas.

Nos enfrentamos a una cuestión que no es exclusivamente jurídica, sino de dignidad democrática. Un sistema democrático que se inspira en los valores superiores de la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, no puede digerir sin traumas y complicaciones colaterales toda la brutalidad que se puso en marcha el 18 de julio de 1936 con el único objetivo de aniquilar a la mayoría de la población española que trataba de impulsar los valores impecablemente democráticos y republicanos que proclamaba la Constitución de 1931.

Si, como dicen algunos, el problema de España en la segunda mitad del 1936 era el orden público, es un hecho cierto que el presidente de las Cortes republicanas, Diego Martínez Barrio, propuso al general Mola, el mismo día 18 de julio, el Ministerio de Gobernación para que restaurase la normalidad alterada por la sublevación de los militares en África del Norte y en alguna parte de la Península. Su respuesta negativa evidenció el propósito de los rebeldes. Se trataba de instaurar un régimen totalitario inspirado en la Alemania nazi y la Italia fascista que dejase sin efecto las libertades y derechos ciudadanos, sustituyéndolos por la voluntad incuestionable de un Jefe, llámese Führer, Duce o Caudillo, aun a costa de eliminar física y moralmente a más de la mitad de los españoles.

Para conseguir estos obsesivos y crueles objetivos no dudaron en diseñar políticas que, como confesó el general Franco a un periodista inglés, pudiesen llevar al exterminio de todos los que profesasen ideas democráticas o permaneciesen fieles a la legalidad republicana, hoy día prolongada por la Constitución de 1978. No hace falta un profundo conocimiento de las normas jurídicas para concluir, con arreglo a la legalidad entonces vigente, que los militares alzados contra el Gobierno salido de las urnas cometieron un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar.

Pero lo más asombroso para cualquier jurista nace de la subversión de la lógica y racionalidad del Derecho al considerar a los que permanecen fieles al Gobierno legítimo de la República como reos de rebelión militar, si pertenecían al Ejército y como auxiliadores de la rebelión si eran civiles.

Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes de traición a la patria. Las cifras de ejecuciones en consejos de guerra sumarísimos no podrán ser borradas de la historia porque dejaron rastros y documentos elocuentes, como los que hemos citado antes.

La dignidad democrática exige que los mecanismos legales y judiciales dejen claro que la actitud de una parte importante del Ejército en el mes de julio de 1936 constituyó un delito de rebelión militar. Lo que hizo el juez Garzón, con su decisión de 16 de octubre de 2008, trataba de restaurar la pura racionalidad de la ley al considerar al general Franco y a sus más directos colaboradores como culpables de un delito contra la forma de Gobierno y de rebelión militar. Todos sabemos que estaban en su mayoría muertos, pero no existe ningún obstáculo legal para romper la subversión insoportable de la racionalidad jurídica y colocar a cada uno en su sitio. A los rebeldes como tales y las víctimas como leales ciudadanos que permanecieron fieles a los valores democráticos que encarnaba la legalidad republicana y que pagaron con su vida, con sus bienes y con un cruel destino su defensa de las libertades que ahora todos disfrutamos.

La resolución judicial del Juez de Instrucción Central número 5 responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad civilizada y un Estado de derecho. El poder judicial no puede ignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España e integrados en la Constitución de 1978.

La esponja del olvido no puede borrar la esencia de la democracia. Cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece de sustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados.

Lo hizo Alemania en 1998 y en 2002, es decir, 47 años después de la derrota del régimen nazi, y lo ha vuelto a hacer en 2009. La ley alemana no puede ser más sencilla y coherente. Se dispone la nulidad ipso iure de todas las sentencias y condenas dictadas por la Administración de la justicia penal a partir del 30 de enero de 1933, en contra de los más elementales principios de justicia y que tenían por objeto la consolidación del régimen nacional socialista, al tiempo que estaban basadas en discriminación por motivos políticos, militares, raciales, religiosos o ideológicos.

¿Puede España permanecer ajena a estas exigencias?

Veamos por orden algunas cosas. La primera, que no hay que discutir mucho para concluir que la República era el régimen legal y legítimo, y que los rebeldes...

Veamos por orden algunas cosas. La primera, que no hay que discutir mucho para concluir que la República era el régimen legal y legítimo, y que los rebeldes comenzaron una inmensa matanza con propósitos exterminadores desde que se inició el golpe de Estado del 18 de julio. A esa sangre le siguió más sangre, vertida desde muchos lados.

Los defensores de la causa de la República (entre los cuales me cuento) olvidan a menudo que muchos republicanos actuaron, en bastantes ocasiones, con la misma crueldad y frialdad que los golpistas. Y no siempre desde el descontrol que la inexistencia del Estado facilitaba. Valgan cuatro ejemplos:

El de Paracuellos del Jarama, donde milicias organizadas que dependían del PCE y de la CNT acabaron con la vida de más de 2.000 sospechosos de connivencia con los insurgentes. No eran la República, pero formaban parte de su entramado. Lo demuestran las actas de la CNT halladas por Diana Plaza, que trabajaba para mí como documentalista para el libro La batalla de Madrid.

El de los asesinatos de Barcelona. Varios miles de personas de la pequeña burguesía (o simplemente católicos) fueron asesinados de forma planificada por la FAI, según la documentación aportada por Miquel Mir en su libro Diario de un pistolero de la FAI.

El libro de Fernando del Rey Paisanos describe con una documentación abrumadora cómo, desde antes del comienzo de la sublevación, en un pueblo manchego llamado La Solana, todo el mundo sabía a quién tenía que matar en cuanto comenzara el enfrentamiento que ya se olía.

En Cataluña, al finalizar la guerra, se produjeron matanzas de prisioneros realizadas por milicias que dependían del Gobierno y controlaban las cárceles. Javier Cercas, que ha participado en esta polémica, ha novelado los sobrados datos que existen al respecto.

Estos cuatro ejemplos bastan, a mi juicio, para afirmar que se dieron casos abundantes de planificación en el bando de la República, que afectan a fuerzas fundamentales de las que la defendían.

Eso no impide seguir sosteniendo que, de forma general, se pueda decir que la República era un régimen legítimo que estaba defendido por personas honradas, pero también por asesinos, mientras que los alzados formaron un conglomerado criminal que también fue defendido por personas decentes.

Pero si pasamos a las víctimas y nos alejamos de la política, podemos analizar con un poco de cordura lo que de ahí nos debe quedar. Aquí me voy a contentar con exponer un solo ejemplo que es el más espinoso: Paracuellos.

Y es que poca gente comenta que de los más de 2.000 asesinados a las afueras de Madrid en noviembre y diciembre de 1936 no existe identificación individual. Se sabe de muchos, se sabe que están ahí, pero no se conoce ni el número exacto ni la identidad de cada uno de los cadáveres que reposan en las zanjas. ¿Merecían la muerte? ¿Hay que sacarles el ADN a todos? Pienso que no, que nos basta con reconocer que fueron asesinados de forma injusta y que algo les debe recordar. Los franquistas les han recordado siempre. ¿Y los demás?

Como a los demás. Lo que está todavía pendiente es la recuperación de la dignidad de muchos que fueron asesinados por los franquistas. Devolverles la dignidad y dar a sus familias la posibilidad de completar el duelo que Franco les negó. Hay que ser malnacido para seguir negándolo. Y han sido, por su parte, muy poco hábiles y diligentes los Gobiernos de la democracia que no han completado esa tarea.

Creo que llegar a un acuerdo sobre estas bases es bastante sencillo.

No existe ninguna diferencia de grado entre las víctimas de Paracuellos y las de Badajoz. Ha existido una diferencia de trato durante 40 años. Pero todos fueron asesinados a sangre fría, de forma indiscriminada, sin juicio y sin causa. Les podemos hacer iguales ahora. Pero la base para conseguirlo es reconocer que ninguno fue asesinado justamente, por mucho que de los asesinos, que no lo fueron todos los combatientes, unos fueran golpistas odiosos y otros fueran odiosos defensores (aunque nos pese a algunos) de una causa justa.

Detesto el franquismo, todo lo que supuso y toda la herencia que dejó. Pero no me cuesta nada, sino todo lo contrario, proclamar que todos esos muertos son míos. Los que están en unas fosas y los que están en otras.

Y que no considero míos a ninguno de los que los asesinaron. Ni son míos los milicianos que fueron a Paracuellos ni los falangistas que limpiaban cada pueblo de forma ordenada. En casi todos los casos se trataba, además, de gente que estaba en la retaguardia, que no combatía, que solo mataba a seres indefensos.

Franco mató el doble que los republicanos. Eso, ¿qué tiene que ver con cada víctima?

Más información:

El País, 28 de junio de 2010

Estos relatos, durante mucho tiempo silenciados, resultan claves en esta labor para recuperar la memoria histórica y dar descanso, por fin, a los desaparecidos. En concreto, se cree que en esta fosa descansan Primitivo Fernández de Labastida Urruchi, un labrador de Santa Gadea del Cid (Burgos), y el matrimonio formado por Florentino García Valencia y Mónica Barrón del Val, que tenían 47 y 45 años y eran oriundos de Villanueva de Soportilla.

El caso de la Tejera se destapó al reconstruir la desaparición de Fernández de Labastida, un agricultor que colaboraba con el secretario -vinculado a la izquierda- del Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid. La historia de este agricultor termina un 3 de septiembre de 1936, cuando dos requetés exigieron que le acompañaran para tomarle declaración en Vitoria. Nunca volvió a casa.

Los testimonios que recogió su familia entonces hablan de que Fernández de Labastida fue fusilado, junto a un matrimonio, en el entorno de Salinas de Añana. Los rumores de antaño y los relatos actuales recogidos durante la investigación apuntan a que, poco después, se encontraron restos de un cráneo en la zona. La presencia de animales merodeando la fosa, de hecho, obligó a los vecinos a tapar la tierra con piedras. Un familiar de Primitivo, durante un viaje en autobús a Vitoria, "incluso escuchó a unos requetés que conversaban sobre lo sucedido en esa curva del puerto", detalla su nieta Nieves. A esos soldados al parecer les encargaron fusilar a los dos hombres y, tras pedir a la mujer que abandonase la zona, decidieron también acabar con su vida. La curva pasó con el tiempo a denominarse El hoyo de los muertos.

Hasta ahí los relatos. Pero los familiares de Primitivo se movilizaron para confirman si son hechos. Así, voluntarios de Ahaztuak comenzaron el pasado 29 de mayo a realizar catas en la zona, una labor que se repitió durante tres fines de semana hasta que, el pasado día 12, se encontraron restos de un cadáver. Los investigadores, según explica un portavoz de Ahaztuak, Marcelo Álvarez, dieron entonces parte al Juzgado de Guardia de Vitoria, y ayer iniciaron la exhumación de la fosa, con la colaboración de vecinos, arqueólogos y antropólogos voluntarios de Ahaztuak y también técnicos de Aranzadi. Dos hijas y cuatro nietos de Primitivo siguieron de cerca los trabajos. Hasta la fecha no se han encontrado familiares del matrimonio burgalés, que no dejó descendencia. Ahora los parientes sólo esperan que se confirme la mala/buena noticia: "Si es el abuelo, habremos recuperado la dignidad. Si no lo es, al menos habremos hecho justicia con alguien que desapareció en similares circunstancias", cuenta Nieves.

La exhumación confirmó ayer la presencia de tres cuerpos. Dos de ellos, el de un varón y una mujer -que incluso portaba una peineta-, se encontraban casi en la superficie. Presentaban un tiro cada uno en la cabeza. Debajo de ellos, se hallaron nuevos restos. Ahaztuak ya trabaja para que, el próximo 3 de septiembre, se haga un homenaje en esta zona, que ahora pretenden rebautizar como La curva de la libertad. Todo un giro en la historia.

Más información:

Noticias de Álava, 20 de junio de 2010

Los nombres comenzaron a retumbar por las paredes del cementerio. Pronto recorrieron la atmósfera, la inundaron, conquistaron el silencio. Se sucedieron uno tras otro: Sotero Abad Ramos, Julián Abad Romero, Rafael Abad Romero, Dionisio Acebes Martín... hasta Julián Zugazagoitia, el último. En total, se pronunciaron ayer domingo más de

Los nombres comenzaron a retumbar por las paredes del cementerio. Pronto recorrieron la atmósfera, la inundaron, conquistaron el silencio. Se sucedieron uno tras otro: Sotero Abad Ramos, Julián Abad Romero, Rafael Abad Romero, Dionisio Acebes Martín... hasta Julián Zugazagoitia, el último. En total, se pronunciaron ayer domingo más de 1.100 nombres, parte de los que desfilaron frente al horror de Franco: los nombres de los que fueron fusilados en una tapia del antiguo cementerio del Este de Madrid –hoy cementerio de La Almudena– entre 1939 y 1944. Otra más de las incontables huellas sangrientas de la dictadura.

El día se levantó claro, despejado. A las once de la mañana, más de un centenar de personas aguardaba en el camposanto a que arrancase el homenaje organizado por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. A pocos metros de aquella tapia de la vergüenza, un humilde escenario, presidido por un enorme telón cubierto con los rostros de los represaliados y con los signos de interrogación de los desaparecidos.

Poco a poco, se sentaron familiares de las víctimas y artistas, políticos e intelectuales. Entre ellos, los actores Alberto San Juan, Pilar Bardem, Asunción Balaguer, Álvaro de Luna, Lidia San José, Lucía Álvarez, Nieve de Medina y Ana Gracia; los cantantes Miguel Ríos, Luis Pastor y Lourdes Guerra; los escritores Almudena Grandes, Eduardo Mendicutti, Cristina Maristany y Marcos Ana; los miembros de IU Gaspar Llamazares, Inés Sabanés, Antonio Cortés y Enrique Santiago, la activista de derechos de gays y lesbianas (LGTB) Boti García Rodrigo. Algunos, con brazaletes o escarapelas tricolores. Otros, con claveles rojos. Todos, con el rostro cogido por la rabia, la angustia.

San Juan ejerció de presentador de las biografías de aquellos 1.100 hombres y mujeres: "Queremos recoger su ejemplo, reivindicar su memoria, afirmar que su causa no terminó con su muerte. Nosotros somos el futuro por el que ellos lucharon. Por eso vamos a renunciar a nuestros propios nombres para leer los suyos, que son también nuestros, los de todos". Tras cada identidad, recordó, se halla un drama personal, una pequeña gran historia, "la tragedia de muchas familias desamparadas, hostigadas por una dictadura sangrienta primero y con la indiferencia de sus compatriotas después". El actor comenzó a "acariciar en público" los nombres de los fusilados en el cementerio del Este.

Fueron más de tres mil personas las que murieron en aquel paredón. Quienes primero sacaron sus nombres a la luz fueron Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend, que en 1997 editaron Consejo de guerra : los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, 1939-1945 (Compañía Literaria).

Ayer se citó a un tercio de ellos. Cuarenta artistas y familiares de víctimas se turnaron en el escenario. Cada uno leyó unos 28 nombres. Algunos, reconocibles, como los de las Trece Rosas, las muchachas de las Juventudes Socialistas Unificadas asesinadas el 5 de agosto de 1939: Blanca Brisac, Julia Conesa, Ana López... Los parientes de los fusilados reivindicaban la memoria de los suyos: "Y Antonio Rodríguez, mi abuelo", "Mi tía, Francisca Barroso", subrayaban con dolor.

Con cada nombre, el auditorio trepaba por la escalera de los sentimientos. Metabolizaba, intuía cada historia, la atrapaba. Y guardaba un sepulcral silencio. Durante las casi dos horas en que se prolongó la lectura, apenas se oyó un bisbiseo. Sólo el ondeo de las banderas republicanas y las del PCE y el tremor de las hojas de los árboles, agitadas por una fuerte y fría brisa. Y los aplausos, cálidos, tras cada intervención. En una esquina de la tribuna, mientras, se iban arracimando los claveles rojos que colocó cada uno de los oradores.

Apenas hubo más palabras. "Son hoy rostros con cara, muertos con nombre", proclamó el cantautor Luis Pastor. "Murieron por la libertad y fueron asesinados por ello. No los olvidemos", pidió Álvaro de Luna. "Nada ni nadie podrá apagar el fulgor de su sangre asesinada", avisó el último de los 40, el poeta comunista Marcos Ana.

Entonces, una mujer, ya anciana, se levantó como un respingo. Subió al escenario, al lado de Ana. "Perdonad, no he oído el nombre de mi padre, Mariano Arias. Le asesinaron en el año 40". Todo por haber fundado la UGT y la Casa del Pueblo de Galapagar (Madrid). Las lágrimas le surcaron el rostro. La voz le tembló. "Fue un luchador y una persona muy buena. Me lo asesinaron vilmente". Apenas fue capaz de decir más. El público reaccionó con el apoyo, la ovación cerrada.

Tras un minuto de silencio, Luis Pastor y Lourdes Guerra rindieron un último homenaje a las víctimas del cementerio del Este. A capella cantaron Mariposa de noviembre: "La voz de mi corazón / es un pájaro que canta, / alma que vuela en la voz, / paloma de la palabra / Mari mariposa de noviembre, / violeta de mi jardín, / un racimo de canciones / de tu parra yo cogí..."

Pastor marcaba el ritmo con golpes en el pecho, con patadas al suelo. El auditorio respondió. Acompañó con aplausos y, al final, coreó el verso final: "España, mañana, será republicana". El grito que no podía fallar.

Más información:

Público, 21 de junio de 2010

El País, 21 de junio de 2010

El régimen franquista ordenó en 1941 a los gobernadores civiles elaborar una lista de los judíos que vivían en España. El censo, que incluía los nombres, datos laborales, ideológicos y personales de 6.000 judíos, fue, presumiblemente, entregado a Himmler. Los nazis lo manejaron en sus planes para la solución final. Cuando la caída de Hitler era ya un hecho, las autoridades franquistas intentaron borrar todos los indicios de su colaboración en el Holocausto. EL PAÍS ha...

El régimen franquista ordenó en 1941 a los gobernadores civiles elaborar una lista de los judíos que vivían en España. El censo, que incluía los nombres, datos laborales, ideológicos y personales de 6.000 judíos, fue, presumiblemente, entregado a Himmler. Los nazis lo manejaron en sus planes para la solución final. Cuando la caída de Hitler era ya un hecho, las autoridades franquistas intentaron borrar todos los indicios de su colaboración en el Holocausto. EL PAÍS ha reconstruido esta historia y muestra el documento que prueba la orden antisemita de Franco.

Joaquín era maestro en Castilleja del Campo, un pueblo sevillano con menos de 700 habitantes. Sus alumnos aún le recuerdan porque les enseñó "a leer el reloj", cuenta León. Tenía 43 años aquella tarde en que dos menores le arrastraron a un cine convertido en corredor de la muerte para rojos. No cumpliría los 44. "Su hijo mayor, José, que entonces tenía 16, le llevó comida en una cesta, hasta que un día ya no hizo falta". Le dijeron que lo habían trasladado, pero la familia entendió que había muerto. Lo fusilaron el 22 de agosto de 1936. En marzo de 1938 fue inscrito en el registro de defunciones. El apartado sobre la causa de la muerte dice: "Aplicación del bando de guerra". El del lugar está en blanco.

Joaquín tenía cuatro hermanos. Dos, José y Manuel, profesores, también fueron fusilados. Francisco, militar e ingeniero de aviación, huyó a EE UU, y la cuarta, Angelita, murió a los 85 años. Se había hecho falangista. A José lo mataron dos meses después que a Joaquín. "Fueron a por él una tarde, cuando dormía la siesta. Se lo llevaron en pijama". El 17 de octubre de 1936 su hijo volvió a casa con otra cesta devuelta. Antonio, hijo de Joaquín y abuelo de Paco León, recuerda a su tía gritar inconsolable aquel día: "¡Otra canallada! ¡Otra canallada!". Tenían nueve hijos.

La familia de Manuel, el tercer hermano, decidió vestirse de luto y actuar como si él hubiera muerto. Manuel se escondió. Primero, en casa de otro maestro, y cuando a este le iban a quitar la vivienda y el puesto de trabajo, en un escondite construido detrás de un armario en su propia casa. "Pasó dos años encerrado y aquel sufrimiento de estar siempre asustado, sabiendo lo que le esperaba, le atacó el estómago. Vomitaba sangre... Un médico amigo se atrevió a operarle en casa", relató en el año 2000 Antonio a Richard Barker, un filólogo neoyorquino que quiso investigar la represión franquista en el pueblo donde veraneaba, Castilleja del Campo. "Dijeron que iban a hacer un canje con la Cruz Roja. Mi tío no se fiaba, pero al final salió", explicó Antonio. Era una trampa. Se lo llevaron a la cárcel de Sevilla. "Lo fusilaron en una camilla porque estaba tan débil que no podía ponerse en pie para el pelotón", relata José León García, sobrino de Manuel. Su hija estaba presente.

Las viudas quedaron a cargo de 16 hijos. "Mi bisabuela me contaba que abrían una cómoda y en cada cajón dormía uno de los pequeños", recuerda Paco León. Antonio le contó a Barker: "Se fue a trabajar de maestra a una aldea con mi hermana, que tenía cinco años. Nadie quería alquilarle una casa por ser viuda de republicano. Después, consiguió un puesto en Triana para suplir a una profesora con demencia. '¡Que me dure mucho la loca', decía". Antonio se puso a trabajar en una fábrica de armas, "haciendo bombas para matar rojos", con 14 años. "Tenía mucho miedo y lo dejé. Pocos días después, el polvorín explotó. Quedaron todos sepultados".

José León, el hijo mayor de Joaquín, estudió en la escuela industrial y se colocó en la fábrica en la que trabajaba uno de sus profesores hasta que lo dejó todo por el teatro. Cuando su jefe le preguntó por qué, respondió: "En el teatro me aplauden más". Montó un circo que un día, en los años 60, llegó a Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). "Mi tío abuelo colocó la carpa al lado del cementerio. Un hombre se acercó y le dijo: 'Ahí está enterrado tu padre", cuenta Paco León.

Francisco, el hermano que se exilió en EE UU, ayudó siempre a la familia. "Envió dinero hasta hace relativamente poco. Recuerdo a mi bisabuela colocarme una medallita que había comprado con el dinero del tío americano". Había sido compañero de promoción de Franco y vivió el resto de sus días pegado a la radio, esperando oír la noticia de su muerte, pero él falleció dos años antes. "Le quitaron todo. En Chicago tenía enmarcado el documento de incautaciones, que decía que era 'enemigo de España", cuenta Paco León. El actor sigue buscando sin apoyo institucional a su bisabuelo, y pregunta: "¿Hasta cuándo?".

Más información:

El País, 20 de junio de 2010

El 22 de junio comenzaron los trabajos de filmación de la película Izarren Argia en Azpeitia y hoy los protagonistas han comparecido ante los medios para explicar los pormenores del nuevo proyecto.

El filme tiene como protagonista a la conocida Barbara Goenaga y cuenta la historia de 6 jóvenes presas encarceladas durante la Guerra Civil en la cárcel de Saturraran en Mutriku.

En la posguerra de la Guerra Civil española unas 5.000 mujeres fueron encarceladas...

El 22 de junio comenzaron los trabajos de filmación de la película Izarren Argia en Azpeitia y hoy los protagonistas han comparecido ante los medios para explicar los pormenores del nuevo proyecto.

El filme tiene como protagonista a la conocida Barbara Goenaga y cuenta la historia de 6 jóvenes presas encarceladas durante la Guerra Civil en la cárcel de Saturraran en Mutriku.

En la posguerra de la Guerra Civil española unas 5.000 mujeres fueron encarceladas sin causa alguna en Saturraran. Les privaron de la libertad y lo que más amaban en el mundo que eran sus hijos. Las mujeres lejos de resignarse aguantaran todo y más con la esperanza de reencontrarse con sus allegados. Barbara Goenaga así lo cuenta: ''Todas creemos que nos vamos a derrumbar y de repente te quitan al hijo y sabes que está fuera y que vas a hacer lo que sea para recuperarlo, por saber de él y vas a aguantar días de tortura, el hambre y mil cosas.''

Izarren argia es la ópera prima de del bilbotarra Mikel Rueda. El director ha explicado que el filme demuestra que la esperanza es imprescindible para sobrevivir.

"Haremos lo necesario para que todos los que quieran buscar los restos de sus antepasados puedan buscarlos".

Esperanza Aguirre pronunció esta frase el pasado 28 de abril y el Foro Social de la Sierra de Guadarrama, que aglutina a familiares de víctimas de la dictadura, se lo ha tomado al pie de la letra.

La organización tiene previsto presentar mañana viernes ante la Asamblea de Madrid (donde el PP tiene la mayoría absoluta) una solicitud para que la cámara ...

"Haremos lo necesario para que todos los que quieran buscar los restos de sus antepasados puedan buscarlos".

Esperanza Aguirre pronunció esta frase el pasado 28 de abril y el Foro Social de la Sierra de Guadarrama, que aglutina a familiares de víctimas de la dictadura, se lo ha tomado al pie de la letra.

La organización tiene previsto presentar mañana viernes ante la Asamblea de Madrid (donde el PP tiene la mayoría absoluta) una solicitud para que la cámara autonómica promueva la apertura de una fosa común en San Lorenzo de El Escorial, en la que están los cuerpos de, al menos, 79 fusilados durante la dictadura.

La petición llegará gracias al respaldo de IU, y contará con la firma de cinco personas que durante años han sufrido "el olvido" del horror del franquismo. El cuerpo del padre de Concepción Fernández-Salinero, una de las solicitantes, está en la mencionada fosa madrileña. "Él fue el alcalde republicano de San Lorenzo, y por eso lo fusilaron", explica, aún compungida.

A diferencia de otras víctimas que eran más jóvenes durante la Guerra Civil, ella recuerda perfectamente aquel 23 de junio de 1939 en el que los militares franquistas acabaron con la vida de su padre. "Era una bellísima persona, tenía 38 años y 8 hijos de los que hoy sólo quedamos tres", afirma. Con su respaldo a la iniciativa, únicamente busca "la tranquilidad de saber que el cuerpo de mi padre está ahí".

"No tuvo ni defensa ni juicio", lamenta, por su parte, Rosa Camisón, cuyo padre Fabián, que fue secretario general de la CNT, fue víctima de la pena de muerte de uno de los llamados procesos sumarísimos. Los cuarenta años de dictadura y los treinta de democracia no han acabado con su "dolor", por un lado, "por haber estado toda una vida sin padre" y, por otro, por los ocho años que pasó con sus abuelos mientras su madre estaba en la cárcel "por ser mujer de quien era".

Sus objetivos, como los de los demás firmantes cuyos familiares perecieron en la sierra madrileña a manos de los franquistas (Pedro Rubio, Miguel Ángel García y Santiago Grande), es recuperar los cuerpos de sus familiares y "que se anulen los juicios sumarísimos que les condenaron" a la pena máxima. Quieren recuperar el honor que, durante más de setenta años, les han negado las instituciones.

Más información:

Público, 18 de junio de 2010

Debate entre un forense argentino y otro español sobre políticas de memoria

Debate entre un forense argentino y otro español sobre políticas de memoria

EL PAÍS reunió a Fondebrider y lo más parecido a su homólogo español, Francisco Etxeberria, forense y profesor de medicina legal en la Universidad del País Vasco, que ha participado en más de un centenar de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil. Durante casi dos horas, hablan sobre lo que el Estado y la justicia han hecho por las víctimas del pasado trágico en cada país, e intentan aclarar por qué en Argentina fue posible perseguir a los verdugos y reparar a las víctimas casi al día siguiente del fin de la dictadura, mientras que en España, 34 años después de la muerte de Franco, no ha sido posible. Ambos se conocieron en 1993 en Bogotá en un congreso sobre antropología forense y derechos humanos.

- Cómo empezó. "Los primeros decretos del nuevo Gobierno, casi inmediatamente después de la dictadura, fueron para crear una comisión investigadora sobre lo ocurrido", explica Fondebrider. Era 1983. La presión de los militares desembocó en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, similares a una amnistía. "En 1984, un grupo de estudiantes de arqueología, medicina, antropología... fundamos el Centro Argentino de Antropología Forense para atender a los familiares de los desaparecidos, y en 1986 empezamos a recibir pedidos de otras partes del mundo". Los pedidos son exhumaciones y peritajes en países como Sudáfrica, Perú o Sudán. En 2003, el Gobierno anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El relato de Etxeberria es bien distinto. En el año 2000 ayudó a Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a rescatar los restos de su abuelo. Fue la primera exhumación realizada con métodos científicos en España. "Los forenses no tenían experiencia. En estos 10 años hemos tenido que improvisar. Ahora estamos en lo que yo imagino que fueron los comienzos en Argentina, cuando existía incomprensión y los profesionales del mundo académico no se atrevían a intervenir". "Cuando di el primer paso, hubo quien me dijo en mi Facultad de Medicina: 'Paco, ten cuidado. No te metas en este asunto".

- Relación con la justicia. "En Argentina no se abre una fosa sin autorización judicial. En todas las investigaciones hay una autoridad clara, el juez, y una cadena de mando: el fiscal, el perito...", explica Fondebrider. "En España se han abierto más de 200 fosas y la autoridad judicial solo ha intervenido en tres", cuenta Etxeberria.

- Relación con el Gobierno. "En Argentina nunca hemos encontrado oposición a esta tarea por parte del Gobierno. En los últimos cuatro años hemos recibido casi cuatro millones de dólares de subvenciones. Un secretario de Estado me dijo una vez: 'Si el Estado ha pagado por picanas eléctricas, ahora debe pagar para ayudar a encontrar a las víctimas".

"En España hay una ausencia de liderazgo institucional", afirma Etxeberria. "Faltan políticas públicas de memoria. Se deja hacer. Hasta ahora, el proceso lo han liderado las asociaciones, que no tienen capacidad para ocuparse del asunto". "Nos fijamos mucho en el Gobierno central, pero la estructura del Estado llega hasta cada pueblo. Allí también hay políticos con sueldo que pueden hacer cosas sin necesidad de que se lo marque una ley, como homenajear a los funcionarios que perdieron su puesto de trabajo. Es higiene democrática".

- Por qué Argentina tan rápido y España tan lento. Fondebrider asegura que la clave del proceso argentino ha sido "la fuerza y la perseverancia de los familiares y los organismos de defensa de derechos humanos". "Si en Argentina hubiera ocurrido algo parecido a lo del juez Garzón, los argentinos habrían tomado el Supremo", afirma. "Cada año, las fuerzas armadas envían al Parlamento una lista de ascensos militares. La lista es revisada por organismos de derechos humanos que estudian si alguno participó en la dictadura. También ha sido muy importante el apoyo internacional. EE UU ha contribuido mucho financieramente, también países de Europa Occidental". Y finalmente una conciencia social. "Hoy en día muy pocas personas cuestionan en Argentina que lo que sucedió durante la dictadura fue un plan sistemático para eliminar a una parte importante de la sociedad".

"El franquismo tiene una sociología instalada hasta nuestros días", asegura Etxeberria. "De todos los testimonios que he oído en las exhumaciones el que más me impresionó fue el de una mujer que me contó que ella había pensado que su padre había sido un canalla, que su muerte era justa, hasta que un día se hizo mayor y se dio cuenta de que la habían engañado y tomó conciencia de la injusticia. A nivel colectivo, muchos españoles piensan aún que Franco nos salvó de algo peor o que fue un genio que nos llevó a la modernidad. La sociedad española aún no se ha hecho mayor".

- Cómo acabará el proceso. Etxeberria es optimista. "Tengo la plena convicción de que va a haber más implicación política e institucional, precisamente tras el drama del caso Garzón. Se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Justicia, no en el de Asuntos Sociales o el de Cultura. Me parece muy significativo. Los poderes públicos tienen que dar un paso al frente y hacer mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Aunque yo creo que la forma de resolver este asunto es a través de una fiscalía especial".

Fondebrider asegura que aún queda mucho. "Estos procesos no se terminan ni en cinco, ni en 10, ni en 15 años, como a veces quieren los políticos. Llevan varias generaciones. Abrir las fosas no es un favor que le hacemos a las víctimas, ni una dádiva de los Gobiernos. Es una obligación".

La Guardia Civil entregó el material retenido al Ministerio de Cultura y desde entonces permanecen en custodia, a la espera del inminente cierre de la negociación por la que los más de 1.100 documentos pasarían a formar parte del patrimonio del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Después de que el juzgado número 7 de Valencia emitiese una sentencia que sobreseía las acusaciones de robo de los herederos contra los tenedores actuales de los archivos que han vigilado esa documentación a lo largo de todos estos años y han conquistado su propiedad por usucapión han manifestado su intención de "ponerlos a disposición pública para quien quiera consultarlos". Muchos ya los han calificado como el tesoro del siglo XX español.

Junto con los diarios personales, se supone que hay discursos, conferencias, correspondencia entre el presidente y altos cargos de la República, además de borradores de su testamento modificado o informes sobre el movimiento de tropas a la revolución de Asturias, en 1934. En el capítulo de las elucubraciones, algunos creen que estarían también las actas de las elecciones de 1936, que ganó el Frente Popular. Pero ningún historiador ajeno al informe técnido de Cultura ha podido investigarlos, clasificarlos y catalogarlos, ni leerlos todavía.

Sólo la familia Soria Giner ha tenido un trato diario con los papeles. "Nunca los hemos ocultado, es más, los hemos leído con los amigos. Eran parte de nuestra cotidianidad. Son una lección de historia magistral", reconoce Aurora Lara, mujer de Mariano Soria Giner, hijo de quien tuvo desde 1941 los archivos. "No sabemos cómo llegaron a sus manos. El padre de mi marido fue arquitecto y se ganó la vida con su trabajo. En 1936 estaba en la cárcel y luego tuvo que exiliarse. Mi suegro falleció en 1978 y nunca hablamos de la procedencia de aquellos papeles a los que por entonces no se les dio la importancia que tenían. La documentación está en poder de esta familia desde entonces y nosotros la hemos cuidado. Nos hemos cambiado hasta 12 veces de casa en los últimos años y siempre los hemos conservado en unas condiciones de temperatura constante", cuenta a Público.

Aurora Lara se queja del trato que ha recibido en este año y medio con insultos y descalificaciones. "Lo que no sabe nadie es que en el año 2000 nos pusimos en contacto con Pilar Zamora, la nieta, y estuvo en nuestra casa. Ellos querían que hiciéramos una donación de toda la documentación a la Fundación Niceto Alcalá-Zamora. Pero no volvieron a preocuparse por el asunto, ni llamaron. Nadie prestaba atención a los documentos, ni siquiera la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo. Ingenuamente nos pusimos en contacto con César Vidal, que habló con la familia para tender la trampa".

Desde el Ministerio de Cultura reconocen que entre todo el material hay una pequeña parte pública y que el resto de documentos son privados, pero aseguran que todos los papeles son de suma importancia. De hecho, historiadores como Julián Casanova explican que "los papeles de un jefe de Estado, sean los que sean, no tienen carácter privado". "Todo es público. Eso es lo que debe ocurrir con Franco, Azaña, Alcalá-Zamora y lo que debería pasar con el rey", apunta. Sin embargo, Casanova resta importancia a los diarios, porque "a fin de cuentas son opiniones, no datos fidedignos que puedan cambiar el curso de la Historia".

En estos momentos el Ministerio de Cultura ya tiene en su poder el informe técnico que valora el archivo. Aunque desde la institución no han podido concretar la cifra económia en la que se estima la documentación, están a la espera de la supervisión de Hacienda para resolver la compra del material por dación en pago. La familia quiere una restitución por todos estos años de custodia.

"En breve tendremos ese informe y lo primero que haremos será abrirlos al público, para que todo el que quiera pueda consultarlos. Estamos obligados por ley a la recuperación de toda la memoria histórica que esté en manos privadas. El Estado debe captarla para hacerla pública", aclara Rogelio Blanco, director general del Libro.

Una vez superados los 50 años de la muerte de Niceto Alcalá-Zamora, la documentación ha quedado liberada de la protección de datos y no está sujeta a los permisos de los herederos para su utilización. Sí están vigentes los derechos de propiedad intelectual por ocho años más, y no es de extrañar que cualquier editorial pagaría una importante suma por la memoria de la Segunda República.

Los herederos de Niceto Alcalá-Zamora no aceptan la situación, la consideran "un atraco a mano armada". Uno de los seis nietos del presidente, el historiador José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano quiere entregarlos a otra institución, si fueran de su propiedad: "Son documentos que robaron a mi abuelo. Hay documentación sensible que no se quiere enseñar y conviene hacerla pública. Me gustaría depositarla en la Real Academia de la Historia porque es una institución neutral". ¿El Ministerio de Cultura no es una institución neutral? "No. No lo es. No soy una persona que confíe en el Estado. Desconfío del Estado español desde el siglo XVI. Soy historiador y veo que se repiten los mismos errores desde entonces", aseguró ayer a este periódico.

Sólo le queda confiar en la judicatura, pero "Tampoco creo en la judicatura, porque con esta sentencia pasará a segunda estancia y eso significa un coste que no podemos asumir", dice. Furioso, ni siquiera ve los papeles en Salamanca: "Mi abuelo no estaría de acuerdo con esa institución. La memoria histórica es un invento para sesgar la memoria. No quiero saber nada de Salamanca, no conozco los estatutos del archivo, pero sé que la memoria histórica es un sesgo ideológico impuesto por el Gobierno".

Más información:

Público, 17 de junio de 2010

De estos enterramientos, 322 fosas corresponden a víctimas de la represión franquista, entre las que destacan por el número de enterrados las de los cementerios de Oviedo, Gijón y Avilés, mientras que otras 21 han sido identificadas como fosas de combatientes.

No obstante, y aunque se...

De estos enterramientos, 322 fosas corresponden a víctimas de la represión franquista, entre las que destacan por el número de enterrados las de los cementerios de Oviedo, Gijón y Avilés, mientras que otras 21 han sido identificadas como fosas de combatientes.

No obstante, y aunque se calcula que en Asturias hubo más de 7.000 represaliados por el franquismo, se desconoce el número de víctimas que pueden estar enterrados en ellas, así como cuántas hayan podido ser exhumadas por familiares en años pasados sin seguir los cauces legales.

Este mapa interactivo, que a mediados de julio podrá consultarse en la web de la Consejería de Bienestar Social, ha sido elaborado por un equipo de seis investigadores, liderado por la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Carmen García.

Este equipo inició los trabajos de compilación en 2003, como parte de un proyecto de creación de una base de datos que incluirá todas las muertas violentas derivadas de la Guerra Civil, tanto en combate como por bombardeos o represalias, así como de la posterior represión franquista.

García, que ha presentado este mapa en una rueda de prensa junto al viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, ha advertido de que no incluye los represaliados por los republicanos porque la mayoría de esas fosas ya fueron exhumadas.

Tras recordar que los restos de unos 3.000 asturianos de ambos bandos fueron trasladados al Valle de los Caídos, en Madrid, esta profesora de historia contemporánea ha recordado también que "numerosísimos muertos" en combate fueron enterrados en las mismas trincheras, que no se han incluido en este mapa.

García ha destacado la complejidad de la investigación porque, aunque algunas fosas están bien documentadas y están identificados los que yacen en ellas y los motivos por los que fueron condenados en consejos de guerra, en otras muchas, la mayoría correspondientes a ejecuciones ilegales, los conocidos como "paseos", sólo se conocen por testimonios orales.

El viceconsejero también ha criticado la falta de colaboración del Ministerio de Defensa, que "mantiene una actitud cicatera" para poner sus datos a disposición de los investigadores.

El mapa va a ser remitido ahora al Ministerio de Justicia y será la base para iniciar un trabajo de señalización de las fosas, empezando por las más accesibles, mediante monolitos o algún elemento resistente que irá acompañado de algún panel explicativo.

Más información:

La Nueva España, 16 de junio de 2010

Juan Diego y Aitana Sánchez Gijón prestan su imagen y su voz a dos de las 114.000 víctimas del franquismo cuyas familias esperan una investigación judicial del crimen. La actriz representa en la campaña Cultura contra la Impunidad a una de las 13 rosas, las mujeres fusiladas en mayo de 1939 en Madrid. Juan Diego, al abuelo de su mujer, Feliciano Marcos Brasa, secuestrado y asesinado en León en 1936.

¿Por qué es necesario...